Durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, el trámite para obtener una licencia de automovilista, fuera por primera vez, renovación o reimpresión por extravío, se convirtió en todo un viacrucis.
Carlos Alberto Flores, ex comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), quien percibía el sueldo más alto de la administración estatal -casi 170 mil pesos mensuales-, se aventó otra mentirilla, pues a pesar que previo a su salida de la fiscalía estatal, comentó a reporteros que el 15 de noviembre había solicitado vacaciones y se presentó el 7 de diciembre a las instalaciones de la FGE en Tijuana a encabezar una conferencia de prensa junto con el ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández
En poco más de una semana, la administración del FEX de Mexicali -centro de espectáculos donde se llevan a cabo las Fiestas del Sol- ha sido el epicentro del desastre para la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, quien ha priorizado la banalidad, lo superfluo, lo teatral, antes que realmente dirigir el municipio.
Con 453 mil 508 personas en situación de pobreza, Tijuana se ubicó como el octavo municipio de México con más población en esa condición socioeconómica durante 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Después de algunas compras en Walmart, salí y fui caminando al estacionamiento. Busqué las llaves de mi auto. No estaban en las bolsas de mi pantalón. Una búsqueda rápida en la tienda, y nadie las había visto o encontrado.
Mientras que en México y sus estados fingen, proclaman y legislaron para sus fiscalías una independencia de papel y de mentira, que se ha ridiculizado en los últimos dos meses, a partir de las remociones de seis fiscales supuestamente “autónomos” por los gobernadores electos que tomaron posesión en noviembre.
El contratito que Bonilla defiende con mucho ahínco, es de 44.3 mil millones de pesos, con un consorcio de empresas, y endeuda a la administración de Baja California por los siguientes 30 años. Además, en caso de cancelarse, firmaron un abusivo contrato que “obliga” a la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda, a pagar unos certificados de inversión por 6 mil millones de pesos.
Al que rápido se le acabó el corrido, es al siempre oportunista Miguel Ángel Badiola, quien de ser el publirrelacionista del casinero y ex reo de El Hongo, Jorge Hank Rhon, pasó a tener un cargo de cuarta en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de ahí fue rescatado por el entonces fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien lo nombró director de Relaciones Públicas.
