Solicitaron una nueva consulta pública y una moratoria a desarrollos inmobiliarios mientras se revisa el programa; señalaron falta de avances en mesa técnica tras la salida del alcalde y expresaron desconfianza en el seguimiento de autoridades municipales.
La obra sobre el Bulevar 2000 aún no cuenta con fecha de inicio ni presupuesto definido, aunque el alcalde Ismael Burgueño estimó que podría concluirse antes de finalizar el año.
Las manifestaciones conjuntas afectaron el tránsito de carga en ambos accesos de la garita comercial. Los docentes exigieron atención a sus demandas laborales, mientras que residentes del ejido reclaman soluciones a problemas de regularización de predios.
Aseguró que el hombre involucrado en los hechos nunca trabajó para él y sostuvo que acudió a su negocio para exigirle 500 dólares mensuales de cobro de piso; así como afirmó que fue agredido antes de realizar un disparo de advertencia.
Las manifestantes aseguraron que los apoyos otorgados por el Ayuntamiento no sustituyen una pensión por viudez, mientras que viudas de policías de Rosarito expusieron problemáticas similares relacionadas con la pérdida de prestaciones tras el fallecimiento de los agentes.
Las manifestantes se presentaron nuevamente en Palacio Municipal al asegurar que el apoyo que reciben a través de la Norma Técnica Número 4 no equivale a una pensión por viudez, la cual han solicitado desde hace casi un año.
El presidente de la CEDHBC cuestionó la ausencia de autoridades ante privaciones ilegales y recordó que los internamientos involuntarios y obligatorios en centros de rehabilitación deben apegarse a los procedimientos establecidos por la normativa federal.
El juez consideró la violencia ejercida contra la joven, los antecedentes de agresiones en la relación y el contexto en que ocurrió el feminicidio para imponer la pena máxima de 60 años de prisión
El juez consideró la violencia ejercida contra la joven, los antecedentes de agresiones en la relación y el contexto en que ocurrió el feminicidio para imponer la pena máxima de 60 años de prisión
Vecinos señalaron que al menos 100 personas podrían haber sido afectadas por la comercialización de predios invadidos presuntamente pertenecientes al Ayuntamiento de Tijuana
