El primer gobernador electo en el periodo peñanietista de México, hubo de ser del PAN y de Baja California. Igual que hace 25 años, el primer gobernador de la oposición a quien se le reconocía el triunfo en un estado y en el primer año de gobierno de Carlos Salinas, fue también un panista y bajacaliforniano, Ernesto Ruffo Appel. Hipótesis hay varias sobre el triunfo en julio de 2013 de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, candidato que fue del PAN al gobierno de Baja California y que ganó un trivial proceso para que en la boleta electoral apareciere también su apodo, Kiko. Hay quienes aseguran que el triunfo del panista en la Baja fue producto del Pacto por México, ya sabe, la voluntad de Gustavo Madero y sus legisladores federales, a cambio de “permitirles” retener la Baja California; otros piensan que la promiscua alianza política entre Francisco Vega y Jorge Hank, para derribar al candidato del partido de éste último, el PRI, Fernando Castro Trenti, fue lo que dio resultado. Pocos consideran como seria la teoría que los bajacalifornianos votaron a favor del PAN y contra el PRI. O a favor de Vega y contra Castro. Total, seis años más de lo mismo. El PAN-Gobierno enquistado en la estructura estatal del Estado 29 de la República Mexicana. Francisco Vega es de esos políticos que no coincidieron en el círculo de Felipe Calderón, lo suyo realmente es el santiagocreelismo y por eso apoya a Madero y no a Ernesto Cordero en la sucia lucha interna por el poder político nacional del PAN. Bueno dentro de una semana, Vega de Lamadrid cumplirá seis meses al frente del Gobierno de Baja California, y llega en las peores condiciones, o en el contexto más adverso que gobernador alguno haya tenido en inicio de administración. Por ejemplo, arriba a su primer semestre con el 16 por ciento de IVA en la frontera. Con todo y que presumió que él y Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda eran cuatachos y habían compartido legislatura, al gobernador Vega no lo pelaron. No le escucharon sus ligeros argumentos para combatir la impositiva medida que castigó a las fronteras mexicanas. Kiko llega a sus primeros seis meses con una tasa de desempleo superior al cinco por ciento, y con más de 250 empresas cerradas a partir de la recesión económica que se vive y el incremento en los impuestos por parte del gobierno federal. La inseguridad, antes “controlada” o por lo menos a la baja durante los últimos años del sexenio anterior con la coordinación de ejército, estado y municipios, ha tenido un serio repunte que ubica la estadística en 204 ejecutados en los primeros tres meses de este año; además decomisos de armas largas que hace muchos meses no se veían por estos lados. Lo cual, a la par del descubrimiento de más narcotúneles y la disminución de decomisos de camiones cargados de droga en las ciudades de la baja, indican un nivel de impunidad preocupante, un rearmamento y una reorganización por parte de las células de narcotraficantes que en esta región del país sirven a los cárteles de Sinaloa, Arellano, Los Templarios, Nueva Generación y otros tantos. Ante la caída en el empleo, el cierre de empresas, la falta de inversiones, el alza en la inseguridad, la reorganización de los cárteles y el crecimiento en los números de la comisión de delitos, el Gobierno de Kiko Vega se desmorona. Arriba de igual manera a sus seis primeros meses de administración, con situaciones delicadas en su gabinete. Sin Secretario de Gobierno, pues a quien le confirió esa responsabilidad, Guillermo Trejo Dozal, cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal al análisis de una investigación iniciada en la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por fraude, y hubo de solicitar licencia. El Gobernador, soberbio, no ha nombrado al número dos del gobierno estatal desde el 7 de abril cuando el doctor Dozal huyó. La que por ministerio de Ley debe hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno en tanto se nombre a otro, es la Oficial Mayor, Loreto Quintero. Pero la señora Quintero es parte de la planilla que encabeza Gustavo Madero por la dirigencia nacional del PAN, por lo tanto no es de tiempo completo, ni Oficial Mayor ni Secretaria de Gobierno en funciones, sus horas las dedica a la planeación de la