El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la intervención de la DEA en el combate al crimen organizado en México; su gobierno tampoco muestra interés en asumir la responsabilidad y detener a los grandes capos
El Cártel de Sinaloa, de manera particular, tuvo condiciones de crecimiento criminal en el norte del País y el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. En México, ni la Secretaría de Seguridad de López Obrador, ni la Guardia Nacional que administra y opera la Sedena aun sin una Ley que lo faculte, tampoco.
El martes 27 de agosto, a tempranísima hora, un agente del Ministerio Público adscrito a Narcomenudeo se dispuso salir de su casa en el fraccionamiento Cerro de las Abejas en Tijuana para cumplir con su labor en la FGE.
En la recta final de esta semana, el Banco de México redujo el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.4 a 1.5% para este año, y de 1.5 a 1.2% para 2025, ante lo que califica como una “marcada desaceleración” en el país.
Los guardias de seguridad del Rancho Cárdenas, en la delegación Maneadero, están involucrados en otro lío legal por haber propinado una golpiza a un inspector del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) que ingresó sin autorización.
A quien después de la derrota del 2 de junio se le olvidó hasta el Senado de la República, fue al petista Jaime Bonilla Valdez. El ex gobernador de Baja California, primero en llegar por Morena y ahora coordinador del PT en el Estado, buscaba la reelección al Senado, pero quedó en la quinta posición de la preferencia de los votos, siendo superado incluso por David Saúl Guakil y por Juan Carlos Hank Krausse
Durante su presentación, realizada el lunes 26 de agosto, Rodríguez Padilla aseveró: “Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal, y es que los medios exageran un poco”, aunque reconoció existe “una situación financiera” que ya se está atendiendo.
Las incongruencias del Presidente López Obrador vuelven a relucir con su intento por acabar con una de las conquistas ciudadanas más fructíferas: el acceso a la información y el INAI
Desde septiembre de 2022, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a los legisladores frenar el proceso de militarización de la seguridad pública.
