El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la intervención de la DEA en el combate al crimen organizado en México; su gobierno tampoco muestra interés en asumir la responsabilidad y detener a los grandes capos
Desde septiembre de 2022, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a los legisladores frenar el proceso de militarización de la seguridad pública.
En uno de los archiveros del edificio del Poder Ejecutivo del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene preparada una minuciosa reforma a la Ley del Instituto, misma que “golpeará” prestaciones mutualistas para los trabajadores
“Para el ciudadano individual, todo lo que no está prohibido está permitido; pero para los organismos públicos, y especialmente el gobierno, todo lo que no está permitido está prohibido”: John Laws, jurista inglés
Un Mando Único que no existió y una política dispersa en seguridad se vive en Baja California, lo cual deja consecuencias en la incidencia delictiva, principalmente en delitos de alto impacto
Son delincuentes sin escrúpulos ni lealtades, familias enteras dedicadas a envenenar con droga a sus clientes consumidores para enriquecerse; asesinan, secuestran, torturan, extorsionan y roban a quienes se interpongan en el camino.
Gobierno de Marina Ávila Olmeda, ha lanzado ocurrencias para intentar solventar crisis gubernamentales; infortunadamente, no ha habido seguimiento a sus propios planteamientos
Sin seguimiento del Poder Judicial ni de la Fiscalía, ni recursos o coordinación de esfuerzos del Estado, la reparación del daño en Baja California es de papel
Ni se tienen legisladores locales, federales o de carrera, ni alcaldes han mejorado prácticas en el ejercicio de un segundo término. Presidenta Electa plantea acabar con la reelección consecutiva
