En la peor crisis de su gobierno a menos de dos años de haber asumido la Presidencia de la República, luego de una elección impugnada, Enrique Peña Nieto sigue la misma línea para confrontar los problemas del país: ignorarlos. Cuando el viernes 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam el Procurador General de la República, realizó una –a todas luces- apresurada conferencia para dar cuenta de la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre, el Presidente Peña se encontraba en una reunión de industriales. Una de esas convenciones anuales con cena de gala incluida y palabras de presidente para cerrar. Del gobierno federal informaron que el Presidente daría un mensaje luego de concluida la conferencia de Murillo. Y en efecto, lo dio… ante los industriales. Escasos minutos le dedicó Peña a Ayotzinapa en su institucional discurso. Rodeado de los suyos y los que quieren ser de los suyos, fue aplaudido en uno de los momentos más negros de la historia contemporánea de México. Cuando la nación estupefacta mantenía su luto obligado al enterarse del “probable” trágico, horroroso y terrible desenlace que tuvieron los 43 normalistas. El discurso presidencial, el breve apartado dedicado a la masacre de los estudiantes, estuvo lleno de lugares comunes. De indignación oficial que de nada sirve a los mexicanos y que en nada abona al estado de derecho; de clichés como “llegar hasta las últimas consecuencias”, y por ello, Peña fue aplaudido por los industriales y esa clase privilegiada convidada a comer con el Presidente. Como en los tiempos más rancios del priismo puro, el presidente fue aplaudido cuando debió ser señalado al exigirle un verdadero esclarecimiento del caso de los 43 normalistas. Antes de ello, los mexicanos que tuvimos el tiempo de encender el televisor vimos una conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, le vimos la actitud distante, recelosa y el cansancio al responder las preguntas de los reporteros que sólo llegan a aclarar una mínima parte de las dudas que muchos mexicanos y particularmente los familiares de los 43, tienen. No se puede en un país cuyas instituciones carecen de credibilidad, tomar como cierta, finita y absoluta, la versión oficial. Finalmente fue evidente que Murillo estaba dando cuentas de una investigación inconclusa. Contra su costumbre de dar entrevistas o datos sobre procesos ministeriales que no han alcanzado la verdad legal, el procurador informó sin confirmar algo. Ahora sí le dieron validez ministerial a las declaraciones de criminales, sin sustentarlas en pruebas científicas que, en efecto, comprueben que los hechos sucedieron como dijeron y el fiscal nos informó. Una cuestión es que un detenido sometido a toda clase de interrogatorios, declare lo que la autoridad quiere escuchar, y otra es empatar esa verdad criminal a la verdad jurídica, situación que en este caso no se puede dar puesto que el propio Procurador informó de cómo, en las condiciones en que se encuentran los probables restos humanos, es imposible obtener información genética que permita, entonces sí y a ciencia cierta, probar que los restos son de los 43 normalistas. O sea, Murillo Karam en su conferencia fue hacia donde nunca ha querido: a la especulación, las hipótesis, las teorías, sobre un hecho que se investiga. Y fue evidente que lo hizo obligado por las circunstancias. Si para muchos es increíble que Peña Nieto haya proseguido con su agenda de acudir a una gira internacional en medio de la denuncia ciudadana y la protesta generalizada exigiendo el rescate de 43 estudiantes desaparecidos, hubiese sido inaudito que se fuera del país, sin dar una respuesta a tanta insistencia social. Por lo menos dar a conocer una inacabada investigación, que presume por voz de criminales que los jóvenes fueron terriblemente asesinados, suponen en el gobierno federal que les abriría una ventana de tiempo para que el presidente abandonase el país, consiente que había dado respuesta –no satisfactoria- a las marchas y los señalamientos. Tal parece que era mejor irse a la China, con uno de los hombres más repudiados de México en estos momentos, en calidad de detenido como lo es José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y con un informe a medias sobre lo que pudo haber ocurrido en tierras