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domingo, octubre 13, 2024
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Con EPN más pobres, menos clase media

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En Baja California el incremento de los precios en lo que va de 2015 tiene tres motivos: el aumento del IVA al 16% en la frontera, la devaluación del peso frente al dólar, y un mayor costo para la importación de insumos. Estos factores han encarecido la vida para los fronterizos, según explicó a ZETA el contador Juan Manuel Hernández Brito. Además, de acuerdo a la CONEVAL en Baja California 30% de la población se encuentra en la pobreza y los cinco municipios tienen cierto grado de marginalidad. Mientras tanto, en Tijuana los precios en supermercados siguen al alza, Por ejemplo el jabón Ace de un kilo en 2014 costaba 25.50 pesos, en los primeros seis meses de 2015 subió a 29.15 pesos. Igual sucede con la cartera de huevos Bachoco de 12, que costaba 24.50, se colocó en 26.80 pesos. Los habitantes de la frontera esperaban que la promesa de Peña de que no habría incrementos en los energéticos con la implementación de la reforma en dicho rubro se cumpliera, sin embargo en enero de 2015 se tasaron la gasolina, el gas, y el suministro de energía eléctrica sigue costando lo mismo, pese a las campañas de la CFE que presumen supuestas reducciones de tarifas.   Urge contrarreforma    Claro está que en la política hacendaria la administración de Enrique Peña Nieto ha generado un efecto contrario al deseado en la economía del país, a la cual de manera imperativa le urgía la reactivación del consumo interno, un rubro más en donde el gobierno federal ha sido un rotundo fracasado. Prueba de ello es que el consumo de bienes y servicios a nivel nacional decreció 0.6% en tanto que el consumo de bienes importados subió en 1% en el tercer mes del año, respecto al mes precedente. Dicha disminución se asocia a la cada vez más precaria situación donde los sueldos no alcanzan para cubrir el costo de la comida, casa, vestido, educación y donde los precios juegan un papel preponderante, pues han seguido al alza. El economista. Jorge Fonseca precisó que basado en los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2014, los hogares del decil I, es decir el más bajo, tuvieron un avance marginal del 2.1% de su poder adquisitivo, sobre todo porque para ellos sí se redujo el costo de la electricidad y la telefonía. Sin embargo, los consumidores ubicados en este decil tienen un bajo a muy bajo uso de estos servicios pues el rubro de gasto más importante se encuentra en alimentos y bebidas donde destinan más de la mitad de su ingreso. “Cabe mencionar que a medida que se va descendiendo en los niveles de ingreso la composición de la dieta alimentaria va incrementado su índice calórico al ser estos alimentos más accesibles y es ahí donde golpea realmente a este sector la reforma fiscal, con el IEPS del 8% impuesto a los productos con alto contenido calórico, por ejemplo: si una familia acostumbraba desayunar cereal la caja regular de 490 gramos marca comercial pasó de 32.30 a 42 pesos su incremento fue del 30% en Tijuana y el galón de leche pasó de 52 a 54 pesos representando un incremento del 3.86%, vemos claramente como queda rebasado ese avance del 2.1% resultado del promedio de muchos rubros que no son representativos o poco representativos en sus patrones de gasto”. Abundó que la clase media es la más castigada, ubicada entre los deciles V al VIII donde la pérdida de su capacidad de consumo ha sido de 5.1% en términos reales. La clase media no solo es más sensible a los cambios de su poder adquisitivo con relación a sus patrones de consumo, también es la que más contribuye en la economía formal, pues representa el 42% de los consumidores que hay en el país, de acuerdo con el INEGI. “Estos 44 millones de consumidores son el motor del mercado interno de México, no podríamos entender una economía próspera sin la clase media, quienes prefieren el uso de los servicios médicos particulares, contra los públicos, visita con frecuencia los centros comerciales y restaurantes, prefiere establecimientos formales”. El economista acotó que el consumo de dicho sector y sus preferencias en los patrones de consumo deberían ser observados más de cerca al momento de diseñar las políticas económicas y en especial las fiscales, pues cuando la clase media es agraviada en su poder adquisitivo, hace recortes en todos los rubros, lo que se traduce en menor generación de empleos formales y debilitamiento del mercado interno. Cuando la pérdida del poder adquisitivo se agudiza llega el segundo impacto al mercado interno, los consumidores de estos hogares dejan de contratar servicios médicos y escuelas privadas para hacer uso de lo público, con lo que se termina colapsando la capacidad de respuesta en dichos rubros. Más adelante lapidó: “La economía formal de este país descansa en los hombros de las clases medias y si queremos que el mercado interno se fortalezca se deberá realizar una contrarreforma fiscal que permita que los consumidores de estos deciles se amplié en lugar de abatirlos como se ha hecho hasta el momento”.   Siguen los gasolinazos De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos publicada del 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, como parte de la Reforma Energética, el gobierno federal es quien regula los precios al consumidor en gasolina y diésel, desde el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017. El Presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolina en Tijuana (APGT), Alejandro Borja Robles, dijo que en enero la gasolina tuvo un precio de casi 10 pesos cuando se inició la homologación en todo el país. “Lo que hizo el gobierno federal con los gasolinazos fue que esos 9 centavos que subían mensualmente los sumaron todos y nos echaron un gasolinazo recargado del 30%. En frontera vimos que hubo la homologación con California y nos benefició, pero no han vuelto a bajar. “Hace un par de semanas estábamos preparados para que hubiera homologación, pero no fue así. Ahora no vemos para cuándo pueda volver a disminuir, estamos solicitando que se homologue, pero la vemos muy difícil”. Agregó que desde este sector también se ha visto cómo el poder adquisitivo de los ciudadanos ha bajado en los últimos años, con anterioridad el 50% de los conductores traía el tanque lleno, ahora son escasos. El promedio del servicio oscila en los 150 a 200 pesos.   El pan, un lujo La volatilidad en los precios en productos para elaborar pan ha generado que todo sea 20% más caro, así lo dijo a ZETA el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Érick Navarrete Aguilar. “Tuvimos un incremento a principio de año en gasolina, gas. En la luz se supone hay disminución y no lo hemos visto bien reflejado”. Reconoció que el aumento de producto que se ha transferido a los consumidores fue entre 5 y 8%. En 2013 las ventas de pan cayeron 10% debido a la implementación del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), luego hubo una recuperación con respecto de 2014, en el presente año apenas tienen las ventas promedio pero de 2012, por lo que no hay una recuperación real, acotó. “Sufre más la pequeña y mediana empresa. No pueden competir con las grandes empresas y hay una gran explosión en la informalidad. Es una etapa difícil, pues también tenemos que hacerle frente a las legislaciones nuevas que entorpecen”, finalizó.   