Casi al mismo tiempo que un joven mexicano irrumpía en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de La Paz a Malala Yosafazi, y pedía que la activista en pro de los derechos civiles y los derechos de las mujeres no se olvidara de México, un empresario mexicano en Guerrero irrumpía su discurso con un llamado a cerrar la página de lo ocurrido en Iguala con los 43 normalistas desaparecidos. Las dos son posiciones de protesta. La del joven Adán Cortés Salas fue en el sentido de hacer una denuncia en el plano internacional sobre lo que ocurre en México con la inseguridad, la violencia y la impunidad; la del presidente de la CONCANCO, Enrique Solana, fue de hacer un llamado a ya dejar atrás la página de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y descrito como un joven aventado, Cortés Salas se adentró en la ceremonia realizada en Noruega y solo atinó a decirle a la galardonada que no se olvidase de México, en atención a lo que acá sucede. La paquistaní fue víctima de un atentado cuando un grupo Talibán le disparó en la cabeza y en el cuello, en el año 2009, a bordo de un autobús escolar. Otras dos niñas como ella serían alcanzadas por las balas. Sensibilizada de origen y cultura, Malala como muchas otras adolescentes en aquel régimen, desean aquello que les quieren prohibir: estudiar. Sobrevivió al atentado y emprendió un activismo por los derechos civiles y de las mujeres, ha sido ejemplo de lucha y tenacidad en el mundo, ejemplo y portavoz de comunidades reprimidas, y la joven que más reconocimientos ha obtenido en el ámbito de la paz y los Derechos Humanos. Malala Yosafazi se ve sorprendida en el video que cientos de miles de personas han visto por internet, del momento en el cual el mexicano sostiene una bandera y le pide a la ya Premio Nobel de la Paz, no olvidar a México. Malala es una muchacha con carácter y sensibilidad, y México no ha escapado a sus pensamientos. Al día siguiente de recibir la condecoración por su lucha por la paz y los derechos civiles, declaró que la irrupción del mexicano significaba que “hay problemas en México”, con lo que dio validez a la forma de la protesta. En este país, el mismo miércoles 10 de diciembre, el poblano, ingeniero químico, industrial y empresario Enrique Solana, hacía un llamado a quienes lo escuchaban en una conferencia de prensa en Guerrero, y a los reporteros que reproducirían sus palabras, a “pasar la página” de lo sucedido en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos con violencia. Enrique Solana representa a los comerciantes organizados de México, afiliados a las Cámaras Nacionales de Comercio, las cuales se rigen por la CONCANACO, organismo que él preside desde la Ciudad de México. Pero hace unos días, parecía más un vocero del Gobierno de la República. Luego que el Presidente Enrique Peña Nieto en Guerrero, precisamente en Guerrero, hiciera un llamado a superar la tragedia de Iguala sin certeza jurídica, sin la localización de cuerpos, sin justicia y sin paz, llegó Solana a avalar las palabras presidenciales, hacerlas suyas y escupirlas al mundo. De acuerdo a los periodistas que cubrieron el acto del representante de los comerciantes organizados, el empresario dijo: “No es posible que la terrible desgracia de 43 muchachos y sus familias, que tienen el derecho de expresar su dolor y exigir la recuperación de sus hijos, creo que no se justifica (la manifestación de) este pequeño número de personas, en comparación con 3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 familias, no hay proporción”. Siguió: “Es totalmente desproporcionado el daño terrible que están provocando a Guerrero… para mí están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 muchachos juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también”. Y concluyó: “Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”. Para el representante y portavoz de los comerciantes organizados, los culpables de la afectación económica a Guerrero, a las 150 mil empresas y las 800 mil familias, no son los narcotraficantes que mantienen la región bajo su poder criminal a sangre y plomo, ni los políticos corruptos y coludidos con el crimen organizado y el narcotráfico que contribuyen al cobro de piso, a las ejecuciones y los secuestros con policías infiltradas, sino las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y quienes con ellos se han  sumado a la manifestación internacional y nacional. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha pasado del “ya me cansé” del procurador Jesús Murillo Karam, al “ya supérenlo” del propio Presidente, hasta el “pasar la página” del titular de la CONCANACO, contra las manifestaciones y acciones nacionales y globales por Ayotzinapa, el llamado a la justicia y el derecho de cualquier padre a tener a sus hijos vivos y en casa, o sus restos en sepultura. En el México convulsionado que nos toca vivir estos días, hay de protestas a protestas. ¿Usted con cuál se identifica?