guerrerenses con los 43 normalistas. Pero los mexicanos ya están cansados de estrategias mediáticas de gobiernos insensibles y faltos de compromiso. Es verdad que el caso de los 43 es más profundo de lo que parece, es verdad que la PGR dentro del sistema en el que se desarrolla, con los vicios que trae de origen y los obstáculos ministeriales, poco más puede hacer, pero también lo es, que a los mexicanos de nada les sirve saber que el procurador está horrorizado, o que está indignado, o que ya se cansó, ahora sí que este es uno de esos casos donde la consigna de Alejandro Martí aplica y bien: si no puede, que renuncie. La indignación oficial, la indignación del Presidente, la indignación del Procurador, crean más indignación entre los mexicanos, pues al primero se le eligió (aun sospechosamente), no para indignarse sino para aplicarse y ejercer el estado de derecho. Y encarcelar a los malos y proteger a los buenos. Situación que en México y en estos momentos no está sucediendo. Para colmo, en medio del luto de los mexicanos, cuando ni una bandera fue colocada a media asta para presentar los respectos a los 43 jóvenes que fueron asesinados en medio de un clima de corrupción entre representantes del Estado y miembros de los cárteles y los grupos organizados, cuando el avión presidencial va tomando vuelo, dos frivolidades ubican al Presidente en su dimensión: El “maquillista de las estrellas”, que publica en redes sociales una fotografía suya arriba del avión y avisando a sus seguidores que se va a China, y la mansión ahora llamada “La Casa Blanca” que un equipo de reporteros de Aristegui Noticias develó como propiedad de Enrique Peña Nieto en la zona más pudiente de la Ciudad de México, con más de mil 400 metros cuadrados y a razón de unos 7 millones de dólares. Del maquillista, pues tarde retiró su comentario y foto de las redes sociales, cuando ya medios digitales habían dado cuenta de la insensible, frívola y fútil acción de incluir en la gira oficial del presidente a un maquillador de las estrellas, compartiendo avión, seguramente hotel y gastos todos. Pero de la “Casa blanca” la presidencia ha intentado zafarse a la mala. Vaya pues, le echaron el paquete a la esposa del presidente, la actriz Angélica Rivera, quien por Ley no tiene obligación de dar cuenta de su enriquecimiento ni el origen de su dinero, pero que es obvio que hoy día es la actriz con mejor casa en todo México, y eso considerando a los de Hollywood que tienen modestas residencias en Cabo, Baja California Sur, o cualquier otra costa mexicana. Volviendo a la falta de credibilidad de las instituciones que rigen este país, y de las personas que las encabezan, la versión del vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, que la casa la compró Rivera con sus medios, que no está a su nombre porque aún no termina de pagarla, pues es eso, una versión que puede o no tomarse a consideración o creerse. Y cuando no todo estaba perdido para el Presidente, los mismos reporteros de investigación de Aristegui Noticias, dan cuenta que la casa original de Rivera –a espaldas de la nueva mansión- es de ella en efecto, pero no desde “hace muchos años” como lo informó presidencia, sino desde 2010, a unos días de haberse casado con el hoy Presidente de la República, y transferida por Televisa a la recién casada. Cosas frívolas las del maquillista y la “Casa Blanca”, se suman a la serie de eventos desafortunados que le ocurren a un presidente que se percibe cada vez más ausente de lo que ocurre en el país, y en el mejor de los casos indignado, cuando es él quien tiene la facultad y la obligación de acabar con la indignación de los mexicanos, imponiendo el Estado de Derecho. Cuando regrese el Presidente, en México todo seguirá igual o peor. Con nuevos pesares y nuevas revelaciones de excesos, corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad, sangre y muerte, que seguirán despertando la indignación de los mexicanos, quienes mantenemos el ánimo y la bandera de cada uno a media asta por el luto de saber a los estudiantes masacrados, por la corrupción en las instituciones, por la incapacidad oficial para ofrecer justicia y verdad científica y jurídica que embone con la verdad popular. Una bandera a media asta que ninguna autoridad colocó por los jóvenes asesinados.  

