Aunque el problema del abastecimiento de agua en la región y sur de Estados Unidos es añejo, en este puerto ha tomado tintes dramáticos, y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) ya no tiene argumentos, sobre todo cuando desde hace dos meses suministra a la población el agua sucia. “No hay agua, y la que hay es dudosa, no se puede utilizar dentro de los establecimientos como centros de consumo.”, declaró Leonardo González Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). Se calcula que las cuentas que tiene la paraestatal en Ensenada son 147 mil, de las cuales un 65 o 75 por ciento se ubican en las zonas norte y noreste, que se abastecen de los pozos del Cañón de Doña Petra, La Misión, además del sistema de flujo inverso que trae agua del tanque Morelos en Tijuana. La mayoría de los restaurantes, así como zona turística, dependen de ese abastecimiento. Si bien, ahora los recortes de suministro son “lo de menos” para miles de familias en el puerto, la queja es que deben  lidiar con la tierra y suciedad que sale por las tuberías de agua. El restaurantero reprochó que esta situación los limita y al parecer, la Iniciativa Privada y la CESPE tienen realidades diferentes: “Hay irritación, y hay molestias por el costo adicional, la calidad del agua. Las pipas y los garrafones ya subieron de precio hasta un 20 por ciento, es un abuso y limita el progreso”. Según el empresario, entienden que hay menos agua, que la ciudad crece, pero por otro lado, saben que hay zonas de la ciudad donde nunca falta el agua y donde ésta siempre llega cristalina. La condición no es equitativa. “Si no se ponen de acuerdo CESPE y el Colegio de Ingenieros sobre la cantidad de agua que se requiere, y sobre todo, si no se tiene el problema resuelto, 2016 va a ser más difícil y más competitivo”, advirtió González Ramírez. El de Elena Cosío, madre de familia, es un caso más como la mayoría en las casas ensenadenses. La paraestatal le da el servicio a medias, no le sirve porque no puede mantener sus baños razonablemente limpios, puede regar plantas pero no lavar la ropa. Lo que le preocupa es que los recibos llegan puntuales y sin descuento por el deficiente servicio. Confesó que no se atreve a lavar los platos ni bañarse con el agua “café”, incluso “con tierra”, que sale de la llave de su casa. Para enjuagar los trastes de la comida y el baño de la familia utilizan agua de garrafón. Noé Ramos, residente de la colonia Lomitas Indeco, expresó su malestar porque tuvo que comprar dos tinacos el verano pasado, cuando pasaba hasta 10 o 12 días sin agua. Aquí los tambos están llenos de agua negra y sedimentos, desconocen cuándo se regularizó el servicio o si el agua tinta es solo de sus depósitos. Considera que el servicio que ofrece que la CESPE lo ha dañado, al menos antes recibía agua limpia cada ciertos días, pero ahora tiene problema porque almacena agua sucia y debe pagar para que le limpien sus tinacos: “Por ejemplo esta semana no ha habido nada de agua, a veces llega en las madrugadas, pero últimamente nada”. El sistema de quejas que maneja la paraestatal para medir la disconformidad de la gente ante el servicio es mediante llamadas telefónicas al número 073 que, por lo regular, se encuentra saturado. También existen siete trámites en proceso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). De igual manera, se asientan demandas para exentar pagos de agua y, aseguró la paraestatal, existen trámites para verificar inconformidad del usuario y cada caso se revisa para determinar si efectivamente hay un mal cobro, y se procede al respectivo ajuste.   RESTAURANTEROS SE LAS VEN NEGRAS El empresario Jean Carlo Covelli acepta que el agua está turbia en su restaurante de comida italiana, y lamenta que no pueda ofertar a sus clientes el líquido ni para lavar los alimentos y mucho menos para prepararlos, por lo que se ve forzado a contratar el servicio externo de pipas; adquiere una por día. Un establecimiento regular de comida gasta hasta 500 pesos diarios en compra de agua filtrada, lo que al mes representa una inversión de hasta 10 mil pesos. Dinero que pueden pagar en esta temporada. “La mayoría de los clientes de Ensenada saben que hay un problema con el agua de la ciudad, sin embargo, el problema es con el turismo, personas de Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito