En nueve meses, los ciudadanos de Baja California han iniciado 528 carpetas por delitos cometidos por policías, incluidos robos, privación ilegal de la libertad, lesiones por arma de fuego, desapariciones forzadas y homicidios. Sólo 13 han sido judicializados, lo que evidencia el nivel de impunidad.
La mañana del 16 de septiembre, el Colectivo de Búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate BC encontró, a la altura del Kilómetro 119 de la carretera Tecate-Mexicali, el cadáver de un “masculino con heridas de proyectil de arma de fuego, maniatado con esposas tácticas, bocabajo, vistiendo pantalón de mezclilla, sudadera gris claro y tenis rojos”.
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Versiones extraoficiales indican que la víctima fue privada de la libertad por policías, pero un mes después, esa información no está contenida en la carpeta de investigación.
De acuerdo con los denunciantes, se trata de un grupo de uniformados que sirven al crimen organizado. Destacan los apellidos Chavira y De la Torre, ligados al ex agente José Valladolid Andrade, dado de baja en noviembre de 2020 tras intentar impedir la captura del traficante José Guadalupe Zavala Ramírez, alias “Pinocho”.
“Es alarmante y va en aumento, a diario se tiene información de policías que levantan gente y los extorsionan, o los entregan a gente de la delincuencia organizada. Es un tema del que se habla constantemente en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Baja California”, advirtió un mando policíaco tras la captura -el 22 de septiembre- de los municipales Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, quienes el jueves 1 de ese mes privaron de la libertad -grabado por una cámara de video vigilancia- al comerciante de dulces José Alberto Cantero Ramírez, quien apareció muerto diez horas después y su cadáver incendiado; 43 mil de los 45 mil dólares que llevaba la victima fueron encontrados en poder de los agentes.
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“Tecate, Rosarito y Tijuana son los municipios más mencionados, pero ocurre en todo el Estado y en muchos las familias no hacen denuncias por temor a las represalias, de los policías y de los criminales ligados con ellos”, agregó la fuente policial.
En BC sólo se denuncian 2 de cada 10 crímenes, lo que significa que otros 4 mil 578 permanecen en total impunidad. Incluidos casos en los que las autoridades presumen la participación de policías, pero sigue sin probarla, como en las lesiones de bala sufridas el 30 de agosto por Jonathan Jesús Molina Camarena y su trabajador Adán Torres, ex empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, y auditor en el Ayuntamiento de Rosarito presidido por Mirna Rincón entre 2016 y 2017, actualmente dedicado a bienes raíces.
A la altura del restaurante Charly´s Place fueron atacados por un comando en cuatro autos con armas largas, por “hombres vestidos con uniformes tácticos”, denunciaron las víctimas.
Otro operativo en el que fue evidente que los agentes prestaron servicios a la mafia, fue el ataque armado en contra del traficante Héctor Infante “El Tolín”, presunto integrante de “Los Rusos” -en el cual su hijo menor fue herido-, previo a su captura en Rosarito el 2 de julio. Un comando cerró calles, se escucharon balazos por un largo periodo de tiempo y ninguna autoridad reportó o atendió el tiroteo.
Los policías corruptos son criminales uniformados, armados y entrenados por el Estado, frente a quienes los ciudadanos están en total indefensión, porque los pueden intervenir y robarles, extorsionarlos o detenerlos sin justificar el acto de molestia.
Como en febrero pasado, cuando la señora mixteca “Plácida”, denunció (Número Único de Caso 0204-2022-04829) a los agentes en la patrulla BC-600A-1, por entrar a su casa en la calle Solidaridad de la colonia Valle Verde y robarla. O casos referidos a ZETA en septiembre:
“¿La Guardia Nacional te puede detener sin razón, y al darse cuenta que no traes licencia, multarte?”, cuestionó un ciudadano de Rosarito, a quien le pidieron dinero por no llevar el documento consigo.
Cuestionado por qué les pagó, si no le imputaban delito alguno, respondió: “Son muchos y traen rifles, te están apuntando, yo llevaba a mi familia, ¿cómo podía yo decir que no?”, y prefirió no denunciar ante la fiscalía con un escéptico “¿para qué?”.
Otro joven fue detenido por una infracción, al hablar por teléfono celular y conducir en Tijuana. Sin temor a sufrir las consecuencias, los agentes locales de Tijuana le pidieron dinero, les dijo que no traía y aceptó hacerles una transferencia bancaria. Tampoco quiso denunciar, porque los agentes ya conocen su nombre y dirección.
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ASESINATOS
Entre los pocos casos judicializados, actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) está procesando nueve carpetas de homicidios donde los presuntos responsables son policías. Sólo cuatro asesinatos corresponden a 2022, y los otros cinco son casos de los últimos tres años:
– La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida lleva la carpeta 0204-2022-31980, del presente año, en contra del agente del Ministerio Público del Fuero Común, Abraham Miguel Contreras Vázquez, detenido el 22 de septiembre, dos meses después de haber ordenado y organizado -por móvil pasional- el homicidio del secretario del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Antonio González Reyes, el 22 de julio.