El lunes 3 de noviembre, el Grupo 21 de Tijuana, fundado en 1985 y con representación plural y valiosa de la comunidad política, empresarial y social de esta ciudad, nos demostró a quienes trabajamos en ZETA, solidaridad, apoyo y respaldo, al periodismo independiente y a la libertad de expresión. Ese día en la persona de quien esto escribe, depositaron su reconocimiento de Personaje del Año 2014. Realmente lo hicieron para todos nosotros, todos quienes desde abril de 1980 tomamos el compromiso de ejercer el periodismo de investigación, análisis y opinión, sin cortapisas. De una sola línea. Siempre del lado de la sociedad. Las siguientes son las palabras de agradecimiento para los miembros del Grupo 21 de Tijuana, leídas ese día como parte de nuestro agradecimiento por compartir con nosotros el compromiso con la libertad de expresión, y demostrarnos, generosamente, que no estamos solos: Me es muy familiar estar aquí con ustedes, con los integrantes del Grupo 21, con sus invitados muchos de los cuales he entrevistado, con mis compañeros de ZETA y mis compañeros periodistas. Hace once años en este mismo lugar, pero un mes de febrero de 2003, el Grupo 21 nombró a Jesús Blancornelas, Personaje del Año. Fue el primer reconocimiento que le hicieron en ésta, que fue su segunda tierra. Como periodista Tijuana lo eligió, y él se quedó en la ciudad. Recuperé de aquellas sus palabras para ustedes, un extracto. Cito textual: “En el periodismo y en la política, o desde el periodismo hacia la política, se hacen amigos para toda la vida, o enemigos de sexenios. Yo los tengo como se dice en mi tierra, de adeveras. Salvo contados casos me ha dado y me sigue dando tristeza de cómo reaccionan los políticos. Amigos antes del poder. Enemigos en el poder. Amigos otra vez al dejar el poder. Desgraciadamente el poder transforma a los hombres. A unos los sublimiza, los engrandece, y a otros los empequeñece hasta el ridículo”. Fin de cita. Y bueno, el contexto político y social ha variado en estos once años, pero el sentimiento de quienes trabajamos en ZETA es igual al de Blancornelas aquel febrero de 2003. El ejercicio periodístico desde la investigación, la línea de denuncia, contestataria, de análisis y opinión que desarrollamos en el Semanario, en efecto nos ha traído muchos enemigos. Hasta la fecha. Esta nueva generación de periodistas que César Blanco y su servidora nos honramos en tener en nuestra redacción, no han sido inmunes a la insidia. Los han molestado, los han insultado y los han criticado. Les publican desplegados e intentan difamarlos. Lo de menos es que nos nieguen información. A eso ya estamos acostumbrados, los hace mejores periodistas investigadores. Les despierta el ánimo, el reto de encontrar el documento que funcionarios y políticos ocultan para cubrir sus irregularidades. A los editores nos han amenazado. Lo mismo políticos que narcotraficantes. No les gusta la crítica ni que les exhiban en la ilegalidad, la corrupción y la transa. El problema es cuando de la molestia por un reportaje transitan a la agresión verbal, a la agresión pública y a la fatal agresión física. Después de 34 años de fundación, en el Semanario ZETA seguimos libres como el viento, y en muchas ocasiones caminamos contra el viento. Estos tiempos son una de esas ocasiones. Con la violencia y la inseguridad en alerta roja en todo el país, los periodistas independientes, de investigación, estamos entre dos fuegos. El de la criminalidad y el oficial. Las presiones desde uno y otro bando se agudizan. Atentados contra la libertad de expresión suceden todos los días. Cuando no tumban un portal noticioso, policías agreden a reporteros que hacen su trabajo al estar en el lugar de los hechos para llevar la información a la población. La información que los gobiernos quieren ocultar. Han hecho leyes y reglamentos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para no proporcionar información. Para beneficiar a los criminales y mantener desinformados a los mexicanos. Las instituciones de transparencia y acceso a la información funcionan a conveniencia de los gobiernos. En algunos casos nos proveen de lo que solicitamos, en otros tenemos que entablar un juicio para que nos den lo que legalmente es público, pero se oculta para proteger la corrupción. Todos quienes trabajamos en ZETA aprendimos a sobrevivir en un ambiente hostil. De atestiguar los atentados a nuestros compañeros, la muerte de