Todo sube porque se importa   Para el titular del grupo especializado de ferreteros, Francisco Ruiz Esparza Núñez, todo aumento en el sector va en proporción al tipo de cambio pues más del 50% de lo que venden es importado. “Esto no para ahí, lo productos nacionales que consumimos y llegan a la frontera, muchos insumos son de importación y son en dólares. Por ejemplo, Truper, sacó en julio un catálogo de precios nuevos. Algo que no sucedía hace 5 años. Siempre llega el primero de enero con precios nuevos, pero se adelantó para ajustarlo al tipo de cambio porque su producto es de importación”. Agregó que hay empresas que pagan su flujo de efectivo en dólares y cuando los reciben juntan y pagan, pero en este momento la gente que gana dólares no los está usando, por la volatilidad que prevalece en el tipo de cambio. “Por ejemplo, las empresas que importan madera y su flujo de efectivo no genera los suficientes dólares para subsanar esas deudas, tienen que recurrir a la paridad bancaria. En automático los productos se van a la alza”, finalizó.   Incrementos afectan el salario real “El incremento de la canasta básica le pega al salario real en Baja California y en todo el país”, dijo a ZETA el investigador del COLEF, Alejandro Díaz Bautista Según sus palabras, mientras los salarios mínimos apenas incrementaron 10.7% en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, los precios de algunos productos agropecuarios de la canasta básica se dispararon entre 50 y 100%. “En lo que va de este sexenio, muchos productos de la canasta básica y de los que más consume la población mexicana, han sufrido significativos aumentos de precios, impactando en la capacidad adquisitiva de las familias en Baja California y en todo México, sobre todo aquellas que tienen un ingreso de un salario mínimo de dos mil 130 pesos al mes”. Agregó que de 2012 a la fecha, se tienen registrados incrementos de precios, como el precio de la pechuga de pollo de hasta 180%, el camarón de 46%, mientras que la carne de res ha presentado aumentos de hasta 85.3%. El precio del huevo se disparó, y éste equivale a 17 veces el incremento del salario mínimo; el del jitomate, 14 veces; la pechuga de pollo 16 veces y la chuleta de res 7 veces. Externó que es más que evidente que el ingreso laboral per cápita ha disminuido en función de la canasta alimentaria. Se estima que el ingreso laboral para adquirir la canasta alimentaria ha caído un 11% en lo que va del gobierno de Peña Nieto.   Bajarle al gasto público En torno a los aumentos de bienes y servicios el contador Juan Manuel Hernández Brito dijo que todos los años al inicio del ejercicio existen incrementos en el IVA, ISR sobre los salarios, Impuestos Especiales, Impuestos por Importaciones, así como las Placas de Vehículos, revalidación, impuestos predial, impuesto de alumbrado público y demás servicios u obligaciones que el ciudadano solicite al Estado (Federal, Estatal o Municipal), empero no siempre se incrementan en la proporción de los salarios, que en los últimos años ha sido en promedio del 3.5% o por arriba del 3%. Para revertir tal situación, concretó, el gobierno debe dejar sus excesos de gastos, y con ello incremento en los impuestos, derechos y servicios que proporcionan, ya que a ellos les corresponde velar por la calidad de vida de los ciudadanos. En segundo término, establecer una política económica adecuada a la región, en donde la inversión que lleguen debe contribuir con mejores salarios, que apoyen a la subsistencia de las familias, ya que “en la práctica un padre de familia tendría que ganar por lo menos 10 mil 119.83 pesos para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, considerando los habitantes de los que dice INEGI (3.9 por casa)”, finalizó.     Precios por las nubes De acuerdo al informe Diagnóstico de Desarrollo Territorial de México, emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el único país en Latinoamérica que registra una tendencia regresiva en cuanto a reducción de la pobreza. Según el documento, la pobreza procede en gran parte del amplio sector informal de trabajos con bajos salarios con reducida productividad, así como la falta de acceso a la formación y limitaciones en seguridad social. La OCDE enfatiza en que los niveles de indigencia no han tenido un cambio en los últimos 20 años, debido al reducido crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos. Por su parte, el asesor principal del director de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia, advirtió que las paridades regionales en el país siguen siendo un problema clave para la equidad y eficacia. “Una parte importante de la población mexicana, que vive en los Estados menos desarrollados, permanece excluida de los beneficios del crecimiento general”, sostuvo. Más adelante, dijo que varias políticas mexicanas van en la dirección correcta en términos de reducción de los desequilibrios entre las regiones y la exclusión social, para reforzar las capacidades de las empresas y mejorar la cantidad y calidad del capital público con que cuenta, empero, el esfuerzo está limitado respecto de las necesidades y el potencial. Ante tal escenario, sugirió al gobierno mexicano la inversión de más recursos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la productividad, así como en las políticas urbanas territoriales.   Los aumentos   2013 2014   2015 2013 2014   2015 2013 2014   2015 Tienda Soriana Soriana   Soriana Comercial Mexicana Comercial Mexicana Comercial Mexicana Calimax Calimax   Calimax Detergente Ace 1 kilo 23.75 24.50 29.00 22.50 *23.90 (900 grs.) 30.80 25.45 25.50   29.15 Huevo Bachoco 12 piezas 31.50 26.90 23.90 24.49 26.28   26.80 24.70 24.50   26.80 Pasta 2.30 3.95 3.50 3.91 4.50 3.90 3.85 4.40 4.50 Arroz a granel 11.95 12.00 13.90 14.90 No hubo 13.90 12.90 14.90 16.90 Frijol pinto 15.90 **12.80 (900 grs)   15.45 21.90 23.50 17.00 19.90 19.90   20.50 Nescafé Dolca 100 gramos 40.50 31.75   34.00 37.62 ** 48.00 (175 grs.) 44.90 40.60 45.00 33.40 *(95gms) Papa Rosset 1 kg. 12.90 14.90 13.90 6.90 14.90 12.90 12.90 14.90 14.90 Tortilla de maíz 1 kg. 10.90 10.00   9.50 10.90 10.50 10.50 10.90 10.50   13.90 Total 149.70 136.90 143.50 134.50 151.58 160.70 151.20 159.60 160.05 </td>           Costo del gas, comparativo de diciembre 2014 a julio de 2015 Estado Pesos por kilo 10 kilos 20 kilos 30 kilos 45 kilos Pesos por litro Baja California diciembre 2014 13.94 139.40 278.80 418.20 627.30 7.53 Baja California julio 2015 14.21 142.10 282.80 424.20 636.30 7.64   Los gasolinazos siguieron y recargados; el cierre del precio de la gasolina en diciembre de 2014 y enero de 2015 tuvo variación promedio de 27 centavos Gasolina Diciembre 2014 Enero 2015 Premium 12.80 13.57 Magna 12.62 14.38 Diésel 12.80 13.57     Tarifas generales de baja tensión de energía eléctrica también han ido hacia arriba   Cargo fijo mensual en pesos por kilowatts hora, rangos de 1-50, 51-100 adicionales </p> Dic 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015   53.31 53.27 54.06 54.31 54.55 54.89 55.08 55.26           Agua potable   Dentro de los aumentos estatales en Baja California está el del agua potable. Según la Ley de Ingresos de Baja California, publicada el 31 de diciembre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, el líquido tuvo un incremento del 5%     En placas y tenencia los aumentos fueron del 4%     Diciembre 2014 Enero 2015 Diferencia Licencia por 3 años 443.74 461.48 17.74 Licencia por 5 años 555.14 577.34 22.20 Revalidación 473.57 492.51 18.94 Tarjeta de circulación 506.15 526.44 20.24 Placas 826.28 858.50 32.22  

