“No es justo para los tijuanenses que no podamos utilizar esa plaza pública, se va a actuar en consecuencia”, advirtió Jorge Astiazarán Orcí, alcalde Tijuana. Por ello, al inicio de esta semana instruyó a la Consejería Jurídica de su gobierno iniciar la anulación de la autorización concedida a Makro para la prestación del servicio de estacionamiento que se ofrece al público a un costado de Palacio Municipal. Por considerarla una infraestructura insegura para ser utilizada por grandes conglomeraciones humanas, a principios de octubre de 2014, Protección Civil municipal determinó restringir el acceso a la plaza Independencia. También limitó la utilización de dos terceras partes del estacionamiento ubicado debajo de la explanada. A la concesionaria se le permitió continuar operando el resto del inmueble, así como la parte exterior, en tanto se le emplazó a realizar un peritaje conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, que permitiera determinar la calidad de la obra y de los materiales utilizados en ella, ya que en los archivos del Municipio no existe constancia al respecto. En febrero de 2015, Makro presentó un peritaje realizado en forma unilateral, sin considerar los puntos exigidos para un dictamen colegiado. Y aunque a la firma se le notificó este incumplimiento, ésta se ha negado a responder, por lo que el gobierno actual sigue sin saber la dimensión real del problema estructural del inmueble, pues continúan faltando los estudios de mecánica de suelo y calidad de materiales.   Las causas de la rescisión De acuerdo al contrato administrativo de concesión para la construcción y operación del estacionamiento público, el gobierno de Tijuana podrá anticipar su vencimiento si hay un incumplimiento por parte de la concesionaria, siempre y cuando se le notifique y ésta no lo solvente. Situación que el Ayuntamiento considera cumplida en este caso. En el inciso B de la cláusula vigésimo primera del convenio se establece que el acuerdo podrá ser cancelado por el Ayuntamiento, sin responsabilidad de su parte, “cuando el concesionario incumpla con cualquier obligación derivada del contrato, y dicho incumplimiento no sea corregido dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha que reciba la notificación del incumplimiento”. De entrada, la concesionaria no cumplió con los tiempos establecidos para la construcción, equipamiento y puesta en operación del estacionamiento, los cuales quedaron determinados en la segunda cláusula del contrato. El convenio signado el 21 de enero de 2010 estableció como fecha de término de la obra “el día 30 de agosto del 2010, fecha en que deberá suscribirse el acta de terminación de la obra y el concesionario podrá iniciar el periodo de operación”, se indica. Fue hasta diciembre de 2011 cuando el inmueble abrió sus puertas, sin estar concluido del todo; hasta la fecha, el acceso al sótano -como segundo nivel del aparcamiento- carece de soporte, por lo que fue clausurado por Protección Civil. En el mismo punto se suscribió que el diseño de la plaza pública proyectada sobre la parte superior externa del estacionamiento, “atenderá y preverá las cargas vivas que representen el uso del dicha plataforma durante los eventos cívicos”. Un estudio técnico realizado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana, a cargo de Pablo Hernández Lee, determinó que la explanada no fue diseñada para su utilización como plaza pública. A estas posibles causales de revocación del contrato, se añade el mal estado físico de los dos niveles del estacionamiento, los cuales la empresa ha optado por ignorar y no corregir, mientras continúa el usufructo del inmueble, tanto en su parte superior, y de manera ilegal, un espacio exterior que no le fue concesionado, corroboró Desarrollo Urbano.   Peritaje aprobado   Como lo indica el convenio suscrito entre Makro y el Municipio de Tijuana, la empresa ya fue requerida para responder por las anomalías detectadas en la obra que edificó para uso de estacionamiento público y plaza pública. En una revisión visual por expertos en ingeniería, tanto la explanada como el estacionamiento público registran daños en columnas, paredes y techo, todos factibles de ser etiquetados como vicios ocultos, consideró la Sindicatura Procuradora. El inmueble también fue inspeccionado por Protección Civil y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encontrando transmisión de humedad, derivado del deficiente sellado e impermeabilización, y que ha propiciado la corrosión del acero colocado para su cimentación. Tanto en el exterior como en el interior del inmueble son comunes las fisuras en trabes, hundimientos y separación de bloques. Todas estas irregularidades hicieron suponer a los expertos que no era un edificio apto para ser utilizado en su parte superior como plaza cívica. La presunción la confirmó el propio peritaje presentado por Administradora de Obras y Concesiones, SA de CV, el cual fue revisado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana. “La plaza no puede ser utilizada como tal porque no se diseñó, no cumple con los requerimientos estructurales para ese uso”, confirmó Pablo Hernández Lee, presidente del organismo. El diseño de la explanada presentado por la empresa no contempló su uso con fines de plaza pública, por lo que no soportaría la carga viva de un evento masivo, como sería el “Grito” de Independencia, celebración que tradicionalmente se realiza en ese lugar, pero que en 2014 tuvo que ser reubicada por las condiciones físicas de la explanada, la cual tampoco puede ser empleada como estacionamiento. El análisis efectuado por el Colegio de Ingenieros indica que los valores del diseño estructural de la losa de cubierta del estacionamiento, fue hecho con valores muy bajos de soporte de cargas vivas y muertas, “no se consideraron los pesos reales de las cantidades de personas en concentraciones masivas”, precisó Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y explicó, en valores promedio, una plaza cívica o espacio en el que se espera realizar actos de una amplia concentración de gente, debe poder soportar un peso de mil kilogramos por metro cuadrado de carga viva, cantidad a la que se debe añadir el  peso de la carga muerta, estimada en 350 kilogramos por metro cuadrado. No es el caso de la cubierta del estacionamiento subterráneo, diseñada con valores de solo 350 kilogramos por metro cuadrado de cargas vivas, por lo que no soportaría un acto masivo. Con esta construcción, Makro dio al traste con la plaza cívica. El peritaje de la empresa debió realizarlo en conjunto con el Colegio de Ingenieros, así lo instruyó el gobierno municipal, pero Makro lo llevó a cabo en forma unilateral, haciendo caso omiso a las solicitudes de mecánica de suelo, calidad de materiales y muestreos presentados por el organismo colegiado. “El peritaje se presentó en febrero, lo revisamos y contestábamos que no estábamos de acuerdo porque no contemplaron todos los alcances que solicitamos al principio”, manifestó Hernández Lee. “Esos elementos son necesarios para hacer un dictamen que diga con qué se cuenta, qué se necesita y cómo se resolverá, proceso indispensable para que esto llegue a un final bien y se pueda tener un inmueble con el servicio para el que se edificó”, dijo. Y sugirió al Municipio enfocarse en requerir al concesionario “para una solución de común acuerdo y que el inmueble quede con el servicio que debe tener y con las garantías que debe contar”.   Inician procedimiento de anulación   Al inicio de esta semana, el consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Gerardo Herrera Zavala, recibió la instrucción de Jorge Astiazarán de iniciar con el procedimiento para revocar el contrato a Makro, empresa considerada como incumplida. El abogado del Municipio explicó que “el primer paso será llevar este procedimiento en forma conciliatoria con la empresa”, para ello se le dio una especie de ultimátum -un periodo de diez días- para rescindir el convenio en mutuo acuerdo, plazo que empezará a contar a partir de la próxima semana. Posteriormente, detalló, se estarán presentando las formalidades en las cuales la concesionaria tendrá su derecho de defensa, “incluso podrá promover un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar los efectos de la revocación”, consideró Herrera. Todo esto se encuentra establecido en el contrato y ya lo tiene previsto el Municipio, aseguró. Sin embargo, “la revocación no resuelve el problema de fondo, que es el contar con un inmueble funcional, de ahí que a la par de este proceso, se iniciará una acción penal en contra de la constructora”, subrayó. Según el consultado, “se les estuvo dando oportunidad -a Makro- para que presentaran los estudios que dieran cuenta de la situación real del estacionamiento, así como su propuesta para resarcir cualquier anomalía, pero solo respondió con evasivas”. Para el director jurídico del XXI Ayuntamiento no existe un plazo determinado para la resolución de este caso, pero ante las condiciones de deterioro prematuro del inmueble y la falta de interés de la concesionaria por responder, ya se prepara para recibir la operación del estacionamiento subterráneo que alberga 742 cajones. Mientras el presidente de Tijuana, Jorge Astiazarán, afirma: “El estacionamiento subterráneo se va a tener que reparar tarde que temprano, hay un responsable, un concesionario que tendrá que responder”.

Desde delincuentes comunes, principalmente homicidas y abusadores sexuales, hasta líderes de células criminales o capos del narcotráfico de los más conocidos cárteles de las drogas, encabezan la lista de los mexicanos extraditables para los Estados Unidos de América. No se conoce la cantidad exacta de quienes son reclamados por autoridades judiciales norteamericanas, pero por cada organización delictiva se habla de decenas de sicarios, cabecillas y grandes capos. Tan solo actualmente, en los tribunales federales del país, medio centenar de presuntos criminales sostienen juicios de amparo en contra de la tan temida extradición. Aunque en la actual administración, la entrega de nacionales al gobierno estadounidense no ha sido tan espectacular como en el anterior sexenio, casos emblemáticos como el de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” -acusado de dirigir el trasiego de enervantes desde el interior del penal de máxima seguridad de Puente Grande- sentó un precedente. Narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Jesús “El Chango” Méndez, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y su hermano Omar “El Z-42”, han promovido amparos contra la posible extradición desde el primer día en que fueron detenidos, aún sin que en muchos de los casos se haya solicitado formalmente la orden de detención con fines de extradición internacional. Prueba de lo anterior es la queja interpuesta recientemente por “El Chapo” Guzmán por la negativa de un juez de distrito de admitir su demanda de garantías contra la extradición. Independientemente del fallo y del giro que el asunto tome jurídicamente, el narcotraficante manifestó su temor a ser llevado a la Unión Americana, enjuiciado y que, en determinado momento, pudiese aplicársele pena de muerte. Otro caso palpable es el del prófugo capo Rafael Caro Quintero, que una vez liberado, se confirmó deberá permanecer 40 años en prisión por el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar y otros delitos federales cometidos en suelo mexicano. Sin embargo, desde algún escondrijo lucha legalmente en contra de ser llevado y apresado en el vecino país del norte. Su amparo fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).   Caso Beltrán Leyva   La extradición de “El Mochomo”, el sábado 15 de noviembre de 2014, cayó como un baldazo de agua helada al resto de los extraditables. En agosto de 2012 fue reclamado por los Estados Unidos para procesarle ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, Washington. Detenido desde enero de 2008, Alfredo cumplió más de cuatro años segregado en el área de Tratamientos Especiales del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco. Mediante un amparo consiguió salir de esa área. A pesar de estar castigado sin contacto prácticamente con persona alguna y los meses posteriores en que pudo recibió visitas, la justicia norteamericana acusó a “El Mochomo” de dirigir acciones de narcotráfico hacia esa nación desde su encierro en la prisión federal, donde supuestamente sus socios le compartían las ganancias. Los cargos contra el ex líder operativo de los Beltrán Leyva fueron por su probable responsabilidad en la comisión de “asociación delictuosa para distribuir unas sustancias controladas, a saber: cinco kilogramos o más de cocaína, 50 gramos o más de un kilogramo o más de heroína, y mil kilogramos o más de marihuana; a sabiendas de que estas sustancias controladas iban a ser importadas ilegalmente a los Estados Unidos”. Un solo testigo de oídas refirió que Alfredo Beltrán Leyva tenía participación en el ilícito negocio desde dentro de cárcel mexicana. Fue suficiente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara la extradición del inculpado el 26 de noviembre de 2013. Tras la entrega del hermano del extinto Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, abatido por la Marina de México en un operativo en 2009, en el Estado de Morelos, la cantidad de demandas de amparo en contra de la medida se disparó en los tribunales mexicanos. Amigos o enfrentados en las calles y en las penitenciarías, los narcotraficantes ven a los norteamericanos como sus potenciales enemigos.   El miedo como defensa de “El Chapo”   Aunque los estudiosos de las leyes advierten que los delitos y penas aplicables en ambos países suscriptores de los acuerdos de extradición deben ser similares y no puede aplicarse pena de muerte a un extraditado, por ser una de las condiciones, el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “entró en pánico” como estrategia para persuadir y convencer a juzgadores mexicanos que no se debe autorizar su entrega a los estadounidenses. A un año y semanas de su detención, el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, “El Chapo” Guzmán ya ha promovido más de diez juicios de amparo en contra de la posible extradición. La mayoría han sobreseído por no existir la reclamada orden de detención con los fines de que sea enjuiciado al otro lado. En la queja 5/2015, interpuesta ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con motivo del desechamiento de una demanda de garantías en un Juzgado de Distrito, Guzmán Loera reclamó de autoridades nacionales “la inconstitucional, autoritaria y antipatriota orden o disposición que den las autoridades ministeriales y judiciales para que finquen un proceso en mi contra, con fines de extradición a los Estados Unidos de Norteamérica”. El encarcelado líder del Cártel de Sinaloa también expresó su temor de ser llevado a cárceles secretas destinadas a inferir abominables torturas y “se me declare culpable de la comisión de delitos que ellos dicen cometidos, y así se me apliquen penas inclementes o hasta la pena de muerte, la cual está expresamente prohibida por la Constitución General de la República”. Asesorado por sus abogados, el capo insistió en que teme a la pena capital, previo “cruel e inhumano” maltrato, con testigos colaboradores “pagados, aleccionados y protegidos” para que se declare responsable de las imputaciones que le formulen. Guzmán aportó como pruebas las declaraciones mediáticas de funcionarios de Estados Unidos en las que hacen referencia a sus deseos de verle enjuiciado en aquel país. El recurso de queja surtió sus efectos, pues los magistrados ordenaron al juez de distrito admitir la demanda de amparo presentada por el sinaloense, asumir su jurisdicción y en el momento procesal oportuno, resolver lo conducente. En diversos Juzgados hay juicios de garantías de “El Chapo” en espera de resolución.   Los hermanos “Zetas”   Tan luego fue aprehendido el 4 de marzo de 2015,  ese mismo día, los defensores del narcotraficante Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42”, líder de la organización criminal Los Zetas, presentaron solicitud de amparo en contra de una posible extradición al otro lado de la frontera norte. El escrito del tamaulipeco, internado en el penal de máxima seguridad Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, bajo el expediente 218/2015. En su demanda, “El Z-42” reclamó la posible “extradición temporal y traslado a los Estados Unidos de América”, y como la más viable ejecutora, a la procuradora general de la República, entre otras autoridades La jueza concedió al quejoso la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado actual, en tanto se resuelve el juicio de garantías. En la propia difusión de la captura de Treviño Morales, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, informó que el presunto narcotraficante es reclamado por autoridades norteamericanas, por el delito de asociación delictuosa para cometer delitos contra la salud. Su hermano Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” o “El Maicol”, detenido a mediados de junio de 2013,  se encuentra sujeto al procedimiento de extradición 2/2011, seguido ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Sin importar que actualmente el peligroso “Z-40” sea procesado en 12 causas penales en Juzgados de Distrito de los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, en cualquier momento podría ser sometido a una de las llamadas “extradiciones temporales”, como ha ocurrido con personajes como Javier Torres Félix “El JT” o Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, llevados a Estados Unidos para después regresar a México y enfrentar nuevamente a la justicia nacional.   Asunto de Caro a la Corte   El juicio de amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la orden de detención con fines de extradición internacional dictada el 10 de agosto de 2013 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, ya va a cumplir un año y medio en trámite. Primero, en octubre de 2013, un juez federal de Guadalajara conoció del juicio de garantías, autoridad que declinó competencia en marzo de 2014 para que fuese el Juez Décimo de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal el encargado del reclamo. El 16 de junio del mismo año, el juzgador capitalino resolvió negar la protección de la justicia al quejoso. Inconforme, Rafael Caro Quintero interpuso el recurso de revisión que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde luego de varios meses de indecisiones, reclamaciones, inconformidades, impedimentos y una serie de retrasos, los magistrados solicitaron sean los ministros de la SCJN, quienes resuelvan el complejo asunto. Actualmente la Primera Sala de la propia Corte de justicia mexicana conoce del recurso de revisión de amparo directo interpuesto por Caro Quintero en contra de la reciente confirmación de la  sentencia condenatoria de 40 años de prisión por el secuestro y homicidio de Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar.   Extraditables en capilla   Con la petición formal de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, o aun sin que ésta se haya realizado, presuntos delincuentes mexicanos comparecen -o sus abogados- continuamente ante los Juzgados para solicitar el amparo y protección para evitar su extradición. A varios de ellos se les ha negado el reconocimiento de violación de derechos fundamentales. Otros casos aún se encuentran en trámite. La lista de extraditables que ZETA ha configurado con base en esos juicios de garantías y con declaraciones de los gobiernos de ambos países, es la siguiente: Antonio González Reynoso, Rigoberto Andrade Rentería, Mario Alberto Ramírez Treviño, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, Adán Salazar Zamorano, Rafael Caro Quintero, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, J. Jesús Méndez Vargas, Carlos Alberto Cerda Torres, Rafael Duarte Torres y Agustín Flores Apodaca. También figuran: José Antonio Torres Marrufo, Abraham Inzunza Inzunza, Mario Ismael Zambada García, Valentín Sáenz Cruz, Víctor Emilio Cázares Salazar, Juan Francisco Sillas Rocha, Carlos Herrera Ávalos, Rubén Garza Rodríguez, Noel Salgueiro Nevárez y Rafael Rivera Salomón. Sergio Garza Treviño, Jesús Raúl Beltrán León, Arnoldo Rueda Molina, Ramón Álvarez Ayala, Miguel Ángel Guzmán Loera, Víctor Manuel Félix Félix, Juan José Álvarez Tostado Galván, Miguel Ángel Aramiz Herrera, Juan Jesús Flores Lara y Omar Treviño Morales. De igual manera, Miguel Ángel Treviño Morales, Francisco Javier Cantabrana Parra, Lucio Hernández Lechuga, Juan Pablo Badillo Soto, Alfredo Andrade Parra, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez Martínez, Héctor Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez e Inés Coronel Barrera.    

Ensenada cuenta actualmente con 903 elementos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), que al igual que el resto de las corporaciones, cada dos años se les somete a prueba de polígrafo, examen psicológico, investigación socioeconómica, médica y toxicológica; 51 elementos resultaron no confiables, pero esos exámenes datan de dos años atrás. Los elementos en evaluación -según establece la Ley de Seguridad Pública del Estado- deberán aprobar todos los exámenes; es su pase de permanencia en la corporación a la que están adscritos, explicó el jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Sindicatura, Hiram Olivares Meléndrez. Por su parte, Iván Alonso Barbosa Ochoa, titular de la Sindicatura en Ensenada, informó que de los 51 expedientes que recibió, 12 están en procedimiento de separación definitiva y están por ser notificados personalmente respecto a que serán dados de baja. A dos más se les sigue proceso por responsabilidad administrativa, lo que significa incumplir con lo establecido en el reglamento interior de la Policía Municipal, que puede ser desde cargarse hacia alguna de las partes en un conflicto, exceder su autoridad, o simplemente no portar bien el uniforme. Otros 19 están siendo investigados, su procedimiento avanza conforme lo prevé la misma Ley de Seguridad Pública del Estado. Tienen derecho a defenderse, aportar pruebas y presentar alegatos. Tres más son expedientes en archivo; renunciaron voluntariamente, fallecieron o fueron separados mediante otro procedimiento. Existen otros diez que fueron archivados por la Comisión de Honor y Justicia, en el periodo de 2010 a 2013, durante la gestión del General Florencio Raúl Cuevas Salgado, como titular de la antes Secretaría de Seguridad Pública. Tres elementos fueron cesados y dos expedientes están en un procedimiento denominado gestoría, ésta representa al personal administrativo, obligado a presentar los exámenes, pero que no pueden ser sometidos a baja por esta causa, por no ser elementos en activo. A éstos se les pone a disposición de Oficialía Mayor del gobierno municipal. No podrán formar parte de la corporación, por no ser elementos cien por ciento confiables.   Suspendidos por presunto abuso sexual   Mario Alberto Soto Villegas y Oswaldo Portillo, policías de la delegación municipal Camalú, fueron suspendidos el 12 de agosto de 2014, luego de que se les sometió a proceso penal por presunto abuso de autoridad, abuso sexual y lesiones cometido en contra de una residente del poblado, de 24 años de edad. Según los hechos relatados en la demanda, los agentes municipales la detuvieron, bajaron de su vehículo, la esposaron y subieron a la unidad; le agredieron verbalmente, la tocaron de manera indebida, además de retenerla por dos horas sin cargo aparente en los separos de la delegación y posteriormente la pusieron en libertad sin mayor excusa. La causa penal 183/2014 sigue su curso ante el Juzgado Primero de lo Penal de San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada. Sindicatura está a la espera de la sentencia del juez para fincar responsabilidad administrativa o aplicarles el Artículo 117, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, donde se establece que es un requisito de ingreso y permanencia “ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable o estar sujeto a proceso penal”. Olivares Meléndrez señaló que en caso de resultar culpables, inmediatamente se les dará de baja; en caso de que la sentencia les sea favorable, Sindicatura Municipal buscará fincarles responsabilidad administrativa. “Independientemente de que el juez considere que no hay delito, los elementos no mostraron la postura que un elemento que representa la autoridad debe proyectar”, manifestó el jefe de Responsabilidades, para luego aclarar que los dos elementos suspendidos no forman parte de los 51 que reprobaron los exámenes de control y confianza.   Otras causas de suspensión   Cristina Verónica Zamora Beyer, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, expresó que otros 50 elementos fueron sujetos a investigación por parte de Sindicatura. No por delitos o reprobar los exámenes de control y confianza, sino por cometer alguna falta al reglamento municipal o a la Ley de Seguridad Pública. De esa cifra, 17 ya están por someterse al dictamen de la Comisión Disciplinaria, que a fin de cuentas, decide si se van o se quedan, señaló la comisionada que tomó protesta en el cargo el  3 de marzo de 2015. Esta representación evalúa conveniente si, pese a que los agentes hayan reprobado lo exámenes o hubiesen cometido faltas administrativas, se quedan o se van de la corporación. Valora, pues, sus antecedentes y carrera. Zamora agregó que la Comisión Disciplinaria es presidida por Enrique Villarreal Montemayor, en su calidad de director de Seguridad Pública; a sus sesiones acude el síndico, el jefe del Departamento de Responsabilidades de Sindicatura y participa el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. De igual manera, la regidora Columba Domínguez asiste en calidad de coordinadora de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transportes de Cabildo, así como dos representantes de las asociaciones de policías que existen en Ensenada, los cuales tienen voz, pero no voto, aclaró la titular del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del puerto.   Requisito de permanencia   Hiram Olivares, abogado de Sindicatura Municipal, detalló que cuando un elemento reprueba los exámenes de control y confianza, siempre se aplica el mismo criterio: baja definitiva. Así lo señala la Ley de Seguridad Pública del Estado (Artículo 116), que a la letra dice: “La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales”. Tras aplicar los exámenes, el Centro de Evaluación y Control de Confianza remite un expediente de cada uno de los elementos reprobados a Sindicatura Municipal, entidad que deberá enterar a la Dirección de Seguridad Pública que iniciará un procedimiento en contra de determinado  agente u oficial, y a su vez, ésta autoriza. Cuando la Unidad Investigadora Municipal concluye su labor, debe hacer saber el resultado a la corporación, pero otro organismo decidirá si el policía se va o se queda, advirtió Olivares.   La contratación   A partir de 1998, a los aspirantes a policía municipal se les envía a la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE). Previamente, en Ensenada se ofrecía la capacitación para formar parte de la corporación. Aproximadamente desde 1988, en el segundo piso de las oficinas de Seguridad Pública, ubicadas en Novena y Espinoza, en Ensenada, los municipales eran entrevistados e instruidos a nivel local, comentó el capitán en retiro Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías de Ensenada. Ahora, quienes están interesados en incorporarse a las instituciones de Seguridad Pública, son examinados minuciosamente y después asignados a las diversas corporaciones, ya sea como municipales o estatales, expuso Hernández Vélez. “Antiguamente  se les contrataba y a la postre, se les aplicaban los exámenes de control y confianza, pero en la actualidad es a la inversa. Eso sí, primero se garantiza que las personas cuenten con capacidades físicas, como estatura y peso. Se trata de encontrar también si tienen algún antecedente de uso de drogas, penales, corrupción, o que no estén o hayan sido vinculados con crimen organizado; se trata de buscar a gente honesta, obediente, agentes que dignifiquen a la corporación”, resaltó. De aprobar los estudios físicos y de control y confianza, los aspirantes irán a la Academia de Policía. Durante el desempeño de sus funciones, son sometidos cada dos años a exámenes de control y confianza, los cuales deberán aprobar o, en su defecto, enfrentarse a la baja de la corporación, bajo la premisa de que no podrán volver a integrarse a una institución policial. Los expedientes a los que Sindicatura aún da trámite, fechados en 2013, indican que el presente año es de evaluación para los elementos policiacos.   