El grupo Elementa exigió que la autoridad investigadora comparta información correcta sobre las desapariciones forzadas en el estado, así como la creación de una base de datos funcional con dichas cifras, para que exista un sustento claro respecto a lo informado por la funcionaria.
La desaparición de personas es un delito y una violación grave a los derechos humanos; al separar a las víctimas del ámbito protector del Estado, negar su existencia y dejarle en una suerte de limbo, se encuentran privadas de todos sus derechos. Algunos de los derechos humanos vulnerados con regularidad son:
Crisis por aumento en número de desapariciones y privaciones cometidas por agentes; de 528 carpetas iniciadas en 2022 por crímenes policiacos, sólo 13 han sido judicializadas
