No tardaron mucho los “morenos” para adquirir las viejas mañas de los panistas e impedir los ejercicios de máxima publicidad y transparencia en el uso de los recursos públicos del Estado.
Tijuana vive -una vez más- una de las épocas más violentas de su historia, considerada la ciudad más violenta de México y con 800 homicidios en lo que va de 2021. Hay días en que los muertos sobrepasan los quince casos, lo cual no sucedía desde aquellos aciagos años del segundo lustro de los dosmiles.
La ex candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Ensenada en 2019, Eloísa Talavera Hernández, posó recientemente en una foto con el candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon. No lo hizo sola.
Dicen en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Torres Ponce solicitó permiso de ausencia -no licencia, porque no es electo- de la Dirección de Comunicación social para dedicarse de lleno a la campaña de Montserrat Caballero, quien aspira a convertirse en alcaldesa de Tijuana.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de Morena al Gobierno de Baja California, transita el Estado en una camioneta forrada con su imagen de campaña. Fotografía, nombre y coalición, cubren incluso los cristales, hecho que en sí constituye una falta a reglamentos municipales, al impedir la visibilidad hacia el interior del vehículo.
El 5 de mayo de 2021, en el Congreso del Estado eligieron a la licenciada Marina Ceja como fiscal para Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Baja California, luego que la misma Legislatura que le había dado autonomía a esa fiscalía, se la quitó para meterla en la facultad de la FGE, a capricho del gobernador y el fiscal general, Jaime Bonilla y Guillermo Ruiz, respectivamente.
Dicen que desde el primer día de campaña, la candidata de la coalición “Va x Baja California”, Guadalupe Jones Garay, pidió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, remover a Carlos Jiménez como presidente del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, pues era evidente que todo su trabajo ha sido para favorecer al empresario casinero y ex reo de El Hongo, Jorge Hank Rhon.
El que anda pero si bien influenciado, es el cada vez menos protagónico secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Pedro Cruz. En dos temas no hay veda electoral, uno de estos la salud, el otro es la seguridad. Pero en Tijuana, calladito en la veda, el secretario técnico, José Antonio Campa Arredondo, está haciendo de las suyas.
Entre el equipo de campaña de la candidata al Gobierno del Estado por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el de la candidata a la alcaldía de Tijuana por el mismo partido, Montserrat Caballero, la comunicación y la coordinación es nula. Simplemente inexistente.
Cuando no es una autoridad federal, es una estatal; normalmente la intención es molestar, no ayudar. Se trata de las visitas que de manera frecuente hacen funcionarios de cualquier nivel, al albergue para migrantes Embajadores de Jesús, ubicado en una recóndita zona de Tijuana, en el Cañón de los Alacranes.
