Pese a que la gobernadora bajacaliforniana en un inicio del affair-visas revocadas, intentó minimizar el hecho, la realidad es que tal acción no había sucedido nunca antes en México: que a un titular del ejecutivo de una entidad federativa en funciones, le retirara el Gobierno de Estados Unidos la visa para entrar a su país
"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió a los morenistas, les sacó el cobre (o mejor dicho el oro), y atiborró las redes sociales de réplicas, aclaraciones y justificaciones sobre la incongruencia de ser de Morena y no vivir, ni en la austeridad republicana, ni en la justa medianía y, en algunos casos, con extenuantes trabajos que al menos en la vida pública poco benefician".
De abril de 2025 a marzo de 2026, la empresa automotriz Nissan cerrará su planta CIVAC en Jiutepec, Morelos, con lo que serán liquidados 2,400 colaboradores conforme al Contrato Colectivo y se perderían otros 1,600 empleos indirectos.
La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, no ha escatimado para enriquecer a la empresa Capital Rent, una de las favoritas de los gobiernos morenistas a nivel nacional y que está vinculada con otros negocios que han sido sancionados por incumplimiento y entrega de documentación apócrifa para competir en licitaciones.
La cuestión es que a partir de la revocación de la visa de la gobernadora y de su esposo, ahora la revocación de la visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, y la investigación que, sobre unos 15 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, llevan en los Estados Unidos, el campo de indagación en el sector gubernamental se está ampliando hasta secretarios y secretarios particulares. Así que, por lo menos uno ya está en la mira, según trascendió en la Unión Americana.
Ambos son acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la misma norma. De ser declarados culpables por un juez, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo, apuntó.
El área destinada para el público en la sala de sesiones del Congreso de Baja California estuvo repleta el miércoles 13 de agosto durante la comparecencia de la fiscal Elena Andrade. La mayoría de los asistentes eran empleados de la FGE, una audiencia que no estaba autorizada para intervenir en la sesión, pero lo hizo.
El Instituto de Transparencia de BC no tiene prisa en cumplir leyes de transparencia ni hacer gestiones al respecto. A grado tal que no han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales
