Manuel Guerrero Luna, uno de los hombres que más ha gozado el poder desde que Morena inició con su gobierno en Baja California en 2019, no parece estar en las mejores condiciones económicas o por alguna razón no le alcanza su jugoso sueldo ni los “acomodados” dentro del Sindicato de Burócratas para cubrir con sus necesidades económicas básicas.
Al Ayuntamiento de Santos González Yescas en San Luis Río Colorado, el gobernador de Sonora le quitó poder y responsabilidad para el control de la seguridad; ahora, Mando Único estatal
Gobierno de Marina Ávila Olmeda, ha lanzado ocurrencias para intentar solventar crisis gubernamentales; infortunadamente, no ha habido seguimiento a sus propios planteamientos
Entre las manchas que se pueden contabilizar, están también las 117 masacres que se han registrado en el País tan sólo en lo que va de este 2024, muchas de ellas minimizadas por el propio Presidente, y justificadas con cobrar relevancia mediática únicamente para afectarlo a él.
La licencia fue solicitada el 8 de julio y culminará el 21 del mismo mes, lo que quiere decir que Bustamante Martínez se ausentó dos semanas para un evento de tres días. Por increíble que parezca, la alcaldesa morenista solicitó licencia por dos semanas para perderse en Europa, pero no para hacer campaña y solicitar el voto a los mexicalenses.
Tal parece que entre sus acciones y lo que pregona públicamente el presidente municipal de Tecate, Edgar Darío Benítez, hay una inmensa incongruencia, luego que hace unas semanas informara la clausura del relleno sanitario ubicado sobre la Carretera Libre Tecate-Tijuana
Desde el 12 de julio, el vuelo Tijuana-Beijing de la aerolínea china Hainan, opera dos veces por semana en el Aeropuerto Internacional de Tijuana Abelardo L. Rodríguez.
A Baja California le fueron observados 5 millones 798.6 miles de pesos por irregularidades encontradas en la ejecución del Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) ejercidos mediante el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Pero Luna Vargas decidió ignorar la petición de la fiscalía, las evidencias presentadas y la flagrancia, para considerar que ambos detenidos tenían un domicilio “fijo” en la ciudad, por lo que no era necesaria la prisión preventiva.
