Tras el cateo en una bodega de la CDMX, en la que la FGR encontró supuestos documentos clasificados, la defensa de los hermanos Farías aseguró que fue el exsecretario de Marina Rafael Ojeda quien los firmó, no sus clientes
En una reacción rápida de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, el ex vicealmirante acusado de huachicol fiscal, sus abogados respondieron que los documentos supuestamente incriminatorios encontrados en un cateo a una bodega en la Ciudad de México no están firmados por él, sino por su tío político, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda.
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Este lunes la Fiscalía General de la República liderada por Ernestina Godoy dio a conocer que una bodega fue cateada, localizando armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidentes, así como expedientes de altos mandos de la Semar.
INSISTEN AHORA MÁS QUE NUNCA EN QUE DECLARE OJEDA
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Mediante un comunicado, el despacho de Epigmenio Mendieta, quien defiende a Farías, aseguró que en estas condiciones insistirán aún más para que Ojeda sea citado a declarar como testigo, tanto para corroborar lo de su firma en estos documentos como para que aclare si se reunió con el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, mismo que fue asesinado en Manzanillo el 8 de noviembre de 2024.
“Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina”, argumentó el despacho de abogados.
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“Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”, establece el comunicado.
IRONIZAN SOBRE LO HALLADO EN LA BODEGA
Mendieta también ironizó sobre los resultados de la pesquisa en la bodega, pues a decir de la FGR fueron localizadas armas durante el operativo, pero el abogado dijo que sólo se aseguraron una bayoneta modelo 1954, calibre 7.62, y un espadín que el ex vicealmirante usaba en desfiles cuando era cadete.
Además, los defensores aseguraron que la Fiscalía presentó como nuevo hallazgo el cateo de una bodega arrendada por Farías Laguna, aunque la orden judicial de allanamiento fue ejecutada desde el 1 de febrero de este año.
“La defensa solicita una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina. También pide revisar los criterios con los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de seguridad nacional, particularmente respecto de aquella información que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos”, agregó.
“La defensa sostiene que una estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales. Por ello, plantea que deben investigarse todas las líneas y determinarse la responsabilidad individual de cada involucrado, con debido proceso y acceso a la evidencia”.
LA RED CRIMINAL, SEGÚN LA FGR
Según la FGR, esta red delictiva operaba de forma metódica mediante buques que zarpaban desde puertos de Texas transportando hidrocarburos falsamente declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos.
Para consumar el contrabando, la organización corrompía a funcionarios y agentes aduanales a cambio de sobornos por cada embarque autorizado. Cuando llegaba a efectuarse alguna revisión, esta respondía a una farsa institucional.
“Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, señaló Ramos Godoy en su pronunciamiento.
Asimismo, la Fiscalía reveló que se coordinaban calendarios de llegada específicos para apagar cámaras y ocultar el registro de las descargas. Una vez ingresado al país, el combustible se comercializaba a través de tres empresas formalmente constituidas, apoyándose en una red de compañías fachada y operaciones financieras destinadas a blanquear las ganancias ilícitas.
Las pesquisas de la FGR permitieron rastrear las actividades de este grupo en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, siguiendo la pista a accionistas, representantes legales y operadores clave en cada fase de la cadena de lavado y contrabando.