Manlio se mueve

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El 31 de agosto concluye la 57 Legislatura federal, y con ella, doce años ininterrumpidos de labor legislativa del priista Manlio Fabio Beltrones Rivera. Desde 2003, cuando siendo su partido, el PRI, oposición al Gobierno Federal entonces encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, se convirtió en diputado federal, ya no salió del Legislativo. A los tres años de diputado le siguieron seis de senador de la República, y luego, otros tres como diputado federal hasta este 2015. Públicamente lejano del poder tricolor en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones no se amedrenta. Tiene más experiencia y vivencias que los integrantes del círculo pequeño de Enrique Peña Nieto, sea Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio, o Aurelio Nuño. Animal político, Beltrones dominó la escena del PRI oposición presidencial durante doce años que el PAN tuvo la Presidencia de la República y supo sacar provecho de las novatadas albiazules. Podría decirse que su declive político -acaso contabiliza un margen pequeño- sucedió cuando el Partido Revolucionario Institucional recuperó el Gobierno Federal. Siendo Enrique Peña Nieto del Estado de México, el equipo que impulsó su candidatura no es, por naturaleza tricolor, asiduo a la política beltronista. Más por desconfianza que por capacidad, se han mantenido alejados del sonorense. Ante la inevitable salida del Poder Legislativo de Beltrones, y con tres años frente a la próxima elección federal, las especulaciones en torno al futuro político de Beltrones son tema cotidiano en la esfera nacional y priista. Muchos lo ubican como el natural dirigente nacional del PRI en sustitución de César Camacho, quien, al modo, el 1 de septiembre se convierte en miembro de la Cámara de Diputados federal. Pero quienes le temen a Beltrones, justifican que el Presidente no podría entregarle al de Sonora el partido, cuando la designación de su sucesor recaerá en esa figura partidista. Le apuestan a políticos más cercanos a Peña como Enrique Martínez y Martínez, gobernador que fue de Coahuila a partir de 1999. Serio, de aquella vieja clase política de conducta institucional, Martínez es secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en México. Por su parte, Manlio Fabio declaró recientemente que el PRI no le desatrae. Como siempre, no dice sí, tampoco no, pero no descarta buscar la presidencia de su partido. Luego hay quienes ubican a Beltrones Rivera en el gabinete presidencial. Los mismos que lo promueven en medios nacionales y aseguran, se ha desarrollado un importante acercamiento entre el aún diputado federal y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Analizan que, cosa contraria, las diferencias entre el de Hacienda y el de Gobernación, son cada vez más evidentes en el círculo cercano a Peña Nieto. Luego se preguntan, ¿cuál secretaría para Beltrones? Porque vaya, hay de posiciones a posiciones. No es lo mismo por ejemplo ser secretario de Gobernación que de Turismo o Energía (esta última una posición muy comprometida por estos días, cuando empresarios nacionales e internacionales rechazaron participar en la exploración petrolera a raíz de la Reforma Energética), o ser Secretario de Desarrollo Social, que titular la Secretaría del Medio Ambiente; o ser un adorno sin dientes ni garras en la Secretaría de la Función Pública. Los beltronistas le tiran a la grande. A la Secretaría de Gobernación, y la semana que termina sintieron que anduvieron algunos pasos. Ante la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, el principal responsable de supervisar la reclusión del capo otra vez prófugo, es precisamente, el secretario de Gobernación. A la institución que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, pertenecen las dependencias ligadas a la seguridad en penales y la inteligencia en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, como los sistemas penitenciarios, las vías jurídicas, la Comisión Nacional de Seguridad -antes Secretaría de Seguridad Pública Federal- y por supuesto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Pero ninguna de estas instituciones y sus cientos de empleados, policías, analistas e informantes, fueron utilizados de manera eficiente para evitar que “El Chapo” se fugara de la prisión de máxima seguridad de México, y evidenciara la corrupción en el sistema del Gobierno de la República. Osorio Chong fue literalmente bajado de la gira del Presidente Enrique Peña Nieto por Europa para que se concentrara en hacer frente al ridículo en que cayó la administración federal,  al cultivar el escenario de impunidad, ineficacia y corrupción institucional para crear las condiciones para el escape del narcotraficante que vuelve a ser el más buscado del mundo. La tarea de Osorio es harto difícil. La poca credibilidad y confianza que los mexicanos, administraciones y autoridades extranjeras tienen sobre el gobierno mexicano, particularmente en el caso de la huida de “El Chapo”, será un obstáculo que no dejará bien parado al actual titular de Gobernación. Podría ser su “ya me cansé” de Jesús Murillo Karam cuando fue removido de la Procuraduría General de la República por no lograr “convencer” a la población nacional e internacional de la investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Ante la andana de solicitudes de renuncia de Osorio a la Secretaría de Gobernación por parte de líderes de partidos políticos, analistas, intelectuales y opinólogos, los beltronistas se activaron. Lo primero fue “informar” que al tiempo que el Presidente bajó de la gira a Miguel Ángel Osorio, “subieron” al viaje por Europa al diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera. Las especulaciones referentes a las pláticas que sostendría con Peña en Paris, se encendieron hasta que la propia Presidencia filtró que nada, que Beltrones siempre había estado en la lista de invitados, pero no del gobierno mexicano, sino del francés. Esta estrategia de resaltar la entrada de Beltrones en los momentos más álgidos de Osorio Chong, a propósito de la fuga de “El Chapo” Guzmán, denotan que el diputado se está moviendo. Que está haciendo política para su futuro inmediato, y que el gabinete tampoco le desagrada. Aun apostándole a una probable e ignominiosa caída de Miguel Ángel Osorio Chong, que podría ser el primer secretario de Gobernación enterrado por un narcotúnel.

El caso del espionaje

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La semana pasada, previo al ridículo hecho por el gobierno federal tras la fuga del Joaquín Guzmán Loera, el tema de indignación pública era la venta de un sistema de espionaje a diversas entidades de gobierno mexicanas de parte de la empresa italiana, Hacking Team. Esos hechos expusieron como comprador al gobierno de Baja California y en los textos de supuestos correos electrónicos filtrados por Wikileaks involucraron a la Oficial Mayor, Loreto Quintero, y al secretario de Finanzas, Antonio Valladolid como orquestadores de la compra, que de acuerdo a diversos documentos se hizo de forma triangulada (ver ZETA edición 2154). Prácticamente 7 días después, el 13 de julio, el secretario de gobierno Francisco Rueda acompañado de Quintero y Valladolid salieron a rechazar los señalamientos calificados como especulaciones, después que el gobernador Francisco Vega solo había dicho que no era cierto y que ya no iba a hablar del tema. Luego instruyó al Contralor Bladimiro Hernández a investigar el caso de espionaje, aunque este funcionario poco o nada ha servido para controlar la corrupción al interior del gobierno bajacaliforniano, se ha dedicado a ignorar el cobro de comisiones por la asignación de contratos y las licitaciones fraudulentas, creyendo que solo se le paga por vigilar que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, que por supuesto se mantienen ocultas. El mismo lunes de la “aclaración” donde mostraron lo que llamaron el detalle de las adquisiciones, Luis Moreno, líder del Partido Encuentro Social, se presentó en la PGR a interponer la denuncia con que se abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TI/1510/2015 M-XVI, por la violación de derecho a la privacidad en internet, y recopilación ilegal de datos, considerado en la Ley de Comunicaciones, y en diversas leyes. Al día siguiente los priistas amenazaron públicamente que presentaría otra denuncia. Ahora, pese a lo tedioso que puede significar escuchar a la lideresa priista Nancy Sánchez criticar cada una de las acciones panistas a la menor provocación, es inevitable afirmar que esta vez tuvo razón cuando le dijo a Valladolid, Rueda y Quintero, que no basta negar acusaciones para volverse inocente en automático. No puede ser suficiente cuando el gobierno está en manos de personajes como el licenciado Valladolid que, sea por la embriaguez generada por la ingesta de bebidas alcoholadas, o solo por el mareo mental que le produce tener poder, ande presumiendo, cómo tiene tomados de las gónadas masculinas a tales o cuales personajes para que no se salgan del camino que sirve a sus intereses. Usualmente refiriéndose a funcionarios o políticos. Más allá de si el gobierno fue o no capaz de usar el sistema de espionaje plenamente, o del reclamó que han hecho los diversos sectores para que el tema del espionaje se aclare, y las declaraciones de Julio César Vázquez, presidente del Congreso de Baja California asegurando que el Órgano Superior de Fiscalización investigará el tema, no sería correcto que la sociedad se quedara solo con las promesas, o las versiones a medias, o se olvidara del tema porque se fugó “El Chapo”. Las leyes mexicanas solo contemplan este tipo de intervenciones previa orden de un juez y cuando la autoridad tiene elementos suficientes para considerar que un ciudadano está cometiendo delitos. No se trata de darle acceso a la vida privada de la gente a uno o varios funcionarios, solo por su capricho o el servicio de sus intereses, particulares o políticos. Ahora toca a los grupos de la comunidad organizada, dar seguimiento al trabajo de la Contraloría, a las auditorías del Orfis, a las investigaciones de la PGR, incluso poner la lupa para ver qué hace la Secretaría de la Función Pública al respecto. Porque en este contexto resulta grotesco que un secretario de gobierno, tenga acceso a información personal de sus contrincantes políticos para poder amenazarlos, y las secretarías de seguridad y procuradurías no tengan entrada a la información privada, por ejemplo de los hermanos Arzate, a los primos Uriarte o José Soto, narcotraficantes que controlan criminalmente el estado, para poder detenerlos. Pareciera que es más rentable para el gobierno de Francisco Vega espiar y controlar políticamente a los ciudadanos comunes que investigar y detener a los traficantes y asesinos.