Menos corrupción, dicen autoridades   La administración que encabeza el alcalde Gilberto Hirata Chico, ha retrasado el pago de la nómina en diversas ocasiones. De ahí que elementos de la Dirección de Seguridad Pública protagonizaran una manifestación para exigir su aguinaldo, que al 23 de diciembre de 2014 no había sido liquidado. Para la segunda parte del pago, tuvieron un atraso de 10 días. No obstante, esto no afecta el ánimo de los uniformados, asegura su director, porque los salarios no son lo que eran antes para un policía, además, ellos comprenden las situaciones por las que atraviesan las finanzas municipales. Los atrasos en el pago de nómina o prestaciones no fomentan la “solicitud”, de los elementos de remuneraciones económicas a los ciudadanos para no ejercer la Ley, aseguró el funcionario. “Ya no son los policías mal pagados, ganan de entre 10 y 11 mil pesos y de ahí para arriba, según el mando”, afirmó Villarreal Montemayor. De igual forma, estimó que el número de agentes policíacos en la nómina del XXI Ayuntamiento de Ensenada resulta insuficiente, pero según el funcionario, cada vez es más difícil aplicar y permanecer en la corporación por los lineamientos de C3; aunque la cifra no es importante, ya que la seguridad pública “no es un problema en este municipio”, sostuvo.   Desaprueba CCSP el polígrafo en las evaluaciones policiales   Para Jonathan Díaz Castro, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, la investigación directa o de campo que realizan a los elementos de las corporaciones de seguridad pública es más adecuada que someter al polígrafo a los agentes policiacos. Ante la posibilidad de que la prueba de polígrafo sea sustituida dentro de los exámenes de control y confianza, Díaz Castro externó que en su opinión, no es de las más adecuadas; puede que se trate de una persona muy nerviosa, y por ello, falle en esa parte de la evaluación. El representante ciudadano dijo desconocer por cuál herramienta será sustituido, pero seguramente será algo más efectivo. “Incluso investigan con los vecinos respecto a cada una de las personas, es una manera de saber con qué clase de agente estamos tratando”, citó el empresario sobre la investigación de directa que le realiza el C3. Por su parte, la presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Cristina Zamora Beyer, ponderó la investigación financiera a un elemento de seguridad, puesto que el enriquecimiento inexplicable es una señal de alerta y, al igual que Díaz Castro, consideró que el polígrafo es una prueba subjetiva; nada más objetivo que sobre hechos, se juzgue si un oficial o agente tiene la honorabilidad que se requiere para permanecer en las corporaciones. “Si en sus declaraciones patrimoniales (el agente) no puede justificar de dónde proceden sus bienes, entonces habrá que investigar de dónde o cómo adquirió esos recursos, y si fue de manera legal”, puntualizó Zamora Beyer. 

Y así como llegaron se fueron. Diputados federales de la Comisión para Asuntos Indígenas que llegaron a San Quintín el viernes 10 de abril, no han logrado gran cosa y lo único que se llevaron fue una buena regañada y revolcada por parte de líderes jornaleros. Al igual que ocurrió con el gobernador del Estado y sus funcionarios, los trabajadores en protesta terminaron por exasperarse ante la ineptitud oficial y se brincaron hacia la siguiente autoridad en su exigencia de solución. Piden la atención del secretario de Gobernación. “Seguimos pidiendo a (Miguel Ángel) Osorio Chong”, reitera a ZETA Fidel Sánchez, el líder más visible y enérgico de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. “Y si va a mandar una comisión, que sea una comisión que tenga poder de respuesta y atención, que no vengan apenas a escuchar propuestas”, advierte. “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no se queje cuando lo aplasten”, gritaba una lideresa desde un altavoz, a la vez que alrededor de 2 mil jornaleros y sus familias se desplazaban desde los diferentes poblados hacia la explanada del Centro de Gobierno en San Quintín. Momentáneamente invadida la Carretera Transpenínsular, y con policías de todas las corporaciones aguardando a discreción, parecía latente el peligro de otra trifulca como las registradas el 17 y 18 de marzo pasados. Mientras en un salón del Hotel María Isabel se reunían los legisladores federales  Eufrosina Cruz Mendoza, Shantall Zepeda Escobar, Yazmín Copete Zapot y Roberto Cabrera Solís, además de los diputados locales Marco Antonio Novelo y Ricardo Medina Fierro; amén de los diferentes funcionarios estatales, como Juana Pérez Floriano, Francisco Rueda, Pablo Alejo Núñez y Arnulfo de León Lavenant, Manuel Valladolid Seamanduras, todos fueron encarados por los cinco líderes de la Alianza y, ante la contundencia de las exigencias y reclamos de los jornaleros, legisladores y funcionarios, una vez más, terminaron la jornada agazapados. Cuando arribaban al salón, los jornaleros aún no sabían del todo quién venía al encuentro y lo inútil que resultaría la reunión, pero lo presentían. Fidel Sánchez  adelantaba ya que como siguiente paso del movimiento se trasladarían hacia la Ciudad de México. — ¿Cómo quedaron los arreglos con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid? “Ya no hace falta el gobernador. Cuando en su momento se le pidió, no tuvo la capacidad de respuesta, simplemente fueron propuestas. Ya no hace falta el gobernador en este movimiento”.   Diputados al patíbulo    “Desgraciadamente, a veces en este país hay que hacer este tipo de actos para que el problema sea visible, qué bueno que se hizo”, respondía ante la prensa la diputada Yazmín Copete cuando le cuestionaban por qué las autoridades no hicieron nada antes, pese a las denuncias. Diputados y funcionarios estatales apenas se apostaban para entrar al salón y, como de costumbre, Pablo Alejo Núñez, subsecretario de Gobierno, hablaba de comida y lo que desayunó esa mañana.   La primera intervención y presentación de los diputados federales no pudo ser más desafortunada, a ojos y oídos de los líderes jornaleros. Lugares comunes, buenas intenciones, demagogia y la promesa de coadyuvar en el problema, pronto decepcionaron a los líderes de la Alianza. De entrada, la excusa de los legisladores, “este tema se trae desde hace ocho meses y desde entonces hemos tratado de venir”, justificaron que no les habían autorizado hasta entonces. “Pero ya estamos aquí para oír todas las versiones y llevar el problema a la Máxima Asamblea”. “Venimos a coadyuvar, no a resolver, en la medida de nuestras posibilidades en lo legislativo”, “Venimos a escucharlos a ustedes de viva voz, venimos a coadyuvar”, “Venimos a ver alternativas de solución a las inquietudes que tienen ustedes, para nosotros poder atenderlo desde la Ciudad de México”, expusieron los distintos diputados federales visitantes. “Me da gusto que tengan esa idea, esa ilusión”, les respondió de entrada el líder Fidel Sánchez en alusión a los cuatro meses que le queda a la actual Legislatura y las promesas que en ese lapso deberán cumplir los legisladores. “En cuatro meses se puede hacer mucho, varios de nosotros venimos de ser perseguidos”, excusaron aquellos. En una mesa de diálogo más, donde los funcionarios del Gobierno del Estado permanecieron mudos y quienes incluso fungieron más como anfitriones de los diputados federales que mediadores del conflicto, los dirigentes de la Alianza de jornaleros pronto impusieron la tónica del encuentro. Echaron del salón al diputado local Marco Antonio Novelo. Recordaron que en octubre pasado, cuando llevaron este tema ante el Congreso y recurrieron a él como legislador representante de su distrito, éste les dio la espalda: “Por lo tanto, a nombre de nuestros compañeros jornaleros que están aquí, así como usted se dio la vuelta y se salió del recinto legislativo, también le pedimos que haga lo mismo hoy, y espero que lo haga con dignidad, señor…”. Ruborizado y a paso lento, Novelo se disponía a abandonar el salón, pero Francisco Rueda, secretario de Gobierno de Baja California, lo detuvo en el camino. Pegaron sus mejillas y tras un susurro del funcionario estatal, el diputado  regresó a su silla. Los líderes jornaleros expusieron el primer reclamo que no se ha cumplido, la liberación inmediata y total de compañeros que fueron detenidos y retenidos con delitos fabricados, acusaron. La reprimenda también  fue contra el procurador de los Derechos Humanos en el Estado, Arnulfo de León Lavenant, “que más bien es el procurador de los Derechos del Gobernador, porque así lo ha demostrado hasta el día de hoy”. Reiteraron que su paro y bloqueo fue un llamado a la recuperación de la dignidad y no un llamado a actos vandálicos, que los que provocaron