Divididos en dos bloques -uno matutino y otro vespertino-, los 21 aspirantes a encabezar la presidencia de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparecieron ante los diputados del Congreso del Estado. Del total de solicitantes solo uno quedó fuera al no cumplir con los requisitos. El siguiente en la elección, le tocará a la Junta de Coordinación Política, y seguramente el jueves 21 de mayo será electo el titular del órgano de Derechos Humanos. Caldeados los ánimos entre los Legisladores locales, la CEDH aún no tiene perfil. Si al arranque de la PDH con Ernesto Ruffo Appel en el Gobierno Estatal, el organismo se perfiló para ser encabezado por miembros de la izquierda mexicana, más apegados a las luchas sociales; al paso del tiempo el Partido Acción Nacional, ya con 26 años en el poder, obtuvo para sí esa posición. Politizada la institución de Derechos Humanos, el PRI derrotado en Baja California y manejado por Fernando Castro Trenti, logró hacerse, en una cuota de poder para su partido y a cambio de votos para iniciativas de los gobiernos del PAN, de la selección del procurador de los Derechos Humanos entre otras posiciones –dos consejeros ciudadanos en la Judicatura, por ejemplo-. Pero fuera Castro Trenti, derrotado por Francisco Vega en 2013 y designado ese mismo año embajador de México en Argentina, el PRI en manos de Nancy Sánchez, dirigente estatal, y René Mendívil, líder de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, ha ido perdiendo negociaciones. Hoy día el nombramiento del comisionado estatal de Derechos Humanos se ha vuelto una rebatinga política, donde no se ponen de acuerdo los panistas con los priistas, mucho menos con el PRD. La última consigna para unificar ánimos, habla del acuerdo para otorgar la CEDH a una mujer, y convertir la titularidad esa institución en una cuota de género, aun cuando la convocatoria se lanzó para que se inscribieran hombres y mujeres sin distingos de género. Así, con una historia politizada, los actuales diputados continúan por el camino del compromiso, los intereses y las negociaciones, una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nace viciada.
Atentado a la libertad
Si bien estamos conscientes que comprar o intentar mercar la edición completa de un periódico no es un delito, la realidad es que no existe buena intención detrás de un acto como el mencionado. Cierto, como empresa privada, vender nuestro producto ha sido fundamental para la permanencia de ZETA (35 años en Baja California, cinco en Baja California Sur), pero antes que la venta, está nuestro objetivo como medio de comunicación comprometido con las sociedades que le han permitido crecer: informar. Por ello alzamos la voz ante lo que consideramos un atentado a la libertad de expresión. Como informamos con oportunidad a través de nuestra página electrónica, la mañana del sábado 9 de mayo, cuando el ejemplar de ZETA llegó a los puntos de venta en Baja California Sur para el consumo entre los sudcalifornianos, voceadores y dueños de los negocios donde se vende el Semanario fueron testigos de un operativo inusual que reportaron de inmediato. Vieron hombres, en la mayoría de los casos bien vestidos, los menos con apariencia de adictos, que acudieron a locales establecidos. Llegaban solos y a pie, otros se acercaron a los voceadores, lo hicieron en autos blancos y en grupos de hasta seis. En todos los casos la intención era comprar todos los ejemplares de ZETA que estuvieran a disposición, fueran cinco o 50, entre más mejor. En el caso de los voceadores, cuando uno se negó a vender todo el producto que tenía consigo, se lo arrebataron, y en la huida le mostraron un arma a manera de advertencia para que no los siguiera. La compra masiva de ZETA en Baja California Sur, impidió que la información publicada llegara a los lectores sudcalifornianos. Dos notas destacaron en la edición que estos personajes se esforzaron por sacar de circulación: Una que exponía las actividades criminales y las fotos de los hermanos Jorge Alberto, Felipe Eduardo y Carlos Guajardo García, identificados como “Los 28”; y la otra, exhibía conversaciones telefónicas que refieren desvíos de recursos públicos del Gobierno del Estado, para favorecer al candidato panista Carlos Mendoza Davis. Precisamente uno de estos compradores a granel tomado por una cámara de video en un negocio de La Paz, resultó ser Juan Tapia Izabal, panista y miembro del equipo de campaña del candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Baja California Sur. En el caso de Ciudad Constitución, proveedores identificaron a un empleado de la campaña panista a la alcaldía de ese municipio como el voraz cliente que obtuvo la mayoría de los ejemplares del Semanario. Sin embargo, en esta esta misma edición, Mendoza Davis niega haber ordenado la compra masiva de ZETA. El Artículo 7 de la Constitución mexicana es claro al calificar como “inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, reitera que no se puede “impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, y agrega: “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”, pero el 9 de mayo en Baja California Sur, hubo quienes lo hicieron. Con esas acciones se violentó el derecho de los sudcalifornianos “al libre acceso a información plural y oportuna” protegido con el Artículo 6 Constitucional: su derecho a saber para formar opinión y participar responsablemente en la vida democrática de su Estado. Y se violó el derecho de los reporteros de ZETA a investigar y transmitir hechos trascendentes para la existencia pública de los sudcalifornianos. Con pocas posibilidades de defensa ante este operativo, informamos telefónicamente los hechos a Juan Pablo Noriega, el subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, explicándole la relevancia que tiene para esta casa editora, la seguridad de quienes distribuyen y venden ZETA en su entidad. En términos de instituciones no hubo mucho más que hacer. Pero el ataque a la libertad de saber y de informar se dio, y por ello dejamos constancia pública. Para evitar que los orquestadores cumplieran sus propósitos, la información que trataron de acallar se publicó el mismo sábado en la página electrónica de esta casa editora, y se replica también en la presente edición. A los grupos de poder que pretenden acallar la información, les notificamos que son cada vez más los sudcalifornianos que pierden el miedo a manifestar sus ideas, y eso enriquece el desarrollo de su sociedad. Entre periodistas es común manejar la frase de que la información es como el agua, sin importar los obstáculos, fluye, y en este caso, por encima de los intereses de grupos, sean políticos, criminales o combinados.
De la celebración a la indignación
El siguiente texto, fue leído por quien esto escribe, el 4 de mayo de 2015, cuando con la presencia del maestro Javier Sicilia, quienes trabajamos en ZETA y acompañados de lectores y amigos, celebramos 35 años de fundación del Semanario, que se cumplieron exactamente el 11 de abril. En ZETA tenemos por estos días sentimientos encontrados. Nos place ciertamente y nos llena de orgullo el sentirnos arropados por nuestros lectores al cumplir 35 años de fundación del Semanario. Ésa es una alegría muy nuestra, nos pertenece y la compartimos a través de nuestro trabajo con nuestros lectores. Por otro lado la impunidad en torno al homicidio de Héctor “El Gato” Félix Miranda nos indigna a tal grado que las palabras no alcanzan a expresar la injusticia con la que ha sido tratado el caso de quien fue nuestro Cofundador y Codirector. No muy lejos de aquí se encuentran protegidos por quien nunca ha dejado de ser su patrón, los dos asesinos materiales, Antonio Vera y Victoriano Medina. Ambos abandonaron la prisión hace unos días luego de haber estado encarcelados 25 años y 27 años, como lo dictaron sendos jueces al encontrarlos culpables. Nos llena de indignación el hecho que quien fue su jefe –y lo es de nueva cuenta–, su protector cuando estuvieron prófugos, y su patrocinador mientras purgaron la pena por la que fueron sentenciados por el crimen del periodista, siga sin ser investigado en un México donde los culpables, los verdaderos delincuentes, nunca están donde deben estar, resguardados de la sociedad a la que tanto perjudican. A pesar de aquella sentencia del primer Gobernador de oposición en el País, Ernesto Ruffo Appel, cuando dijo que… “Todos los caminos conducen al Hipódromo”, al referirse a la autoría intelectual del asesinato de “El Gato”, a 27 años de haberse cometido el crimen a sangre fría, Jorge Hank Rhon sigue sin llamarle la atención a las autoridades judiciales ni de México y ni de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado, por cierto, le revocó la Visa en 2009. Será que allá sí están convencidos de la peligrosidad latente de Jorge Hank Rhon. Lo más lamentable es que la liberación de los dos asesinos en el caso de Héctor Félix no es un hecho aislado que forma parte de la historia de Semanario ZETA. A este acto evidente de impunidad por parte de los gobiernos federal y estatal se le suman las agresiones flagrantes contra tres compañeros: * El atentado a don Jesús Blancornelas y el asesinato de Luis Valero, sin que ningún homicida de los diez que los emboscaron, haya sido sentenciado por ello. * El asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, nuestro querido y entrañable Editor General; cometido en junio de 2004 y sin solución ni órdenes de aprehensión emitidas. Éstos son los dos sentimientos que nos polarizan. Por un lado, nos llena de orgullo llegar a los 35 años contando con su confianza, su credibilidad y su solidaridad, por otro lado, cargamos con la indignación por la falta de justicia que prevalece en este País, hoy gobernado por Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI a Los Pinos, que está resultando ser peor de lo que tantos intelectuales nos dijeron que sería, peor de lo que pudimos haber imaginado, a pesar de la historia que ahí ya estaba escrita por plumas como las de Scherer y Blancornelas. Ejercer el periodismo de investigación no es nada fácil en México. Quienes nos aferramos a continuar con este noble oficio enfrentamos constantemente dos fuegos: las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico, y la presión política, financiera, de los gobiernos, como estrategia para coartar la libertad de expresión. Hoy día nosotros, con ustedes, en esta ambivalencia que pasa del orgullo a la indignación en un pestañeo, celebramos con ustedes, y con el gusto que nos da tener aquí a Javier Sicilia, 35 años de libertad de expresión. Nos han golpeado, pero no nos callarán, nos amenazan pero no nos intimidarán. Seguiremos haciendo lo único que sabemos hacer, periodismo de investigación. Como siempre lo hemos hecho. Investigar, escribir, publicar cada semana, con el tesón y el compromiso del primer día en que ZETA se leyó, es nuestro credo. Insistiremos en la libre expresión de las ideas en un México donde la libertad solo parecen ejercerla los criminales. Abonar a la justicia, exigirla, dar voz a quienes pretenden callar, evidenciar la corrupción, señalar la impunidad, contar a quienes el Gobierno desprecia, los muertos por la inseguridad rampante en nuestras calles, son los hechos que observamos y que nos obligan a seguir adelante con este quehacer. Recordamos y dedicamos este acto a quienes no nos acompañan más. A Jesús Blancornelas y a Héctor Félix Miranda, a Francisco Javier Ortiz Franco, a nuestros amigos y maestros a la distancia, Julio Scherer García y Miguel Ángel Granados Chapa. A quienes padecen las presiones del binomio insano Gobierno-Iniciativa privada, Carmen Aristegui y su equipo de reporteros. A todos aquellos que no dejarán de alzar la voz, de empuñar la pluma en estos momentos violentos donde el cinismo oficial tanto daña al País, a quienes viven en Jalisco, en Tamaulipas, en Michoacán y en Guanajuato, en Nuevo León y Baja California Sur, en Guerrero y en Chiapas, en Oaxaca, a los padres de las víctimas que exigen justicia todos los días. A quienes no se resignan al silencio en un México donde la corrupción, el tráfico de influencias, empieza en la Presidencia de la República y la encarna un gabinete voraz, cada vez más falto de credibilidad. A nuestros compañeros caídos que no olvidaremos y por quienes no dejaremos de exigir justicia. Javier Sicilia lo ha dicho mucho mejor que yo a través de su poema Pascua. Y lo cito en el fragmento publicado en su libro “Estamos hasta la Madre”: No comprendo la muerte, Esta súbita ausencia que nos deja Mirando un cuerpo inerte, Un gesto que se aleja Y ya no dice más que la oscura queja Del vacío, la sombra De ese alguien al que amamos y ha dejado De estar y ya no nombra Sino su desolado Hueco donde el silencio ha quedado Y se pudre la risa. El Maestro Javier Sicilia Zardain, un mexicano comprometido, un poeta sumamente respetado en México y en el mundo, un activista fortuitamente aguerrido, nos presentó una disertación titulada “La Decadencia del Estado Fallido”.