algunos de ellos, las difamaciones contra Blancornelas. Ahora somos el blanco de tales acciones. Tenemos una ventaja: nuestros lectores. Ellos nos nutren con información y nos mantienen vigentes con su lectura semanal. Lo que reportamos, lo que investigamos y escribimos, es producto de la denuncia del Lector. Aquello que incomoda a alcaldes, gobernadores, secretarios y políticos, es la línea que el Lector nos da. Nos dicen qué escribir. ZETA es el ejemplo que la sociedad guía al medio y no al revés. Nuestros anunciantes, empresas, compañías, negocios locales que apoyan la libertad de expresión promocionándose en nuestras páginas. Para medios independientes como el nuestro, en el cual solo subsistimos de dos ingresos, la venta de publicidad y la venta del ejemplar, el gobierno presiona no anunciándose en nuestras páginas. También a ello hemos sobrevivido. Dos alcaldes de Tijuana, Jorge Hank Rhon y Carlos Bustamante Anchondo, no invirtieron recursos públicos para publicidad de medios en ZETA. El primero porque fue una decisión del Consejo Editorial, toda vez que fue, es, sospechoso de la autoría intelectual del asesinato de Héctor Félix Miranda; el segundo porque hizo suyas las palabras que José López Portillo dijo en uno de los momentos de mayor presión para la prensa libre en México en 1982: “No pago para que me peguen”. Cancelan los contratos publicitarios en represalia a una línea editorial. No hacemos periodismo para amigos, poderosos o personas influyentes, hacemos periodismo para la gente. Estamos convencidos que la información debe fluir y es el más importante elemento que tiene la sociedad para tomar decisiones económicas, políticas, sociales, de desarrollo, que se conozca lo que ocurre a partir de los hechos comprobados para saber hacia dónde se va. La información es poder. Y el poder es de la gente. El honor que hoy me hacen, y como corresponde, comparto con todos mis compañeros de ZETA, con quienes hoy día están y con quienes ya no nos acompañan, con Don Jesús Blancornelas, con Héctor Félix y con el querido licenciado Francisco Javier Ortiz Franco, es para nosotros una muestra de que no estamos solos. Que la sociedad, que grupos sociales organizados como lo es el Grupo 21, son solidarios del periodismo de investigación que hacemos. Muchas gracias a su presidente, Freddy Lugo, y a su líder moral, el doctor Don Juan Medrano. En mi nombre, en el de mis compañeros, gracias por mañanas como ésta, donde nos honran para seguir siendo libres como el viento. Muchas gracias.

Hace siete días en la comodidad de su residencia oficial el presidente de México Enrique Peña Nieto, recibió a padres de los normalistas desaparecidos, asesinados, heridos, y a activistas que les acompañan en su lucha porque la autoridad federal cumpla con su obligación y los rescate. Que los encuentren vivos. Hace siete días y a los normalistas no los han encontrado. Por más que escarban en la sierra guerrerense, por más elementos federales, militares o gendarmes que envían a Guerrero, por más miembros del gabinete que viajen a aquel golpeadísimo estado, o peritos extranjeros que arriben, a los normalistas no los encuentran. A quienes sí encontraron fue a quienes después de culpar a muchos, identificaron como los criminales principales de Iguala; al alcalde con licencia de aquel municipio, José Luis Abarca Velásquez y a su mujer, María de Los Ángeles Pineda Villa. A Abarca se le investiga por homicidio calificado, por homicidio en grado de tentativa y por enriquecimiento ilícito, entre otros. A su mujer se le acusa de ser –por vía familiar- miembro del crimen organizado en el ala financiera del cártel Beltrán Leyva, mientras a su esposo lo ubica la autoridad aliado con la organización criminal “Guerreros Unidos”. A 40 días de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de seis más, a siete días de la reunión de los padres de los jóvenes desaparecidos o muertos con el presidente Enrique Peña Nieta, han sucedido muchas cosas que asombran a los mexicanos, que les indignan, y muy pocas situaciones que les den certeza y seguridad. No hay justicia para los 43 ni para sus familias. No hay justicia para los muertos. Y a la población indignada, la que se levanta en manifestación en municipios, estados y países, no se le dan respuestas. El país está cada vez más caótico. En La Paz, Baja California Sur, antes una ciudad tranquila, turística, en 24 horas durante el fin de