– La indagatoria en contra de los dos tripulantes de la patrulla BC525A-1, quienes presuntamente asesinaron el 30 de abril al ingeniero Jorge Luis Cabrera Vélez, con residencia en Estados Unidos.
– La Fiscalía de Unidades Especiales procesa el expediente de desaparición forzada y posterior asesinato del comerciante de dulces Alberto Cantero, en el que procesan a los agentes Trinidad Martínez y Heriberto Galaz.
– La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, a cargo de Adriana Lizárraga González, es responsable de la carpeta de investigación en contra de los policías Juan Leyva, Abel López, Heriberto Gómez y Francisco Martínez, implicados en la tortura y violación cometida el 28 de abril de 2022, que resultó en la posterior muerte -18 de mayo- de un hombre de 50 años.
Los agentes llegaron a una tienda con máquinas tragamonedas atendida en Playas de Tijuana por la víctima, “y uno de los agentes introdujo con fuerza, en más de una ocasión, un palo de escoba con gel antibacterial, en el ano”. El hombre fue ingresado a los tres días en el Hospital General y murió dos semanas después.
En lugar de enviar a Homicidios las dos últimas carpetas, decidieron dejarlas en las estadísticas de las fiscalías especializadas que iniciaron las investigaciones.
DE MUERTES Y JUSTICIA LENTA
Además, están las carpetas irresueltas por otros homicidios cometidos en los últimos tres años:
– A las 03:00 horas del 3 diciembre de 2020, en Ensenada, elementos de la FGE decidieron llamar a la Policía Municipal por un reporte de “persona agresiva”: Enrique Tarango Domínguez, quien murió en las instalaciones frente al personal de la fiscalía estatal.
Los agentes locales José Luis Solís Villalobos y Raúl Ismael Olivas Torres respondieron al llamado, y al someterlo le quitaron la vida, la causa fue “asfixia por estrangulación”, luego que uno de los uniformados le pusiera la rodilla en el cuello.
Judicializaron la carpeta 5 meses después, hasta mayo de 2021, y el proceso continúa sin sentencia.
– En el caso de Christopher García Victoria, quien murió de un balazo en la espalda en mayo de 2020, la justicia tardó más en llegar, ya que los agentes responsables Jesús Manuel Godínez García y José Antonio Solís Ochoa, fueron detenidos dos años después -julio de 2022-, a pesar de que, desde el principio, en la FGE entonces titulada por Guillermo Ruiz Hernández los investigadores tuvieron en su poder un video de los agentes disparando contra la víctima.
De acuerdo a la historia plasmada en la indagatoria, los agentes implicados fueron llamados por una familia para que les hiciera el favor ilegal de detener a su hijo Erick, un consumidor de drogas, para llevarlo a un centro de rehabilitación, pero al verlos llegar, el joven se resistió para después huir a bordo de un carro acompañado de dos amigos. Los oficiales le dieron alcance en el Bulevar Insurgentes, a la altura de la estación del SITT en la colonia Azteca de Tijuana, les impidieron avanzar, bajaron y les dispararon sin razón aparente, matando al amigo que iba en la parte trasera del auto para después huir, sin informar a sus superiores y seguir trabajando como si nada.
– La muerte de Yurem, niño de 6 años, ocurrida el 16 de septiembre de 2020, cuando un grupo de policías perseguía a César Salvador González Martínez -también muerto-. Después de un año y cuatro meses, el 11 de enero de 2022, fueron detenidos los oficiales municipales David Alfaro Mejía y Luis Manuel García Vidales por los delitos de falsedad ante la autoridad, abuso de autoridad y homicidio calificado con ventaja.
– El procesamiento del policía tijuanense Benigno Renato Juárez Martínez, quien acompañado de su hijo César irrumpió el 15 de agosto de 2021 en una reunión familiar en la colonia Granjas Amparo Sánchez. Golpearon a una mujer y balearon a dos hombres, mientras el oficial le gritaba a su vástago “Chíngatelos a todos”. Saúl Irigoyen murió tras el ataque.
– El hombre en situación de calle “desnucado por estrangulamiento” el 27 de marzo de 2020 por dos policías en la gasolinera Chevron del Libramiento Rosas Magallón de Tijuana, cuyas acciones quedaron grabadas en el video de vigilancia.
– La apelación “por no haber sido juzgada con perspectiva de género”, de la sentencia recién impuesta de 45 años de cárcel y medio millón de pesos, en contra de la mujer policía Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, quien en diciembre de 2019 privó de la vida a su esposo, también agente, argumentando legítima defensa. Le disparó en cinco ocasiones.
528 DELITOS DE UNIFORMADOS EN ONCE MESES
Además del homicidio y la colusión con el crimen organizado, los delitos cometidos en contra de la población por los agentes del orden entrenados, equipados y pagados por el Estado para proteger a la ciudadanía son variados.