En San Quintín, elección bajo amenaza
Si la indiferencia de los ciudadanos y todos los sectores permea la actual contienda electoral, y el abstencionismo amenaza otra vez con determinar el resultado de la elección en Baja California, en San Quintin, particularmente, se agrega la incertidumbre de cara a la jornada del próximo 7 de junio. En medio del conflicto social en el que están envueltos jornaleros, patrones agricultores y los gobiernos de los tres niveles, ahora no es solo la apatía, sino el hartazgo y coraje de sus pobladores -conformada mayormente por obreros del campo- lo que dictará la agenda y resultados de tal fecha, dependiendo de lo que ocurra en la última mesa de diálogo entre Gobernación y demás autoridades, así como la Alianza de Jornaleros, programada para hoy viernes 8 de mayo. Ya durante la mesa de diálogo encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava -el 24 de abril-, donde el funcionario federal impuso dos semanas más de tregua para inspeccionar todos los campos agrícolas y verificar las condiciones laborales, y según prometió, actuar en consecuencia pero sin dar respuesta clara sobre la revisión del salario mínimo para incrementarlo a 200 pesos diarios, en la carretera y fuera del Centro de Gobierno, miles de jornaleros amotinados ya lanzaban la amenaza: “¡No hay solución… no hay elección!”. Mientras tanto, a cuatro semanas de las votaciones, “el ambiente está muy desangelado, no han levantado las campañas, de ningún partido, además, los habitantes están muy decaídos”, externó Martiniano Hernández, empresario y presidente del Comité de Mercadotecnia de Camalú. Y es que el conflicto actual, aunado a las políticas económicas emprendidas por el gobierno, tiene molestos no solo a los jornaleros. “Empresarios, comerciantes, servidores turísticos… todos dependemos de la producción agrícola”, apunta Hernández. “La agricultura no paga impuestos, pero hay una industria alrededor”. Contrario a lo habitual en las campañas, en esta elección los candidatos no se han reunido con agrupaciones civiles y empresariales de San Quintín y pueblos aledaños para “venderles” su propuesta: “Para estas fechas ya estaban agendados, si no hay acercamiento es que no tienen nada que ofrecer. Seguro que tendrán muchos reclamos”. La mayoría de la gente no ha visto a los candidatos haciendo su proselitismo en cruceros y parques. Y en las colonias, sobre todo las de los jornaleros, “la están pensando mucho para arriesgarse entrar, difícilmente van a dar una explicación. En efecto, en las comunidades conformadas por trabajadores del campo y sus familias, colonias como Las Misiones o Nueva San Juan Copala, Maclovio Rojas, Santa Fe o 3 de Mayo, no solamente están indiferentes con los candidatos de todos los partidos, sino que literalmente los odian y no quieren verlos pisar sus calles sin pavimentar, ni tocar sus puertas de madera y retazos. Reiteradamente han dicho que de atreverse, los correrán a pedradas y palazos. “Ellos ya saben que no los queremos, por eso no vienen”, afirma Jesús Ruiz, maestro rural proveniente de Oaxaca. El rechazo es general, según constató ZETA en visitas a diferentes colonias de jornaleros, entre ellas Las Misiones, considerada la más peligrosa: “Ya estamos hasta la madre de esos pinches políticos, todos los candidatos que venían, nomás nos bajaban las estrellas”, justifican los más serenos. Por ello, a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social, ni siquiera les ha sido necesario darles línea a los jornaleros respecto al proceder que tendrán el domingo electoral, según afirma Fidel Sánchez, portavoz y el líder más visible del movimiento: “No seré yo quien invite a los compañeros jornaleros a no votar, ellos nos han invitado a nosotros, son ellos los que toman la decisión:.¡Si no hay solución, no hay elección!”. El 24 de abril, después que el subsecretario de Gobernación, el mandatario Francisco Vega de Lamadrid y el resto de funcionarios estatales y legisladores salieron literalmente huyendo sin dar respuesta concreta al aumento salarial, lo que fue considerado como “más largas” del gobierno para esperar que pase la elección, líderes de la alianza anunciaron que si no había de una vez por todas respuesta el 8 de mayo, emprenderían el boicot económico internacional. Y de ahí, sin precisar qué acciones emprenderán para tal efecto, el boicot de las elecciones: “No vamos a estar esperando, el problema ya no es de Baja California, es a nivel nacional. Ahí que se queden esperando ellos cuál va ser nuestra respuesta del pueblo”, advierte Fidel. Candidatos en el polvorín “Pues a mí me recibieron muy bien”, asevera la candidata a diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Reyna Pérez Aldaco, respecto a la recepción que tuvo en San Quintín. Cuenta que llegó al Parque de Lázaro Cárdenas a la cinco de la mañana, “la gente inmediatamente corría, querían que les entregara mis propuestas y estaban molestos con el PAN y con el PRI, pero conmigo, lo puedo decir con toda franqueza y con toda sinceridad, que me mostraron su total apoyo”. El PRD ha tenido buena respuesta en elecciones pasadas en el sur de Ensenada, “pero ahorita no tienen a alguien fuerte que esté jalando en la campaña”, opina un ex delegado de San Quintín. No obstante reitera la perredista: “Me ofrecieron totalmente su respaldo porque hablo igual que ellos, hablamos el mismo idioma”. La que se lanzó a San Quintín el primer día de campaña fue la abanderada del Partido del Trabajo (PT), Rocío López Gorosave, quien lleva como su suplente a Giselle Gómez, una líder sanquintense. “Obviamente nos han abierto las puertas. Claro que hasta da miedo a veces de lo que se escucha, pero no, nos han recibido muy bien, estamos muy contentos”. Al PT sí lo han visto haciendo campaña y hasta de forma vistosa, como también ha sido en la parte urbana y hasta con derroche de recursos, según han señalado otros candidatos. “Están funcionando muy bien, se ve más movimiento, tuvieron evento con gente y repartieron cobijas. Hasta llegamos a pensar que eran del PRI”, relatan ciudadanos. Durante la primera semana de proselitismo, Wenceslao Martínez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), anduvo desde Camalú hasta El Rosario. Cuenta que estuvieron platicando con residentes y trabajadores, “obviamente los de la Alianza no estaban en ese momento, andaban fuera, pero es un tema muy importante, hay que revisar el salario mínimo”. Un comerciante cuenta que vieron como a 140 jóvenes del PAN haciendo proselitismo en un crucero, pero dice que en San Quintín no es bien visto porque en su momento fue de los que hicieron campaña en contra de la municipalización de esa delegación. Además, otras personas consultadas coincidieron en retomar el supuesto incidente ocurrido varios años atrás, donde el empresario ahora candidato atropelló a dos mujeres y nunca respondió por ese delito, “así que ni se atreva a pararse por aquí”. “Nosotros no hemos hecho presencia en San Quintín, solo electoralmente, hemos hecho presencia social”, aclara por su parte Jaime Guadalupe Zepeda, candidato del Partido Encuentro Social (PES). “Eso lo ha visto muy bien la ciudadanía y nos han acogido increíblemente”. Explica el regidor con licencia que “de manera ciudadana” han mandado cobijas, alimento, ropa y medicinas para los jornaleros, “pero lo hemos hecho de manera histórica en un año y medio que tenemos como gobierno”. No solo eso, revela que tienen contactos muy fuertes en San Quintín, Punta Colonet, San Vicente y Camalú, muy bien acogidos por todos los grupos cristianos del sur del municipio, en centros de rehabilitación, orfanatorios e iglesias que, confía, son un fondo de votos muy fuerte con los que cuentan para el 7 de junio. “No tengo temor a ir”, expresa Miguel Alfaro, el aspirante a diputado por Movimiento Ciudadano, ante la amenaza de recibir a los candidatos a golpes. “He sido respetuoso de los movimientos y voy a tratar de platicar con empresarios, con las personas que representan los intereses de los jornaleros y siempre respetando su postura, sin ponerme de lado de alguna de las partes, sino ayudando a que este conflicto se solucione”. Aclara que si hasta ahora no ha ido es porque su partido ha sido respetuoso del movimiento, no como otros: “Han venido personajes de todo tipo, inclusive hasta una comisión de jornaleros fue con Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, desconozco cómo se ha hecho ese maremágnum, cuando todo está bien claro, si hubiera un principio de autoridad”. Respecto a Teodoro Araiza, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a este medio le tocó atestiguar su presencia en San Quintin y su visita a las colonias de jornaleros, precisamente adonde no ha llegado ningún candidato y adonde no quieren recibir a ninguno. Se le vio al joven aspirante hablar con jornaleros y familias, quienes con su reservas primero, y luego con todo tipo de reclamos, terminaron escuchando detenidamente al abanderado lopezobradorista: “Queremos escuchar algo nuevo, no queremos a los partidos”. Incluso se vio al candidato y a su brigadistas jugar una “cascarita” con niños de la Nueva San Juan Copala, en medio de la polvareda, y comer con ellos en una humilde casa de la colonia Santa Fe. “Me comprometí a estar con ellos las veces que sean necesarias para trabajar en conjunto con sus proyectos, ayudarles a que su región salga adelante, sé que para eso se requiere confianza, pero créeme que no los defraudaré”, declara a ZETA el candidato Teodoro Araiza. “Nuestras decisiones en el Congreso se basarán en el consenso, nuestra voz será escuchada por primera vez, en este proyecto hay millones de personas trabajando”, les exponía. Un jornalero abordó al abanderado de MORENA: “Los jornaleros hemos recibido humillaciones, acosos, pero si ustedes abren un camino bueno, a ese camino vamos… ¡qué bueno que viene a dar la cara! Aquí estamos con la MORENA… ¡no se olvide del pueblo!”. Después de desmentir que el partido creado por Andrés Manuel López Obrador estuviera detrás de la rebelión, como acusó el Gobierno del Estado, el diputado federal y dirigente de MORENA en Baja California, Jaime Bonilla, descartó tener reservas para hacer proselitismo en San Quintín: “Mira, ahí no es más especial que Iguala, y no es más especial que alguna partes de Guerrero, son conflictivas por distintas razones, la gente está enfadada del sistema político mexicano y de todos los partidos, dicen que todos son iguales, y cómo discutes eso con ellos; nosotros tratamos de convencerlos que éste es un proyecto nuevo y una real oposición”. “Ya fui… me recibieron muy bien… muy bien, y voy a ir de nuevo”, afirma Alfonso Garzón Zatarain, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien incluso en la zona urbana de Ensenada ha recibido pedradas o le han arrojado agua caliente a sus brigadistas. “El tema de San Quintín es la inclusión de agentes externos, expertos en agitación”, asevera. “Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes demandan, pero también tenemos que escuchar a la contraparte”, cuenta que les dijo. “Yo creo que las cosas van a mejorar, después de ver lo que pasa en Guerrero o Oaxaca, desde un principio supe que eran grupos extraños en la zona. El no celebrar elecciones me parece una medida antidemocrática, como ciudadano tengo derecho a votar, no me lo pueden impedir”. Al priísta, dicen los sanquintenses, tampoco se la ha visto mucho en esta campaña, “seguro recibirá muchos reclamos por el IVA y la gasolina…”, sin embargo, también piensan algunos que de cualquier forma ganará: “Esos no dan pasos sin huarache, todo lo tienen bien armado”. Señalan pobladores que si bien, no se ha visto una campaña abierta en la que se ordene a los jornaleros no votar, todo se puede esperar, pues el hartazgo es mucho por la deuda histórica que se tiene con San Quintín y “que se tiene que cubrir a la brevedad”. O como advierte un líder empresarial de la región: “Todavía la bomba no se desactiva, puede estallar con mayor fuerza…”. Ahora sí, todos van por la municipalización La promesa de rigor en cada campaña electoral en el Distrito 3, es la municipalización de San Quintín, y en ésta, con más razón, no es la excepción. “Yo particularmente, junto con la presidenta (del partido) Nancy Sánchez y el líder Julio Felipe García, hemos impulsado el tema de la municipalización”, asegura Alfonso Garzón Zatarain, candidato emanado del Partido Revolucionario Institucional. “De cualesquier forma a San Quintín le va a ir mejor siendo municipio, que siendo delegación”, remata. En tanto el candidato de Acción Nacional, Wenceslao Martínez, parece que ha cambiado de opinión, pues es del dominio público que en su momento fue de los más fuertes opositores a la municipalización, en