Cuando entrevistamos al alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, a propósito de su Primer Informe de Gobierno, previo a la plática periodística formal comentó que a la ciudad le hacía falta un helicóptero ambulancia -en el caso del “Pegaso” por ejemplo-, al paciente le quedan -literalmente- los pies volando. Le preguntamos si aprovechando la formación en la Cruz Roja, no había acudido a la sociedad pudiente para hacer una colecta en favor de Tijuana y solventar algunas necesidades como esa. Su respuesta fue así: “Lo que siento, por mi experiencia en colectas y en la Cruz Roja, es que el pastel de los donativos, es el mismo tamaño, no hemos cocinado un pastel más grande y los pedacitos son cada vez más delgados, y la economía de la ciudad o del país no está en las mejores condiciones, entonces la gente te apoya menos”. Por pastel se refiere a las personas económicamente activas en la ciudad o en Baja California, con capacidad para donar desde un peso hasta millones, en el caso de los empresarios que se dedican a la filantropía. Y las rebanadas son todas aquellas causas sociales que toman sectores desatendidos por los gobiernos, y se comprometen a apoyar contando con la donación de la población. Ciertamente la economía de Baja California no ha crecido, en un mayor grado que en el centro del país, la de este fronterizo estado atraviesa por una recesión a la cual no se le ve pronta salida. El incremento en el valor del dólar frente al peso, la disminución de la expectativa de crecimiento, el incremento al IVA al 16 por ciento y la inflación, entre otros factores, mantienen la economía de los bajacalifornianos algo comprimida. Sin embargo, las causas sociales ahí están, como también la desatención que -por ejemplo- la activista y periodista Luz Elena Picos ha denunciado ante la insensibilidad del secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California, Ricardo Magaña, para dejar de proveer recursos públicos a organismos de la sociedad civil que cumplen con funciones que debían corresponder al Estado. Entonces la necesidad de los filántropos y grupos de apoyo crece, más si no eres panista o si no apoyas al Teletón. En esa condición hay -parafraseando al alcalde Astiazarán- más rebanadas que repartir del mismo pastel. ¿Usted a quién le da? Me viene eso al pensamiento ahora que el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, emprendió la cruzada de su corporación para solicitar a la población donaciones económicas para pagar los 700 mil pesos que de fianza le consignaron al policía que lesionó a un hombre que, después se sabría, era un secuestrador (por cierto, los consiguió rápido: el jueves 4 de diciembre a las 8:00 pm, el agente fue puesto en libertad, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública depositó la fianza… no necesariamente los 700 mil pesos, considerando el trabajo de una afianzadora). No sé si Usted haya contribuido al elemento de la corporación municipal para que lleve su proceso en libertad, pero sí sé que hay mucha necesidad en Baja California, muchas organizaciones que en este momento inician colectas ante la desatención gubernamental, y otros que se organizan y piden donativos en especie para llevar productos o alimentos a los necesitados. Ahora mismo corre la colecta de la Cruz Roja, seguramente se ha encontrado con alguno de los cientos de voluntarios que en cruceros, calles y avenidas se han apostado -normalmente jóvenes estudiantes- a solicitar un donativo para la Benemérita Institución. También el Museo El Trompo concluyó actos, y Fundación Castro Limón, que atiende a enfermos, está en un constante promover del apoyo económico. Igual grupos que atienden a pacientes con SIDA, ciudadanos que dan de comer en el bordo, los domingos a las dos de la tarde, a los connacionales deportados, sin documentos, olvidados del gobierno. Luego aquellos que venden agua para comprar aparatos para discapacitados, o las damas que emprenden un “Zapatón” para llevar calzado a niños de escasos recursos. Las escuelas socialmente responsables que motivan a sus estudiantes a llevar un regalo o comida a orfanatos y asilos. Bueno, hasta la Iglesia Católica está en su etapa de Diezmo. En medio de todo, Televisa emprende una vez más su productivo Teletón. Luego que la primera dama de Baja California reuniera con apoyos voluntarios y a fuerzas de ciudadanos y empresas, más de 135 millones de pesos para entregarlos a esa televisora y su Teletón (de hecho lo que Brenda Ruacho entregó a la fundación es lo que, según Angélica Rivera de Peña, ganó en un año por hacer telenovelas o promociones), inician otra colecta para sacarle más al pueblo mexicano y hacer hospitales. A pesar de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas -aquí sacada del documento-: “Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”. La campaña de Televisa no ha disminuido, como tampoco el Gobierno de Baja California atendió en no donar al Teletón, sino establecer su propio programa de Estado para la atención de personas con capacidades distintas.

Los manifestantes solo encuentran eco en sus voces. Los manifestantes a pesar de contarse en cientos de miles en toda la República, están solos. No los escucha el gobierno, no los atienden las televisoras, los ignoran en su mayoría. Los manifestantes están solos con su pena, su frustración y su denuncia. Los manifestantes se saben solos por eso se manifiestan. Denuncian la injusticia, la inequidad, la falta de seguridad y la ausencia de certeza jurídica. Los manifestantes encontraron en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un estandarte para manifestarse. Para exigir justicia y denunciar incapacidad gubernamental. Ninguna manifestación pública debería ser ignorada por las autoridades de cualquier orden de gobierno. Las concentraciones sociales, las pequeñas, las masivas, no deben ser desdeñadas por los gobernantes que se deben al pueblo y al voto de la mayoría, pero a los manifestantes del 20 de noviembre y a los del 1 de diciembre, la autoridad los ha ignorado. La reunión masiva de mexicanos ha tenido eco en sus propias voces. De boca en boca, de red social en red social se ha construido una infraestructura digital y social de denuncia, reproche y repudio a la figura presidencial que vive en un mundo institucional alejado de la sociedad. Particularmente de los Manifestantes. La presidencia de la república que el día de hoy y con un alto nivel de desaprobación encabeza Enrique Peña Nieto, reacciona sobre los manifestantes como aquella de Carlos Salinas de Gortari y en referencia a los perredistas: ni los ve ni los oye. En esa condición los manifestantes han encontrado apoyo en otros como ellos. A los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se han convertido en epitome de todas las tragedias y todas las injusticias en México, se han sumado los maestros inconformes, los ciudadanos desatendidos, los padres de niños maltratados, los choferes abusados, los estudiantes limitados y, especialmente, familias mexicanas que engrosan el nivel de la indignación. Asistí por la vía de la búsqueda de la información a las marchas en todo el país y algunas en el extranjero, físicamente a la de Tijuana que es mi tierra natal y de residencia. No he visto concentraciones más pacíficas y duras. Las personas enarbolando banderas de luto, los jóvenes contando hasta el 43 para culminar con un fuerte ¡Justicia!, las señoras repudiando a Peña, los niños pidiendo que el presidente deje de serlo, los hombres sosteniendo enormes mantas que urgen por justicia en Ayotzinapa. Megáfonos, matracas, trompetas, antorchas, monigotes con la figura del presidente Peña para ser quemados hasta ser reducidos a cenizas que todo mundo ve. Los cantos de batalla solicitando la renuncia del presidente fueron estridentes en Distrito Federal, en Jalisco y en Tabasco, en Chiapas y Sonora, en Baja California y en Baja California Sur, en decenas de estados de la República Mexicana y en países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, entre muchos. Los manifestantes reponen el vacío que les hacen en México los “grandes” medios de comunicación, con las letras y las palabras que les dedican en editoriales, columnas y posicionamientos en el extranjero. Los manifestantes se ven reflejados en medios independientes mexicanos, pocos pero valerosos. La unión de la sociedad no debería ser desdeñada por la clase que encabeza los poderes del Estado Mexicano. Pero ni el Poder Judicial ni el Legislativo y por supuesto menos el Ejecutivo, son considerados y tomados en cuenta. Cosa contraria, ahora los diputados y las diputadas intentan regular la garantía individual y el derecho humanos de los mexicanos a la movilidad y la concentración masiva, aprobando una moción en la Cámara baja para regular las manifestaciones. Resulta que los legisladores le temen a aquello que no ven en las televisoras ni leen en diarios defeños. Resulta entonces que sí escuchan los gritos de denuncia pero no los atienden, y la manera de responder es aprovecharse de la presencia de grupúsculos subversivos para pretender controlar a la inmensa mayoría. Miles de personas no pueden ser ignoradas. Aun cuando no hay una cifra exacta de los mexicanos que se manifestaron el lunes 1 de diciembre de 2014, justo el día que Enrique Peña Nieto cumple dos años de haber asumido la presidencia de la República, periodo en el cual la violencia y la inseguridad han superado sus acciones reformistas, e impiden el avance que él mismo espero, los mexicanos tomaron las calles. En el Distrito Federal