los disturbios y verdaderos delincuentes siguen afuera. Reveló Fidel Sánchez: “A mí también me tocaron golpes, yo sí sé quiénes, traen botas militares y son gente que traen botas de Policía. Los jornaleros no traemos eso, nosotros traemos botas de trabajo”. Relataron cómo anunciado el paro general para las 3:00 am del 17 de marzo, una hora antes ya se estaban desplegando agentes de las policías Federal, Estatal, Municipal y el Ejército. Hasta entonces repararon en el movimiento que les fue anunciado desde el 15 de octubre de 2014: “Lejos de atender nuestras peticiones, mandan reprimir a los jornaleros, quienes les hemos dado de comer con nuestras manos a cada uno de ustedes, al gobernador, al Presidente de la república; nosotros somos los que les damos su sueldo a cada uno, a los diputados federales, senadores, al gobernador… ¿Cuánto tiempo más teníamos que esperar, otros 20 años, 40 años? ¿Cien años para que ustedes voltearan a vernos y se dieran cuenta que los jornaleros y obreros somos el eje principal que mantenemos al Estado y al país? No, ya no se requiere de tiempo más, por eso tomamos esta decisión”, espetaban a los funcionarios y legisladores los líderes de la Alianza. Hasta esa fecha -continuaron el reproche- “se dieron cuenta que habían bajado las ventas millonarias, pero por qué no se dieron cuenta antes de las pérdidas de vidas en los surcos de la fresa, en los surcos de tomate, en los surcos de pepino… ¿Por qué no se han dado cuenta de las vidas que se han perdido en los campos de mora y arándano? ¿Por qué sí se dieron cuenta de las pérdidas económicas?”. Fidel Sánchez lamentó que los únicos que han aprovechado las ganancias del campo son los grandes productores y los políticos, con una vida muy diferente a la de los jornaleros. Una vez más reclamó que su petición de aumento salarial no ha sido cumplida y que el Gobierno del Estado nada más respondió con un “háganle como quieran”. Por ello acudirán hasta la Ciudad de México, aun sin dinero. “Nosotros a partir de ahora ya no nos vamos a quedar callados, y estaremos gritando como lo hicimos desde el primer día, gritándole al país y al mundo que nosotros somos aquellos que piscan la fresa que llega a Corea, a China, Japón, Reino Unido, Francia… somos los que hacen posible que la fruta llegue a la mesa”, advirtió.   Buenos para… la foto   Si Fidel Sánchez les puso una buena regañiza a los diputados, el que los vino a rematar fue Fermín Salazar, quien a la postre se ha convertido en el portavoz de la Alianza. Les recalcó que las condiciones de explotación en San Quintín y las demandas hechas por los jornaleros ya las saben, su visita debiera ser para traer respuestas: “Esperábamos que llegaran y dijeran ‘ya entablamos una plática con la Asociación de Agricultores de Baja California, aquí hay una oferta’… pero eso no lo traen ustedes. ¿Entonces de qué vamos a seguir hablando con la presencia de los brillantes diputados?”, sentenció con ironía. “La pregunta es, ¿qué más hacen los diputados federales? Con los locales es lo mismo. Es increíble lo que hacen ustedes para tomarse la foto, es increíble porque llevan la representación del pueblo, no están ahí porque estudiaron, porque se desvelaron, por ser el mejor de la familia… llegaron ahí por el voto popular, pero se les olvida su origen”, escuchaban con la cabeza gacha los diputados, y los funcionarios estatales con los ojos pelones. Les reclamó Fermín los altos sueldos y privilegios y que los jornaleros son los que deberían ser los mejor pagados, “son los que producen la riqueza, y ustedes son los que han permitido en nuestro país que el salario mínimo sea de 70 pesos  con 10 centavos”. Prácticamente a los diputados los tacharon de “buenos para nada”: “¿Qué sigue? ¿Vienen a dar respuesta a los miles de trabajadores? ¡No!, ¡no traen nada! No necesitamos reunirnos diez o veinte veces para repetir estos mismos atropellos. ¿Para qué nos engañan que van a trabajar para cambiar este salario? ¡No lo van a hacer!”. Y aún hubo más para los diputados: “¿Qué han hecho ustedes por el pueblo de México? Levantan el dedo y no resuelven nada. Me da tristeza que nada más vengan a tomarse la foto. Ustedes no traen in un vasito de agua para resolver la sed”. Y remató un tercer líder: “Vienen a coadyuvar. Coadyuvar… ¡yo no sé qué carajos es coadyuvar!”. Al quite de los diputados federales regañados y acorralados entró la legisladora Eufrosina Cruz Miranda, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, quien de entrada reiteró que venían a coadyuvar en el asunto: “No podemos dar órdenes a los funcionarios, pero obligarlos a que cumplan con su obligación”. Aceptó que su Comisión tenía conocimiento desde hace seis meses del problema y que desde entonces deseaban sesionar en San Quintín, pero la Junta de Coordinación no autorizó “por cuestión del gasto”, “ya que la bomba explota, dicen ‘ahora vayan’”. Después de recitarles sus derechos laborales y lo del gobierno para velar por ellos, sabidos de sobra por los jornaleros, Eufrosina fue elevando su tono de voz enérgico en reivindicación de sus compañeros y dijo refiriéndose al paro, bloqueo y detenciones ilegales: “Este tipo de movimientos a mí no me asustan… los cambios son de abajo hacia arriba”. Expuso que hay que pedirle al gobernador que ponga atención o remedio al problema, y los casos de violación de Derechos Humanos, llevarlos al Observatorio Nacional. Presumió sus dotes de líder social encabezando a los cañeros en el sur del país, como descobijó en su momento al titular de la SAGARPA también por el mismo tipo de injusticias y contubernios con los sindicatos, y cómo en la lucha le ha tocado “derramar lágrimas de coraje, de encabronamiento”. Eufrosina hizo el firme compromiso de concretar la entrevista de los jornaleros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e instalar la Comisión Nacional del Trabajo. Y remató para estar en el mismo tono que los trabajadores agrícolas: “Nos hicimos en la protesta, ¡sé marchar, sé protestar… y tirar madrazos!”. Fermín Salazar aclaró que tras el movimiento de la Alianza en San Quintín no hay armas detrás, ni políticos, “ni colores de algún partido… ¡sólo la Ley laboral!”. Pero el Gobierno del Estado y el Federal no la quieren aplicar, reiteró. El paso siguiente, entonces, será la Secretaría de Gobernación, y de ahí a la Organización Internacional del Trabajo, “si aquí ya nadie puede hacer nada…”.     AMLO al rescate   En diez días, por instrucción del líder moral de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal Jaime Bonilla presentará un Proyecto para el Desarrollo de San Quintín, el cual se centrará en aspectos de infraestructura, salud, vivienda, agua, escuela, etcétera. En palabras de Bonilla, AMLO “está muy preocupado por este tema, lo conoce muy bien, es una persona que ha seguido muy cerca no nada más el asunto en San Quintín, sino en todo el país. Los jornaleros no tienen otra opción para defender sus intereses, y cuando salen los llaman revoltosos, groseros, destructores, eso no es justo”. El legislador desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte y en trabajo conjunto con Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, trabajan en este plan. A pregunta de ZETA, precisó que también incluirían a los diputados visitantes, “si la Comisión de Asuntos Indígenas está dispuesta a trabajar y no venir a tomarse la foto, como bien indican los jornaleros”. El regidor reveló que en su momento, los denostados diputados lo invitaron a la Comisión para visitar San Quintín, pero no le plantearon propuesta y nada más vinieron a dejarse ver interesados: “Yo prefiero presentar una opción viable de cómo mejorar las condiciones de vida”. Dijo saber que la producción de fresas y hortalizas da ganancias como para pagarle bien a los jornaleros, refirió que él es empresario, no agiotista como el gobernador, aunque éste solo tiene arreglos con los patrones agrícolas. Aclaró que si bien, MORENA siempre respaldará las luchas por la justicia social, no promovió la revuelta en San Quintín, como en su momento se lo notificó al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, cuando éste le llamó por teléfono para preguntarle si su partido estaba detrás de todo: “Me extraña, señor gobernador, que usted me llame, cuando se supone que usted debe ser la persona más informada de todo el Estado”, le respondió.    