su calidad de líder empresarial: “Sí a la municipalización, como siempre lo hemos dicho, pero con orden y legalidad. Si en la Constitución Política del Estado viene implícita la creación de municipios, claro que la apoyamos”. Por su parte, Miguel Alfaro, de Movimiento Ciudadano, refiere: “La verdad que ya están dadas las condiciones para que se municipalice, no debería haber inconveniente, lo que me di cuenta es que una Legislatura los engañó, y en esa Legislatura estaban precisamente personas que ahora andan contendiendo; para qué el engaño”. En el mismo tenor está el abanderado del Partido Encuentro Social, Jaime Zepeda: “A favor completamente de la municipalización, no así otros que levantan la mano para ser candidatos, que se arrepienten y luego dicen que sí”, declara en referencia a Wenceslao Martínez. Y propone el plebiscito “para que se busque la manera de tener más contacto con esos ciudadanos, porque gobernar de aquí a ocho horas de lejanía, no se vale. Es más fácil ir de Ensenada a Hermosillo, que de aquí a Bahía de Los Ángeles, es injusto”. Las condiciones para la municipalización están dadas, pero si no se concretan es por egoísmo, aprecia Reyna López, candidata del Partido de la Revolución Democrática. Asegura que antes hay que regularizar la tierra para generar impuestos, para que llegue el recurso federal, y descartar el celo de los sectores productivos de la zona urbana: “Hay que expandirnos, hay que crecer, a esas personas hay que hacerles ver que no nada más crece San Quintín, crece todo el Estado. Hay que dejar de ser tan voraces”. Por parte de Movimiento Regeneración Nacional, el legislador Jaime Bonilla obvia el tema de la municipalización en el proyecto de desarrollo social para San Quintín, que Andrés Manuel López Obrador ha instruido para su elaboración: “Él sí entiende el problema de los jornaleros, te garantizo que lo entiende mejor que Peña Nieto, claro que conoce el tema perfectamente…”. Mientras que la candidata del Partido del Trabajo, Rocío López Gorosave, externa: “Tenemos que irnos por la municipalización, de qué nos sirven que sea parte de Ensenada si no les damos lo que se merecen. Es momento de impulsarlos y diseñar un plan estratégico de desarrollo. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo”. Desorden en ranchos agrícolas: 18 a punto de ser sancionados Después del compromiso hecho por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, de establecer una comisión conformada por delegados federales de la Secretaría del Trabajo, de Salud y Derechos Humanos, para inspeccionar y verificar las condiciones laborales, de seguridad e higiene en todos los campos agrícolas, la Secretaría del Trabajo en el Estado dio a conocer que se ha inspeccionado a 67 empresas, de las cuales 18 están en proceso de ser sancionadas, sin mencionar el nombre de éstas. Fuentes de la Secretaría del Trabajo consultadas extraoficialmente por ZETA precisaron que unas 40 de esas inspecciones se hicieron incluso antes de que brotara el conflicto, y al inicio de la actual administración de Francisco Vega de Lamadrid. Todas fueron de manera extraordinaria, bajo la consigna: “Cuando les caigan a las empresas, no les avisen a los patrones”, porque es dado que tapen o escondan a los trabajadores cuando los van a visitar los inspectores. El procedimiento se basa en el Reglamento Federal de Inspección, y se revisa sobre todo la normatividad laboral, que se refiere a jornada laboral, prestaciones, INFONAVIT, FONACOT y, aunque no es injerencia de la Secretaría del Trabajo, “sí podemos ir de mitoteros” si se detectan irregularidades en cuestión del Seguro Social, aclaró la fuente consultada. Algunas de las empresas a sancionar son: * Agro Industrias Tobel, ubicada en El Rosario, que emplea de 600 a mil jornaleros; opera también bajo la firma americana Pea King Produce, de donde se cosechan y exportan millonarias toneladas de chícharos. “Estaba totalmente irregular”, señalan funcionaros consultados. No tenía empleados afiliados al IMSS, ni al INFONAVIT ni a FONACOT, además de que no pagaba ISPT. * Agrícola San Simón, localizada en San Quintín, que se dedica a la cosecha de col de Bruselas y tomate principalmente, emplea a alrededor de 600 trabajadores agrícolas. La compañía exhibe irregularidades en el pago de horas extra, además de omisiones ante el IMSS y SARH. * Centro Floricultor de Baja California, con base en Maneadero y que emplea de 150 a 300 jornaleros, e igual, presentaba anomalías en todas las prestaciones de Ley, tales como irregularidades en el pago con cheque y ahí mismo cambiárselos al empleado y “bajarle” una comisión entre el 10 y el 20 por ciento. * Agrícola El Indio en San Telmo, con alrededor de 400 empleados que cultivan tomate, cebolla, chícharos y tomates cherry. Presentó irregularidades en el pago de salarios y prestaciones, no pago de utilidades, además de que contaba con una tienda de raya. Las sanciones que se aplican a las empresas irregularidades van de 300 mil a 2 millones de pesos; a la fecha se ha multado por 6 millones de pesos. Generalmente a los patrones se les dan cinco días de gracia para que demuestren que operan bien o subsanen las irregularidades. En este caso y, ante las evidentes violaciones, procede sanción inmediata, afirmaron funcionarios consultados. Según la fuente, en administraciones pasadas no se hacían revisiones porque no había respeto por los inspectores, asimismo, explicó que el proceso de supervisión en las empresas agrícolas no es sencillo ni se puede sancionar muchas veces porque hay un alto grado de migración y movilidad: jornaleros que dos días trabajan en una empresa, los otros días en otra, y el fin de semana en una diferente. En caso de alguna incapacidad o exigir prestaciones, “pues a quién de todas le exiges… esas son cosas que no ven los líderes de la Alianza”, consideró el consultado. Confiesan que es un desorden total, hay ranchos irregulares, otros que tienen más parcelas que las que reportan, al estar esparcidas en distintas zonas, “todo el mundo le pone atención a las empresas a orilla de carretera, pero adentrándote en la sierra hay muchas y no pagan impuestos ni nada”. Respecto a las inspecciones que las autoridades han realizado recientemente, jornaleros de diferentes campos agrícolas consultados por ZETA dicen haber visto solamente que en días recientes llegó gente del DIF a diferentes ranchos para repartir despensas, cobijas, artículos de limpieza personal y hasta una sartén de teflón. Pero de visita de inspectores aseguran no haber visto nada, “y pues sí nos damos cuenta porque hay gente del mismo gobierno que avisa cuando llegan y sacan a la gente corriendo, como chivos por el cerro”.
Opacidad en las finanzas de Jaime Díaz
Los administradores del Ayuntamiento de Mexicali actúan con opacidad, hasta el momento no han dado datos finales del cierre presupuestal 2014 y menos los reportes concernientes al primer trimestre de 2015. Esto, pese a la ligera recuperación económica que ha tenido, derivado de algunos recortes presupuestales Sin embargo, los estados financieros obtenidos por ZETA y el balance de la evaluación que presentó la empresa calificadora Fitch Ratings demuestran un desbalance. Una disminución en la recaudación, la caída de los ingresos propios en comparación de lo presupuestado y el ingreso real en más de 295 millones de pesos. Además, incrementaron gastos en más de 140 millones de pesos a la cuenta de Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, que pasó de 135 mil pesos a más de 46 millones de pesos de lo presupuestado. De las calificadoras Según información obtenida por medio de la calificadora Fitch, el Ayuntamiento de Mexicali ha mantenido una baja en la recaudación de impuesto desde el cierre presupuestal 2012, en el cual recaudó 350.4 millones de pesos; mientras que en 2014 apenas superó los 297 millones de pesos, lo que significa una reducción de más de 50 millones. En cuanto a los datos ofrecidos por la calificadora internacional, la deuda directa pasó de 964 millones al cierre 2013, a mil 158.9 millones de pesos. En el análisis, Fitch Ratings señala que una de las posibles contingencias representa la ejecución de obra de infraestructura de urbana de transporte pactada con el Fondo Nacional de Infraestructura, con fecha límite para el 31 de octubre de 2015. En tanto, en el resumen de fortalezas y debilidades hecho por la calificadora, el Ayuntamiento de Mexicali pasó en el marco institucional de neutral a estable; en cuanto a deuda y liquidez, de neutral a negativa; y en desempeño administrativo, lo califican como débil a positivo. El documento en poder de ZETA indica que el Congreso autorizó un monto por 625 millones de pesos con el fin de cubrir pasivos contingentes de ISSSTECALI, por lo que el indicador de sostenibilidad de la deuda podría presionarse. Al comparar los ingresos totales, Fitch refiere la disminución de los mismos al compararlos a 2013, cuando pasó de 2 mil 872.2 millones de pesos a 2 mil 741.9 millones de pesos, una reducción del 4.9 por ciento. En cuanto al gasto de servicios personales, Mexicali es el que más eroga en comparación a los otros municipios de la entidad, al destinar el 72.9% de todo el presupuesto. Del gasto en general, la firma reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Mexicali, que pasó de 3 mil 86.2 millones a 2 mil 765.3 millones de pesos. De los ingresos En relación a los ingresos presupuestados para 2014 -en comparación al ingreso real-, los números tampoco favorecen al actual alcalde Jaime Díaz. Del total anual autorizado se estimaban, en Ingresos Propios, mil 309 millones 160 mil 52 pesos, pero al cierre de diciembre de 2014, apenas sumaba mil 013 millones 727 mil 542 pesos; una reducción de 295 millones 432mil 509 pesos, equivalente al 22.57% menos. Aunque hubo un aumento en las Participaciones Federales, fue el financiamiento bancario en 207 millones 707 mil pesos lo que “salvó” las finanzas de 2014, ya que en general solo disminuyeron 42 millones 600 mil pesos. De los egresos Pese al esfuerzo de la actual administración por reducir el gasto corriente y sanear sus finanzas, el proceso es lento y doloroso, sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento gastó menos de lo presupuestado, siendo Servicios Personales donde se resintieron los ahorros, al pasar de 2 mil 244 millones, a 2 mil 106 millones de pesos. Pese a ello existen dos cuentas con comportamiento anómalo, el primero referente a Servicios Generales, el cual aumentó de 174 millones a 322 millones de pesos; así como la cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de 135 mil pesos a 46 millones de pesos. Al comparar el gasto 2013-2014 se presentó una reducción de 562 millones 375 mil 498 pesos, pero una de las cuentas más afectadas fue la Inversión Pública, que pasó de 184 millones de pesos a poco más de 24 millones. En el tema de las entidades paramunicipales hubo una reducción en comparación con lo presupuestado y lo real en el orden del 9%. En lo individual, el presupuesto del Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM) fue de 37% y presentó la mayor disminución, seguida de Bosque y Zoológico (36%) y la Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali (CODAM) con 32%. Al comparar ingresos reales 2013-2014, la disminución de ingresos fue de 3 millones 649 mil 705 pesos, entretanto, en egresos, las Fiestas del Sol incrementaron su presupuesto en 14 millones de pesos. Total opacidad El líder de los regidores del PRI en el Cabildo de Mexicali, Francisco Fimbres, aseguró que el déficit presupuestario del Ayuntamiento de Mexicali en 2014 fue de mil 209 millones de pesos, y está pronosticado un déficit de 650 millones de pesos para el presente año. “Es un tema que viene arrastrándose desde hace varias administraciones, nosotros también recibimos un Ayuntamiento con finanzas difíciles, igual es una bomba de tiempo, los servicios personales que arrastra el Ayuntamiento mes con mes, es lo que tiene desde hace años en esta situación”, expuso. En cuanto a ingresos, sentenció que solo el 40% de la ciudadanía paga el Impuesto Predial, cuando en total se deberían recaudar 600 millones de pesos; incluso refirió que al incrementar la ciudad las finanzas, se contraen al tener que ofrecer mayores servicios. Respecto al crédito a corto plazo solicitado por el Ayuntamiento de Mexicali, que podría alcanzar los 300 millones de pesos, la fracción priista votó en contra debido a que en 2014 se solicitó un crédito igual y no se rindieron cuentas de cómo se destinó. “(Votamos) En contra, nosotros no estamos de acuerdo en darle facultades al Ayuntamiento para darle un crédito cuando no se nos informa, menos creemos que nos informen de éste, pero igual se hizo el compromiso, esperemos que así sea y no siga esta cerrazón en el tema financiero, no hay transparencia” dijo el síndico social. Para Fimbres la solución está en “chino” y sería necesario un recurso a fondo perdido de la Federación para poder pagar las obligaciones que tiene el Ayuntamiento, pues se debe recortar personal, aunque para ello se requiere dinero. Por su parte, la regidora integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Cabildo mexicalense, Alicia Martínez, afirma que el Ayuntamiento mantiene ocultas las cuentas, y por ahora se desconocen las finanzas de El FEX desde 2014, además de que en el ingreso que se dejó de recaudar, ascienden a 190 millones de pesos. “No sabemos cuáles son las dependencias que dejaron de trabajar, estamos viendo que en los cambios de titular de las dependencias están causando mucho daño a Mexicali”. Entre las cuentas irregulares, la regidora señaló el gasto en la cuenta de Servicios Generales que incrementó a 148 millones de pesos y más de 48 millones en Bienes Inmuebles, cuando lo presupuestado eran 135 mil pesos. De igual manera, el economista Enrique Rovirosa calificó como opacas las finanzas dadas a conocer por el Ayuntamiento mexicalense, ya que la información que se entrega no es suficiente. “Las calificadoras internacionales reciben la información mucho antes de que se haga público, eso habla de que hay más compromiso con las instituciones financieras que con la propia sociedad, y no es nuevo” afirmó. El esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento, expuso, es insuficiente, debido a que destina más del 70% en gasto corriente y debería estar en el orden del 50%. Mientras que el catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Roberto Valero, hizo hincapié en las calificaciones negativas en su evolución, lo que le impide contratar nuevos préstamos en tanto no arregle sus pendientes. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de marzo de este año, la ciudad pasó del lugar 9 al 7 entre los municipios más endeudados del país. Valero aseguró que la baja en los Ingresos Propios responde a la recesión económica que enfrenta Baja California, incluso afirmó que Mexicali tiene el salario más castigado de los últimos 10 años, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mismo docente indicó que Baja California fue líder en cuanto al cierre de empresas en todo el país, y en comparación, fueron 163 más que en 2013, además, Mexicali se colocó como la ciudad con mayor inflación en todo el país, con 3.30% mensual. “Lo único que le queda al Ayuntamiento es recortar el gasto, va a tener que despedir gente, el problema del gasto corriente es para el pago de trabajadores, va a tener que asumir el costo político y recortar gente, porque el problema es que va a llegar el momento en que no va a ver dinero que alcance”, advirtió. Asimismo, dijo que el Ayuntamiento necesita mucha estabilidad, la cual no se ha dado con los cambios que se han realizado en el gabinete y, para realizar una reestructuración, se necesita a un personal que conozca su puesto. El docente indicó que Mexicali cayó nueve lugares en cuanto a las ciudades con mayor competitividad en el país, por lo que se ubicó en el lugar 33, aunque cuando Francisco Pérez Tejada recibió la ciudad, se encontraba en el 10. Alcalde, poca información Por su parte, el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa aportó poca información en cuanto a los resultados obtenidos en 2014 y pareciera más preocupado por las finanzas que arrojó la anterior administración. “Continuamos con el proceso de saneamiento, las finanzas arrojan que persiste el asunto financiero que recibimos y que tenemos que darle la continuidad, eso por eso que he estado acudiendo a la Ciudad de México para ver las alternativas, sobre todo para cerrar el ejercicio 2015 y 2016. Tenemos que continuar con el proceso de saneamiento en el control del gasto corriente, también en el manejo de la nómina que son las principales causas del problema financiero que tiene el gobierno municipal”. – ¿Cuál fue el déficit en 2014? “No lo tengo en la mente, pero ese dato se lo puede dar el tesorero, precisamente estamos por tener a cabo reunión de Cabildo para presentar los números del cierre y cumplir con la norma como está establecido”. Apenas la semana anterior, el Ayuntamiento de Mexicali solicitó al Cabildo endeudamiento por casi 300 millones de pesos a corto plazo y, cuestionado al respecto, Díaz respondió: “No hay nada nuevo en ese sentido, es lo mismo que se hizo el año pasado y que año tras año debe formalizarse, está establecido en la vida normal del Ayuntamiento que puede solicitar hasta el 10 por ciento de crédito revolvente, eso es todo, simplemente se le está dando una formalidad que ya está establecida y tiene que ser cubierta tres meses antes de que termine la administración”. ZETA solicitó una entrevista con el tesorero municipal desde el lunes 27 de abril, sin que hasta el cierre de esta edición, se obtuviera respuesta
Narcoterrorismo estilo Jalisco
A Jalisco, el Gobierno Federal no le designó un comisionado especial para que regrese la seguridad a sus habitantes, tras la ola de violencia que se vive en la entidad; tampoco exhibió a su gobernador, Aristóteles Sandoval, como sí lo hizo con los de Michoacán o Guerrero, por una simple razón: es una administración emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ante la manifiesta incapacidad operativa de las fuerzas policiales de los municipios y estatales para enfrentar a los grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), será un militar quien encabece los esfuerzos para detener al enemigo número uno del momento, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”. Los traumáticos actos de narcoterrorismo vividos por los jaliscienses el viernes primero de mayo, y de los que estuvieron muy cerca los habitantes de algunos municipios de Colima, Michoacán y Guanajuato, alcanzaron a las Fuerzas Armadas del país, justo el primer día que iniciaban con la Operación Jalisco para buscar y detener al capo y sus secuaces. El derribo del helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana arroja hasta ahora un saldo de siete militares muertos. Nueve soldados y dos agentes federales lesionados. Otras ocho personas murieron en la jornada del terror en Jalisco; unos eran policías, y otros, presuntos sicarios. Los daños colaterales de 39 narcobloqueos en calles, avenidas y carreteras, donde autos, autobuses y camiones de carga fueron incendiados, son algo más que pérdidas económicas superiores a los 10 millones de pesos para el transporte público, 150 millones para el sector gasolinero y otro tanto para los banqueros, las arcas públicas y automovilistas que perdieron sus unidades. El agravio psicológico fue colectivo, un escenario de guerra avivado por las redes sociales y los mensajes de familiares y amigos alterados por la grave situación. Unas autoridades lentas, muy lentas en sus políticas de informar adecuada y oportunamente a la población lo que estaba sucediendo. Y unos medios de comunicación masiva, sobre todo los radiofónicos, que estuvieron a la altura de confirmar cada una de las noticias que iban proporcionando. Aun pasada la fase de Código Rojo, como denominan las autoridades a la activación del protocolo de coordinación policial, la psicosis permanece en los ciudadanos y en las autoridades estatales que “esperan nuevos atentados” de la organización criminal predominante en la región. Hoy se busca a criminales que en anteriores ocasiones han estado a disposición de diversas autoridades y que en esos ayeres no pudieron retener. También ahora están saliendo de las cárceles viejos miembros del Cártel del Milenio y que posiblemente podrían reforzar al CJNG, al conocer las rutas y contactos del negocio desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Otros narcos están a un tris de verse favorecidos judicialmente ante las pifias de la procuración e impartición de justicia de nuestro país. “Viernes negro” en Jalisco El primero de mayo de 2015 será recordado en todo Jalisco como uno de los días más horrendos en la historia de la entidad. Día de asueto. Mucha gente se levantó más tarde que de costumbre. A otros los despertaron sus familiares que empezaron a correr la voz de los narcobloqueos. Uno a uno se conocía de los cruceros bloqueados por vehículos incendiados. Nadie sabía los motivos de los ataques. A los entronques de avenidas, periférico y carreteras, se sumaron los incendios a instituciones bancarias en poblaciones del Sur de Jalisco y de gasolineras en la Costa Norte. Balaceras tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en municipios del interior del Estado, como Autlán de Navarro y Jalostotitlán. Mientras los medios de comunicación confirmaban cada incidencia y la reportaban con rapidez a través de sus micrófonos, cámaras y portales web, las cuentas oficiales en redes sociales de los gobiernos, estatal y municipales, poco decían. Confirmaban las noticias con retraso hasta de 45 minutos. Más tarde se informaría por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) una noticia que provocó escalofrío entre los habitantes del país entero: un helicóptero militar fue derribado por sicarios del temido cártel en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, el corazón de la región Costa Sur, donde tiene asentados sus reales “El Mencho” y sus huestes. Hasta ese instante solo se conocía de tres soldados muertos. Fueron horas de angustia total. Con personas recluidas en sus hogares, otras en los hoteles donde vacacionaban y unos más atorados durante prolongados lapsos en los embotellamientos carreteros, afectados por las acciones criminales. Quienes se hallaban en tránsito estaban desesperados, y a la vez temerosos de que algo les pudiese ocurrir. Los balances de la sangrienta jornada fueron actualizados paulatinamente hasta conocer los datos finales, confirmados por autoridades estatales y después por las federales. Los 39 narcobloqueos se registraron en 25 municipios de Jalisco, y cuatro, en otras tres entidades. La cifra inicial de siete muertos, hoy ya es de 17 fallecidos -con la muerte de una policía federal que iba a bordo del helicóptero caído-, 19 heridos y 19 detenidos, nueve de los cuales fueron liberados casi de inmediato, cinco consignados y el resto aún son investigados. El impacto social de estos hechos disparó el sentimiento de inseguridad real y virtual de la población que todavía no acaba de digerir feroces enfrentamientos registrados este año en Puerto Vallarta, donde un francotirador mató a un soldado en enero, la emboscada que mató a 11 personas en Ocotlán -cinco de ellas elementos de la Gendarmería Nacional- en marzo, la balacera con cuatro sicarios muertos en Zacoalco de Torres y el atentado contra el comisionado de Seguridad en Jalisco, Francisco Solorio, en Zapopan, en el mismo mes, y la masacre de 15 policías estatales en San Sebastián del Oeste, en abril pasado. A raíz de estos sucesos, más de 20 policías del Estado de Jalisco han presentado su renuncia, e inmediatamente después de los bloqueos, unos 50 choferes del transporte público también dimitieron a su trabajo. La Operación Jalisco Tras los lamentables acontecimientos, el martes 5 de mayo se reunió -en un hotel de Guadalajara- el Gabinete de Seguridad Federal con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que la fallida Operación Jalisco continuará y será un militar quien la encabece. El General de División DEM, Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la V Región Militar, fue designado como el responsable de coordinar los esfuerzos del Gobierno de la República y autoridades locales para detener a los criminales y desmantelar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. En la implementación de las órdenes operativas participan la SEDENA, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Gobierno del Estado de Jalisco. A diferencia de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, gobernados por políticos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Jalisco los miembros del gabinete fueron a darle el espaldarazo a un Aristóteles de tan malas cuentas y pobres resultados en la lucha contra el crimen organizado. No podía ser de otra manera. El proceso electoral está en marcha y, aunque serán comicios intermedios, perder Guadalajara y municipios metropolitanos sería caótico para el PRI. El secretario de Gobernación aseguró que se restablecerá la tranquilidad en la entidad como se ha logrado “en estados como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y en regiones como la Laguna, y en otros lugares más. Y que siguen el mismo camino, Tamaulipas y Guerrero”. El General González Cruz estuvo