donde se presentó la mayor de las manifestaciones, la marcha compacta, ya en su concentración final para la escucha de denuncias y posicionamientos, ocupó el Paseo de la Reforma desde la glorieta del Ángel de la Independencia hasta la glorieta de Colón, esa distancia resulta en 1,507.26 metros lineales; el contingente se concentró en ambos sentidos de tránsito, considerando que cada uno de los sentidos mide nueve metros de ancho, los manifestantes ocuparon los 18 metros de ancho. La simple multiplicación de ancho por largo para determinar metros cuadrados da un total de 27 mil 126 metros cuadrados, y si contemplamos que una persona ocupa un espacio de .36 metros cuadrados hombro con hombro en una manifestación, resultan 75 mil 350 protestantes el 1 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México. En tránsito la marcha había llegado al Ángel y las hileras de personas continuaban en Bellas Artes, monumentos separados por 2,986.27 metros lineales. Los 75 mil sin contar los tres metros en promedio por acera en el Paseo de la Reforma, que también soportaron el peso de los marchantes. Y sin contabilizar a los mexicanos que rodearon el Ángel de la Independencia, la glorieta de mayor circunferencia con 200 metros. Si consideramos un promedio bajo de mil manifestantes por estado –pues hubo entidades en que las marchas se desarrollaron en varias ciudades al mismo tiempo- sumaríamos a esos 75 mil 350 mexicanos del centro, 31 mil manifestantes más. Sin tener la cifra oficial, ni extraoficial, solo haciendo el cálculo por el espacio que ocupa una persona en una manifestación, más de cien mil mexicanos se manifestaron contra el presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2014. No es cualquier cosa. Los manifestantes están solos entre miles porque su gobierno los ignora. Los manifestantes no pararán, encuentran eco en otros países. Los manifestantes no se detendrán ante la posibilidad que el Senado de la República de la espalda al pueblo e intente regular la movilización ciudadana. Los manifestantes lo que quieren es ser escuchados, obtener justicia, mover al presidente de México para que responda a su facultad como dicta entre otras tareas el artículo 89 de la Constitución que no ha sido modificado: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales…”. ¿No?        

De suyo abandonado el norte del País, particularmente esta región de la Baja California, la más alejada del centro de México, ha podido avanzar a pesar de las medidas centralistas tomadas por diferentes Presidentes de la República y sus respectivos Secretarios de Hacienda y Crédito Público. Nunca como ahora con Enrique Peña Nieto, ciertamente; el Presidente que homologó el IVA a la frontera mexicana por considerarlo un trato especial, un privilegio que los norteños no debíamos tener sobre el resto de los mexicanos. Así pasamos de tasar un 11 por ciento de Impuesto sobre el Valor Agregado, a pagar el 16 por ciento. Los estragos de esa medida centralista los hemos padecido desde el 1 de enero de 2014. Subió el costo de vida, incrementaron los precios, las rentas, las colegiaturas y los servicios y productos todos. De súbito todos los bajacalifornianos, incluidos los gobiernos, debimos de pagar el 5 por ciento más a la Hacienda federal. Obviamente esto provoca que llevar una vida en el norte sea más difícil. Y si a eso le agregamos la desigual competencia que tienen los comercios y servicios mexicanos frente a los comercios y servicios del otro lado de la frontera en los Estados Unidos, pues estamos fritos. Ya para completar de golpear a la frontera norte de México, la inestabilidad económica, la creciente inseguridad y la poca certeza jurídica y económica, ahora los fronterizos enfrentamos el alza reciente en la cotización el dólar. 14 pesos por un dólar es un duro golpe para la frontera. Los golpes que Enrique Peña ha asestado a la frontera se sumaron a los que nos dio Felipe Calderón. Aquel presidente controló el manejo de los dólares norteamericanos en una región binacional que se mueve con el intercambio de esa moneda; incrementó los aranceles para la importación y anunció prohibiciones en el mismo tema. Redujo el flujo fronterizo en materia de transacciones e importaciones, entre otras medidas tomadas a más de 3 mil kilómetros de distancia. En este terrible escenario para el desarrollo de la economía fronteriza, Peña nos incrementó el IVA, nos modificó la forma en el pago de impuestos, redujo la inversión económica para Baja California, y