campaña azul y la administración pasó a un segundo o tercer plano. El Secretario de Desarrollo Económico de Vega, vaya, también fue parte de la empresa Latino Servicios de Salud S.C., compañía investigada por Hacienda y sobre la cual se giraron órdenes de aprehensión contra ciertos miembros de su junta por fraude. Así el de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, tampoco goza de cabal fama pública, pero él sí sigue cobrando aun cuando poco trabajando o atrayendo inversiones que son tan necesarias. En Finanzas, el gobernador Vega ubicó a un abogado que nunca ha litigado, para la administración de los recursos estatales. Lo primero que hizo, fue solicitar una línea de crédito por arriba de los dos mil 900 millones de pesos, lo cual compromete las finanzas públicas, y les da a los panistas lana de donde cortar. Amén que no se ha cubierto el pago de maestros, se dan descuentos populistas en el servicio de agua y no se ha iniciado una sola obra urbana. Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado 29, llega a sus primeros seis meses de gobierno, sin un Plan Estatal de Desarrollo –asegún en estos momentos lo terminan de elaborar- y por lo tanto sin directriz, ni rumbo. Enfilado al precipicio donde se encuentran los malos gobiernos, endeudados. En estas tristes condiciones, sin dinero, sin empleo, con harta inseguridad, con un gabinete mocho y con el inminente crecimiento de la deuda, el gobernador Vega todavía se defiende de lo indefendible. Cuando le preguntan por qué no ha nombrado Secretario de Gobierno –él debería presentar el Plan Estatal de Desarrollo que no han concluido-, dice que no tiene prisa, y cuando le preguntan si esa ausencia no afecta al gobierno, al menos la última ocasión, levantó las manos, cerró los puños y dijo que el gobierno “está en estas manos”. Feo el caso de nosotros los bajacalifornianos, que encima como el resto del País, de apechugar las desacertadas medidas y el centralismo del presidente Enrique Peña Nieto, nos tengamos que chutar la ligereza de quien se auto promueve como Kiko Vega, el gobernador.  

Hace unos días visité la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Justo en la Calle Figueroa del centro de aquella californiana ciudad. Llegué invitada por Hoy Los Ángeles, el apartado de habla hispana del afamado Los Ángeles Times. Resulta que el periódico y desde hace diez años, realiza El Festival de Libros del LA Times, una feria del libro tan vasta como interesante que tiene como sedes el Museo de Historia Natural, la Universidad e instalaciones propias del Diario entre otras. Los últimos cuatro años, han agregado un área de libros en español a lo que titulan como LA Times Festival Book; y fuimos convocados para hablar de lo que sucede en México, en el tema de la inseguridad, el narcotráfico y la violencia, el periodista Alfredo Corchado, el productor de cine Pedro Cruz y la que esto escribe. El panel lo condujo la periodista peruana radicada en Los Ángeles, Patricia Arbulú, y los presentes, como se debe imaginar eran latinos residentes de aquella ciudad que concentra a más de seis millones de mexicanos. La entrevista de Patricia se centró en conocer, de viva voz de periodistas radicados en México, sobre las condiciones reales de inseguridad y violencia de este lado de la frontera. Realmente nuestros connacionales en el extranjero ven este país como un infierno en llamas. Una pregunta recurrente de la periodista y del público fue precisamente, si en las condiciones actuales podía visitarse el país sin correr el riesgo de ser ejecutado en el intento. Paisanos de estados del centro de México preocupados por lo que sucede en sus comunidades, ávidos de información sobre lo que ocurre y las condiciones de seguridad para ellos como visitantes y para sus familias como residentes. Otra marcada preocupación, a propósito del arraigo del ex Secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna y de la detención de Feliciano Álvarez, alcalde de Cuetzala, Guerrero, fue si México no era ella gobernado por un narcoestado. No es para tanto, o no hemos llegado a esos extremos… aún, fue la respuesta rápida de Corchado y su servidora. Pero la migración de la corrupción producto del crimen organizado y el narcotráfico, de las corporaciones policíacas a las instituciones público-administrativas, no es un buen aliciente para lo que viene en el futuro.   