semana, asesinaron a siete personas. Lo mismo sucedió en Chihuahua. También en la Ciudad de México hubo ejecutados. El no ejercicio del Estado de Derecho para encontrar ya a los desaparecidos y castigar ya, a los asesinos y secuestradores materiales e intelectuales, es un mal ejemplo que cunde. Si en México los asesinos, los secuestradores, los extorsionadores y los criminales no reciben castigo ni pagan con prisión, cualquiera puede cometer actos delictivos si cuenta con una mínima estructura criminal y un mínimo de impunidad a partir de la compra de policías y agentes. Para abonarle a este injusto clima, hace unos días en Tijuana, Baja California se confirmó la premisa aquella que los extranjeros que delinquen en México son liberados sin cargo alguno. Para el colmo de la indignación popular, un Juez Federal dejó en libertad al ex marino que introdujo armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército a territorio mexicano, Andrew Tahmooressi, La determinación del Juez fue luego que la Procuraduría General de la República cediera ante la presión de autoridades y congresistas de los Estados Unidos, que pedían –a como diera lugar-la libertad de su ex militar. Argumentaron tanto en México como en la Unión Americana, la incapacidad mental del marino que entró de manera frecuente a Tijuana vía San Ysidro, California, antes de ser sorprendido cuando intentaba hacerlo de nueva cuenta pero armado. Tres armas, dos largas y una corta y cientos de cartuchos útiles. Así mientras en México y en el mundo se exige justicia para los normalistas de Ayotzinapa, el rescate de los 43, el castigo a los autores materiales e intelectuales, en un estado, en Baja California, la PGR cede y deja de cumplir con su obligación de procurar justicia, y libera a un extranjero. No hay justicia pues, en ninguna parte. ¿Cómo quiere el Presidente Peña reestablecer el orden sin imponer el Estado de Derecho? Una tras otras las injusticias se van conociendo y los mexicanos se van transformando, como dijo Manuel Martínez, vocero del comité de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos o asesinados, “Nos estamos encabronando con los políticos…”. A siete días de la reunión de Peña con los hombres y las mujeres que sufren la ausencia de sus hijos, los acuerdos de la minuta no se han cumplido. No se ha dado a conocer la estrategia ni la intensidad de la persecución y los trabajos para la localización de los 43 normalistas vivos. Los padres de los normalistas se quejaron de cómo de reunirse con el presidente y acordar comunicación directa con los titulares de las áreas de seguridad del gobierno federal, de nueva cuenta les enviaron un funcionario de tercer nivel para dialogar. No ha llegado ni la prontitud, ni la seguridad, ni la certeza, en los hallazgos de cuerpos, o en la localización de los desaparecidos. En general, no se ha cumplido con llevar justicia a las víctimas. Dos políticos detenidos no debe ser el fin de una investigación. La justicia debe aplicarse en todos los ámbitos y en todos los niveles. A mexicanos y extranjeros. A políticos y criminales. A secuestradores y asesinos. Mientras la impunidad que tiene origen en el mismo estado mexicano, sea la frecuente en los casos de alto y bajo nivel de impacto, México seguirá siendo el mismo país corrupto e injusto que se ve dentro y fuera de nuestra tierra  

Si Andrés Manuel López Obrador tuvo o no una relación con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es un asunto irrelevante para la seguridad nacional y para la solución de la barbarie que ocurre en el Estado de Guerrero. Si el sacerdote Alejandro Solalinde tuvo información que le proveyeron sobre el destino fatal de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, también es irrelevante para la seguridad nacional, y el combate al crimen organizado y a la corrupción que impera en muchos municipios de aquella región. Linchar política y públicamente a López Obrador o a Solalinde, no solucionará el terror que viven los guerrerenses. Servirá, sí, para desviar un poquito la atención sobre el problema de inseguridad e impunidad con que narcotraficantes, criminales y autoridades corruptas, cobran vidas en esa zona del país. Pero la ineficacia e incapacidad que el Gobierno Federal ha demostrado en los últimos 36 días para no solucionar los atentados del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, hacen ver esas cortinas de humo tan pequeñas, que no