La detención de un policía homicida en Rosarito, y un robo de dólares, son investigados como posibles móviles del ataque armado en contra los agentes Aguilar y Medina de la FGE
Congresos obligados a legislar y prohibir la participación honorífica de las parejas de mandatarios en proyectos económicos y sociales, relacionados con los gobiernos
Policías estatales y municipales fueron videograbados cometiendo delitos en Tijuana. FGE identificó a sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación que robaron 40 mil dólares, pero se reservaron los nombres. El supervisor policiaco Ángel Ornelas fue detenido por apoyar a presuntos elementos de la FGE que secuestraron a una mujer y solicitaron dinero para liberarla
En 2021 Bonilla maniobró para evitar que Arturo González lo sucediera: Alfredo Rivas Aispuro, ex policía, lo acusó de homicidio. Fue diputado suplente del PES, luego de Morena, lo asesinaron
Por aparentar, presumir o evitar situaciones incómodas, para mejorar su imagen o parecer más competente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, comunica mentiras, lo hace impunemente, y se le está convirtiendo en una muy mala costumbre.
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Alrededor de 100 agentes de un total de 264 no aprobaron los Exámenes de Confianza. En 27 días de actividades, cuatro elementos de la Fuerza Estatal fueron reubicados, FGE recibió cinco denuncias contra la corporación y el órgano interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado inició tres carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por agentes estatales. En el mismo período, los agentes han detenido a 40 delincuentes y asegurado más de 66 kilos de droga
*Con más de 40 mil permisos de operación sujetos a inspección, miles de residentes tijuanenses están convertidos en víctimas potenciales de inspectores extorsionadores que forman parte de un “sistema de cuotas”.
*Los ciudadanos no denuncian por temor a perder sus permisos municipales; en la presente administración sólo 25 funcionarios han sido reportados a Sindicatura, la mayoría policías.
*Comerciantes y constructores señalan a la Secretaría de Gobierno como origen el problema. Y el ayuntamiento aprobó una reforma para que esa dependencia controle oficialmente a 300 inspectores.