Urgen a Peña renuncia de Osorio

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El silencio imperó en el Presidente Enrique Peña Nieto. No solo porque se encontraba a más de 30 mil pies de altura, en un vuelo que le trasladaba de México a París, donde por primera vez –presumiría- un contingente del Ejército Mexicano participaría en el desfile del Día de la Bastilla, el día nacional en Francia, sino porque poco o nada tenía que aportar Enrique Peña al discurso nacional la noche del sábado 11 de julio de 2015, tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El anuncio de la escapada provino de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Monte Alejandro Rubido y bajo las órdenes del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también se encontraba volando junto al Presidente. Sin funcionarios de primer nivel en materia de política interior y seguridad en el país, el día que “El Chapo” escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la información comenzó a fluir de manera efectiva. A diferencia de cuando el capo fue detenido el 22 de febrero de 2014, cuando la confirmación de la aprehensión de Guzmán se dio a través de un mensaje de Twitter del Presidente de la República, varias horas después de filtrada la información de la captura, el sábado 11 de julio de 2015, Peña no dijo nada, no escribió en redes sociales y los datos de la evasión manaron eficazmente. El comunicado de Rubido fue el primero de una serie de documentos, fotografías, videos y hasta recorridos presenciales en la celda 20 de Altiplano, pasando por el túnel hasta llegar a la casa por donde “El Chapo” salió a su libertad, que se comenzaron a ofrecer por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Gobernación. La estrategia parecía clara: en la medida que se comprobara -a pesar de evidenciar la corrupción y las fallas de seguridad en el sistema penitenciario- que el narcotraficante había escapado de manera espectacular por un túnel y no por la puerta de la prisión con ayuda del Estado, deslindarían al Gobierno de la República del mote de complicidad con el más buscado de los narcotraficantes en México y los Estados Unidos. Sin embargo, la estrategia de comunicación no ha sido suficiente. La imagen de la intervención de la procuradora general de la República, Arely Gómez, en cuclillas frente a al pozo por donde “El Chapo” se fugó, se replicó en medios mexicanos y extranjeros. Lo mismo su mínima participación, más allá de colaborar con Gobernación, instancia a cargo de la seguridad nacional, al anunciar la recompensa de 60 millones de pesos a “quien proporcione información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización, detención o aprehensión de Joaquín Guzmán Loera y/o Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias ‘El Chapo’”.   Osorio justifica seguridad violada   En su intervención, una vez que aterrizó en el país, y recorrió el penal de Altiplano y la casa donde se ubicaba el final del túnel por donde escapó Joaquín Guzmán Loera, el titular de la Secretaría de Gobernación perdió el discurso. Justificó que la prisión cuenta con las más rígidas condiciones de seguridad: “Este penal está certificado y cuenta con las condiciones físicas de operación y servicios establecidas por la Asociación de Correccionales de América, institución que es la misma que certifica los centros penitenciarios de Estados Unidos y Canadá, entre otros países”. Sin embargo, “El Chapo” logró evadirlos todos. Incluidos, como lo recalcó Osorio, los 26 filtros y puestos de control interiores y las cientos de cámaras de vigilancia, ninguna de las cuales tomaba el área de regadera por “razones de derechos humanos…”, al día siguiente justificaría: “El secretario Osorio Chong dejó en claro que el respeto a los derechos humanos de ninguna manera fueron causa de la evasión de Joaquín Guzmán Loera… Reiteró que se mantuvieron todas las medidas de vigilancia para el resguardo del recluso, en estricto apego a los protocolos, mismos que son respetuosos de los Derechos Humanos”. Amnistía Internacional también había reaccionado: “Los Derechos Humanos no son un factor en la fuga de criminales, sino la corrupción endémica del sistema de seguridad”.   Secretario no renuncia, despide   Aparte de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las declaraciones de Osorio Chong no satisficieron a políticos ni analistas. Desde el Partido Acción Nacional, la izquierda y analistas en el extranjero, han salido las peticiones de renuncia sobre la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Aun en su primera intervención después de la fuga, Miguel Ángel Osorio adelantó que no renunciaría, que las épocas de crisis no son para eso. Los ánimos no se calmaron. Intelectuales y medios como The Economist, editorializan con la necesidad de la renuncia de Osorio al cargo de Gobernación, pues su permanencia afectará a la Presidencia de México, y denotará la negativa a aceptar la “corrupción endémica” del sistema mexicano. El Presidente Enrique Peña Nieto llegará a México hasta hoy viernes 17 de julio, luego de cinco días de gira por Francia. Hasta entonces, informará su decisión respecto a la persona a quien -según confío en entrevista con León Krauze- encargó la supervisión de la reclusión de “El Chapo” y a quien le hablaba todos los días para preguntarle por ello. Quien sí ha despedido funcionarios por la evasión del narcotraficante, es el secretario de Gobernación. Al momento ha cesado a cuatro: * Valentín Cárdenas Lerma, director del penal de máxima seguridad Altiplano. * Celina Oseguera Parra,  coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social. * Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. * Ramón Eduardo Pequeño, jefe de Inteligencia de la Policía Federal. Aparte de las decenas de custodios y personal de manejo del sistema de video vigilancia del penal y el sistema penitenciario que han sido citados a declarar y retenidos por la autoridad hasta definir si tuvieron o no participación en la evasión de “El Chapo”. La tarde del jueves 16 de julio, los funcionarios Miguel Ángel Osorio Chong, Arely Gómez y Monte Alejandro Rubido comparecieron ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La salida o permanencia del secretario de Gobernación se definirá hasta hoy viernes, cuando el Presidente de la República haya regresado a México. Las presiones políticas continúan, como lo declaró el diputado panista Marcelo Torres: “El Presidente dijo que esto no volvería a suceder -la fuga de ‘El Chapo’- porque sería imperdonable. Esperamos que el Presidente exija la renuncia del secretario de Gobernación, por ser el funcionario con la responsabilidad del sistema penitenciario”. Lo mismo exigen desde la dirigencia del Partido Acción Nacional, de la izquierda, el sector intelectual, medios y analistas en el extranjero.    