nuestros gobiernos, particularmente el del Estado encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, no han podido con acciones propias, denuncias de atención federales y flujo de recursos desde el centro del país, menguar la situación, incentivar a la inversión y el empleo, disminuir los costes de vida. Nada. (Bueno, el Gobernador ha viajado mucho, construye una mansión más grande que “La Casa Blanca” de los Peña, y crece y vigila frecuentemente sus inversiones en Baja California Sur, al tiempo que sus secretarios de Economía y de Finanzas culpan a todos –incluidos los medios– de los males de Baja California, antes de reconocer su parte en el caos). A propósito de que era urgente que Enrique Peña Nieto enfrentara a los mexicanos que se han manifestado por cientos de miles tanto en el centro del país como en los estados de la República y las capitales internacionales, el presidente, a su modo, a su estilo, se armó su espectáculo en Palacio Nacional, hizo que todos los gobernadores acudieran a escucharle, que los representantes de las paraestatales, organismos descentralizados y ciudadanos estuvieran ahí, también los del Poder Legislativo y los del Poder Judicial, lo mismo que su gabinete, que todos fueran a oír un discurso que nunca, en ningún momento, se dirigió “a los mexicanos todos”, que fue para las señoras y los señores ahí presentes. Leyó un decálogo antes de declarar que se suma al clamor social porque todos somos Ayotzinapa, como si eso nos diera certeza jurídica. Y después de prácticamente decretar la Policía Única, acabar con las municipales, deslindar responsabilidades en la persecución del narcomenudeo (que es la base del narcotráfico), crear leyes y reglamentos para juzgar a policías corruptos y deshacer cabildos y ayuntamientos, habló de darle un trato preferencial a los estados del sur de México. Finalmente aceptó que un esquema de economía especial es un incentivo para el desarrollo en esa materia, situación que se negó a entender cuando se le explicó una y otra vez por parte de los bajacalifornianos y los norteños todos, que el IVA al 11 por ciento, que una zona fronteriza, eran precisamente eso, una economía especial para detonar el desarrollo. Ahora Peña lo entiende pero no para Baja California o la frontera norte, sino para los estados del sur, particularmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entidades a las que les dará lo que negó a los fronterizos: una economía especial. El desprecio por el norte de México es evidente una vez más en la Presidencia de la República ahora con Enrique Peña Nieto, que lejos de entender a México como un todo, lo disecciona y privilegia a su antojo, incluso con los mismos argumentos que dio, para no continuar con la zona especial en la frontera norte del país. Lamentablemente, Ayotzinapa no es el sur; Ayotzinapa y los 43 desaparecidos no son un problema del sur, son producto de la corrupción, la impunidad, el matrimonio del crimen organizado con el gobierno, la falta de justicia, la ingobernabilidad creciente y un estado fallido que cada vez se evidencia más.  

Esta semana la pareja presidencial no se midió. Primero el presidente Enrique Peña Nieto, visiblemente molesto, enojado, a gritos, acusó a los desestabilizadores de su proyecto de nación de estar tras las manifestaciones por Ayotzinapa. Intentó desvirtuar una genuina protesta y demanda de justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, y a la que se han sumado manifestaciones de inconformidad de otros sectores victimizados, abusados o reprimidos, culpando a quienes no están de acuerdo con él –que cada vez son más– de provocar las manifestaciones. Después fue su mujer, la señora Angélica Rivera, quien visiblemente molesta, enojada y a gritos, intentó justificar la adquisición de una mansión valorada extraoficialmente en 7 millones de dólares, pero que ella dice le costó 54 millones –le cuesta pues aún no le pertenece. Declaró sin rubor que Televisa le pagó 88 millones de pesos por los años que trabajó en esa televisora, más una residencia también en la acaudalada Las Lomas de la Ciudad de México, poco antes de casarse con el hoy presidente, también como pago a sus servicios de actriz en menos de diez telenovelas de las cuales no protagonizó ni la mitad. Además que en el 2010 –año en que se casó con Enrique Peña Nieto y cuando ya no se desempeñaba ni como actriz ni como promotora de productos y servicios– declaró 131 millones 690 mil pesos y pagó a hacienda 39 millones de pesos. Es decir