Ciertamente no creo que México sea un narcoestado, sí se presentan sin embargo, casos como los mencionados, de funcionarios públicos y gobernantes electos, inmiscuidos en actos deshonestos con el narcotráfico. Tampoco es una novedad, ahí está por ejemplo el caso de Tomás Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, y hace unos días en Estados Unidos dieron cabida a un testigo que acusa al ex mandatario de haber recibido sobornos de cárteles del narcotráfico como Los Zetas y el Cártel del Golfo, mientras las investigaciones en México le han deslindado de algunos delitos. O también el ejemplo de Mario Villanueva quien gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999 y fue detenido en México, investigado y extraditado a los Estados Unidos en 2010 por cargos en aquel país de lavado de dinero. A pesar de los muchos ejemplos que hay de políticos, gobernantes y funcionarios investigados, detenidos, procesados, prófugos o ejecutados por nexos con el narcotráfico, esta desleal práctica no es una norma en México. Como tampoco es particular de un partido político la tendencia de corromperse ante el crimen organizado, el ex alcalde de Cuetzala es del PRD, Reyna es del PRI, y en Baja California ha habido narcotraficantes que acusan a ex alcaldes de Rosarito emanados del PAN, de haberles abonado dinero ilícito para la campaña política que ganaron y luego cobrar favores cuando toman posesión del cargo –por cierto ninguno de ellos en prisión-. No se puede hablar pues, aun, de un narcoestado. Sí hay harta inseguridad, mucha violencia y niveles altísimos de corrupción producto del narcotráfico y el crimen organizado, debido a que ningún presidente de los últimos, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña, que haya combatido la profunda corrupción en el sistema de gobierno mexicano. El narcotráfico ha tomado calles, pero aún no se hace del todo de las instituciones. Sus ánimos corruptores lo han intentado pero no lo ha logrado. No en lo general. El problema para los mexicanos, es que tenemos instituciones débiles encabezadas por políticos sin preparación ni capacidad, ni herramientas científicas, que los alejen de la corrupción y los acerquen a la impartición de justicia. Son muchos los elementos que confluyen para que en México haya impunidad, y un campo fértil para el crecimiento de las organizaciones criminales.   Ante la sospecha en el extranjero mayormente, de un narco estado en nuestro país, podemos hablar sí de corrupción, de impreparación, y de un sistema por lo tanto vulnerado y vulnerable.

El Gobierno de Baja California, como todos, es muy costoso. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 llega a los 39 mil 623 millones de pesos. La mayor parte de esos dineros, es para soportar la plantilla laboral, tanto de personal de confianza, los invitados por el gobernador, como de la burocracia estatal. Con esta condición, con la no reducción de la nómina, la ligerísima disminución de los gastos personales para funcionarios, y el abuso que hay en ciertas áreas con la utilización del presupuesto para carísimos estudios y obras y entregas de dinero con fines electoreros, queda muy poco para la realización de obra. De hecho, por ello el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tuvo la ocurrencia de planear 120 proyectos con inversión privada y pública, a elaborar en los siguientes seis años. No hay pues, por más que sea, dinero que alcance para que la administración de Francisco Vega de Lamadrid arranque las necesarias obras que Baja California necesita. Y si a eso sumamos que ni siquiera han concluido el Plan Estatal de Desarrollo, poco o nada se sabe de la intención del mandatario -más allá de sus electoreros compromisos de campaña-, qué es lo que hará con el presupuesto que los bajacalifornianos proveen, vía ingresos propios y vía la Federación. En estas circunstancias, optimizar el recurso en proyectos efectivos y seguros debería ser una prioridad. No se puede, ni se debe, dar el lujo el gobernador Vega de administrar el estado en base a caprichos o personales intereses. En estos momentos Baja California está perdiendo dinero, esfuerzo y proyectos, al no tener un secretario de