y hasta San Diego, que se quejan porque el baño está sucio, por ejemplo”, expuso Covelli. La Zona Centro de la ciudad no entró en los tandeos que realizó la CESPE durante 2015, pero a partir de agosto y septiembre, los negocios de la zona turística empezaron a sufrir de cortes de agua esporádicos, antes de que saliera el agua “amarillosa”. En las últimas semanas los empresarios se quejan de haberse quedado días enteros sin el servicio. “Se tuvieron que adquirir tanques de agua en  garrafones y la pipa, agua limpia todo el día, todos los días, esto por la demanda, la clientela lo busca, estamos en una zona turística y muchas veces la gente no sabe del problema, pero se percata de la condición del agua”.   POBLACIÓN HARTA, CESPE SIN ARGUMENTOS Miembros del  Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) se reunieron con el director de CESPE, Arturo Alvarado, quienes durante la sesión del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) le pidieron que no “maquille” la información. Destacaron que ya no hay confianza entre la Comisión y la Iniciativa Privada, por lo cual demandan “sinceridad”. Ante la discrepancia de datos sobre la cantidad de litros necesaria para normalizar la situación en toda la zona urbana, el dato que CESPE maneja es de 700 litros por segundo, que se lograrían con la puesta en marcha de la desaladora y el pleno funcionamiento del flujo inverso. Según estudios realizados por el CICE, al ritmo del crecimiento actual la ciudad requiere mil 450 litros por segundo para la operar a un óptimo nivel. Arturo Alvarado González, director de la CESPE,  habló sobre las diversas acciones que la paraestatal ha emprendido para mitigar la demanda del recurso. Remarcó que  en octubre el servicio se normalizó, ya que una parte del volumen de agua proveniente de Tijuana por medio del flujo inverso elevó el abasto de  90 a 120 litros por segundo, aunado a que con la entrada del otoño disminuyó la demanda por parte de la población. Agregó que el nivel de quejas disminuyó significativamente. A mediados de noviembre, el sistema comenzó a fallar y se empezaron a realizar trabajos de planta de bombeo de La Misión, para reponer una línea de cinco kilómetros se tuvieron que hacer paros, la obra duró nueve días pero se extendió a  tres semanas. El abasto se complicó, hubo menos agua y, por consiguiente, incrementaron las quejas. “Se concluyeron los trabajos, se envió normalidad de 200 litros por segundo, que cubren la demanda que hay en la ciudad”, afirmó Alvarado. Adelantó que para la próxima temporada de calor, que es cuando aumenta la demanda del líquido en la zona urbana, se está trabajando en obras complementarias que  requieren de una inversión de 300 millones de pesos. Los 300 litros por segundo que dará el flujo inverso estarán listos hasta finales de febrero de 2016, aseguró el titular de CESPE, además de calcular que el rendimiento de la paraestatal está en el 80%  de eficiencia, pero que del total que abastecen se desperdicia el 20%,  ya sea en fugas, tomas clandestinas y medidores defectuosos. De igual forma, planteó  que la CESPE es uno de los organismos con menor pérdida de agua en el país, y que la media anda arriba del 40% de desperdicio. Aunque expresó que no es un consuelo, ya que para el interior de la República abunda el agua.   LA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA El uso de agua resulta fundamental para el desarrollo en todos los sentidos. Día a día cada persona requiere acceso al agua para beber, cocinar, así como para higiene personal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cantidad mínima de100 litros diarios por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos.