que ese año, la señora Rivera ganó más de 11 millones de pesos al mes. Y que sin embargo, compró la “Casa Blanca” en abonos. De los cuales ha pagado como un 30 por ciento, cerca de 14 millones de pesos con una tasa de interés de 9 por ciento. La señora Rivera confundió la indignación y las sospechas de tráfico de influencias al haberle “comprado” la “Casa Blanca” a una filial de la Constructora Higa de Juan Armando Hinojosa, el constructor más beneficiado con las obras del Estado de México cuando fue Gobernador Peña Nieto, con ataques a su honorabilidad, y por ello, molesta “aclaró” la situación. Pocos fueron quienes creyeron la versión de la señora de Peña. El pago en un solo año, sin una telenovela al aire y sin patrocinio de marcas, por arriba de los 130 millones de pesos, es difícil de creerse. No dijo ciertamente la primera dama a cuánto asciende su patrimonio total aunque sí refirió tener otras propiedades de las cuales no mencionó el costo. Una investigación del portal de noticias www.sinembargo.mx dio cuenta que en apenas el año pasado no aparecía en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal ni una sola propiedad a nombre de la esposa del Presidente. La revista Forbes, especializada en temas financieros, publicó en su portal la lista de las cinco actrices de la televisión en Hollywood “que ganaron menos de 9.6 millones de dólares (el equivalente en dólares a lo que Rivera dijo haber ganado en pesos) entre mayo de 2010 y el mismo mes de 2011”. Teri Hatcher de la serie Esposas Desesperadas con 9 millones de dólares, Felicity Huffman de la misma serie, 9 millones de dólares. Courtney Cox, de Cougar Town, 7 millones de dólares; Ellen Pompeo de Anatomía de Grey, 7 millones de dólares, y Julianna Margulies de La Buena Esposa, 6 millones de dólares. Vaya, ni los mexicanos ni los medios en el extranjero digieren fácilmente la “precisión” de Angélica Rivera sobre el dinero que ganó en 2010 y de cómo compró, después de casarse y a la filial de la Constructora Higa –a la cual le fue, intempestivamente, retirada la concesión que el Gobierno de Peña ya le había dado para construir un tren entre Ciudad de México y Querétaro. Todo apunta en la verdad popular, y la duda ante la falta de credibilidad de los Peña, a un tráfico de influencias donde el Gobernador del Estado de México y hoy Presidente de la República, no fue beneficiado directamente por parte de la constructora pero sí a través de su esposa, la –hoy se sabe– millonaria actriz de telenovelas. Al final, después de hablarnos con voz dura y molesta, la primera dama refiere que la compra transparente, con el producto de su trabajo, por la cual no tiene nada que esconder y que es el patrimonio para sus hijas, lo pondrá a la venta, que traspasará los derechos que tiene pues aún no concluye de pagarla; lo cual pues le agrega más sospecha a todo este intento de precisar sin dejar claro nada, es decir, si es limpio, si es correcto, si no es producto del tráfico de influencias y es legítimo, entonces cuál necesidad de vender. Un lector de ZETA y amigo de esta columnista, y a quien le llaman los números, hizo cuentas y no le salieron las sumas. Explica textualmente: “Si es un contrato con reserva de dominio, ¿cómo pretende vender la propiedad si aún le quedan 5 años y 2 meses para pagarla? Dice que ya pagó 14 millones de pesos y que equivale casi al 30%, pero si le costó 54 millones con  un interés del 9% anual, ya transcurridos casi 3 años, pues debe más o menos unos 13 millones de pesos más, es decir, 65 millones, menos los 14 que dice haber pagado, aún debe como mínimo 50 millones. “Dice que en 2 años y 10 meses (al día 18 de noviembre), ha pagado pasados 14 millones, es decir, paga un aproximado de 411,000 pesos mensuales, pero si tomamos en consideración que fue un contrato a 8 años, esto es, a 96 meses, y restándole los 34 meses ya pagados, los otros 62 meses multiplicados por los 411,000 pesos mensuales, nos dan pasados 25 millones, que sumados con los 14 que ya dio, nos dan 39, entonces, si le costó 54 más un interés del 9% anual, creo que no checan las cuentas”. Y lo más sospechoso, Angélica Rivera es la única mexicana que le pide a una importante inmobiliaria que le compre un terreno, luego le compre otro, los fusione, y todo esto sin dar un enganche, además que después construya la mansión y hasta entonces realizan el contrato de compraventa. Aún los mexicanos no alcanzábamos a terminar de hacer cuentas, de sorprendernos de lo bien que pagan en Televisa ni