recientemente adscrito en Tamaulipas, donde la violencia continúa. Según Osorio Chong, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, es uno más de los 122 objetivos prioritarios de la actual administración. “Recordemos que tenemos 93 ya detenidos o abatidos”, reconoció el funcionario federal, al tiempo de minimizar el grado de influencia del grupo criminal y de su líder al territorio de Jalisco “y algunos estados colindantes”. Aunque a los funcionarios del ámbito de seguridad pública estatal no se les vio con buen talante en días recientes, aseguraron que la llegada y apoyo de más efectivos del Ejército, la Marina y agentes federales siempre serán bienvenidos. Por cierto, las propias autoridades que aseguraban que Jalisco estaba tranquilo y no era necesaria la intervención del Centro, ahora dicen que en su momento advirtieron al Gobierno Federal sobre el poder y peligrosidad del CJNG. Por cierto, en la Catedral Metropolitana de Guadalajara se realizó una misa de acción de gracias por el Día del Policía, que se celebra en los primeros días de enero, pero que no se había llevado a cabo este año, y dados los últimos acontecimientos con la muerte de agentes de distintos niveles y soldados, el miércoles 6 de mayo los uniformados llenaron la sede del Arzobispado tapatío. El Cardenal Francisco Robles Ortega ofició la misa, en la que “de manera muy en especial encomendamos a la muy infinita misericordia de Dios a quienes han muerto en el cumplimiento de esta delicada misión de brindar seguridad a nuestro pueblo. El Señor los acoja en la vida eterna”. El Arzobispo pidió también por los familiares de los policías y también por “aquellos que causan el dolor y la muerte”. “El Mencho” y el CJNG En averiguaciones previas de la PGR, desde hace tres y cuatro años constan los datos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de su líder, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes y/o Oceguera Ramos y/o Oceguera Valencia. El arribo del helicóptero militar al municipio Casimiro Castillo no fue casual, sino una acción dirigida al “corazón operativo” del territorio donde “El Mencho” y su gente se mueven con confianza. Informes glosados a las indagatorias de 2011 y 2012 detallan cómo la organización de Los Valencia o Cártel del Milenio fue el antecedente del nuevo cártel, y cómo a la detención de Óscar Orlando “El Lobo” Nava Valencia, en 2010, se asumieron como líderes Oceguera Cervantes y Erick Valencia Salazar “El 85” (detenido en marzo de 2012). Detalla el documento oficial que la organización criminal estableció su “base en Guadalajara y con zonas de operaciones en los poblados de Casimiro Castillo, Aguijullo, Autlán, La Cofradía, municipio de La Huerta, Tecalitlán, El Grullo, Ciudad Guzmán y Tonalá, del Estado de Jalisco”. En Colima se ubicaron en Cuyutlán, Ixtlahuacán, Tecomán, Manzanillo y la capital; mientras que en Michoacán dominaron Tepalcatepec, Las Trojes y Villa Victoria. “El Mencho” contó con la alianza de grupos delincuenciales que ya trabajaban para los Valencia (Valencia Valencia, Valencia Cornelio y Nava Valencia), entre ellos los hermanos Pulido de Apatzingán y los hermanos González Valencia “Los Cuinis”, de Aguililla, Michoacán, hombres económicamente poderosos. El gobierno del ex Presidente Felipe Calderón intentó detener a Rubén Oceguera y capturó a algunos de sus principales lugartenientes, mas no debilitó la estructura del cártel que, por el contrario, mostró una rápida recomposición. En 2012, “El Mencho” promovió un juicio de amparo en Tijuana, aduciendo -bajo protesta de decir verdad- que tenía su domicilio en esta ciudad. La dirección proporcionada por Oceguera Cervantes se guardó en el sigilo del ex Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tijuana. El presunto narcotraficante reclamó la única orden de aprehensión que se había dictado en su contra -en esa fecha- en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. El capo, quien se dijo “mexicano, casado, mayor de edad, sin adeudos fiscales…”, afirmó en su escrito que “es el caso elementos de la Policía General se encuentran por fuera de mi domicilio tratando de detenerme, y con ello me torturarían para confesar hechos que no he cometido”. El juez federal de Tijuana declinó la competencia porque la orden de captura fue dictada por un juzgador de Jalisco, pero otro juez de amparo de dicha entidad rechazó conocer del asunto. Tras un conflicto competencial, el Quinto Tribunal Colegiado de Baja California resolvió que el juzgador tijuanense debía ser quien resolviera sobre la protección solicitada por Rubén Oceguera. El 31 de octubre de 2012, el juez Ulises Torres Baltazar concedió el amparo y protección de la justicia federal al líder del CJNG, dejando sin efecto una orden de captura por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. El poder de “Los Cuinis” Al igual que su cuñado Rubén Oceguera, los hermanos de apellidos González Valencia y mejor conocidos como “Los Cuinis”, iniciaron sus actividades delictivas desde los primeros años de la década de los noventa en Michoacán, trabajando para sus familiares que fundaron una organización criminal, en la que además de traficar con drogas tradicionales como la marihuana, cocaína y heroína, empezaron a fabricar drogas sintéticas. A los hermanos González Valencia se les ubica en estas actividades desde hace más de 15 años. Algunos de ellos se encuentran en los Estados Unidos y han hecho una fortuna del trasiego de drogas desde Sudamérica y México hacia la Unión Americana. Hoy el más conocido de ellos es Abigael González Valencia, por estar detenido desde el último día de febrero de 2015. La PGR informó de su captura en Puerto Vallarta, donde se movía bajo las falsas identidades de Luis Ángel Gómez Flores, Luis Ángel González Valencia y Paul Jonathan Toledo. Es originario de Aguililla, donde nació el 18 de octubre de 1972. Tres de “Los Cuinis”, entre ellos Abigael, salvaron el pellejo en un atentado ocurrido hace casi nueve años en Jalisco, cuando delincuentes rivales trataron de matarlos en el palenque -remedo de hipódromo- establecido en el municipio de Tonalá, donde celebraban peleas de gallos. La madrugada del 2 de agosto de 2005, desconocidos arrojaron dos granadas de fragmentación y efectuaron disparos con armas de fuego en “El Carril”. El saldo de los estallidos fue de cuatro personas muertas y 28 lesionadas. Entre los heridos por las esquirlas de los explosivos figuraban José González Valencia y Antonio Oceguera Cervantes, hermano de “El Mencho”. Otro de los familiares del líder del CJNG, que en ese entonces militaba en el llamado Cártel del Milenio, era Saúl Díaz Oceguera “El Cangrejo”, de 52 años, vecino del Naranjo de Chila (donde nació Rubén), municipio de Aguililla, Michoacán, quien fue uno de los cuatro muertos. Su prima Adela Valencia Oceguera declaró que el fallecido era agricultor. Los tres occisos restantes no guardaban relación con el grupo agredido. Uno era comerciante, otro panadero, y el último, un caballerango del mismo hipódromo donde acontecieron los hechos. Producto de las investigaciones fueron asegurados dos fusiles AK-47 y 90 personas fueron retenidas para declarar ante el Ministerio Público. José González Valencia fue remitido a un hospital privado, donde sus familiares pretendieron sacarlo de manera clandestina, pero fueron descubiertos. Uno de sus carros blindados tenía rastros de sangre. Al ser atraídas las pesquisas por parte de la PGR, José y sus hermanos Édgar y Luis Ángel González Valencia fueron investigados junto con otros sospechosos de pertenecer a la organización criminal de los Valencia de Michoacán; sin embargo, por tratarse de las víctimas del atentado, pronto fueron liberados. Con el tiempo se estableció que la persona que se identificó con el nombre de Luis Ángel en realidad era Abigael González Valencia, y hoy en día, es uno de los alias con los que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, le mantiene en sus listas de presuntos cabecillas del narcotráfico. Pendientes de “Los Cuinis” A su captura, Abigael González fue arraigado en el Centro Federal que para esos efectos tiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal. Los cómplices detenidos con el presunto operador financiero del CJNG, sicarios mexicanos, venezolanos y colombianos, fueron internados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Para pronto “El Cuini” presentó demandas de amparo en el Distrito Federal. La primera contra la orden de arraigo y dos más contra la orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Concluyó el arraigo y el mandamiento judicial fue cumplimentado. En los primeros días de mayo, González Valencia fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Los juicios de garantías continúan su curso en el Juzgado Noveno de Distrito especializado en la materia en la Ciudad de México. En uno de ellos se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, lo que prohíbe que por el momento -en lo que se resuelve el fondo del amparo- el indiciado sea entregado al gobierno de los Estados Unidos de América que lo reclama. Por si fuera poco y temiendo otras posibles órdenes de aprehensión por la comisión de delitos del orden federal, Abigael González Valencia solicitó sendos amparos en Toluca, en contra de todos los jueces de distrito de los estados de Chiapas y Durango. Otro de los hermanos de “El Cuini” cuenta con orden de aprehensión vigente en Jalisco, en el fuero común, en la misma causa penal que “El Mencho”. Se trata de José Luis González Valencia, señalado como uno de los presuntos autores del homicidio del que fuera secretario de Turismo de Jalisco durante una semana, J. Jesús Gallegos Álvarez. “Justicia” refuerza al CJNG Algunos de los miembros de la organización criminal que fueron detenidos en acciones de las Fuerzas Federales han regresado a las calles tras una breve o prolongada estancia en prisiones del país. El caso más reciente fue el del hijo de “El Mencho”, Rubén Oceguera González “El Menchito”, aprehendido en enero del año pasado. Salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande a inicios del actual. Pero no es ni el primero, ni será el último de los liberados. Algunos de los miembros del viejo Cártel del Milenio ya se encuentran libres y otros del CJNG están en vías de combatir jurídicamente sus procesos. Así, hace apenas unas semanas fueron excarcelados los miembros de una de las células del grupo de Los Valencia, detenidos en julio de 2008. El gobierno de Felipe Calderón anunció una más de sus “victorias” contra el crimen organizado al detener a once presuntos narcotraficantes a los que se les atribuía “que por lo menos desde 2005, pertenecían a una organización delictiva comandada por Óscar Nava Valencia, dedicada al tráfico de cocaína, que ocultaban entre fruta que trasladaban desde San Pedro Zula, Honduras, a México, valiéndose de diversos transportistas”. El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco los condenó a diez años de prisión por delincuencia organizada el 7 de marzo de 2011, y el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito confirmó la sentencia el 13 de junio de 2012. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la misma entidad les concedió el amparo liso y llano, ordenando su inmediata libertad. Los mismos magistrados que en 2013 obsequiaron un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero para que consiguiera su libertad, resolvieron en el caso de los michoacanos que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron insuficientes para acreditar la pertenencia de los quejosos a la organización criminal del Milenio. Entre los liberados se encuentran Sergio Rangel Ávila, Daniel Rangel González, Gabriel Ramírez Fernández y Juan Carlos Aguirre Guzmán, de los que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ya confirmó su egreso del CEFERESO Número 2 “Occidente”. Otros reclusos del CJNG que aún tienen varios procesos penales en su contra, pero que los van librando gracias al otorgamiento de amparos son algunos de los homicidas del secretario de Turismo Jesús Gallegos y los hermanos Ramón, Rafael y Santiago Álvarez Ayala “Los Erres”, quienes han recibido la protección de la justicia federal porque muchas de las acusaciones en su contra fueron obtenidas de personas que estuvieron bajo arraigo tras la reforma constitucional de 2008, que reservó la facultad para aplicar la medida cautelar exclusivamente al fuero federal. Las declaraciones rendidas durante arraigos solicitados y ordenados por autoridades de las entidades federativas, son calificadas como inconstitucionales y, por tanto, no tienen validez legal. Por dicho motivo, son muchos los delincuentes que están interponiendo juicios de garantías.