Renuncias en el gobierno

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Al Gobierno del Estado de Baja California que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, le hace falta oxigenarse. Anquilosado, sin obras concretadas, con préstamos, créditos, refinanciamientos y sospechosas triangulaciones financieras, con brotes de conflictos políticos como los magisteriales o los de jornaleros en San Quintín, y la inseguridad y violencia a la alza, queda claro que la actual administración pública no trae un rumbo definido en términos financieros, políticos y administrativos, para sacar a la entidad de los problemas que enfrenta. El primer gobernante en América Latina en solicitar la renuncia de todo su gabinete fue Michelle Bachelet, la Presidenta de Chile. Lo hizo, explicaría después, por muchos factores, entre ellos, que los niveles de aprobación sobre ella, su gobierno y la administración pública chilena estaban en unos niveles muy bajos. Vaya, los gobernados no le tenían confianza, ni esperanza, ni estaban de acuerdo con políticas públicas que se implementaban en aquel país. Solicitar la renuncia a todo el gabinete no significó dejar acéfalas las esferas gubernamentales, sino dar un ultimátum a secretarios de Estado a desempeñarse en su mejor esfuerzo de servicio a la población, para conservar su trabajo. De cualquier manera, presentarían la renuncia, seguirán trabajando, y la Presidenta se tomaría de 48 a 72 horas para evaluar el desempeño, compromiso y plan de trabajo de cada uno, para tomar la decisión de a quién retiraría y a quién mantendría en la administración pública. La medida obedecía a una evidente estrategia por parte de la presidencia para dar certeza a la población de escucharlos, o por lo menos leerlos, dado que sus niveles de aprobación se encontraban en los 25, 27 puntos porcentuales, con el consabido rechazo de más de un 70 por ciento de la población. Ciertamente la solicitud de renuncias no ha sido ni debe ser la única estrategia de Bachelet para recuperar la confianza y aprobación de los chilenos, pero sí fue un paso político que en el ámbito internacional le fue reconocido, aun cuando los chilenos continúan sin confiar plenamente en la mandataria, a la cual eligieron para un segundo periodo. En México, hace unos días el jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo lo mismo. Por lo menos lanzó la consigna de que solicitaría a todos los miembros de su gabinete la renuncia; en la misma jugada política de Michelle Bachelet, tomaría días para evaluar el desempeño de cada uno y después haría público a quién se la hacía válida y a quién le daba la oportunidad de seguir en la administración pública. Miguel Ángel Mancera, perredista, tampoco atraviesa por su mejor momento, su partido, peor. La derrota en tierras mexicas dejó al PRD harto disminuido en miras a 2018, y las investigaciones sobre anteriores administraciones continúan. En Baja California sería necesario que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid siguiera el ejemplo de Bachelet. La aprobación de Vega de Lamadrid está en 12 por ciento, de acuerdo a la última encuesta realizada en noviembre de 2014 por Plural.mx, a cargo de Lauro Ortiz Aguilera. En su momento fue publicada por ZETA, cuando a los bajacalifornianos se les preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando Francisco Vega de Lamadrid. 70 por ciento estuvieron en desacuerdo, 12 por ciento de acuerdo y un 18 por ciento no respondió. El nivel de aprobación de Vega es, pues, más bajo que el de Bachelet, aunque a diferencia de Mancera, en Baja California el PAN haya ganado todas las diputaciones federales. Aparte, este año el gobernador enfrenta otros problemas que en noviembre 2014 no estaban en el plano. La inseguridad, para empezar. Las ejecuciones han incrementado en relación a 2014 y los delitos menores se mantienen en alerta. Las sospechas de mal uso de recursos por parte de sus funcionarios, por ejemplo, del secretario de Desarrollo Social, que a discreción otorga los dineros del Estado a asociaciones ligadas a su personal, favoritas y a aquellas que aceptan dar moche del dinero entregado a los operadores de Ricardo Magaña Mosqueda. Y por supuesto, el caso de Antonio Valladolid, el todavía Secretario de Finanzas que no solo cancela licitaciones y otorga de manera directa millones de pesos en convenios y contratos a empresas que le son de alguna manera afines, e inexpertas en los servicios contratados o de nueva creación. Y, en los últimos días, el caso del gobierno que espía a propios y extraños, con un sofisticado y carísimo equipo y programación adquiridos directamente por la Secretaría de Finanzas de Valladolid, pero a través de un intermediario, a una empresa italiana especialista en espionaje y hackeo de información. Lo grave es que, como se detalla en el reportaje de Isaí Lara Bermúdez en esta misma edición, es que con la rienda suelta, el conocimiento del gobernador y con recursos públicos, Antonio Valladolid utilizó ahora sí que toda la fuerza del Estado para espiar en sus vidas personales, privadas, laborales y sociales, a cientos de personas, a saber, a funcionarios y candidatos en las pasadas elecciones. Pero igual a particulares y ciudadanos comunes. La agravante del de suyo delito de espionaje e intervención ilícita de las comunicaciones privadas, está en el hecho que él es funcionario y, con la evidente aprobación del gobernador, utilizó el poder del cargo y el recurso ajeno para hacerse de un equipo de espionaje, con el fin de “tener a todos controlados”, a partir de saberles sus debilidades, sus acciones, sus relaciones, sus negocios y hasta su vida íntima. Se han grabado horas de conversaciones telefónicas, cuartillas de mensajes de texto y hasta videograbaciones, sin una justificación judicial, ni un fin de inteligencia en materia de seguridad, solo para empacho y satisfacción de una sola persona. Por acciones como esta, administraciones han caído, funcionarios han sido despedidos y enjuiciados e incluso en Estados Unidos, un presidente renunció en la década de los 70 cuando se descubrió que allanó, a partir de terceros, oficinas de la oposición y grabó sin consentimiento de las partes a decenas de personas. La solicitud de renuncias en la administración de Francisco Vega es una estrategia que cada vez se vislumbra necesaria, y en el caso de los funcionarios espías, la acción no debería detenerse en una separación de cargo, sino seguir un proceso judicial.