cubren en su totalidad las atrocidades cometidas en aquella costa mexicana. No pueden cubrir quienes como Manlio Fabio Beltrones o Jesús Zambrano, conminan a Andrés Manuel López Obrador a proveer información oficialmente sobre Abarca y los más de 150 muertos desconocidos que han sido localizados en fosas clandestinas en tierras guerrerenses en lo que va de 2014. Tampoco se puede cubrir el hecho de que los 43 normalistas desaparecidos siguen en esa calidad. No se puede ocultar que los familiares -recibidos por el Presidente Enrique Peña Nieto hace apenas dos días, pues el mandatario no ha visitado la conflictiva región para dar certeza y ánimo a sus ciudadanos- no tengan confianza en la autoridad, y llamen a no bajar la guardia en la manifestación pública. Si Óscar Díaz Bello, diputado local de Guerrero, asegura que en 2012 -cuando competía contra Abarca por la candidatura a la alcaldía de Iguala- alertó a López Obrador sobre el perfil criminal del ex presidente municipal, es información que no abona a la justicia de los guerrerenses, ni mejora en un ápice la estabilidad social de los mexicanos que ven ya no solo en Guerrero, sino en el resto del país, muertos todos los días, atentados frecuentes, amenazas, presiones y secuestros. La estrategia emprendida esta semana por políticos del PRI y del PRD -como Manlio Fabio Beltrones y Jesús Zambrano, por mencionar algunos- para descargar sus reproches sobre la figura del líder de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) e intentar inmiscuirlo en el origen de la barbarie guerrerense, no son más que muestra de la política retrógrada de quienes encabezan los poderes de esta nación.    Mientras intentan establecer cortinas de humo atacando al Padre Solalinde, obligándole como si fuera autoridad investigadora o administrador de la justicia, a que aporte pruebas y nombres del origen del horror, los criminales siguen dominando Guerrero, sus costas y sus sierras. La omisión de la autoridad federal, de los equipos de inteligencia y de la investigación ministerial no solo para alertar de los inminentes brotes de violencia en aquellas tierras, debido sí, a la colusión de autoridades y criminales, y en gran parte producto de la desigualdad social, es un tema que tampoco se puede ocultar. Organismos internacionales, gobiernos extranjeros, instituciones de Norteamérica, hacen todos los días llamados al Gobierno de la República Mexicana a poner un alto a la impunidad. A detener a los asesinos, a los secuestradores de los normalistas, y a encontrar vivos a los desaparecidos. Y esa situación de alerta internacional, ese contexto de inseguridad y violencia en Guerrero y otros estados de México, son elementos que solo podrán borrarse con el ejercicio del Estado de Derecho, y eso, es facultad del Presidente de la República y del nuevo gobernador de Guerrero, que para eso lo pusieron en el cargo. No es un tema, pues, cuya solución u origen esté en un hombre de izquierda o en un religioso; intentar demostrar eso, es caer en la ignorancia y pretender que los mexicanos sean parte de ella.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que es con el que en términos de política exclusivamente, comparan más al gobierno de Enrique Peña Nieto, los gobernadores dejaban de serlo a interés y negociación del Presidente. Era el ejercicio del presidencialismo en su máxima expresión. Repetían la anécdota aquella del cacicazgo presidencial de inicios del siglo pasado, de cuando el mandatario nacional preguntaba la hora a cualquiera de sus colaboradores y la respuesta era: “La que usted diga, señor Presidente”, o lo ejemplificaban con la imagen de “En México no se mueve la hoja de un árbol sin que el Presidente lo autorice”. Hubo gobernadores que no llegaron a serlo después de haber ganado las elecciones. Los tiempos álgidos de una naciente manifestación para exigir democracia, llevaban al Presidente Salinas a anular elecciones y tumbar triunfos, cuando la organización de las elecciones no estaba en un Instituto Federal Electoral ciudadanizado, sino en la Secretaría de Gobernación. Otros gobernantes caían por sospechas de irregularidades o relaciones ilícitas. También hubo aquellos que salieron “dignamente” cuando los erradicaban de la tierra que habían ganado con votos y los empotraban en el gabinete del Gobierno Federal. Entonces no había ni Comisión Nacional de Gobernadores, ni tantos mandatarios de oposición, mucho menos