A través de sitios web de apuestas y juegos ilegales de póker, una red dirigida por David Stroj “Fat Dave” e integrada por más de 20 personas, lavó 10 millones de dólares en dos años, de acuerdo a una acusación formulada en Estados Unidos. Uno de los principales corredores de apuestas que trabajaban para “Fat Dave” es el tijuanense Ricardo Castellanos Velázquez, ejecutivo de mercadotecnia de Grupo Caliente y del Club Xoitzcluintles de Tijuana. Joshua Mellor, fiscal a cargo del caso descrito por la Fiscalía del Distrito Sur de California como “la acusación más grande por apuestas ilegales en el condado de San Diego”, detalló cómo Ricardo Castellanos utilizó sus relaciones laborales en Grupo Caliente y Club Xoloitzcuintles de Tijuana para “reclutar clientes para David Stroj”. Así lo dijo en entrevista con ZETA. Al colaborador de Jorge Hank Rhon y socio de su hijo, Jorge Alberto Hank Inzunza, la autoridad federal lo siguió desde noviembre de 2013, cuando inició la actividad criminal a través de apuestas. El 9 de diciembre de 2015, en un operativo con la participación de más de 200 agentes federales de Estados Unidos, Ricardo Castellanos Velázquez fue aprehendido. La redada, en la cual se ejecutaron cinco órdenes de cateo y 22 aseguramientos en Chula Vista y San Diego, California, así como fuera del estado, resultó en la confiscación de 600 mil dólares. ENTRE POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MAFIOSOS Ricardo Castellanos en la inauguración de un casino Caliente de la Ciudad de México Joshua Mellor explica simple la participación de Ricardo Castellanos en la red de apuestas ilegales. “Era el principal corredor de apuestas en México, los clientes que conseguía Castellanos venían de la Ciudad de México, Cancún, Tijuana”. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California acusa a Castellanos Velázquez de “dirigir, financiar, administrar, supervisar y ser propietario de negocios de apuestas ilegales”, así como de conspiración para lavado de dinero.  Por lavado de dinero, de acuerdo con el Código Penal de Estados Unidos, la sanción máxima es de 20 años de prisión y una multa de hasta 500 mil dólares. Además, de ser encontrados culpables, los 25 acusados deberán entregar todos los bienes adquiridos con dinero ilícito. Durante su audiencia inicial, el 9 de diciembre de 2015, el abogado de Ricardo Castellanos Velázquez dijo que su cliente trabaja en un puesto directivo del Club Xolos de Tijuana, equipo de fútbol propiedad de Jorge Hank Rhon y manejado por su hijo Jorge Alberto Hank Inzunza.   El fiscal Mellor confirmó esta información a ZETA, “definitivamente trabaja como ejecutivo de mercadotecnia para el equipo y con el Casino Caliente”. Sobre su participación en la red, Mellor detalla que Ricardo Castellanos obtenía clientes para realizar apuestas deportivas en sitios web de apuestas operados desde Costa Rica. “Por cada uno obtenía del 20 al 25 por ciento de las pérdidas de las clientes, el resto se iría para David Stroj (el acusado principal). La mayoría de los jugadores, pierde”, precisa. David Stroj y Ricardo Castellanos se conocieron a través del empresario Jean Paul Rojo Morlet, también incluido en la acusación y quien en Tijuana registró la compañía de telefonía “Pactel” a su nombre.  Ricardo Castellanos a la derecha y Jean Paul Rojo a la izquierda De manera adicional, puntualizó el fiscal, Ricardo Castellanos prestaba su mansión en Rancho Santa, una exclusiva área residencial en San Diego, para que se realizasen juegos ilegales de póker. A cambio, por lo menos entre septiembre y octubre de 2014, Stroj pagó 7 mil dólares mensuales a Castellanos. David Stroj “Fat Dave”, a su vez, está vinculado a la mafia italiana “La Cosa Nostra” en Filadelfia, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de California. En Tijuana, Castellanos Velázquez aparece en fotografías con funcionarios como Eduardo Ledesma Romo “El Pochongo”, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en secciones de Sociales de publicaciones locales. El acusado de lavado en una de las planas de la revista Frontera Social, del 26 de enero de 2014 Mientras que la revista Quién lo muestra de invitado en la inauguración de la sucursal del Casino Caliente en Bosques de las Lomas, Ciudad de México, en 2010. Aquel evento, encabezado por Jorge Hank Rhon, reunió a la familia y colaboradores del ex residente de “El Hongo”, así como a la clase política de México como Paulina Díaz Ordaz, nieta del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del actual coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados. El acusado de lavado de dinero aparece además en el directorio de la revista quincenal Xolo Magazine –publicación oficial del club Tijuana– en su edición  del 30 de enero de 2015, como parte del consejo editorial junto con Jorge Alberto Hank y Gog Muguía, presidente y vicepresidente de Xolos, respectivamente. … y en la revista Xolo Magazine del 30 de enero de 