Morena y aliados borraron de un plumazo más de 20 años de lucha por la transparencia, siguen las entidades federativas; eliminación del INAI, vista como un retroceso en el país
El acceso a la información pública es un derecho humano elemental para cualquier sociedad que trate de ser medianamente democrática, y uno de los principales obstáculos para acceder a ésta, es el propio gobierno que resguarda documentos propiedad de los mexicanos.
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El 20 de noviembre, en una sesión que no recabó información o evidencia de especialistas o técnicos que ayudaran a orientar o medir las consecuencias de los actos, el Poder Legislativo federal borró descaradamente más de 20 años de lucha por la construcción de un contrapeso como lo era el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), y junto con éste, otros seis órganos como Coneval, CRE, IFT, Cofece, Mejoredu y CDH.
Evidentemente, todos los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) tendrán una repercusión, pero en la mayoría de los casos se trata de funciones que bien o mal puede ejercer el gobierno mediante mecanismos de control, ya sea para volver eficiente la competencia económica, o mediante una revisión de concesiones y permisos en materia energética.
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Sin embargo, la desaparición del INAI se focaliza más en un ataque directo a los Derechos Humanos de la ciudadanía, a la libre expresión y a la rendición de cuentas.
Si bien, en esta última etapa el INAI y el ITAIP ya respondían más a intereses gubernamentales que de la ciudadanía, la realidad es que aún existían mecanismos para acceder a la información pública que los gobiernos prefieren mantener bajo resguardo.
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Desde hace meses, el Gobierno de Baja California ha ignorado descaradamente mantener la información de oficio en sus portales de Transparencia para un fácil acceso, ya no se diga la documentación relacionada con temas que desean mantener en sigilo.
Hoy, con la desaparición del INAI y posteriormente con los órganos autónomos locales, los gobiernos tendrán derecho al oscurantismo, a protegerse de la imagen pública y a no estar obligados a rendir cuentas.
El argumento de austeridad y de que la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrá cumplir con esa función, resulta poco creíble, partiendo del abusivo gasto del gobierno morenista en obras faraónicas, pero también porque las secretarías de Función Pública, a nadie han procesado por corrupción.
¿Qué pasará con los entes que no responden directamente al Poder Ejecutivo? ¿Qué pasará con los partidos políticos, oficiales y de oposición? ¿Qué pasará con los sindicatos, con la propia función pública?
Diputados federales refieren que dentro de las leyes secundarias se crearán entes especiales de cada rubro para sustituir esas funciones, pero ¿garantizarían transparencia en estos nuevos organismos que dependerán del Estado o del mismo ente al que tienen que obligar a rendir cuentas? Se le está pidiendo al posible corruptor, ser transparente e informar sobre los actos ilícitos que ha cometido.
La otra vía sería impugnar y litigar la negativa de información ante las instancias judiciales, pero en estos momentos el Poder Judicial federal se encuentra en proceso de convertirse en un ente propagandístico del régimen vinotinto.
El Gobierno Federal de Morena se catapulta hacia una época de oscurantismo que -curiosamente- existía cuando los más longevos peleaban por -decían- una mejor democracia, pero ahora se confirma que su intención nunca fue volver a México un lugar más garante para todos. Es decir, no querían mejorar, sino ser ellos los que gobernaran como se hacía antes.