representantes del PRD en los estados. Por eso el presidencialismo se ejercía en todos los estados, y el Distrito Federal, por entonces era una regencia que dependía de la Presidencia de la República y no una Jefatura que se definiera en las urnas. Ningún gobernador se le oponía al Presidente. Ernesto Ruffo Appel fue prietito en el arroz. Le tocó ser el primer mandatario estatal de oposición, y sus desencuentros con el Presidente Salinas fueron tan intensos como legendarios. Competían en democratizar y ciudadanizar parte de la estructura gubernamental. Salinas en la federación, Ruffo en Baja California. Pero después llegó Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República y dejó a los gobernadores ir por su lado. Abrió la puerta a la democracia en las elecciones y fue sucedido por el primer Presidente emanado del Partido Acción Nacional, Vicente Fox. Entonces los gobernadores, igual de mayoría priista, ya sin Presidente que les obligara, les dominara o les reprimiera, formaron bloques. Primero los gobernadores del PRI, luego los del PAN y los del PRD, cada grupo para fortalecerse y, de paso, llevar algo a sus estados. Así nació la Comisión Nacional de Gobernadores  (CONAGO). Y entonces llegó Enrique Peña Nieto -disculpen que pase de largo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero en materia política y de presidencialismo poco hizo más allá de pasar de la institucionalidad a la colerización de las decisiones-; en esta nueva época del mismo PRI, Peña ha sido más prudente pero igual de efectivo cuando se trata de castigar. Para empezar y en tratándose de recursos, el federalismo presupuestal lo ejercen el Presidente, sus secretarios y sus delegados en los estados. Se acabó eso de dar dinero a los gobernadores para que se luzcan ellos. Ahora Peña reparte y etiqueta los dineros. A los gobernadores los manda llevar a la Ciudad de México cuando así le parece necesario para la foto de la unidad mexicana. Los atiende, pero no les da, se toma la foto con ellos, pero con pocos acuerda. Y el jueves 22 de octubre, cayó otro gobernador. El segundo en la administración de Enrique Peña Nieto. Y cayó básicamente por las mismas razones que cayó el primero. Por la inseguridad, el narcotráfico y la violencia en los estados que gobernaban. El primer gobernador en dejar de serlo era del PRI, este segundo llegó a la gubernatura postulado por el PRD y apoyado por el PAN, entre otros partidos. El primero en caer fue Fausto Vallejo en Michoacán, luego de que el Presidente ya tenía un enviado presidencial ejecutando decisiones y accionando programas en aquellas tierras. Vallejo justificó una enfermedad crónica que aun en el exilio político y con un hijo en prisión por relaciones ilícitas con el narcotraficante Servando Gómez “La Tuta”, lo mantiene con vida. En su lugar, “los diputados del Congreso de Michoacán” votaron al rector de una universidad. El segundo gobernador en caer fue más rápido y el contexto más contundente: la ingobernabilidad en Guerrero luego que entre el 26 y 27 de septiembre fueran asesinados, heridos  y desaparecidos, más de 50 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala. Así cayó el jueves 23 de octubre, Ángel Heladio Aguirre, un priista que fue candidato del PRD y otros partidos al gobierno de Guerrero, y que en los últimos días de campaña, fue apoyado también por el Partido Acción Nacional. Pero la solicitud de licencia de Aguirre no era un tema que interesara solo al Presidente de la República, para aminorarle un poco la presión que en calles nacionales, medios y gobiernos del extranjero ha tenido ante la barbarie con los normalistas; también fue una petición de manifestantes en todo el país, de sectores sociales y muy pocos políticos. La responsabilidad de los hechos terribles en Iguala, Guerrero, ciertamente no es solo de Aguirre. Está el alcalde de Iguala en contubernio con el narcotráfico, y las fuerzas de inteligencia y política interior del Gobierno de la República, que no accionaron ante los focos rojos de la inestabilidad política y social a partir de la dupla gobierno-narcotráfico. Con Aguirre depuesto, corresponde al Congreso del Estado nombrar gobernador sustituto, y al gobierno de Enrique Peña, ejercer el estado de derecho en aquella tierra caliente, tan lastimada y herida por políticos, criminales y la mezcla de los dos. Cayó el segundo… y con ello se aclara el camino para el control de los gobernadores.

