En los entretelones del PAN de Mexicali existe un político probado -en el buen y muy mal sentidos-, que busca emerger de entre las sombras del olvido para asumir nuevos roles protagónicos dentro del partido, aprovechando que no existe orden ni proyecto.
Se supone que el secretario de gobierno es el parachoques del gobernador, o de la gobernadora en el caso actual de Baja California, y aparte de las labores administrativas y de coordinación, tiene tres tareas fundamentales: es el encargado de la política interna en el estado, representante de la gobernadora y principal asesor de la titular del Ejecutivo.
La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, no ha escatimado para enriquecer a la empresa Capital Rent, una de las favoritas de los gobiernos morenistas a nivel nacional y que está vinculada con otros negocios que han sido sancionados por incumplimiento y entrega de documentación apócrifa para competir en licitaciones.
La cuestión es que a partir de la revocación de la visa de la gobernadora y de su esposo, ahora la revocación de la visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, y la investigación que, sobre unos 15 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, llevan en los Estados Unidos, el campo de indagación en el sector gubernamental se está ampliando hasta secretarios y secretarios particulares. Así que, por lo menos uno ya está en la mira, según trascendió en la Unión Americana.
El área destinada para el público en la sala de sesiones del Congreso de Baja California estuvo repleta el miércoles 13 de agosto durante la comparecencia de la fiscal Elena Andrade. La mayoría de los asistentes eran empleados de la FGE, una audiencia que no estaba autorizada para intervenir en la sesión, pero lo hizo.
Es el caso de la síndico procuradora de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, quien por lo menos en dos actos por ella promocionados en sus redes sociales, portó costosos atuendos y accesorios. En el primero se aprecia la vestimenta, un pantalón de tela levi’s y una sudadera con el diseño de un osito.
El pasado fin de semana, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda asistió a la reunión del Consejo Político de Morena, que debe -en teoría- sesionar cada tres meses para analizar los temas de la agenda partidista; y aunque la mandataria estatal no es consejera, evidentemente tiene un peso importante por ser la morenista número uno del estado.
La que está viendo la tempestad y no se hinca es la regidora de Morena del Ayuntamiento de La Paz, María del Carmen Aguilar Mendoza, quien ha sido tendencia por aparecer posando con una camisa alusiva al exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo.
A propósito de la aprehensión en el municipio de San Felipe del señaladísimo por autoridades federales y locales como líder del Cártel del Mar, Óscar Parra Aispuro, El Parra, quien por cierto ya fue liberado de nueva cuenta, en ZETA se publicó un reportaje narrando las múltiples acusaciones sobre El Parra, y retomando el tema de que está ligado al alcalde de San Felipe, el también morenista, José Dagnino, dado que el hermano de éste está casado con la hermana del Parra, y que tal relación familiar resultaba preocupante, por decir lo menos.
Según los datos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los marajás de Baja California en el servicio público radican en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), cuyos magistrados perciben un salario de 148 mil 297 pesos y 158 mil 403 pesos, en el caso del presidente de la institución.