Consultada la FGE, informó que del 1 de enero al 11 de octubre del año en curso tienen registradas 528 carpetas en las que los presuntos responsables son policías municipales, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) o de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
– 265, el 61%, son por abuso de autoridad.
– 233 por tortura, de las cuales 60 denuncias fueron remitidas por los Juzgados federales: 44 de éstas se presentaron en contra de elementos de la FGE, 29 contra integrantes de la FESC, 140 contra municipales de los seis ayuntamientos de Baja California y, en 79 casos, las victimas no pudieron identificar a cuál corporación pertenecían sus victimarios.
-13 por tratos inhumanos
– 5 por robos
– 5 por privación ilegal de la libertad
– 5 por lesiones
– Una por despojo
– Una por allanamiento.
Las más de 500 denuncias en menos de 300 días, significan que en promedio dos grupos de policías han sido denunciados a diario en BC.
Apenas el 25 de agosto, después de un reporte por “detonaciones por arma de fuego”, fueron detenidos tres agentes estatales de investigación, en posesión de cinco sobres de cocaína. Elementos de la FGE no identificados por las autoridades, fueron suspendidos provisionalmente y les siguieron un expediente de “responsabilidad administrativa”.
Tratándose de tortura, el segundo delito más denunciado, proporcionalmente destacan las indagatorias en contra de agentes de la FESC: Eduardo Alberto Ramírez García, Lázaro Andrés Prieto Méndez, Alfredo Arenas García, Daniel Eduardo García López, Héctor Manuel Hernández Mendoza, Juan José Robles Cortes, Luis Arturo Arellano López, Manuel Alejandro Sánchez del Toro, Óscar Morales Fernández, Óscar Segovia Corona, Arsenio Solís Toledo y Jesús Moraila Gaxiola.
O los agentes de la FESC recientemente imputados y vinculados a proceso el 26 de septiembre pasado: Hilario Martínez Ruth Sánchez y Salvador Téllez, grabados en video el 12 de julio de 2021 en el estacionamiento de Calimax Soler, golpeando a puño cerrado en cara y cuerpo a un hombre de 45 años, al que amenazaron: “Te dije que te iba a volver a encontrar” mientras lo bajaban de un taxi libre, y le imputaban: “Dinos dónde tienes las armas, malandrín de mierda”, para después detenerlo.
Las tácticas son similares en todas las corporaciones, como en la denuncia contra los municipales Arath Murúa y Rafael Vaca el 28 de marzo en el fraccionamiento Natura, acusados por la familia Valenzuela de forzar la puerta de su casa para ingresar, golpearlos y ponerles bolsas de plástico en la cabeza, mientras les preguntaban dónde estaba la droga, revisar la casa y llevarse el dinero que encontraron, en este caso 5 mil pesos.
También informaron que el hijo menor de la familia no fue presentado como el resto, pero lo golpearon en la patrulla y lo bajaron en el Bulevar 2000 sin dinero y teléfono, para que regresara caminando a su domicilio.
Del total de denuncias no existen muchos detalles, pero se presentaron:
– 68 en Ensenada; 22 en contra de elementos de la FESC, 44 acusan a policías municipales y en el resto no identificaron a la autoridad agresora. Sólo una carpeta judicializada.
– 10 en San Quintín por abuso de autoridad; los señalados fueron municipales y oficiales de la Fiscalía General de la República. Ninguna judicialización.
– 10 en Tecate contra la Policía Municipal, nada judicializado.
– 86 en Mexicali; 14 contra la FESC, una de la Guardia Nacional y 71 por acciones de policías locales. Sin reporte de judicialización alguna.
– 57 en Rosarito por abusos de policías municipales; dos carpetas judicializadas.
– 12 en Tijuana por varios delitos contra diversas corporaciones y cuatro por homicidios, estas últimas, las únicas judicializadas.
– 245 en la Fiscalía Especializada en Tortura; son de todo BC, con un alto porcentaje de Tijuana, 232 por tortura y 13 por “tratos crueles e inhumanos”. Sólo un caso judicializado.
– 31 en la Contraloría de la FGE, donde cuatro casos han sido judicializados.
JUSTICIA E IMPUNIDAD
Aunado al hecho de que sólo 13 de las indagatorias iniciadas en 2022 están judicializadas y que 17 expedientes fueron archivados, de las carpetas por tortura, en 188 casos -43%- están clasificadas como “determinadas”, lo que significa que el Ministerio Público dio por concluido el proceso sin llevar a juicio basado en diversas figuras jurídicas. “Suspendió la investigación sin radicación, sobreseimientos, perdón de la víctima, o la FGE no encuentra elementos de prueba suficiente”, detalló un elemento de la FGE.
“También porque llega a sentencia o acuerdan un procedimiento abreviado”, pero de acuerdo a la información proporcionada por la fiscalía estatal, ninguno de los 528 casos califica en estos supuestos.
Además de las de tortura, otras 40 carpetas están en calidad de “determinadas”: once en Ensenada, 20 en la Contraloría de la FGE y nueve en Mexicali.