Que los dos gobernadores sustitutos de los dos gobernadores constitucionales depuestos (o que solicitaron licencia pues) este año, sean académicos, no puede ser una coincidencia. No sólo porque en política las coincidencias no existen, sino porque quienes viven en y de la academia, difícilmente tienen un papel protagónico en el sector que llenan los partidos políticos. En el PRI por ejemplo las candidaturas todas son para sus miembros, en el PAN de vez en cuando le abren la puerta a los ciudadanos no afiliados y en el PRD pues recogen lo que hayan dejado el PRI y el PAN en las selecciones internas de los candidatos. Esto que parece ser un parámetro, que los dos primeros gobernadores sustitutos del sexenio de Enrique Peña Nieto, provengan de la academia, pues no es gratuito. Dos académicos haciéndose cargo de lo que dos políticos no pudieron: la administración estatal en dos estados, en Michoacán y en Guerrero ¿Acaso no había políticos que podrían haber sucedido a los gobernadores constitucionales? Es probable que la respuesta sea afirmativa, pero lo que evidentemente no hubo en ambos casos, fue un clima de seguridad y una confianza de los ciudadanos hacia los políticos. Tampoco había acuerdos entre los partidos representados en los Congresos locales. Si a esas dos premisas se suma la creciente, terrible, terrorista y salvaje inseguridad que acontece tanto en Michoacán como en Guerrero, pues la probabilidad de acordar entre políticos se reduce a nada. En el primer caso la confianza en el gobierno priista local se había perdido, y debido a las relaciones de colaboradores y familiares de Fausto Vallejo –el gobernador con licencia- con miembros del narcotráfico y el crimen organizado, imposibilitó que alguien de ese partido tomara su lugar. Mientras el PAN y el PRD habían perdido ese derecho en las urnas, la decisión neutra que tuvo que haber venido de la Presidencia de la República, responsable de la seguridad interior, fue voltear a la academia. Así llegó al Gobierno de Michoacán quien hasta el día de tomar posesión era el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, don Salvador Jara Guerrero se tituló como Físico Matemático, especialista en Física Experimental con maestría en Tecnología Educativa y Doctorado en Filosofía de la Ciencia (nada pescadito). El clima en Guerrero, que es el segundo estado donde un Gobernador cae de la silla institucional, no es para menos. Iguala es un nombre que la comunidad internacional estudiantil, política, empresarial y social, ya tienen marcado en la mente y en el imaginario colectivo del horror de la humanidad. Hace más de 30 días en un poblado de aquel municipio de Guerrero fueron muertos, heridos y desaparecidos con toda la fuerza del estado y del crimen organizado, estudiantes normalistas. El horror, el terror de la barbarie en Iguala han posicionado a México como uno de los países más violentos, más crueles y más injustos del orbe. Cambiar al Gobernador del Estado ciertamente no mejoraría la situación de los guerrerenses que exigen antes de paz justicia, pero sí disminuiría un poco los calores ciudadanos que han elevado el nivel de las manifestaciones, y colmaría un poco también la sed de linchamiento hacia la clase política –en este caso el PRD dado que el Gobernador como el alcalde de Iguala fueron candidatos por ese partido-. Una vez más como parece ser la norma de este gobierno, los responsables de la política interior, los hacedores del Pacto pro México y los negociadores con las cúpulas de los partidos políticos, no vieron en las filas de sus partidos a sucesor ya no digamos digno, sino pacificador. Y voltearon a la Academia. Quien era el Secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, don Salvador Rogelio Ortega Martínez, se convirtió en el Gobernador de aquella entidad (sí, otro Salvador). Ortega Martínez es licenciado en Sociología con especialidad en Historia, Maestro en Estudios Iberoamericanos y Doctor en Ciencias Políticos y Sociología, por títulos pues, no desmerece. Entonces ¿Significa que en épocas de inseguridad, violencia, barbarie y terrorismo la clase política ya no la hace? ¿Los académicos están rebasando a los partidos? ¿Los partidos no ven en los suyos la solución que contribuya a la justicia social? Esta incipiente pero importante norma podría ser aplicada en las elecciones del 2015, darle a más académicos más candidaturas ante el desprestigio de la clase política mexicana. Al Presidente Enrique Peña Nieto ya no le quedan muchas cartas limpias o cartas bajo la manga. Con la mezcolanza de partidos que hizo en su Pacto por México para sacar sus once reformas, acabo con el poquísimo prestigio, individualidad e ideología distinta que tenían los partidos políticos. Al sumarlos a un pacto los convirtió en una masa amorfa de voluntades e intereses y los alejó de las instituciones políticas con principios, ideología y valores individuales que como partidos debían tener. Peña Nieto está viendo antes de concluir su segundo año de administración como el país se le sale de control. La inseguridad y la violencia que ignoró sistemáticamente los primeros 19 meses de gobierno le golpea en la cara, en el ego y en la capacidad para administrar el gobierno, la procuración de justicia, y la llegada del México en Paz que ha pregonado sin sustento. En esas condiciones, sin más cartas políticas, con una estrategia incompleta para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, que subsistente en todo el territorio mexicano con la ayuda de gobiernos que corruptos ofrecen impunidad, ahora los políticos voltean a considerar a los académicos… ¿Pero ellos podrán?