Aquellos que defienden la regulación, sostienen que la prohibición penal vulnera la autonomía de la persona y, desde luego, su derecho a la dignidad que debe de entenderse no solamente como una limitante a la existencia biológica, sino que abarca el inalienable que tiene el enfermo para decidir sobre su cuerpo y el final de la vida, especialmente cuando tiene que enfrentarse a un sufrimiento irreversible sin posibilidad alguna de cura.
Con siete a favor y dos en contra se decidió declarar la constitucionalidad de esta figura legal que permite a los médicos que, al practicar la eutanasia, no sean sancionados penalmente.
El Tribunal Ecuatoriano en días pasados dio una respuesta a una Acción de Constitucionalidad presentada por Paola Roldán Espinoza, quien se encontraba en un estado grave y crítico debido a su avanzada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que, como se sabe, es sumamente degenerativa y sin cura.
