María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado de Baja California, aclaró que no se trata de “cobro de piso”, sino de “extorsiones telefónicas”, a pesar de los negocios incendiados en la ciudad
90 inspectores para más de 20 mil unidades de transporte en el estado; múltiples irregularidades desconocidas o toleradas por el Instituto de Movilidad Sustentable