Ombudsman Independiente
Será la mujer o el hombre, “encargado de velar por la legalidad en todos los actos de la administración pública, promover la justicia y asegurar el respeto de los derechos humanos en todo lo que aquella intervenga” durante los próximos cuatro años en Baja California. Se trata del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y ya hay 22 tiradores apuntados. Sus currículos están siendo revisados por los 25 diputados locales. Para llegar a ser el ombudsman local, él o la designada, deberán tener el apoyo de las dos terceras partes del Congreso. A pesar de la importancia del cargo y que en los más de los casos, su contraparte es el sistema corrupto que tiene decenas de abogados versados y millones de pesos a su disposición… para ser Comisionado de los Derechos Humanos los requisitos son mínimos. La Ley solo pide que sea un mexicano, con residencia de cinco años en el estado, ni siquiera tiene que haber estudiado carrera específica, basta que demuestre “capacidad y experiencia en la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos”, que no sea empleado público, no tenga antecedentes penales y posea prestigio, este último requisito por cierto muy subjetivo de evaluar, pero resulta obvio que no debe haber sido acusado como torturador o violador de los derechos humanos. Las exigencias oficiales pues, son pocas. En un estado donde tratándose de delitos de alto impacto reina la impunidad en el tema de la procuración y la administración de la justicia, donde los derechos de los niños a una educación son violentados por semanas y semanas sin consecuencias, donde los jornaleros del valle ensenadense denuncian condiciones de esclavitud laboral; un lugar en el que no desaparecen las denuncias de torturas o detenciones arbitrarias, y los feminicidios crecen… las condiciones indican que los legisladores están obligados a ser más selectivos. A la fecha los diputados solo han mencionado la necesidad que el próximo comisionado tenga experiencia, y sea apolítico, esto último por cierto resultaría contraproducente, porque el responsable de la defensa de los derechos humanos no puede ser indiferente a la política, por el contrario, debe estar interesado en las acciones y efectos de ésta, para poder ser el defensor que el pueblo requiere. Lo que sí es indispensable es que sea apartidista. Por eso el hecho que funcionarios y diputados panistas en lo privado y el diputado perredista en lo público, digan que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un puesto que le toca al PRI, resulta abusivo con los bajacalifornianos e irresponsable de parte de los legisladores. Este defensor ciudadano no puede deberle su puesto a ningún partido específico, es básico para su libertad de actuar. Los desafortunados resultados de la invasión de los partidos en los derechos humanos ya se padecieron con las incursiones del panista Ismael Chacón y el priista Arnulfo de León Lavenant, este último señalado de abusos de poder y hasta de escamotear los fondos públicos. El nuevo comisionado de los derechos humanos deberá demostrar su compromiso y sensibilidad con las causas sociales, tener hambre de justicia, ser conocedor de temas administrativos, pues va a manejar recursos muy limitados que necesita optimizar. También necesita ser profesional y competente en materia del derecho –porque va a enfrentar a los abogados del sistema–, evidentemente, con enfoque particular a la defensa de los derechos humanos. Ahora podrá presentar denuncias penales, ver temas de abusos de particulares. Eficaz con resultados probados, las violaciones a derechos humanos que se cometen en Baja California no están para que llegue ningún novato a aprender. Además, debe contar con el apoyo de los organismos de la sociedad civil, quienes lo acompañarán en su encargo y lucha. Y no se trata solo de que sea honrado y con ello que su actuar sea respetuoso de las leyes y normas consideradas adecuadas por la sociedad, su personalidad y formación, deben darle una visión amplia innovadora y propositiva, la capacidad y el empuje que le permita detectar las leyes y procedimientos burocráticos que violentan los derechos ciudadanos para promover acciones de inconstitucionalidad y lo que sea necesario para conseguir los cambios requeridos. Ahora más allá de que en la lista de aspirantes exista uno o más que reúnan los requerimientos necesarios, las organizaciones civiles, los profesionales organizados, la ciudadanía en general deberá poner el ojo y la presión, sobre los legisladores locales de todos los partidos, para que se dejen de la vergonzante repartición de cuotas de poder y elijan al mejor hombre o mujer, al más independiente, crítico, valiente, combativo, con vocación de proteger, capacitado, imparcial, responsable, libre de intereses, capaz de una escucha activa y productiva. Porque eso es lo que exige la desigualdad económica, política y social que todavía se vive en el estado.
Procuradora de ornato, Ejército de emergencia (O Peña imitando a Calderón)
El retiro de Jesús Murillo Karam de la PGR y el nombramiento de Arely Gómez González en su lugar, degradó el nivel de las manifestaciones por el caso Ayotzinapa, pero detonó la violencia de los cárteles de la droga. No significa esto que Murillo haya tenido bajo control el nivel de violencia en el país el tiempo que encabezó la Procuraduría, pero sí que la impunidad, la corrupción y el terrorismo del narcotráfico están en un elevamiento sin precedentes. Refiero la responsabilidad en la Procuraduría General de la República, porque a más cargos, comisiones, fiscalías, que el presidente Enrique Peña Nieto se invente para apagar los fuegos criminales que se le encienden por toda la República, es la PGR la institución facultada para investigar, perseguir, procurar justicia en los temas de delitos contra la salud, asociación delictuosa, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas, lavado de dinero, secuestro, entre otros delitos. Es obligación de la titular de la PGR, en este caso Arely Gómez, establecer estrategias y políticas de combate al crimen organizado y los cárteles de las drogas. Coordinar equipos de investigación, de inteligencia policial, científica y ministerial, para perseguir, detener y procesar a los miembros de esas bandas criminales. También es su obligación dar la car a los mexicanos, informar sobre los resultados, las operaciones, los más buscados, los procesados, los encarcelados, y la delincuencia organizada y del narcotráfico en México. Esas entre muchas otras responsabilidades que tienen en la PGR, pero que no se están cumpliendo o llevando a cabo de manera cabal. Las apariciones de la Procuradora Gómez en los momentos más álgidos de sangrienta violencia e inseguridad son escasos por no decir inexistentes. Primero salen otros a hablar por ella, y después la dama aparece como ornato en una fila de funcionarios coordinados por alguien más cuando ella, y solo ella, es quien tiene la facultad para perseguir los delitos del fuero federal. Para ello la nombró Enrique Peña Nieto, y de ello tiene que dar cuentas a los gobernados. Esto viene a colación porque el viernes sangriento, el 1 de mayo, cuando en Jalisco narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación comandados por Nemesio Oseguera Ramos, derribó con un lanza-cohetes un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se trasladaban elementos de la Milicia, de la Fuerza Aérea, entre otros, y ese acto dio inicio a horas de terror entre la población de 29 municipios, cuatro estados y cientos de calles y comercios. El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de controlar la violencia que genera la impunidad de la que gozan los criminales y los narcotraficantes con instituciones y corporaciones corrompidas. El viernes sangriento la Procuradora no salió, como era su deber, a dar la cara para informarnos a los mexicanos de las estrategias de combate a los criminales. No habló. No ideó ni ejecutó plan alguno. Su participación más sobresaliente ese negro día, fue un irrespetuoso Twitter escrito para, en 140 caracteres, dar el pésame a las familias de los militares muertos en el derribamiento del helicóptero militar. De hecho si Usted busca en medios de comunicación, en buscadores de la Red Internacional de la Información, o en la propia página de la PGR, se dará cuenta que de actividades, Arely Gómez tiene muy pocas relacionadas con enfrentar y salir avante de la cruzada de los cárteles de las drogas y los criminales organizados para aterrorizar en el País, envenenar con drogas, traficarlas por nuestras tierras y trasegarlas hacia los Estados Unidos. De la Procuradora poco se sabe. Y lo que se sabe, son conferencias, mensajes en redes sociales, temas del nuevos sistema de justicia penal, pero nada del combate al narcotráfico, más allá de recompensas para los “peces gordos” más no para acabar con sus estructuras criminales, financieras, de rutas de drogas, o pasajes de corrupción. Cuando falla la procuración de justicia impera la impunidad, y cuando hay impunidad hay criminalidad, y a ese es al ambiente que la Procuradora Arely Gómez está contribuyendo con su parálisis laborar, al menos el viernes sangriento 1 de mayo de 2015. Siendo Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa observó la corrupción en las instituciones procuradoras de justicia y en las corporaciones policíacas. A través de la Ley Nacional de Seguridad Pública se crearon esquemas para valorar a las policías a los mandos de la seguridad, la procuración de justicia y las corporaciones policiacas, y evaluarlos de manera constante. Mientras las corporaciones y las instituciones se saneaban, Calderón inició su estrategia de la guerra contra el narco, sacando a los militares de los cuarteles y dándoles la facultad para perseguir –más no para procesar, esa es facultad exclusiva del Ministerio Público- a los narcotraficantes y criminales. El caso ejemplo fue Baja California. Acá, el Gobernador del Estado, entonces José Guadalupe Osuna Millán en concordancia con el presidente Calderón, concedió al Comandante de la II Región Militar, la coordinación de las fuerzas públicas del Estado para combatir al crimen organizado. Así, primero el General Sergio Aponte Polito y después el General Alfonso Duarte Mújica, coordinador al Procurador, al Secretario de Seguridad, a los Secretarios de Seguridad de los Ayuntamientos, a la Policía Federal, y hasta a los Marinos. Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, lo primero que hizo en su plan de México en Paz, fue retirar al Ejército de las calles, regresar a los Generales a los cuarteles, eliminar los retenes militares para detección de armas, drogas y dinero, y dar la apariencia que las ciudades volvían a la calma y a la tranquilidad por el solo hecho de no ver a los militares patrullando las calles. Esa estrategia, ese regresar la facultad a quienes siempre la han tenido, que son las instituciones del Gobierno Federal, pero sin sanearles la corrupción, ni capacitarles en las ciencias de la investigación criminal, ministerial y la contundente acusación, elevó en México no solo el número de organizaciones criminales, sino los niveles de impunidad que, por supuesto, ascendieron el ritmo de la inseguridad y los actos de violencia, hasta toparnos de manera terrible con el viernes sangriento y de terror, que significó el 1 de mayo de 2015. Ante la ausencia evidente de una PGR activa, fuerte, limpia, férrea, temida, contundente, Enrique Peña Nieto tomó otra decisión. Muy distinta a la de inicios de su sexenio de establecer cinco regiones en el País y atenderlas en su individualidad –aun cuando cada región tiene un mínimo de 6 estados-; y muy distante también de la decisión de atender la emergencia ante la inseguridad en Michoacán enviando a un Comisionado Especial. Esta vez, la decisión de Peña fue recular a la decisión de retirar al Ejército de la persecución contra el narco y el crimen organizado, y regresarlos a las calles. Además, como en su momento lo instauró Felipe Calderón, ordenar a los Militares coordinadores de las Fuerzas Civiles. Con Arely Gómez la Procuradora en calidad de ornato, junto a los Secretarios de la Defensa y de la Armada, y al Comisionado de Seguridad Nacional, el representante de Peña, el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong, nos informó que en la Coordinación del Operativo Jalisco, que pretende no sólo disminuir la inseguridad y la violencia en aquel Estado, sino capturar a “El Mencho”, se nombró al Comandante de la V Región Militar con sede en Jalisco, el General Miguel Gustavo González Cruz. O sea, estamos presenciando un regreso al pasado. Mientras somos partícipes de la poca acción pública y determinante en el combate al narcotráfico y el crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República. Que ni con la SEIDO, ni con la Policía Federal Ministerial, ni con la Agencia de Investigación Criminal, ni con todos los departamentos que tiene ni las herramientas que posee para investigar, perseguir y procesar a los criminales, pueden contener la ola de violencia. ¿Qué hace la Procuradora Arely? ¿Podríamos solicitar al Senado, entidad que la ratificó en el cargo, cuentas sobre el proceder de la señora Procuradora? ¿Regresaremos a los tiempos del patrullaje militar? Son preguntas, mínimas por cierto, que en un gobierno de cerrazón política, opacidad y poca información, se mantienen sin respuesta.