2015   DÓLARES LAVADOS EN TIJUANA   Agencias federales estadounidenses iniciaron la investigación que además de conspiración para lavado de dinero y negocios de apuestas ilegales, incluye cargos por transportar personas para fines de prostitución, en noviembre de 2013. Recolectaron llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes financieros de cuentas bancarias, récords de cruces de la frontera, videos de vigilancia y más. Con ello, los fiscales lograron que en junio de 2014, un Gran Jurado federal aceptase la acusación. Los clientes de estos negocios ilegales de apuestas incluyen al narcotraficante Enrique Cavazos, acusado en Nuevo México por tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.   ZETA tuvo acceso a los documentos que detallan cómo en la operación de la red logró lavar más de 10 millones de dólares a través de casas de apuestas y esquemas ilegales de apuestas, México tuvo un lugar importante. En una de las órdenes de cateo ejecutadas el día de la detención, se establece que agentes hallaron que el 3 de febrero de 2015 al 28 de agosto de 2015, hubo numerosas transferencias bancarias desde México, las cuales sumaron 920 mil dólares. Un agente federal detalla, en uno de estos reportes, que por lo menos el intercambio de 400 mil dólares ilícitos entre Stroj y Arturo Díaz Ramírez, correspondiente a agosto de 2014, ocurrió en Tijuana. David Stroj o “Fat Dave”, el líder de la red de lavado Al respecto, el fiscal Joshua Mellor agregó “Tanto Castellanos y Broadt cobraban el dinero en Tijuana. David Stroj se veía una vez a la semana con Broadt en Tijuana”. Además, a Jeffrey Broadt se le señala de contratar a prostitutas en el club nudista Hong Kong en Tijuana para llevarlas a San Diego, California y Las Vegas, Nevada. A cada mujer se le pagaba entre mil y dos mil dólares por sus servicios, cantidad de la que Broadt y sus socios cobraban una comisión del 10 al 30 por ciento. De hecho, informes de agentes federales indican que aunque es ciudadano estadounidense, Jeffrey Broadt tiene residencia permanente en Playas de Tijuana. Y SOCIO DE JORGE ALBERTO HANK Además de compartir espacios en el consejo del Club Xoloitzcuintles de Tijuana, Jorge Alberto Hank Inzunza y Ricardo Castellanos Velázquez forman parte de una sociedad de negocios conformada el 19 de octubre de 2005 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el permiso 0202-929 expedido en Tijuana. Se trata de la empresa JMR Comunicaciones del Noroeste, dedicada a “la instalación, operación y mantenimiento con elementos técnicos adecuados de toda clase de telefonía y en general de cualquier sistema de comunicación técnica a través de internet”, explica el documento de constitución de sociedad. El escrito –cuya copia está en poder de ZETA– establece que las 100 acciones de la compañía están distribuidas de la siguiente forma: Jorge Alberto Javier Hank Inzunza con 50 acciones de 25 mil pesos, lo cual resulta en una inversión de un millón 250 mil pesos y Ricardo Castellanos Velázquez con 20 acciones de 10 mil pesos, es decir, 200 mil pesos. El tercer socio de la empresa es Mario Saucedo Ramírez, quien posee 30 acciones de 15 mil pesos, con un valor total de 450 mil pesos.                                       Socio de Jorge Alberto Hank en Tijuana La duración de la empresa es de 99 años y entre sus fines también se encuentran “instalar, operar, supervisar y administrar en cualquiera de sus formas, sistemas de comunicación de audio y televisión”, establece el documento. Si bien, JMR Comunicaciones del Noroeste no aparece con una dirección fija, número telefónico, portal de internet ni modo de contacto, quien funge como comisario –figura autorizada para vigilar el correcto funcionamiento y administración de la sociedad–, es Luis Alberto Cetina Alpuche. Cetina Alpuche es a su vez gerente administrativo de varias empresas dedicadas al giro de apuestas y salas de sorteos, propiedad de Jorge Hank Rhon. Entre éstas, Grupo Océano Haman, constituida el 11 de octubre de 1998 ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con actividades autorizadas para diez centros de apuestas remotas y diez salas de sorteos de números con vigencia hasta el 15 de octubre de 2018 y el 18 de noviembre de 2018. Desde el 5 de octubre de 1988, Jorge Hank Rhon y Alberto Murguía Orozco aparecen como