En el documento, la organización argumentó que la decisión responde a "ataques infundados" con "motivaciones políticas", así como a la "incertidumbre jurídica" y la situación de seguridad que prevalece en el país.
La juzgadora fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria, periodo en el que tanto la FGR como la defensa podrán reunir los elementos que consideren necesarios para un eventual juicio, y cuyo vencimiento se estableció para el 9 de junio de 2026.
Pese a la postura del Gobierno Federal, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, afirmó que la relación entre la organización sindical y el presunto criminal es innegable.