Aunque se presentó desde mayo de 2014, fue hasta el jueves 22 de enero del presente año cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional para “transformar” la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Con esto, la salida del actual procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, resulta inminente, aunado a que el 31 de mayo deberá dejar el cargo. La propuesta ya corrió el trámite de los ayuntamientos y estaba por publicarse en el Periódico Oficial del Estado, lo que implica su vigencia y abre el trámite para que el Congreso del Estado publicite la convocatoria para elegir al primer titular de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. La modificación tiene que ver con cambios a nivel nacional y el surgimiento de lo que llaman Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos, donde participan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 instancias estatales. Esto es parte de la reforma constitucional aprobada en junio de 2011. “No se trata solamente de un cambio de nombre”, sostiene el legislador panista y coordinador de la bancada azul, Gustavo Sánchez Vázquez, quien explica que se busca ampliar las facultades para obligar a que los servidores públicos cumplan con las recomendaciones o, en su caso, detallen los motivos de la negativa, además de hacer comparecer ante el Congreso local a los servidores públicos que se nieguen a cumplir con las recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos. En ese punto coincide el diputado y coordinador de la fracción priista, René Mendívil, al asegurar: “No se pretende únicamente en un cambio de denominación, sino que se transforma en una institución que traiga una vocación de proteger los Derechos Humanos”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, el perredista Roberto Dávalos, advierte que persiste el riesgo de partidizar -nuevamente- la designación. A su vez, el abogado y asesor de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, considera que el actual organismo se encuentra en una grave crisis de credibilidad, y que la defensa de los Derechos Humanos en la entidad se ha burocratizado. Argumenta que es imprescindible retomar el rumbo de una instancia tan importante para la gente.   Agregar facultades   El titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez Vázquez, afirma que al elaborar la iniciativa -que presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional- buscaba adecuar la actual Procuraduría a un esquema nacional. Y es que entre 29 y 30  estados tienen comisiones estatales, y de paso, menciona que Baja California fue el primer estado a nivel nacional en establecer una Procuraduría de los Derechos Humanos. “Aprovechamos no solamente el cambio de denominación, también el agregar facultades”, comenta el coordinador de la bancada azul en el Congreso local, y cita ejemplos: “Estamos aprovechando este cambio para dotar de mayor facultad a la Comisión Estatal, de poder hacer más ejecutivas y obligatorias sus recomendaciones”, dice Sánchez Vázquez en alusión a que con la PDH, al emitirse una recomendación, el funcionario aludido solo debía contestar si acataba o no la recomendación. Ahora, con la modificación, si el servidor público se niega a acatar la recomendación y en su negativa manifiesta argumentaciones carentes de fundamento, la nueva Comisión podrá informar de estas negativas -a aceptar la recomendación- al Congreso del Estado; instancia que pedirá un informe al servidor público para conocer con más detalle el motivo de la negativa. “Si esa respuesta sigue siendo insuficiente, la CEDH tendrá la facultad de proceder a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia por el desacato a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos”, indica el diputado panista, quien considera éste como un paso muy importante, ya que se trata de dotar a la Comisión de una facultad que anteriormente no tenía, e  implica que sus resoluciones sean más ejecutivas. Otro punto importante de la reforma tiene que ver con los particulares y la posibilidad de que éstos también puedan cometer acciones que vulneren Derechos Humanos como el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vida. “Estamos estableciendo el alcance de que si una autoridad, en el ejercicio de su función, solapa que un particular viole un derecho humano, también ahí habrá acción contra esa autoridad”, cita Gustavo Sánchez. Se trata de un precepto de avanzada sobre todo en términos jurisdiccionales y de impartición de justicia. La otra parte de la modificación es que el lapso del titular se amplía a cuatro años, se crean las Visitadurías y un Consejo integrado por personas de la sociedad que trabajan a favor de los Derechos Humanos. Se le pregunta al legislador cachanilla si la propuesta -presentada en mayo de 2014- tuvo que ver con el cuestionado desempeño del aún titular de la  PDH, Arnulfo de León Lavenant, a lo que Sánchez responde: “Es penoso para mí decir que efectivamente, desde el año pasado está ese tema que yo puse en la mesa. Digo penoso porque estamos hablando de una iniciativa que puede traer beneficios, no puede ser que estamos a un año de distancia. Pasó mucho tiempo para que esto se dictaminara, presionamos para que se hiciera y, finalmente, se aprueba por unanimidad”. — Pero se junta con el tiempo cuando se vence el periodo del actual procurador, se le comenta y Sánchez Vázquez revira con un “casualmente así está pasando…” Se le pide una evaluación sintetizada de lo que ha sido el desempeño del actual procurador: “Está presentada una denuncia penal contra el actual procurador, juicios políticos por ex empleados de la PDH contra el actual procurador, todo eso deja un sabor de boca no agradable. No podemos por ninguna circunstancia establecer que quienes tienen a su cargo estas funciones tan delicadas se vean envueltos en cuestiones como esas, alejan mucho a la sociedad, a los ciudadanos de saber a qué puedan aspirar cuando acuden a solicitar la intervención de estas instancias, por eso creo que es sano este cambio que se va a dar…”, considera. El líder de la bancada azul asegura que buscarán que quienes puedan registrarse -para dirigir la nueva Comisión- sean personas que acrediten trabajo, experiencia y trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, “Que nunca más un puesto como éste recaiga como un favor político, como la imposición de alguien alejado del trabajo de los Derechos Humanos”. Finalmente, Sánchez Vázquez recalca que en las tres decisiones donde el Legislativo haya hecho una designación, han dado muestras de responsabilidad.   Con trayectoria   Entrevistado la mañana del martes 14 de marzo, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Mendívil, comenta que están a la espera de que el Ejecutivo publique la reforma constitucional para dar paso a la convocatoria y definir quién sería el primer presidente de la CEDH. El líder de los diputados priistas insiste en que no se pretende solo un cambio de denominación, sino que se trasforme la institución y traiga una vocación de proteger los Derechos Humanos. En cuanto a los puntos básicos de este cambio, sostiene que tiene que ver con la vinculación en el proceso de definir el perfil de quien deberá asumir esta nueva responsabilidad: “Tiene que ver no solo una sociabilización, sino además, con una trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y un reconocimiento de las organizaciones que participan en esta materia. Será una responsabilidad de esta Legislatura el cuidar ese perfil de quien deberá encabezar esta institución”, y añade que el arropamiento que como institución debe traer es a través de las figuras de los visitadores con que contará y un Consejo Consultivo que sea garante del respeto y los cuidados. Del casi un año que duró la propuesta en la Comisión de Legislación, Mendívil asegura que se debió a la dinámica del Congreso y los temas que han sido torales en esta Legislatura, aparte del hecho de que el encargo del actual titular fenece a finales de mayo. Del desempeño del actual procurador de los Derechos Humanos, Mendívil analiza: “Son dos tiempos el que podemos diferenciar: uno, a partir de que se asumió una agenda mediática y que para algunos tiene que ver con una orientación de carácter político a razón de señalamientos que se vinieron realizando por parte de algunos diputados -particularmente de oposición- en torno a la actividad de la Procuraduría. “Creo que aquí es un tema que en su momento tendrá que revisarse de forma integral y, más que el señalamiento del buen o mal uso de la parte administrativa, de la responsabilidad, es si se dio o no cumplimiento a garantizar el respeto a los Derechos Humanos que debemos tener todos los bajacalifornianos aquí en esta entidad”. Se le pregunta si no le toca al PRI parte de la culpa de los señalamientos, Mendívil contesta: “La responsabilidad de la designación correspondió a una Legislatura, y este nombramiento se dio en unanimidad por todas las fuerzas políticas, así que no es exclusivo de una fuerza una responsabilidad en cuanto al desempeño de un servidor público. Aquí debió haber existido una mayor vinculación, una mayor actividad, no nomás por la pasada, sino por esta misma Legislatura”.   