Óscar Gómez Islas tiene 44 años, y por lo menos 23 trabajando como miembro de la Policía Comercial de Tijuana, al servicio y pago de Jorge Hank Rhon, o bien, su Grupo Caliente.
Pese a que la Reforma Eléctrica constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador fue aprobada con 47 votos a favor y 37 en contra, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados fue aplazada hasta el domingo 17 de abril.
Existe un gran número de perspectivas para analizar los resultados del proceso de Revocación de Mandato, celebrado el domingo 10 de abril y promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de sí mismo, como parte de los compromisos de campaña y una maniobra partidista para preservar el control de la agenda pública, por encima de los temas prioritarios del país.
Hagan de cuenta que, en el proceso de revocación del 10 de abril, al Presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó el turno de hacer girar la perinola, y el resultado fue “todos ponen”, o “todos pierden”.
Tan mal está la situación en la Fiscalía General del Estado, que consanguíneos de mujeres desaparecidas refieren que les han recomendado recurrir al colectivo Todos Somos Erick Carrillo para que las apoyen en la búsqueda. Y efectivamente, Eddy Carrillo, padre del joven desaparecido, colabora en las búsquedas.
La agencia de colocación llamada Gobierno del Estado, volvió a hacer de las suyas al favorecer a amigos, correligionarios o cumplir con compromisos, sin importar si reúnen o no los requisitos mínimos para ocupar los cargos trascendentales del Estado.
Los expedientes de los casos de los homicidios contra periodistas Margarito Martínez -asesinado el 17 de enero de 2022- y Lourdes Maldonado -23 de enero- están estancados.
Se trata de Cristian Medina, quien de hecho, fue funcionario estatal cuando acompañó al propio Benítez en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate. Ya se conocen, pues, han trabajado juntos y ahora va de nuevo.
No sólo el combate a la delincuencia organizada ha sido un rotundo fracaso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; también la investigación y procuración de justicia contra la delincuencia organizada, la cual ha sido exhibida por su inoperancia.