Desde Ensenada fomentan la ciencia

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Ensenada es la ciudad mexicana que concentra la mayor cantidad de científicos entre su población. Pero las cifras nacionales indican que solo 2 de cada 10 estudiantes optan por una carrera científica y, en encuestas, el 78 por ciento de los jóvenes responde abiertamente no tener interés por la ciencia. Esto es la consecuencia de un gobierno y una Iniciativa Privada que poco invierten en la ciencia. Mientras Japón y otras naciones apoyan la investigación científica con hasta el 2 o 3% de su Producto Interno Bruto, México apenas destina el 0.40% del PIB.     De cuatro investigadores de estas instituciones albergadas en Ensenada, nació la iniciativa del Taller de Ciencia para Jóvenes, que desde hace 15 años reúne a estudiantes de bachillerato de todo el país para que aprendan y convivan durante una semana con los científicos. “Para que vean que la ciencia es para todos, no necesitas ser genio ni loco”, explica Carlos Román, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los organizadores del proyecto. “Desgraciadamente mucha gente piensa que la ciencia es ‘algo’ que aparece en Discovery Channel y que hace alguien que tiene una piel extranjera… Pero también hacemos ciencia en México, y esa ciencia se preocupa por problemas de relevancia nacional”, apunta por su parte Luis Alberto Aguilar, físico del Instituto de Astronomía  y también organizador. Cada año responden a la convocatoria alrededor de 400 jóvenes, pero por cuestiones de presupuesto y el interés de brindarles una atención más personalizada, solamente se seleccionan a 40 de ellos para que, durante una semana y con todos los gastos pagados, tomen talleres y prácticas de laboratorio en las instalaciones del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y UNAM, así como una visita al Observatorio Astronómico en la Sierra de San Pedro Mártir. Entre los principales requisitos que se les pide, está un breve ensayo donde el aspirante expliqué qué es y qué espera de la ciencia en nuestro país. “Los que vienen son realmente muchachos muy especiales, todos con una gran iniciativa, han arrancado clubes de ajedrez, de astronomía, clubes de matemáticas en sus preparatorias, han participado en olimpiadas a nivel estatal e inclusive nacional”, refiere el investigador Aguilar. Del 28 de junio al 6 de julio, el Taller de Ciencia para Jóvenes 2015 albergó a 39 estudiantes de entre 15 y 19 años -el 73% de ellos, mujeres-, de entidades como Veracruz, Colima, Guerrero, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Morelos, Yucatán, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Baja California y Baja California Sur. Durante cuatro días, los talleristas tomaron clases por la mañana en materias como Física, Química, Matemáticas y Biología. Por las tardes se les impartieron talleres muy prácticos donde pudieron escoger entre 12 diferentes ramas de la ciencia. Los tres días restantes, los jóvenes fueron a un campamento a la Sierra de San Pedro Mártir, donde participaron en los trabajos que desarrolla el Observatorio, y a la playa de Eréndira, donde aprendieron sobre ecología, oceanografía y geología de esta zona; todo de forma muy práctica. “Preguntan de todo, les gusta saber cómo se hicieron las observaciones, qué investigaciones se llevan aquí, quién hace los programas de las computadoras”, refiere el astrónomo Carlos Román. Los investigadores involucrados en este proyecto lo hacen de forma voluntaria, además, no se limitan a ser los maestros de los becarios, sino también a atenderlos, cocinarles, comer con ellos, trasladarlos: “Como son muchachos excepcionales, también buscamos maestros excepcionales, los mejores, no solo porque son excelentes en su campo, sino que además tienen un gran gusto por dar clases y motivar a los muchachos”. Pese a que no hay los recursos económicos ni humanos para darle seguimiento puntual a los frutos que el Taller de Ciencia para Jóvenes ha dado a lo largo de 15 años respecto a la cantidad de estudiantes que se decidieron por la ciencia después de participar en este programa, varios de los actualmente beneficiados manifestaron a ZETA que después de este curso se decidieron o confirmaron su vocación por la ciencia. Los maestros del taller también refieren de forma anecdótica casos como los de una chica ya aceptada para estudiar Medicina en la Universidad de Querétaro que optó por “estudiar una cosa que se llama Oceanología, allá en un lugar perdido en el norte de la República”, y quien ahora estudia un posgrado en San Diego; u otra adolescente que llegó al taller y terminó con doctorado en Suiza y ahora cursa un posdoctorado en Londres. “Si quieres sacar a este país de la crisis en corto plazo, no hay vuelta de hoja, tienes que apostarle a la educación. La verdadera riqueza de un país no es su petróleo, su plata o litorales; es su población, pero una población educada, pensante. La base de una democracia no son los votos”, expone Luis Alberto Aguilar.  “El interés de los jóvenes por la ciencia es altísimo, lo que necesitamos es que nuestro sistema educativo mejore la enseñanza de la ciencia desde los niveles básicos, nuestros maestros son los que podrían recibir una mejor preparación, deberíamos añadir un taller de ciencias para profesores…”, propone por su parte el astrónomo Román. En contraparte, valora el hecho que en México se invierte mucho para la investigación científica y que en ese sentido es una profesión bien pagada: “No es frustrante estudiar ciencia”. 

Inseguridad sin freno

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En México, en poco o en nada se han solucionado los problemas de la violencia común o de la delincuencia organizada. Los escenarios y actos de barbarie se repiten a cada instante. Solo cambian el número y los nombres de las víctimas. Lo mismo mueren delincuentes, policías, víctimas elegidas o circunstanciales y periodistas. El discurso oficial no reconoce los hechos como una cadena de omisiones, negligencia y falta de control por parte del Estado. Por el contrario, aísla los sucesos y las investigaciones, matiza las estadísticas para informar las más convenientes y reitera la versión del “Vamos bien, pero redoblaremos el esfuerzo”. Prueba de lo anterior es la noticia del presunto descenso del 35 por ciento de los secuestros en el país durante los primeros cinco meses del año. El anuncio lo realizó el coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales. Por supuesto, la disminución en la incidencia “es resultado de las acciones que han realizado para contener y disminuir este flagelo”. De 688 averiguaciones previas iniciadas en el referido periodo de 2014 por secuestro, hubo un descenso a 447 indagatorias. 241 asuntos menos. Y detuvieron a 510 presuntos plagiarios, expuso. El martes 7 de julio, el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó ante un grupo de soldados deportistas –en el Distrito Federal— que México requiere de un mayor esfuerzo de la sociedad, su gobierno e instituciones. Apenas un día antes, narcotraficantes atacaron un helicóptero de la Armada en el estado de Tamaulipas, sin que afortunadamente lo derribaran. Los marinos abatieron a seis de los presuntos criminales. La violencia continúa en todo el territorio nacional, focalizándose en los estados que últimamente padecen una severa crisis de seguridad: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Balaceras, personas ejecutadas o colgadas y la aparición de nuevos grupos de autodefensas lo hacen patente. Encuestas del propio sistema lo corroboran.   Números y realidades   La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI –institución del gobierno federal— realizada en 2 mil 336 viviendas, de 32 ciudades del país, en el segundo trimestre del año 2015,  registró la percepción de inseguridad más alta en lo que va del año. Casi siete de cada diez mexicanos, estima que vivir en su ciudad es inseguro. El análisis revela que 65.3 por ciento de la población dijo que fue testigo de robos o asaltos. Ante los actos de inseguridad, seis de cada 10 personas decidieron modificar sus hábitos cotidianos por el temor a sufrir un delito, como no llevar cosas de valor, entre éstas joyas, dinero o tarjetas de crédito. Los resultados de la encuesta realizada en junio, en comparación con la efectuada en marzo, tuvo una disminución del 0.5 puntos porcentuales en la expectativa de que la seguridad mejorará. Mientras que sobre el desempeño de los policías municipales y estatales en el combate a la delincuencia, el 33.2 y el 38.5 por ciento, los consideró muy o algo efectivos. A estos números relacionados sobre la percepción ciudadana se suman otras cifras de la realidad, como las dadas a conocer por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado. En México, la delincuencia organizada roba 100 mil vehículos de carga y transporte de mercancías al año. La OCRA informó que en diez años el crimen ha robado más de un millón de automotores. La institución que agrupa a 22 compañías aseguradoras externó que durante el primer semestre de 2015 se han denunciado 30 mil 425 vehículos robados. La violencia se hizo presente en el 54 por ciento de los casos y que los restantes los carros, camiones y camionetas estaban estacionados.   Michoacán secuestrado   Michoacán es uno de los ejemplos latentes de la falta de un Estado sólido y firme para preservar el orden social. Pese a la intervención del gobierno federal sus condiciones de seguridad no mejoran y el crimen organizado continúa enseñoreado en esta región de la República. Los señalamientos contra ex gobernadores y ex comisionados de aliarse con integrantes de la delincuencia organizada abundan en los últimos días. El presunto desmantelamiento del grupo criminal de Los Caballeros Templarios es la bandera de los gobiernos estatal y federal. Ahora se desligan de los hechos sangrientos en la entidad señalando que esa oleada de criminalidad proviene de otras entidades y por cárteles ajenos que pretenden apoderarse de su territorio, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por cierto liderado por narcos michoacanos. La inacción o falta de eficacia de las autoridades ha llevado a que grupos delictivos o de ciudadanos cansados de la violencia hagan justicia de propia mano. El sábado 4 de julio, los cuerpos sin vida de dos hombres aparecieron colgados de un puente en Michoacán. Presuntamente fueron linchados después que acudieron a cobrar el dinero de un rescate, derivado del secuestro de un habitante de Zinapécuaro. Al día siguiente se conoció del asesinato a tiros del comandante de las autodefensas de Huetamo, Camilo Santana Aguirre. Sujetos armados lo privaron de la vida cuando se encontraba en una cenaduría de la carretera Huetamo-Churumuco. Otro comensal fue acribillado, en tanto resultaron lesionados el director de Seguridad Pública Municipal, Félix Gómez Río y dos personas más, sin que fueran capturados los responsables. El 7 de julio trascendió la aparición en Michoacán de un nuevo grupo de autodefensas. Se hacen llamar “Los Blancos de Troya”. A través de una cuenta de Facebook se dio a conocer la noticia de la creación de la supuesta policía comunitaria, sin que se haya corroborado la autenticidad de la publicación. En el muro de la página de la red social –creada el 29 de junio— aparece una fotografía de cinco individuos armados con el rostro oculto y que anuncian “defenderán a la población de Apatzingán”. Al día siguiente, sin más elementos, el Gobernador de Michoacán Salvador Jara decidió públicamente salir a desmentir la existencia del grupo, y a asegurar que no se permitiría la justicia por mano propia.   Testigos y víctimas   Los periodistas, testigos e informadores de los diversos acontecimientos y fenómenos sociales no escapan de las garras criminales. Tan solo en las dos últimas semanas han muerto tres comunicadores de manera violenta y se investiga el posible nexo de su trabajo profesional con el móvil de sus asesinatos. Al monero Trino trataron de secuestrarlo. El dos de julio fueron localizados los cuerpos de dos de los reporteros. Uno en el estado de Veracruz, desaparecido y después encontrado sin vida, atropellado; y el otro en Oaxaca, ejecutado a balazos en la vía pública. Juan Mendoza Delgado era taxista y atendía un portal web de noticias en Medellín de Bravo. Filadelfo Sánchez Sarmiento era locutor de radio comunitaria en Mihuatlán. El crimen restante ocurrió el 26 de junio del año en curso en el estado de Guanajuato, cuando en una cantina fue apuñalado en el cuello el director del semanario El Tábano, Gerardo Nieto Álvarez. Otra víctima de atentado, perteneciente al sector de los medios de comunicación, lo es el caricaturista del diario Reforma “Trino” Camacho, que hace apenas unos días reveló que dos sujetos armados pretendieron privarlo de la libertad el 11 de junio en la carretera a Chapala, Jalisco, cuando regresaba a casa tras grabar un programa radiofónico.     Piden indagar a ex gobernador por liberación de “El Mencho”   Luego de la publicación realizada por El Universal en la que señala que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” fue detenido en agosto de 2012 por elementos de la Marina y liberado por intervención del ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, legisladores federales solicitaron al gobierno federal que realice una investigación al respecto. Tanto Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron se aclare a fondo el delicado señalamiento y se establezca la verdad jurídica del caso. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, declaró ante medios de comunicación que nadie puede estar al margen de la ley, por ello lo deseable en estos momentos es que se aclaren los hechos a través de una investigación formal. Prudente en sus expresiones, el también senador –por el PRI— Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que no tiene los elementos suficientes para pronunciarse en el asunto y por ello son las autoridades federales las que tendrán que realizar la indagatoria correspondiente. La noticia vertida por Silvia Otero detalla que el 20 de agosto de 2012 fue detenido “El Mencho”, en el municipio de Zapopan, lo cual desató una jornada narcobloqueos en el estado de Jalisco y Colima. “Sin embargo, su captura representó exponer a las autoridades que tenían algún nexo con la organización criminal, y se operó su liberación”. También refiere la pieza informativa que el ex gobernador panista fue convencido de la conveniencia de liberar al presunto narcotraficante por su secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien al cambio de administración –ahora priista— se convirtió en el fiscal general de la entidad. La reportera cita informes que hicieron llegar a El Universal y que “validan fuentes de seguridad del gobierno federal”. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina negó su relación con la supuesta detención de Oseguera Cervantes en 2012: “esta Institución desmiente categóricamente haber participado en la captura de esa persona”. Por su parte, la tarde del jueves 9 de julio, el ex gobernador, Emilio González Márquez, emitió un boletín a los medios de comunicación locales y nacionales, señalando que la información falsa, tal como lo afirmó también la Marina. El aún panista, asegura que “nunca bajo ninguna circunstancia ha tenido comunicación con alguna persona buscada por la ley o realizado gestión para beneficiar a infractores de la misma”. En los días que se ha señalado sucedió la detención de “El Mencho”, González Márquez estaba en Europa representando al Gobierno de Jalisco, según refiere. Agregó que esta información lo coloca en “situación de riesgo”, al igual que a su familia.      