Responsabilidad en la decisión   El diputado perredista Roberto Dávalos -titular de la  Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales- refiere que se presentaron varias iniciativas sobre el mismo tema y la de Gustavo Sánchez fue una de al menos tres, por lo que se buscó armonizarlas y se revisaron para hacer las adecuaciones, que fue lo que se aprobó en la Comisión. “Viene una segunda parte para hacer las modificaciones sobre el resto”, afirma el legislador perredista, a quien se le pide un balance del desempeño del actual procurador. “El hecho de recomponer lo que ha sido la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, se aprovecha para buscar la forma de quitar lo que fue un compromiso político de la Legislatura anterior, de nombrar a un personaje que nada tiene que ver con Derechos Humanos, era una persona que se dedicaba a la venta de vehículos usados. Lo pusieron de procurador por un asunto netamente de cuestión partidista y de filiación política”. Dávalos opina que debe buscarse gente que tenga que ver con el área de Derechos Humanos, que conozca y que procure, que vaya y defienda los Derechos Humanos de los bajacalifornianos y no solo sea una posición política más y una cantidad de espacios a ocupar, de chambas para amigos. — ¿Cómo se pueden establecer candados para evitar esto? “Creo que deberá haber la madurez y sensibilidad por parte de los diputados al momento de nombrar a los personajes, (pero) no se está exento de la negociación política el nombramiento. De hecho será una negociación política entre las fuerzas que conforman el Congreso y el nombramiento del nuevo procurador. Es un secreto a voces que una determinada fracción, en este caso la tricolor, es la que nuevamente determinará y decidirá quién será el nuevo procurador, pero creo que lo tendrá que asumir con responsabilidad”.   Crisis de credibilidad   En junio de 2012, un pequeño grupo de activistas protestaron contra la designación de Arnulfo de León como titular de la PDH, entre ellos, Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad. El activista recuerda que después de la protesta interpusieron un amparo contra la designación: “Se veía que los Derechos Humanos se estaban asignando por cuotas de poder y se estaba nombrando a un procurador que llegaba muy cuestionado”, en alusión a la falta del perfil del entonces nuevo titular, sin trayectoria en el área de Derechos Humanos. Según el entrevistado, había toda una inclinación de algunos diputados bajo criterios partidistas, dejando a un lado la lucha social. “Él (De León Lavenant) llegó muy cuestionado por el apoyo que le dio la fracción de Fernando Castro Trenti, se visualizaba que había una injerencia para la designación, por la cercanía que tenía con actividades de partido, más que la defensa de Derechos Humanos”. Ante lo que en su momento consideró un “peligro inminente” por la llegada de un personaje de ese tipo, García Leyva dice que buscó apoyo en otros grupos pero hubo poca respuesta, aun así, interpusieron un amparo y al momento de la toma de protesta del titular de la PDH, solo tres activistas acudieron a protestar. “En las condiciones que se estaba nombrando a este procurador se vaticinaba que iba a haber serios problemas, y no nos equivocamos”, asevera el abogado. “Se amoldó este señor al sistema y la Procuraduría entró en su peor crisis, una crisis de credibilidad, se perdió la esencia del defensor y se amoldó a los intereses de este grupo, privilegiando los intereses económicos, hay denuncias de desvíos de recursos”. Para el activista resulta importante que el Congreso cuide algunos detalles clave, como el hecho de que el aspirante a encabezar la CEDH tenga una trayectoria de lucha, de vinculación con la problemática social, dejando a un lado los criterios partidistas. Miguel Ángel se muestra escéptico, reflexiona que solo será un cambio de nombre y  que en otros estados donde ya existe comisión, “no varía, es lo mismo, son filiales de grupos de poder político-partidista, es muy excepcional que haya algún defensor de Derechos Humanos, autónomo, público, que reúna el perfil de defensor. Los Derechos Humanos en México están burocratizados, lo que más buscan los defensores es una posición económica y política”, sintetiza.

Ordenar la publicidad visual en la vía pública es una tarea pendiente del gobierno de Tijuana. De un padrón de más de 800 carteleras, solo el 40 por ciento se encuentra instalada en apego a la reglamentación municipal, admite Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana. El gobierno de Jorge Astiazarán  incluso puso el mal ejemplo al permitir que Samsung, concesionario de la pantalla digital instalada en el arco del Reloj Monumental de la Avenida Revolución, colocara en el faldón del artefacto, un anuncio tipo cintillo adicional con el logo de la empresa que se mantiene fijo, lo cual está prohibido en este tipo de publicidad electrónica por el Reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares para el Municipio de Tijuana. La tolerancia de administración llega al punto de no sancionar a empresas de publicidad espectacular que operan ilegalmente en los principales puntos de la ciudad, y favorecerlas con publicidad gubernamental. Así, hasta antes de la veda electoral, se podían ver anuncios del XXI Ayuntamiento de Tijuana en la pantalla digital de Plaza del Zapato, la cual carece de licencia para operar y cuya propiedad se dirime en una disputa legal desde febrero de 2014.   En la ilegalidad carteleras de Plaza del Zapato   Ubicadas en centros comerciales, plazas e incluso en organismos de la Iniciativa Privada como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Tijuana, carteleras, torres directorio o pantallas digitales crecen no solo en número; también aumentan su dimensión o añaden publicidad que, de acuerdo al reglamento municipal, constituyen una irregularidad. La pantalla digital instalada en Plaza Fiesta, mejor conocida como Plaza del Zapato, es uno de los ejemplos más emblemáticos del desorden que priva en el manejo y operación del negocio de publicidad. Tanto la cartelera electrónica como las de lona, carecen de licencia vigente, pues su permiso venció en noviembre de 2014 y no ha sido renovado. De hecho, la anuencia para operar ambas estructuras la obtuvo  la empresa XO Media, S.A. de C.V. a finales de la administración de Carlos Bustamante, en el XX Ayuntamiento de Tijuana, “de forma irregular”, aseguran abogados de su contraparte. Anteriormente la cartelera era manejada por Pablo Salvador López Ortega, quien interpuso una demanda formal por despojo de propiedad en el Juzgado Cuarto Civil de Tijuana. En la demanda involucró a propietarios y administradores de Plaza Fiesta: Franco Magdaleno Hernández,  Ricardo Espinoza Peña, Isaid de la Torre Martínez, Abel Espinoza Skinfield y Diana Bárcenas Castellanos, fueron demandados por permitir el uso de la estructura de anuncios monumentales. Al respecto, Diana Bárcenas, administradora de la plaza, indicó a ZETA que el centro comercial solo renta el terreno donde se asientan los dispositivos de publicidad, pero no es quien opera ni la cartelera ni la pantalla digital, éstas “las maneja XO Media”, dijo, para añadir que a esta empresa no se le renovará el contrato de arrendamiento del espacio que ocupan las estructuras, por no contar con licencia de operación vigente. Respecto al retiro de publicidad demandado por López Ortega, quien se dice propietario legal de las estructuras, expuso que la administración de la plaza no puede proceder ni al retiro, ni a la suspensión de los anuncios, “ellos lo tienen que retirar (en referencia a XO Media), si lo hacemos nosotros sería allanamiento de morada”. La defensa de López Ortega solicitó al centro comercial retirar la publicidad en julio de 2014, cinco meses después de haber iniciado un litigio, por lo que señala un despojo de propiedad. Anota que la empresa XO Media, S.A. de C.V., propiedad de Óscar Payán, se valió de irregularidades administrativas para despojarlo de la estructura, situación que se encuentra bajo investigación. Tanto el anuncio monumental como la pantalla digital, continúan intocables, operando con un permiso ya vencido. ZETA buscó a Óscar Payán para conocer su versión, se le dejaron mensajes explicando el tema a abordar, pero al cierre de esta edición, no dio respuesta.   