Crece actividad del narco en Baja California
El hallazgo de dos narcotúneles, en Tijuana y Mexicali, entre el lunes 27 y el martes 28 de abril, corrió a cargo de autoridades estadounidenses, quienes detectaron los pasajes subterráneos antes de que fueran finalizados. Además, los pasadizos de los criminales son relacionados con los cárteles del narcotráfico que delinquen en Baja California, particularmente con el de Sinaloa. También los narco túneles son la prueba que las bandas criminales siguen trasegando droga por el país, logran llegar al Estado y requieren de estos túneles a lo largo de la frontera bajacaliforniana, como una forma más de cruzar los estupefacientes a la Unión Americana. En 2014, agentes estadounidenses de la frontera de California, decomisaron más de 936 toneladas de droga, entre marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína que, dijeron, pasaron por Baja California sin ser detectadas. Al escenario del mundo de las drogas que se desarrolla en Baja California, sin que autoridades federales, estatales o municipales las detecten, a los narcotúneles y los pocos decomisos en esta frontera, se suman los ejecutados que durante abril de 2015 superaron en esta entidad, los cometidos el mismo mes, pero de 2014. El anterior contexto, comprobable en investigaciones y descubrimientos en la frontera estadounidense y en estadísticas de ZETA y de autoridades locales, confirman lo que los titulares de las corporaciones policíacas, de procuración de justicia y de la fuerza militar intentan minimizar en el discurso: la presencia y creciente actividad de los cárteles de droga en Baja California. Narcotúneles: los descubren norteamericanos y avisan a mexicanos La detención de un hombre, quien intentaba cruzar de Mexicali a Caléxico con 31 kilogramos de metanfetaminas, dio origen a una investigación que dos días después concluyó en el descubrimiento de un túnel transfronterizo. El sábado 25 de abril, aproximadamente a las 9:30 pm, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la estación de Caléxico, observaron a través del sistema de video vigilancia remota, a cuatro hombres a la orilla del Canal Todo Americano. Este canal corre paralelo a la frontera entre México y Estados Unidos, desde Yuma, Arizona, hasta Caléxico, California. Cuando los oficiales arribaron al lugar, tres de los hombres huyeron de regreso a México, pero lograron arrestar a uno de ellos, quien portaba un traje de buzo. Al inspeccionar el área, los estadounidenses hallaron equipo para sumergirse al canal y 25 paquetes sellados al vacío con31 kilogramos de metanfetaminas en su interior. Derivado de este arresto, la unidad de Rescate y Búsqueda de la Patrulla Fronteriza condujo una exhaustiva exploración en el área y, el lunes 27 de abril, localizó un túnel de 210 metros de longitud y un diámetro de 3.6 pies por 3.6 pies, con sistema de ventilación y de iluminación. Aunque inconcluso del lado norteamericano, la entrada a él era a través de una vivienda, en aparente abandono, en la colonia Residencial Hípico de Mexicali. Las autoridades del vecino país dieron aviso a la Policía Federal en México, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Municipal de Mexicali, quienes encontraron el punto de origen en Mexicali, Baja California. Éste es el primer túnel encontrado en la estación de Caléxico durante el año fiscal 2015, el cual inició el 1 de octubre de 2014. Durante este mismo periodo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha decomisado más de 200 kilogramos de metanfetaminas. Lauren Mack, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés), explicó que agentes adscritos a esta dependencia se encuentran realizando las diligencias en el sitio para recabar información sobre la organización criminal que ordenó su construcción. Al día siguiente, 28 de abril, agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego reportaron un colapso de tierra a unos metros de la barda fronteriza con Tijuana. El hundimiento dejó al descubierto, un túnel en construcción con 200 metros de longitud. Al interior, un sofisticado sistema de rieles, alumbrado eléctrico y algunos galones de agua. La información fue compartida con el Ejército Mexicano y así fue localizado el punto de origen en una vivienda de la colonia Castillo de Tijuana. La vocera del ICE explicó en entrevista con ZETA que el túnel no tenía aún una salida de lado estadounidense. En este caso, no se reportaron arrestos. Los juzgados Tras la aprobación en Estados Unidos de una Ley, en 2012, para castigar el delito de financiamiento y cooperación en la construcción de narcotúneles, el más reciente caso en llegar a la Corte Federal de San Diego es el del tijuanense Gilberto Quezada Madrid. El proceso en contra de Quezada Madrid inició en abril de 2014, luego de que se le vinculara en la construcción de narcotúneles que conectaban bodegas en el área de Otay Mesa de lado estadounidense, con otras localizadas en la colonia Nueva Tijuana, a unos metros de la Garita Internacional de Otay. De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California, agentes asignados al área de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las Fuerzas Operativas Anti-Túneles de San Diego, vigilaban al mexicano desde 2013. Información proporcionada por el gobierno estadounidense revela que el primer narcotúnel descubierto tenía una longitud de 600 metros y estaba equipado con iluminación y un sistema de rieles, mientras que la entrada estaba cubierta con una tapa de cemento. Mediante poleas, se introducían los paquetes de contrabando desde la bodega hasta el narcotúnel. El segundo narcotúnel, en el que está implicado el joven de 27 años, tiene una extensión de 640 metros, contaba con un sofisticado sistema de ventilación y estaba equipado con un sistema ferroviario eléctrico. Quezada Madrid firmó un acuerdo ante la Corte para declararse culpable ante el juez Dana M. Sabraw, en septiembre de 2014, la pena máxima que podría alcanzar es de 20 años de prisión. Su siguiente audiencia está programada para el 22 de mayo. Por otra parte, vecinos del predio marcado con el número 134 de la calle Mariano Escobado en la colonia Castillo, sostienen no haber visto movimientos extraños, expulsión de tierra o alguna otra actividad que los llevara a sospechar que ahí dentro se hacía algo ilegal. Ocasionalmente -porque no a diario- un grupo de albañiles trabajaba en la construcción aún en obra negra, pero las condiciones en que se mantiene el predio tampoco dan margen de visión: una barda perimetral, tres accesos reforzados con madera para evitar que pudiera verse fácilmente hacia adentro. Fotógrafos e incluso elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) asomaron sus cámaras por la barda para tomar los interiores, pues a la fecha, la orden de cateo no ha sido emitida por el Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el túnel que de ese domicilio inicia está a ocho metros de profundidad, tiene 200 metros de largo y 1.65 de altura, presumiblemente utilizado para el trasiego de droga. No hay personas detenidas. La colonia Castillo de Tijuana se ubica en el límite Oeste de la Zona Norte y pegada a la Avenida Internacional. Específicamente el número 134 de Mariano Escobedo está a unos 600 metros de la Avenida Camino de la Plaza en San Ysidro, California. Se trata del segundo túnel encontrado en Tijuana en lo que va de 2015, el anterior fue hallado el 8 de abril en la calle Constelación de la colonia Aeropuerto en Otay. El narcotúnel entre Mexicali y Calexico El sábado 25 de abril, cerca de las diez de la noche, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a Caléxico descubrieron a través de las cámaras de vigilancia un grupo de cuatro individuos que cargaban unos bultos. Al aproximarse las unidades de la Patrulla Fronteriza al lugar, unas millas al Este de Caléxico, pegado al Canal Todo Americano, los agentes norteamericanos alcanzaron a observar que tres delos sujetos corrieron. Pero uno de ellos no lo pudo hacer, debido a que portaba un equipo de buceo que incluía dos tanques de oxígeno. Era un hondureño de 27 años. En el sitio, los agentes localizaron 27 paquetes sellados al vacío con metanfetamina en polvo. Calculan que su precio en el mercado puede llegar a los 700 mil dólares. Fue hasta el lunes 27 al mediodía cuando los elementos norteamericanos descubrieron una salida que da directamente al costado sur del Canal Todo Americano. Se trataba de un ingenioso túnel construido con la más avanzada tecnología -con equipo de ventilación e iluminación-, de 85 metros, y cuya salida apuntaba a un domicilio ubicado en la parte sur de la Avenida Internacional, en el fraccionamiento Hípico. Fue así como se enteraron las autoridades mexicanas, de inmediato, elementos de la SEDENA y agentes de la PGR acudieron al lugar. La tarde del mismo lunes, elementos de las mencionadas corporaciones llegaron hasta el domicilio ubicado en el número 1114 de la Avenida Colón para resguardar la zona. De acuerdo a las autoridades norteamericanas, se trata de un “sofisticado túnel”. Lo curioso es que inicia en un hoyo sobre el patio de la casa y, tras cruzar bajo la frontera, llega hasta una de las laderas del Canal Todo Americano. Se trata del primer túnel descubierto en esta región, donde el acceso del lado norteamericano llega hasta el canal, lo que implica que quienes cruzaban por ese pasadizo lo tenían que hacer con equipo de buceo y perfectamente coordinados. No se ha mencionado cuanto tiempo tenía el túnel en operación. De acuerdo a un comunicado emitido por autoridades federales mexicanas, y fechado el martes 28 de abril, la Policía Federal y el Ejército Mexicano localizaron el túnel clandestino a raíz de “una denuncia ciudadana”. El domicilio donde se localizó el acceso al pasadizo se encuentra por la Avenida Internacional, entre los números 1114 y 1118 entre las calles Salvador Díaz Mirón y Rio Elota, Fraccionamiento Hípico. Ahí vivía regularmente una familia con un menor de edad, los cuales rentaban el inmueble desde hace seis meses, ya que la dueña de la casa se había mudado a Estados Unidos. Según datos proporcionados por corporaciones policiacas, los ocupantes eran originarios de Sinaloa y algunos vecinos aseguran que había constante movimiento de una camioneta gris y un pick-up de reciente modero. Entre los ocupantes se presume la presencia de dos personas de alrededor de 50 años, aunque los vecinos nunca observaron tierra o material, por lo que el túnel pudiera estar operando desde tiempo antes. En la vivienda, aún en resguardo militar, se localizaron dos losas de concreto, la primera pegada en la vivienda del lado poniente, la cual se encontraba medio abierta; y la segunda en la parte frontal del patrio delantero, cubierta de una malla verde, además de que se encontraron sacos de cemento y tablones de respaldo. Del lado mexicano el túnel se encontraba totalmente inundado. Decomisos y túnel relacionados Luego de meses de inactividad operativa, elementos de la Segunda Región Militar y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron diversos operativos en el Valle de Mexicali, consignando varias toneladas de enervantes. El viernes 24 de abril, lograron decomisar casi 10 toneladas de marihuana en un rancho ubicado entre los ejidos Jiquilpan y Batáquez (Monterrey), en la Zona Centro del Valle