Finalmente, aunque tarde, el gobernador Jaime Bonilla Valdez soltó por unas horas el helicóptero de la extinta Policía Estatal Preventiva -que usa como transporte personal- para que este fuese utilizado para vigilar el desarrollo de las elecciones el domingo 6 de junio.
Donde se viene un relevo es en la Fiscalía General del Estado que encabeza el abogado Guillermo Ruiz Hernández. Aun cuando su compadre, el gobernador, no es muy dado a hacer cambios en su equipo -así estén fallando-, “El Titi” cambiará a Enrique Méndez -periodista de la televisora PSN-, quien en ningún momento, siendo encargado de Comunicación de la FGE, ha dejado su labor como comunicador en el medio de comunicación propiedad de Jaime Bonilla, lo cual finalmente representaba un conflicto de intereses en la fiscalía.
Hace unas semanas, Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único (¿se dieron cuenta que hasta que Bonilla tenía esa posición, el cargo era de súper delegado, pero ya no?) desvió un paquete de vacunas contra la COVID-19 para suministrarlo a los reporteros de Baja California.
No tan buena fue la gestión de Elvia Martínez, coordinadora de Gabinete y Enlace con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, en la obra de construcción del malecón y núcleos de servicios en Playa Hermosa.
El que mal inició y peor terminó la contienda 2021 hacia la gubernatura de Baja California, fue el empresario inmobiliario Jorge Ojeda, quien mejor se hubiera quedado en su ramo, antes que incurrir en el irrisorio episodio de hacerse candidato al Poder Ejecutivo estatal, gastar millones de pesos en asesores, asistentes, politólogos, mercadólogos (que le recomendaron poner su imagen de cabeza)
En los últimos días de campaña política, el ex reo del penal de El Hongo y acusado en varias ocasiones de asesinato, Jorge Hank Rhon, se dedicó a comprar candidaturas. Del PRI, del PVEM, de Morena…
Uno de los sectores más golpeados por la Cuarta Transformación en Baja California es la seguridad pública y la procuración de justicia. La “súper fiscalía” que vendría a resolver todos los problemas de violencia que se viven en la entidad, estuvo más ocupada en gozar la opulencia, pasearse con escoltas y lucirse en todas las fotos posibles, que en obtener resultados exitosos en el combate a la inseguridad y la violencia.
Hasta hace unos días había guardado un bajo perfil, pero ya encaminados en los cierres de campaña, se destapó por completo. En algún momento, Alfredo Álvarez Cárdenas dejó el cargo de segunda que tenía en el Sistema Educativo Estatal para integrarse en calidad de ideólogo a la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En los recientes tres años, especialmente en 2021, se han vuelto más comunes los robos a casa habitación y con violencia en Ensenada. Las autoridades, por supuesto, casi nunca logran detener a los ladrones.
Entre los preceptos de la conocida como Ley Gandalla, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de Baja California para que regidores, diputados y alcaldes pudieran reelegirse sin abandonar el cargo al que fueron electos, se detallan claramente los horarios en los que deberán hacer campaña para no afectar las labores de gobierno; también, que no pueden presentarse en actos oficiales de programas sociales o entrega de ayudas, para que no quieran lucrar con ello, pues.
