Primero dijo que dejaría el Gobierno del Estado de Baja California, para ser candidato por Morena al Ayuntamiento de Tijuana. Cuando le dijeron que eso no era ni posible ni legal, Jaime Bonilla Valdez declaró que solicitaría licencia y se iría a coordinar la campaña del candidato de su partido a sucederlo.
Mientras fueron parte de su gabinete, ni Blanca Favela, ni David Gutiérrez, fueron investigados. Tampoco el diputado local Víctor Morán. Los tres eran alfiles del gobernador Jaime Bonilla, hasta que sus aspiraciones los hicieron caer en la desgracia política.
Todavía no inauguran la preparatoria militarizada en Tecate -lo cual por cierto hará el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el 3 de julio-, pero el gobernador Jaime Bonilla Valdez ya utilizó la nueva cancha de futbol para aterrizar el helicóptero que sigue utilizando como su transporte personal y que se niega a entregar a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación.
Quien confirmó el desvío de vacunas autorizado por el delegado único del Gobierno Federal, Alejandro Ruiz Uribe, para privilegiar a reporteros por encima de la población en rango de edad para vacunarse contra la COVID-19, fue el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico.
El 17 de julio de 2020, Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial de Baja California, aseguró que el proyecto de la planta fotovoltaica que abastecerá de electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana “de ninguna manera” se trataba de una Asociación Público Privada (APP), sino únicamente de “una compra de energía” mediante un contrato plurianual.
Los que andan pasando saliva y no encuentran donde meterse, son algunos integrantes del círculo cercano de Jaime Bonilla Valdez, quienes -a sus espaldas- comenzaron a operar en contra de la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para beneficiar a su rival Jorge Hank Rhon, abanderado del Partido Encuentro Solidario.
Finalmente, aunque tarde, el gobernador Jaime Bonilla Valdez soltó por unas horas el helicóptero de la extinta Policía Estatal Preventiva -que usa como transporte personal- para que este fuese utilizado para vigilar el desarrollo de las elecciones el domingo 6 de junio.
Donde se viene un relevo es en la Fiscalía General del Estado que encabeza el abogado Guillermo Ruiz Hernández. Aun cuando su compadre, el gobernador, no es muy dado a hacer cambios en su equipo -así estén fallando-, “El Titi” cambiará a Enrique Méndez -periodista de la televisora PSN-, quien en ningún momento, siendo encargado de Comunicación de la FGE, ha dejado su labor como comunicador en el medio de comunicación propiedad de Jaime Bonilla, lo cual finalmente representaba un conflicto de intereses en la fiscalía.
Hace unas semanas, Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único (¿se dieron cuenta que hasta que Bonilla tenía esa posición, el cargo era de súper delegado, pero ya no?) desvió un paquete de vacunas contra la COVID-19 para suministrarlo a los reporteros de Baja California.
No tan buena fue la gestión de Elvia Martínez, coordinadora de Gabinete y Enlace con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, en la obra de construcción del malecón y núcleos de servicios en Playa Hermosa.