de Mexicali, luego de una denuncia anónima en la que se informó del tráfico de drogas. Fue ahí donde detectaron un camión con la droga, en un principio se manejó que fueron alrededor de tres toneladas y media, pero la información fue corregida. En el lugar se detuvo a Daniel González Medina, de 38 años de edad. El martes 28 de abril, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal decomisaron alrededor de 60 paquetes de marihuana y aprehendieron a una persona que transbordaba la droga en su vehículo tipo Suburban color gris, en las inmediaciones de la colonia Abasolo, zona cercana a la Garita II, entre Mexicali y Caléxico. Según la versión oficial, al ver el vehículo, el conductor aceleró su marcha, por lo que los municipales decidieron detenerlo y, al intentar huir, tiró por la ventana varios paquetes de la droga. La persecución terminó en la calle Hacienda de Guadalupe, donde el auto se impactó contra un cerco. En información dada a conocer por la DSPM, se refiere que el nombre del detenido es Otoniel “N”, de 46 años, proveniente de Monterrey, Nuevo León. En ambos decomisos, el embalaje de la droga es similar, por lo que autoridades entrevistadas por ZETA afirman que se puede tratar del mismo cargamento de droga. Más droga del lado americano El mismo martes 28, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al sector de El Centro decomisaron 28 libras de cocaína -14 kilos- y arrestaron a dos residentes de Caléxico. De acuerdo a los datos, agentes fronterizos a través de los videos de vigilancia detectaron a dos hombres cargando una maleta en la parte norte de la cerca metálica que divide a México de Estados Unidos. Los hombres depositaron la maleta en la caja de un pick-up. Los agentes fronterizos detuvieron el vehículo y, al revisar la maleta, encontraron seis paquetes de plástico que envolvían la cocaína, la cual pesó 28.4 libras. De acuerdo a información de la corporación, en este año fiscal el sector de El Centro de la Border Patrol ha decomisado 148 libras del alcaloide. En otro incidente, suscitado la mañana del sábado 25 en la Garita de Cruce entre Andrade y Algodones, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron un vehículo donde se transportaba una familia y tres niños. Ahí localizaron un compartimiento con varios paquetes de cocaína que sumaron 50 libras, cerca de 25 kilos. “No hay un perfil de cómo un potencial contrabandista puede lucir”, expresó en un comunicado el director de la Garita de Andrade, David Sarrassin, en alusión a la incautación. De acuerdo a los datos, el vehículo era manejado por un hombre de 42 años, a quien acompañaba su esposa, de 38, y sus tres hijos menores de edad. Balacera en Los Pinos Después del mediodía del 29 de abril, vecinos del fraccionamiento Los Pinos escucharon balazos, luego el sonido de la atropellada salida de varios hombres de un pequeño departamento ubicado por Paseo de los Laureles, exactamente en el número 325, en la parte norte de la zona, a espaldas del club deportivo Bancali, en Mexicali. Algunos de los involucrados intentaron huir en un auto Jetta blanco, pero solo llegaron cuadras más adelante, hacia la zona de la calle Obeliscos, donde abandonaron el vehículo y corrieron hacia el Bulevar Justo Sierra. En la zona quedaron dos heridos, mientras varios deambularon en la periferia del departamento. De acuerdo a diferentes versiones, se trataba de una casa de seguridad en el fraccionamiento Los Pinos donde mantenían cautivo a un grupo de migrantes provenientes del sur del país, para extorsionar a sus familiares, residentes en Estados Unidos. Pero la mañana del miércoles 29 de abril, a quien le tocaba vigilar a los migrantes se quedó dormido, por lo que éstos se organizaron para escapar. Golpeaban al vigilante en la cabeza, cuando llegó otro de los captores y se armó la balacera que los migrantes aprovecharon para escapar. Al final fueron ocho los involucrados detenidos, aunque cuatro de ellos eran víctimas. Los disparos de arma de fuego alertaron a los vecinos, muchos de ellos se tiraron al piso para evitar balas perdidas, y entre la confusión, agentes ministeriales detuvieron tanto a secuestradores como a migrantes, ya que las versiones entre ellos eran confusas. Entrevistado en el lugar de los hechos, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Montreal, explicó que a través del número de Emergencia 066 fueron alertados del incidente en Los Pinos, y al llegar las unidades, los agentes detectaron a una persona en el suelo -con una herida de bala en el abdomen-. Después de ordenar su traslado al hospital, empezaron recibir llamadas de que gente a bordo de un automóvil tipo Jetta color blanco había huido hacia el sur del fraccionamiento, para después dejarlo en la calle Obeliscos. El jefe policiaco agregó que hicieron un cerco en la zona -donde participaron agentes de las policías Estatal Preventiva y Ministerial-, logrando la detención de varias personas, aunque de inicio había confusión entre quiénes eran víctimas y quiénes los captores.
Garita de cobro para San Diego
Cinco años han pasado desde que el 11 de noviembre de 2011 se publicara mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado, la Declaratoria de Destino del Cruce Fronterizo que consideraba la edificación de Otay II u Otay Mesa. El proyecto formó parte de los planes estratégicos para agilizar el cruce en la frontera que la administración de José Guadalupe Osuna Millán propuso en su momento. Ahora el gobierno federal anunció oficialmente la construcción del inmueble. Fue en 2008 cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush dio la anuencia para que del lado americano se hicieran los trabajos correspondientes para dicho cruce fronterizo. Entre tanto y de acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) en el estado, dio cuenta que la Garita de Otay II ya presenta avances, el plan se encuentra registrado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que existe un proyecto ejecutivo, así como un expediente técnico para liberar el derecho de vía de 32 hectáreas. El puerto de entrada se localizará aproximadamente a 3 kilómetros del actual cruce de Otay Mesa, en Tijuana. Consta de cuatro kilómetros (2.5 millas) de vialidad, misma que será de cobro (aunque no se ha determinado el costo) y constará de 35 carriles en la frontera de Estados Unidos y México. Lo anterior se anunció en el marco de la “Cumbre de la Misión Binacional de Negocios” misma que se celebró la semana pasada en la ciudad de México según dijo a ZETA el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tijuana, Gilberto Leyva. Luego abundó: “En la reunión se anunció de la edificación de la Garita Otay II. Esto forma parte del empuje que hacen ambos organismos como Sandag y Caltrans, el tema ya va muy avanzado. La conexión de este lado se dará por el Nido de la Águilas, la inversión será de 2 mil millones pesos”. “Nosotros ya no podemos pensar como tijuanenses y los sandieguinos como sandieguinos, es una metrópoli en la cual tenemos que estar unidos. No puedes negar que debes pensar en un Plan Metropolitano Binacional”. Externó que la caseta será única en su tipo, pues no hay un proyecto similar; sería concesionada con inversión pública y privada, y tendrá un costo de peaje para los usuarios, mismo que no se ha definido. El proyecto Cabe mencionar que la garita en cuestión, forma parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y está considerado como un puerto fronterizo comercial que reducirá los tiempos de espera de unidades de carga como autos ligeros. Información oficial establece que para la construcción se tienen contemplados 2 mil millones de pesos y podría iniciar funciones en 2017. Se estima tendrá una capacidad de 1.6 millones de unidades anualmente (4 mil 400 diarios) y se espera que para 2025 aumente su capacidad. El inmueble se instalará en un predio mayor a 40 hectáreas, 2 millas al este de la actual garita que opera en Otay conectará con ruta estatal 11 (11CA) y el Freeway 905. La SIDUE establece los siguientes avances en torno al proyecto: Registrado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público #10096220005. Permisos presidenciales aprobados, por ambos gobiernos. Acuerdo binacional Baja California-California para desarrollar conjuntamente el proyecto integral y estudio de tarifas de ingresos. Proyecto ejecutivo del puerto integral del puente, vialidades y nodos de integración terminado (SCT). Expediente técnico-jurídico-administrativo para liberar el derecho de vía (32 ha) enviado a SCT. El anuncio Luego de que se terminó la “Iniciativa de Comercio México-California”, celebrada el 22 de abril donde participaron autoridades de ambos lados de la frontera; el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, informó que en busca de generar agilidad en la conectividad entre Baja California y California con la reducción en el tiempo en el traslado de mercancías, en lo que va de la presente administración se generaron diversos proyectos de infraestructura; entre los que está el nuevo cruce internacional Otay II-Otay Mesa East. El funcionario federal abundó que la SCT mantiene una cercana colaboración con el Departamento de Transporte de California (Caltrans) y la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag), quienes son promotores del proyecto en el lado americano, y con quienes se lleva a cabo la planeación. Afirmó que la dependencia a la que representa seguirá trabajando con las agencias mexicanas y con las contrapartes estadounidenses para garantizar la expansión a la máxima capacidad de dicha puerta de entrada, esto a través de la edificación, en Estados Unidos de una vía directa a Otay, además de la ampliación de carriles y casetas de revisión. Cabe mencionar que la “Iniciativa de Comercio México-California”, busca fomentar el crecimiento económico tanto del lado mexicano como del lado americano. Por su parte el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Pablo Hernández dijo a ZETA que las obras a realizar en la garita deben tener una adecuada logística de tiempos para la conclusión de ambos lados de la frontera, esto para no afectar el flujo en el traslado de mercancías como tampoco el tráfico en calles aledañas. “Tenemos el ejemplo de la Garita de San Ysidro que ha tardado varios años y que además la apertura ha sido diferida. Se han dado tres años de trabajo para poder terminar, que no vaya a ser el mismo conflicto por los tiempos que se manejan de uno y otro lado. “Estamos hablando de un tema transfronterizo donde están relacionados Tijuana y San Diego, que va a conllevar lo que son vialidades necesarias para poder llegar a los puertos fronterizos y la necesidad que tenemos de más de estos puertos fronterizos”. Abundó que el proyecto ya está revisado y firmado por autoridades de ambos países en la frontera e insistió se debe analizar la movilidad infraestructura urbana. El consultado concretó que el tema anterior junto con otros temas habrá de evaluarse en el Congreso Zona Metropolitana Fronteriza a realizarse en el marco de la Segunda Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles a celebrarse en Tijuana del 14 al 16 de mayo, donde estarán presentes la SCT, la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag, por su abreviatura siglas en inglés), así como el Departamento de Transporte de California (Caltrans).