de creerle a la señora de Peña, cuando su esposo el Presidente decide, quizá en un ánimo de también abonarle a la “transparencia”, actualizar su declaración de bienes y –ahora sí– añadir costo y origen de los bienes. Resulta que sumados toooooodos los bienes del Presidente, apenas llegan a la tercera parte de lo que su esposa declaró haber ganado tan solo en el año 2010. Además que de siete bienes que posee, solo dos compró, uno lo heredó de su primera esposa y el resto se los donó su mamá. Peña dice que posee, 21 millones 433 mil 430 pesos en bienes inmuebles (cuatro casas, un departamento y cuatro terrenos; que en obras de arte y joyería tiene propiedades valuadas en 6 millones 900 mil pesos, mientras en inversiones y cuentas bancarias así como “monedas y metales”, suma 16 millones 856 mil 523 pesos, en total el Presidente declara tener 45 millones 189 mil 953 pesos. La cuestión con los Peña es que credibilidad, credibilidad no tienen. Sus tres exabruptos –el enojo de Peña con los desestabilizadores, el videíto de la primera dama y la declaración patrimonial del Presidente– parecen una burla. ¿No?

Desde aciagas épocas no se veía tanto repudio social en México. Desde aquella tercia presidencial que inició con Gustavo Díaz Ordaz, a quien le siguió Luis Echeverría Álvarez y donde concluyó José López Portillo, no se veía tanto malestar entre los mexicanos. Enrique Peña Nieto despertó la inconformidad incluso siendo candidato. A él debemos la creación de colectivos estudiantiles para manifestar sus ideas, defender su derecho a la información y la libertad de pensamiento. Particularmente con la clase estudiantil al Presidente no le ha ido nada bien. Desde aquella vez en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México cuando escapó, después de refugiarse en el baño, a los reclamos de los jóvenes; el antipeñismo en los estudiantes no es una moda, inició en 2012 y se ha ido recrudeciendo en los últimos dos años. A los YoSoy132 se sumaron entonces organizaciones ciudadanas, civiles, grupos, y hasta sindicatos. Tomaron calles y avenidas, organizaron marchas y se manifestaron. Hoy a propósito de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Iguala en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, y en mucho a la desafortunada comunicación de la Procuraduría General de la República respecto la investigación que se sigue para develar la localización o el destino de los estudiantes desaparecidos, los ánimos de los mexicanos se enardecieron. A las manifestaciones que han ido creciendo en número y en representación, se suman otros grupos y colectivos, incluso reventadores del sistema y del antisistema que desatan la violencia opacando la manifestación ciudadana. El caos por la inseguridad y la violencia del crimen organizado, el narcotráfico y corporaciones policíacas y gobiernos corruptos, se agudiza con una terrible situación financiera en el país. La falta de trabajo, la ausencia de dinero y encima la integridad física vulnerada ante la inseguridad, han llevado a los mexicanos al hartazgo. Enrique Peña Nieto, el presidente, es el blanco principal. Es impresionante la animadversión que despierta, el último grito de batalla es pedirle la renuncia. En la página de Facebook del Ejecutivo Nacional los comentarios conminándole a la renuncia han inundado por miles todas y cada una de sus fotografías descargadas en la red. A Peña se le manifiestan en municipios y estados de la República, en países en Europa, en América, en Asia, le piden justicia, le reclaman investigación, le representan el dolor que no ha de olvidar. Por mucho, Peña es uno de los presidentes más repudiados en la historia contemporánea de México. Las manifestaciones sociales que piden su actuación no se veían desde aquellas a Diaz Ordaz, y los gritos en espacios públicos ante la presencia de López Portillo. El Presidente no se mezcla con la sociedad. Su aparato de seguridad lo mantiene a salvo en su cautiverio militar. Solo acude a actos pactados y cerrados. Tienen el control de la seguridad y del acceso a las presentaciones públicas de Peña precisamente para evitar una manifestación o acción directa contra el mandatario. Ciertamente la violencia no debe combatirse con violencia en un Estado de Derecho. La manifestación pacífica, la propagación de las ideas, son elementos más eficaces para declarar la postura de una sociedad harta. En este su segundo año de administración al presidente Peña no le ha ido bien. Ni sus reformas han sido la panacea para