Gobierno. Prófugo primero y amparado después, el doctor Guillermo Trejo Dozal fue retirado de esa posición precisamente por su desaseo legal. Una orden de aprehensión girada en su contra por vender seguros pirata, fue emitida por un Juez de Distrito que consideró, al análisis de las evidencias y la denuncia interpuesta desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que había elementos suficientes para presumir la comisión de un delito y encarcelar a quienes colaboraron en ello. En una actitud deshonesta, el ex secretario Trejo ocultó esta información a quien le dio la confianza, al nombrarlo el número dos de su administración, en este caso a Francisco Vega de Lamadrid. No le dijo cuando a finales de enero de este año, fue liberada la orden de aprehensión en su contra; engañó al mandatario al ocultar la verdad de su situación jurídica, y permitió que se le siguieran encargando proyectos que, sabía, tarde o temprano interrumpiría para arreglar su situación jurídica. Al ocultamiento de la verdad por parte de una persona prófuga de la justicia, el gobernador reacciona en el extremo: le da su confianza y le guarda el lugar en la Secretaría General, al tiempo que le concede una licencia y no le solicita la renuncia al cargo. Con ello Vega de Lamadrid abandona la seriedad que su cargo exige, y traiciona la confianza de los bajacalifornianos, al mantener detenida una importante área de la administración, en tanto que una persona presumiblemente culpable -al menos para un Juez- y que debería estar en la cárcel, no quede libre de sospecha. Es evidente, ante esta reacción, declarar públicamente que esperará a Trejo y no nombrará a un secretario de Gobierno formal, comprometido y que trabaje por la causa de Baja California, que Francisco Vega no está actuando con la seriedad y el compromiso de un Ejecutivo del Estado, sino con la confianza de un compadre que no se siente burlado ni engañado, y que decidirá mantener trunca una importante área de su administración, hasta que el sujeto de sus afectos limpie el cochinero legal en el que presumiblemente se metió. Dicha actitud lleva a exigirle a otras personas realizar labores más allá de las que en inicio se les encomendó. Por ejemplo, en lo que a Guillermo Trejo le conceden un amparo definitivo contra la orden de aprehensión, se le pidió, porque así corresponde por Ley, que la oficial mayor se encargue de atender lo que el prófugo no puede. De esta manera, la licenciada Loreto Quintero debe dividir en cuatro su vida para responder a todas las encomiendas que tiene. Por un lado, es titular de la Oficialía Mayor, por otro, es integrante de la planilla de Gustavo Madero que contiende por la dirigencia nacional del PAN, y a su tiempo de vida privada, ahora debe sumar la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. No se ve correcto el hecho que el ex secretario de Gobierno, quien no ha dado la cara a la sociedad que eligió a Francisco Vega, que a su vez confió en él, se diga aún secretario general, utilice los recursos y el personal de la Secretaría para concertar reuniones o acuerdos, mientras con su equipo de abogados intenta dar la vuelta a la orden de aprehensión y quedar libre de la culpa que se le señala en el Juzgado Sexto de Distrito. El Gobierno del Estado de Baja California no tiene por qué esperar a que una persona arregle sus problemas jurídicos para avanzar. Y si de suyo no es necesaria la figura del secretario de Gobierno, tan es así que el Ejecutivo decide no suplirlo, pues se debería eliminar y otorgar esas facultades a quien pueda con ellas, total, ese ha sido el sueño del coordinador de gabinete que hasta una iniciativa redactó -aunque no presentó- para restarle responsabilidades a la general y sumarlas a las propias. En estos momentos de investigación a quien fue secretario de Gobierno, es increíble, pues, que no exista otro bajacaliforniano con la capacidad para hacerle frente a esa área y darle al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, el empuje necesario para arrancar. Están por cumplirse los seis meses que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, para el beneficio de Baja California y sus habitantes, y ya su equipo está descabezado, mientras ni una sola obra ha iniciado. Seriedad, es lo único que se pide.