accionistas, mientras que el 23 de noviembre de 1994, Grupo Caliente –propiedad de ambos– fue anexado como accionista. Cetina Alpuche aparece además en el mismo puesto dentro de la empresa Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, cuyo permiso emitido por la Segob el 18 de noviembre de 1991, reconoce a Jorge Hank Rhon y a su empresa Grupo Caliente como accionista desde el 15 de agosto de 1996. A esta compañía se le autorizó la operación de un galgódromo en el Estado de México, cinco centros de apuestas remotas y cinco salas de sorteo de números con una vigencia de 25 años, tras la renovación del permiso, los términos se prolongaron hasta el 1 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2018, de acuerdo con documentos de Segob. BAJO FIANZA ENFRENTARÁ JUICIO Tras permanecer dos días en la prisión metropolitana de San Diego, Castellanos Velázquez quedó en libertad al pagar una fianza de 50 mil dólares. Por medio de una orden de la jueza Barbara L. Major, el 11 de diciembre de 2015, el acusado fue liberado y deberá presentarse el 29 de enero de 2016 en audiencia para fijarle fecha de inicio de juicio.   “Si abandona el área de San Diego será arrestado, habrá violado sus términos de liberación previos al juicio, por lo que podría enfrentar cargos adicionales”, comentó el fiscal Joshua Moller al respecto. Con la copa del equipo de fútbol ZETA se comunicó con Esteban de Anda, director de marketing del Club Xolos de Tijuana. Tras solicitarle un posicionamiento por parte del equipo de fútbol sobre la acusación por lavado de dinero que enfrenta Ricardo Castellanos, uno de sus directivos y socio del presidente del club, De Anda respondió que se comunicaría para ofrecer su versión, cosa que no hizo. También se buscó la versión del propio Ricardo Castellanos a través del número telefónico del Club Xolos, pero la respuesta fue que el “señor Castellanos se encuentra fuera de la ciudad”. Por último, el abogado Nicholas De Pento –defensor también de Benjamín Arellano Félix–, quien representa a Ricardo Castellanos, tampoco devolvió la llamada telefónica para comentar al respecto. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH) interpuso la recomendación 25/2015 contra cinco dependencias por omisiones en el incendio del asilo “Hermoso Atardecer”, del Ejido Querétaro, donde 19 adultos mayores fallecieron el 23 de junio de 2015. Los responsables señalados por la CEDH son: * Sergio Tolento Hernández, secretario de Salud. * Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Desarrollo Social. * Antonio Helenio Rosquillas Navarro, director de Protección Civil del Estado. * Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez, director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Mexicali. * César Augusto Flores Valdez, secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil. La recomendación se da por la violación al derecho a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de 45 adultos mayores, de los cuales fallecieron 19. De igual manera, el expediente -en poder de ZETA- señala la existencia de gasolina en el inmueble, por lo que existe un “alto grado de probabilidad que el siniestro fue provocado o intencional”, derivado de dos estudios realizados en el lugar. También se presentan constancias de la carpeta de investigación Número 1, donde se observa que se ordenaron y practicaron diversas diligencias de las que resulta el dictamen de sustancias acelerantes, elaborado por personal adscrito a la Jefatura de Servicios Periciales Zona Tijuana. “De acuerdo al análisis por cromatografía de gases con detector de masas, realizado a la muestra que consisten en un frasco de vidrio (…), obtenida sobre el piso en el área identificada como Almacén de Herramientas, se concluye que sí se detectaron masas moleculares para componentes de gasolina”, así como el dictamen practicado por personal de Bomberos de Mexicali, en el cual se determina que “el incendio analizado fue de carácter intencional”.  