los males del país, ni la inseguridad ha disminuido, ni la economía ha mejorado. Los analistas en el extranjero que antes le dieron el espaldarazo hoy le critican la inestabilidad social en la que ha sumido a México. La terrible inseguridad es otro llamado de atención que le hacen, y el momento mexicano literalmente se quedó en eso. Pocos defensores fuera de su equipo y aquellos que persiguen algún interés, tiene Peña Nieto en esta manifestación social de justicia. La propia falta de una estrategia de comunicación en la presidencia de la República abona a la inestabilidad, a la desinformación y al repudio social. En medio de la inconformidad ciudadana, del grito de renuncia, también ha sido desafortunada la manera en que se han dirigido al tema de las casas de la esposa del Presidente, una transferida por Televisa, la otra comprada en abonos a la constructora más favorecida por Peña cuando fue Gobernador del Estado de México. Decir en un discurso que es su esposa quien aclarará esa situación, y de hecho sugerir la inclusión de la información producto de un reportaje de Aristegui Noticias en un plan para desestabilizar al país que Peña atribuye a los enemigos de su proyecto de nación, es una vez más, deslindarse de la responsabilidad que tiene, y no asumir un equívoco en la que podría ser su mejor autocrítica. Y en efecto la señora Angélica Rivera, a su estilo y en su mejor escenario frente a las cámaras, se dirigió a los mexicanos en un video que cargó en su página electrónica personal. La esposa del Presidente dio su versión, y más allá de si tiene la credibilidad para menguar el encono nacional entorno a su esposo, dejó en claro que millonaria es, y más lo será al vender la “Casa Blanca”, cuestión que contradice el discurso que leyó pues sí, efectivamente, la mansión fue comprada con el fruto de su trabajo no tendría por qué deshacerse de ella, tanto que le ha costado. La diferencia entre la señora de Peña y su esposo, es que ella por lo menos habla bien. Y ofreció detalles económicos de su trabajo, situación que el Presidente no hizo en su declaración de bienes al omitir los costos de las propiedades que posee, el dinero que tiene y el origen de las donaciones en bienes y productos que le hicieron. Además, se le crea o no a la primera dama, enfrentó su situación y dio la cara –incluso con acercamientos de cámara- en el tema que en los últimos días subió de tono las manifestaciones. Por lo pronto los mexicanos siguen esperando que el esposo de la señora Rivera precise qué pasó con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Así, de frente, directo. No aprovechando actos a los que es invitado, sino dedicándole al tema el tiempo y la atención que la gravedad de la injusticia y la impunidad requieren. Sin acusaciones al margen, los resultados de la investigación apremian. No debería el Presidente en esta situación argumentar que tras las manifestaciones por Ayotzinapa están sus detractores, pues ello solo contribuye a incrementar el repudio que ya ha despertado. Deslegitimar el descontento social no es la mejor estrategia. Escuchar cómo dice que lo hará, dialogar como ha comprometido, y accionar como es su responsabilidad son tres tareas que serían más productivas en estos momentos. La Presidencia de la República es irrenunciable como todo cargo de elección popular, pero el repudio social es el peor escenario para un político de cualquier partido y más para un Presidente. Que su pueblo lo descalifique, que sus estudiantes le griten, que adultos lo encaren a dejar la silla del águila, no es cualquier situación. México está atravesando una difícil etapa de inseguridad y económica en estos momentos, y la falta de resultados por parte del gabinete presidencial contribuye a la percepción de un gobierno insensible e incapaz. La riqueza con la que se mueven y en la que viven los políticos mexicanos en un país donde más del 50 por ciento de la población es pobre, es una bofetada a la ciudadanía. El próximo jueves 20 de noviembre en todo el país y en el extranjero marcharán en la llamada #AcciónGlobalPorAyotzinapa, será otra prueba para el Presidente y su gabinete, y será un acto que, bien llevado, podría hacer mella en el extranjero, y en el que –por supuesto- si los reventadores sociales lo violentan, incrementará el repudio a la figura presidencial. Peña, como sus antecesores en la época más recalcitrante del cacicazgo priista, se está convirtiendo en un presidente repudiado. Como pocas veces se ha visto en los últimos años.