La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La SRE advirtió que las solicitudes de extradición recibidas no incluyen pruebas, mientras el PAN, el PRI y MC exigen la separación inmediata del gobernador sinaloense.
La DEA señala que el esquema corrupto incluyó pagos de millones de dólares a funcionarios que filtraban información y cubrían operaciones del cártel en Sinaloa.
La acusación incorpora por primera vez fotografías de listas de sobornos mensuales recuperadas en México que vinculan directamente a los acusados con pagos del cártel.