Locatarios de La Bufadora en alerta

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Los vendedores del corredor comercial turístico de La Bufadora  despachan bajo la amenaza de que en cualquier momento, elementos federales los saquen a la fuerza de sus tiendas, ya que el Ejido Coronel Esteban Cantú ganó en tribunales un litigio por la posesión de una fracción de los terrenos cercanos al géiser marino, mismos que tienen un alto valor catastral y donde los propietarios proyectan construir un centro comercial. El miércoles por la madrugada levantaron de nuevo la ofensiva y, en plana carretera estatal (Ensenada-La Bufadora), instalaron barricadas con piedras, llantas y tablones, a fin de bloquear el paso de los turistas que por temporada vacacional llegaron al área y fueron sorprendidos por los manifestantes que portaban machete en mano.  Todo inició el miércoles 1 de julio, cuando al puerto arribaron 300 policías federales que se hospedaron en el hotel San Nicolás de la zona turística. Durante su estancia solo pasearon por las habitaciones, pasillos y restaurante, sin que se supiera la razón de su visita. Al tercer día se trasladaron a la delegación de Otay en Tijuana. Se presume, vinieron a desalojar a comerciantes de La Bufadora. Cuando los efectivos llegaron al puerto, los inconformes limitaron los accesos, levantaron barreras y desplegaron una ofensiva civil en el perímetro en disputa. Antes hubo dos intentos de desalojo que quedaron frustrados.  El 1 en diciembre de 2014, cuando más de 200 elementos municipales se declararon incompetentes para realizar el desahucio y entregaron la batuta al Gobierno Federal, que el 15 enero de 2015, envió 150 policías federales con equipo antimotines. Esta última acción falló porque, al parecer, el secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito, Rubén Reynoso, llevaba documento sin sello. El corredor comercial luce lleno de turistas, pero sin estructura, los casi 200 locales comerciales están apeñuscados y la mercancía es muy parecida; va desde medicamentos hasta souvenirs, comida, bebidas y servicios de baño. Darwin Batallar Gómez, líder de los comerciantes, informó que el caso se encuentra en un Juzgado en Zacatecas, por lo que sería ilegal realizar una intervención en este momento. El lunes 13 de julio, una comisión buscará una entrevista con el juez, para conocer los pormenores del proceso.   ¿Y el Ayuntamiento?   El que de plano no se enteró del movimiento, fue el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor. “Absolutamente nada, oficialmente desconozco, sé que se pretendió llevar a cabo una reunión con las autoridades, que nunca se llevó a cabo, estuvimos siempre al pendiente de las personas que viven cerca de La Bufadora”, refirió con voz entrecortada. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, comentó que el único contacto que tuvieron con la Comisión de Seguridad fue para informar que los federales tenían la encomienda de atender una reunión de coordinación, “pero la verdad es que nunca hubo ninguna reunión”,  reveló. Como abogado, González Agúndez indicó que, en teoría, mientras no esté resuelto el caso, debe suspenderse la ejecución de la orden de desalojo, pero advirtió, es potestad del juez decidir si se realiza o no dicha acción: “Nosotros sabemos que desde enero se pidió la fuerza pública, pero, en una apreciación personal, la fuerza federal llegó algo tarde. “A nuestro juicio, no debería hacerlo porque hay un incidente pendiente, pero será decisión del juez porque cada quien actúa en base a sus responsabilidades”, complementó.   La incertidumbre   “Lety” es una comerciante que conmocionó el 6 de enero durante el operativo de desalojo, debido a que un grupo de personas del ejido violó los candados de su negocio y sacaron la mercancía. La vendedora prefiere no acordarse de lo que ese día perdió. Valentina Aguirre, de Jerry´s Curios,  tiene 16 años con el establecimiento y, tras conocer la experiencia de Lety, se siente amenazada y ha preferido no abastecer el negocio como en otros años. “Capaz de que pueden volver a venir. No queremos invertir lo poco que uno tiene porque no sabemos si vienen, van a abrir y se lo van a llevar, y pues no. Yo sí me limito”, dijo sentada en la entrada de la tienda. Agregó que del martes 30 de junio al 7 de julio tuvieron tres amenazas advirtiendo sobre la presencia policiaca.   OEA atrae caso   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atrajo el caso luego de que el comerciante Ramón Campos Bueno, interpusiera una denuncia ante el organismo internacional, al considerar que la autoridad viola garantías individuales; el mes de mayo se respondió con el número de expediente P-1383-14. Uno de los supuestos atropellos, dijo, es que a los lados hay dos terrenos propiedad de las familias Álvarez y Díaz, quienes invaden un área federal, pero a estas personas no se ha pedido que reintegren las hectáreas que se traslapan con el título agrario. “Hay juicios pendientes a resolver, pero ahí se ve que es el gobierno el que nos quiere sacar, porque es más fácil sacarnos a nosotros y luego llegar a un acuerdo con esos propietarios. No es posible que nos van a quitar veinte metros de terreno federal, mientras que la situación de ellos va a quedar en litigio, ¿dónde se ha visto tanta tontería?”, planteó Campos. Indicó que el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, les mostró un proyecto de desarrollo para esa zona pero, desgraciadamente, los comerciantes no están incluidos en los planes de modernización. 

