Seis hombres con experiencia policiaca y una mujer, abogada-activista social, tomaron los mandos de las policías municipales de los siete ayuntamientos bajacalifornianos
Agente inmobiliaria activa desde 1997, con varias denuncias por fraude abiertas -seis entre 2018 y 2020, y detenida en 2019- fue asesinada sobre Carretera Escénica
Políticas de protección a mujeres y niños se quedan cortas en gobierno de Marina Ávila Olmeda: 234 féminas asesinadas en Baja California en 2024, y 856 denuncias por abusos sexuales en el trienio
¿Cómo van a conocer los votantes los currículums y antecedentes de los 4 mil candidatos a jueces y magistrados? No lo harán, porque es prácticamente imposible
- A este ritmo, con base en estadísticas oficiales, Andrés Manuel López Obrador terminará su administración con más 199 mil; 40% más que Calderón, 20% más que Peña Nieto
- Considerando el sub registro en materia de muertes violentas y desapariciones, Observatorio Nacional Ciudadano estima que la cifra real de homicidios estaría entre 215 mil víctimas en evaluación conservadora y 275 mil víctimas en apreciación no conservadora
- Sonora y Morelos se convirtieron en estados con alta incidencia mortal en el presente sexenio; Nuevo León regresó al ranking de entidades homicidas, mientras Colima -la más violenta por cada 100 mil habitantes-, Zacatecas y Quintana Roo registraron una considerable alza
Desde septiembre de 2022, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a los legisladores frenar el proceso de militarización de la seguridad pública.
“Para el ciudadano individual, todo lo que no está prohibido está permitido; pero para los organismos públicos, y especialmente el gobierno, todo lo que no está permitido está prohibido”: John Laws, jurista inglés
Son delincuentes sin escrúpulos ni lealtades, familias enteras dedicadas a envenenar con droga a sus clientes consumidores para enriquecerse; asesinan, secuestran, torturan, extorsionan y roban a quienes se interpongan en el camino.
Sin seguimiento del Poder Judicial ni de la Fiscalía, ni recursos o coordinación de esfuerzos del Estado, la reparación del daño en Baja California es de papel