Pantalla de CANACINTRA también incumple   De acuerdo al reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares para el Municipio de Tijuana, una pantalla electrónica puede medir máximo 10.50 metros de largo y 5.40 de altura, medida  desde la base de la cartelera, hasta la cima del aparato digital. La altura del tubo no puede rebasar el 60 por ciento de la medida de la vialidad con la que colinda. Cumplir con todas estas especificaciones costó tiempo y mucha gestión administrativa a los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Capítulo Tijuana. Lograr la licencia para poder operarla les llevó más de un año, hasta solventar varios detalles que infringían el reglamento: alejarla de los cables, adecuar la medida del tubo y quitar un cintillo de Telcel. Finalmente, “se ajustó a todo lo que pedía el reglamento y procedió su autorización”, precisó Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Dirección de Administración Urbana en el XXI Ayuntamiento de Tijuana. Y añadió: “El cintillo esa pantalla en particular no la tiene, al principio tenía de Telcel, si no mal recuerdo, y lo quitaron, también quitaron la estructura para que fuera nada más la base, hicieron un muro negro de loseta y ahí se empotró la cartelera, por eso se autorizó”. Efectivamente, el cintillo fue retirado, pero a cambio la empresa que maneja la pantalla, XO Media, colocó en la parte superior un anuncio de un club nocturno ubicado en Plaza Conquistador, de Carlos Bustamante. El reglamente indica que si se opera como pantalla digital, los anuncios se deben limitar al espacio del sistema digital, sin publicidad fija de ningún tipo. Sobre este hecho, el presidente de la CANACINTRA Tijuana, René Romandía Tamayo, informó que el gobierno municipal los requirió esta semana, razón por lo que la administración de la Cámara analiza el ya no renovar el contrato con la empresa de Óscar Payán. En tanto, el anuncio fijo sigue colocado sobre la pantalla.   Otra de XO Media   La de Plaza del Zapato o de la CANACINTRA no son las únicas carteleras o pantallas que XO Media opera con irregularidad, también la que se ubica en el predio donde se localiza la televisora Azteca, por el Bulevar Sánchez Taboada, en la Zona Río. Operó con licencia vencida durante cinco años y posteriormente sin permiso, lo que motivó su clausura; después se les autorizó por un año, permiso que también venció hace más de un año y no ha sido renovado. Aun así, se sigue comercializando.   Que no solapan ilegalidad   Hasta hace mes y medio, el gobierno de Tijuana se promocionó en dos pantallas digitales de XO Media que carecen de licencia, las ubicadas en Azteca y Plaza del Zapato, “pero desconocíamos que estaban irregulares”, subrayó el vocero de Jorge Astiazarán, Rodrigo Bustamante. Explicó que no se contrató directamente a esa empresa, sino a un publicista de 7-Eleven, de nombre Armando Lara, quien les ofreció de regalo el anunciarse en las dos carteleras digitales a cambio de adquirir un paquete para que el pago del Impuesto Predial se promocionara en las tiendas de conveniencia, “nosotros cuidamos muchos ese aspecto -el que estén regulares-, no los contrataríamos de otra manera”, sostuvo. De la pantalla  en el Reloj Monumental, expuso que el cintillo de Samsung se ubica dentro de la pantalla, por lo que no se incumple con el reglamento.   Torres directorio irregulares   Las torres directorio que se ubican en centros y plazas comerciales, de acuerdo al reglamento de Tijuana, solo pueden contener los anuncios de los negocios que operan y el nombre del lugar donde se ubica; cualquier alusión a productos o establecimientos externos constituye una irregularidad. Algo que parece no importar a quienes operan en Plaza Campestre, en cuya cima del directorio se ve un anuncio monumental de Abarrotes El Florido. “Tristemente, este caso particular genera un mal ejemplo para muchos que luego lo quieren hacer igual”, señaló Alma Ofelia Morales, al informar que para la operación del directorio comercial se otorgó una licencia en administraciones anteriores, “con nosotros no se ha acercado porque sabe que no procede conforme al reglamento, por lo que no tiene una licencia vigente”. Como ya tuvo una licencia, actualmente se revisa con el jurídico el derecho que pudo haber adquirido, antes de proceder, anotó la funcionaria. Indicó que también se tiene detenida otra torre pequeña que opera en el Bulevar Sánchez Taboada y Bulevar Cuauhtémoc, la cual también cuenta con una cartelera arriba, cuyo trámite para que el anuncio extra se retire está en proceso; hasta entonces el Municipio dará la autorización para que opere legalmente, aclaró.   Tolerancia a incumplimientos   En las últimas dos administraciones se colocaron dos terceras partes de los anuncios actualmente instalados en la ciudad de Tijuana, la mayoría sin obtener la licencia correspondiente, informó la funcionaria de la Dirección de Administración Urbana. Al no tener la anuencia municipal, poco les importó cumplir con las especificaciones técnicas para ser colocados, por lo que al arribo del XXI Ayuntamiento, en aras de regularizarlos, se les permitió obtener un permiso, aun en esas condiciones. No obstante, aclaró Morales, tres fueron los requisitos de rigor que sí debían llenar: memoria de cálculo, perito responsable y póliza de seguro vigente. En cuanto a medidas y otras especificaciones técnicas, sí se fue tolerante, a fin de tener “la certeza de que ya es un anuncio que al menos cubre los requisitos de seguridad, que es lo que más nos importa al gobierno”, “que si causan algún daño tengan quién responda, eso fue lo que se buscó”, continuó. “Si ya estaban todas esas carteleras, cuyos permisos se dieron en forma desorbitante en las últimas dos administraciones municipales, en que se multiplicaron, al menos tener la certeza de que son seguras”, agregó Alma Ofelia Morales.   Poca respuesta a la regularización   De un padrón de 890 empresas que operan una cantidad aún indeterminada de carteleras de todo tipo, el XXI Ayuntamiento encontró que solo había 192 con licencias autorizadas. Por ello, al inicio de su administración, Jorge Astiazarán puso en marcha un programa de descuentos desde un 20 hasta un 50 por ciento, con condonación de intereses y recargos, para que los propietarios de carteleras, anuncios y cualquier tipo de publicidad se regularizaran, el cual venció el 30 de diciembre de 2014. Solo 172 firmas “nuevas” regularizadas, las cuales operan 3 mil 452 anuncios, que para el Municipio significaron ingresos por el orden de los 8 millones 889 mil 883 pesos. Estas empresas se suman a las 192 que ya tenían licencia, cuya mayoría la conserva, para un total de 364 compañías regulares. Ante la poca respuesta de los particulares, desde el 26 de septiembre de 2014 el gobierno municipal inició una moratoria por un año, periodo durante el cual el no otorgará ningún permiso nuevo para carteleras. Eso permitirá a la Dirección de Administración Urbana requerir a los que incumplen con la normatividad, “iniciamos retirando algunas carteleras instaladas en la vía pública, ahora vamos por las que se encuentran en terrenos particulares”, anotó Alma Ofelia Morales. De esta manera, consideró que se podrá presionar para que los más de 500 anuncios instalados sin permiso o licencia vigente, cumplan con el reglamento o sean retirados. Una vez logrado este cometido, se decidirá si amplía o no la moratoria vigente. En forma adicional a la moratoria, el Cabildo de Tijuana aprobó reformas al reglamento para que la autoridad competente pudiera buscar más corresponsabilidad. “Con la reforma aprobada por Cabildo se puede requerir tanto al propietario del predio, como a la marca comercial que se publicita en el anuncio, porque muchos son lotes baldíos, lo que dificulta el requerir”, detalló la funcionaria municipal. Sobre las pantallas, torres y demás anuncios ubicados en inmuebles de particulares, reconoció que no se ha procedido porque ello requiere “de todo un proceso jurídico, el cual apenas estamos comenzando”, pero, adelantó, próximamente serán ajustados administrativamente. La amonestación por incumplir el reglamento para la operación de rótulos, carteleras y vallas publicitarias va desde los 250 hasta los 500 salarios mínimos.