PASA se amparará contra resolución de TCA

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El Ayuntamiento de Mexicali ganó perdiendo el juicio interpuesto en su contra por la empresa Sistemas de Compactación de Residuos S. A. de C. V. presentada en 2010 ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo que se echa abajo la licitación pública del Relleno Sanitario. El recurso con número de expediente 194/2010 votado por el pleno del TCA fue interpuesto por la empresa contra la sesión del Comité Técnico de Concesiones del Ayuntamiento de Mexicali aprobada el 26 de agosto del 2010 en la cual se le negó el registro de la convocatoria pública nacional AYTO-CTC-SP-01-2010 y por consecuencia se anula toda acción posterior revocando la licitación que en su momento ganó Promotora Ambiental (PASA) en una controversial decisión. En  cuanto a la operación del Relleno Sanitario y Centro de Transferencia el director de Obras públicas y Servicios Públicos, Fernando Salazar Goycoolea reiteró que es el Ayuntamiento quien se encuentra realizando las labores de recepción de la basura domiciliaria que se recoge diariamente en cada una de las colonias y se transfieren al confinamiento municipal. Respecto a las condiciones de las instalaciones en el área del centro de transferencia Salazar manifestó que existía una gran acumulación de basura.  “En lo que fue el arranque de la operación había entre 8 y 9 mil toneladas de basura acumulada que hemos ido retirando día a día, además, diariamente llegan alrededor de 800 toneladas de basura, más o menos en esos términos estamos trabajando”, informó el director de obras públicas. Por su parte el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa comentó a ZETA respecto al proceso que llevan con PASA, que serán muy cuidadosos en la parte legal y las decisiones serán tomadas de manera colegiada para que todos los miembros del Cabildo tengan decisión en ello. Dijo que falta un camino judicial en cuanto a la resolución del TCA, y no se ha definido si se retomará nuevamente el proceso de concesión. Cuestionado sobre la postura de PASA en cuanto al supuesto incumplimiento de un amparo indirecto interpuesto por el tema de las instalaciones el alcalde negó que se encuentren en desacato. “Ésa es la opinión que ellos tienen, la parte jurídica de parte del Ayuntamiento es otra, entonces ya será el Juez quien resolverá”, afirmó el edil. De acuerdo a la interpretación del Secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paniagua la resolución del TCA deja sin efecto la licitación del acta de sesión del Comité de Concesiones del 26 de agosto del 2010, por lo que la concesión se declara nula. Indicó que PASA podrá interponer un amparo directo ante la resolución del TCA por ser tercero afectado, por lo que se tendrá que continuar el tema jurídico, además afirmó que la empresa que interpuso el recurso al parecer ya desapareció, por lo que no han podido notificarla. Iribe recalcó que falta resolver el tema de la deuda que se tiene con la empresa, porque si bien PASA exige el pago de alrededor de 80 millones de pesos también hubo incumplimiento por parte de la empresa al ingresar basura comercial al depósito, cuestión que no estaba estipulada en el contrato de concesión. Al respecto, el regidor David Reynoso declaró que se tiene que realizar un nuevo estudio para ver si realmente se necesita licitar un relleno sanitario. En medio de las disputas legales, se encuentran los pepenadores quienes han resultado afectados por los cierres de las instalaciones, así lo indicó José Guadalupe Rodríguez, representante del grupo de Pepenadores Unidos de Mexicali. “Con todo este conflicto que existe entre PASA y el Ayuntamiento nosotros salimos afectados porque en primer lugar no tenemos campo donde estar arrastrando el material, estamos batallando con los carros y toda la gente porque no nos dan permiso de entrar a cargar”, afirmó. Detalló que a raíz de que el Ayuntamiento retomó la batuta de las instalaciones volvieron a trabajar porque no estaban ingresando los camiones recolectores antes de ello. Por su parte Promotora Ambiental a través de su enlace de Relaciones Públicas informó su postura sobre la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:  “Consideramos que esta resolución  no se apegó a derecho, por lo que se promoverán los medios de defensa correspondientes para dejarla sin efectos”. — ¿Cómo van los amparos que la empresa interpuso?, preguntó ZETA al representante de PASA: “Los amparos siguen su trámite legal, está pendiente de celebrarse la audiencia Constitucional para su resolución”. — ¿Cuál es el camino legal que van a seguir y la postura que ha tenido el ayuntamiento en todo el proceso? Se promoverán los medios de defensa que correspondan a fin de combatir la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, así como la ejecución que de la misma llevaron a cabo las autoridades del municipio.

Investigan a juez en caso Muzquiz

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El caso de Gloria Ofelia Dávila Muzquiz, a quien su hijo Carlo Muzquiz buscaba a toda costa despojar de su fortuna, tuvo resolución a favor de la ofendida. La señora está en todo su derecho de recuperar sus bienes, según la sentencia emitida el 11 de junio de 2015 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Sin embargo, ahora el actuar del juez que llevó el caso está siendo analizado por el Consejo de la Judicatura en Mexicali. Cabe recordar que basado en un juicio de controversia familiar, el juez Gustavo Adolfo Villarespe, titular del Juzgado Segundo Familiar en Tijuana, despojó de personalidad jurídica a Gloria Dávila de Muzquiz por considerarla “incapaz por demencia”. De acuerdo con Raúl Corona Sesma, abogado que lleva el caso, ante la determinación del juez que dictaminó que la señora Gloria de Muzquiz no era capaz de valerse por sí misma, se promovió el incidente en revisión civil 414/2014, la cual rendiría frutos. “Esta sentencia es del Colegiado. Ya no se puede discutir, ni alegar, ni modificar. El Colegiado ordenó al Juez de Distrito le ordenara a Villarespe que cumpliera con la sentencia. “Villarespe ya cumplió con la sentencia y dejó sin efecto la tutoría; envió a los jueces y notarios que la señora Gloria ya pueda firmar como quiera, sin depender de nadie”.