Aunque el dictamen final de Bomberos resulta contradictorio, debido a que públicamente el titular de la dependencia informó que no se localizaron acelerantes en el inmueble. De igual manera, se emitió la opinión en materia de criminalística del 10 de septiembre de 2015, efectuada por el perito adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en la que concluye: “Se estima con alto grado de probabilidad que el siniestro fue provocado o intencionado, empleando factiblemente flama directa en el acelerante (gasolina), por su ignición existe un alto grado de probabilidad que el siniestro fue provocado”. La segunda conclusión afirma que el lugar de la investigación no cumplía con las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado que prestan servicios de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. En otro de los apartados, el perito en criminalística analizó que no se dio cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, la cual establece que se debe contar con áreas físicas necesarias para la atención de las personas adultas y adultas mayores, pasamanos próximos a la cama de cada uno de ellos y disponer de un sistema de iluminación de emergencia en las áreas de tránsito del personal o los usuarios. En el documento de 63 hojas, en el que resumen el informe, se indica que la CEDH no observó participación de algún servidor público al que se le pudiera imputar responsabilidad directa por los hechos ocurridos el 23 de junio de 2015, sin embargo, sí advirtió una responsabilidad institucional compartida en materia de violaciones de derechos humanos por omisiones e irregularidades en que incurrieron las autoridades durante el tiempo de operación del establecimiento, sobre todo en temas de seguridad y legalidad.  

Cerca de las cuatro de la tarde del lunes 14 de diciembre, después de la misa para Mario Eduardo Arce, el cortejo de cientos de personas enfiló hasta el panteón de Guaymas Norte, en Sonora, y, tras la sepultura, los presentes soltaron decenas de globos blancos. Así fue el sepelio en la ciudad natal de este joven, quien viajó a Mexicali hace cuatro años para estudiar una carrera universitaria -Relaciones Internacionales-, pero desapareció desde mediados de julio, por lo que sus familiares iniciaron una intensa campaña de búsqueda. La segunda semana de diciembre de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California informó a los familiares que los restos calcinados de un hombre localizado a mediados de agosto del mismo año,  en una vivienda abandonada del Ejido Mezquital, en el Valle de Mexicali, pertenecían a Mario Eduardo. Cuatro meses duraron los estudios genéticos, dado que el cuerpo estaba completamente carbonizado. Mario Eduardo tenía 23 años y trabajaba en la Agencia Aduanal Nogueira; para cuando desapareció había logrado juntar cerca de 60 mil pesos para comprar un carro. Una de las líneas más fuertes de la investigación que realiza la PGJE tiene que ver con el robo, dado que Mario había contactado a una joven pareja que ofertaba un vehículo vía Facebook, y la noche de ese jueves 17 de julio acudió a entrevistarse con ellos a una residencia del fraccionamiento Infonavit Cucapah. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida y, de acuerdo con una versión desde la Procuraduría, ambos ya presentaron su declaración, pero siguen libres.   UNA DENUNCIA SIN AVANCES   El domingo 19 de julio se presentó en las instalaciones de la PGJE en Mexicali, Laura Angélica, novia de Mario Eduardo, para reportar que tenía dos días sin ver al estudiante. El viernes 17 de julio quedó de pasar por ella por la noche, pero nunca llegó. La ausencia llamó la atención porque el muchacho era muy formal con ese tipo de compromisos. Empezó a buscarlo entre sus amigos y conocidos, y nadie sabía de él; el teléfono celular estaba apagado. Él vivía en el fraccionamiento Mayakhan, donde prácticamente le prestaban una casa -pagaba una renta simbólica- y de lo poco que se sabe, es que conoció a una pareja por Facebook que ofertaba un auto en venta, un Malibú 2011. Según testigos entrevistados, le prometieron venderle el coche, pero no completaba la suma requerida, por ello ofreció su auto, un Mazda verde, más otra cantidad. Esa tarde se quedaron de ver en el estacionamiento de la tiende Mega -en Lázaro Cárdenas y Anáhuac-, pero luego se fueron a la casa del ofertante, quien vivía a unas cuadras. La semana anterior, el domicilio  fue cateado por agentes de la Policía Ministerial pero ahí ya viven otras personas, no encontraron nada. Sin embargo, la pareja que ofertaba el auto ya presentó su declaración como testigos ante la PGJE. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida, en su declaración el joven confirmó que vio esa noche a Mario Eduardo, pero que éste le dijo que le pagaría el auto hasta el día siguiente. De los 60 mil pesos que nunca aparecieron, dijo no saber nada. El auto Mazda 1999, propiedad de Arce, fue localizado casi una semana después de su desaparición, en la calle posterior a la Ciudad Deportiva, junto al centro Bancali. Fue el miércoles 12 de agosto, en el interior de una vivienda abandonada junto a una parcela del Ejido Mezquital -pegado al Hermosillo, junto a la carretera a San Luis-, cuando localizaron un cuerpo completamente calcinado. Estaba sobre una especie de tina de plástico duro, quedó reducido a cenizas y unos cuantos huesos. “Cuando están así, se tiene que aplicar unos químicos al hueso para que vaya cediendo y arrojando los resultados”, explicó uno de los investigadores, refiriendo que la conformación de que era el cuerpo de Mario Eduardo se obtuvo hasta el viernes 11 de diciembre. Ahora ya técnicamente no se trata de una desaparición, sino de un homicidio.   LA SECUENCIA DEL DOLOR: PADRES CONVERTIDOS EN INVESTIGADORES   Tras la desaparición, familiares y amigos iniciaron una campaña que incluyó volanteo, plantones, participación en marchas, pega de engomados. Los primeros días de agosto crearon una página en Facebook que llegó a contar con cerca de 15 mil adherentes, la cual les sirvió para recibir datos relacionados con la desaparición del universitario. El 12 y el 17 de agosto insistían en la búsqueda, daban números para aportar información de manera confidencial, informaban sobre las señas del muchacho. El 27 de agosto publicaron declaraciones de su madre, pero no llegaron datos fidedignos, en cambio las llamadas de extorsión no se hicieron esperar: “¡Incontables! Lo que es lamentable que exista gente que aproveche momentos de desesperación y angustia para obtener unos cuantos pesos.”, expusieron públicamente, asegurando que aun así, seguían tendiendo fe en la humanidad. Para el jueves 3 de septiembre invitaron a un plantón en la Glorieta Benito Juárez de Mexicali y, al día siguiente, refirieron: “Hay momentos que solo quisiéramos huir de este miedo que nos invade hasta las entrañas. Ese mismo miedo nos da el valor de salir cada día a buscarte, pero ¿a dónde vamos, dónde te buscamos? La locura nos está rondando y nos ataca en los momentos más débiles, cuando en nuestra mente apareces indefenso y cansado de sentirte solo, pero no lo estás, y no podemos hacerte saber que lo único que deseamos es verte volver a casa y recuperar tu vida, esa vida de la que hoy alguien se siente dueño…”. Luego una nueva invitación, al crucero Lázaro Cárdenas, y el miércoles 9, otro mensaje de la mamá: “Tú que tienes a mi hijo, permítele que se comunique conmigo ¡por piedad! ¿Que acaso no tienes entrañas? ¿No crees en Dios? Te lo pido de rodillas, quiero saber de mi hijo y si ya le hiciste daño, ¡regrésamelo! O dime dónde está, porque esta agonía me está matando…”. Para entonces la página de Facebook ya tenía cerca de 10 mil seguidores. El 29 de septiembre aportan un dato. La persona con la que se vería Mario se llama José Sánchez y explican que no se había concretado la compraventa del Malibú porque solo contaba con 5 mil 100 dólares, y no había completado el total. El 23 de octubre, casi dos meses y medio de la desaparición, la familia del joven ofreció 50 mil pesos por información que ayudara a dar con su paradero. Para entonces ya tenían santo y seña de la casa donde lo citaron, fotos de la pareja que presuntamente vendería el auto, y más detalles del proceso de compra. El 17 de noviembre los familiares insistían en que “aún esperamos encontrarte”,  después vino un silencio de casi 25 días, hasta el 12 de diciembre. En la página de Facebook los familiares del joven desaparecido anunciaron el trágico desenlace. Y cambiaron el nombre de la página a “Justicia para Mario”: “Mario Eduardo se despide de la Ciudad que lo recibió hace 4 años donde cumplió varios de sus sueños y también donde le arrebataron la vida. Hoy toma camino a casa, allá lo espera toda su familia para despedirlo como se merece al fin descansará en paz, dejará de ser un cuerpo no identificado como pretendieron permaneciera al querer desaparecerlo para siempre (…) no lo buscaremos más, ahora buscaremos la resignación…”.   LAS 72 HORAS   “Las autoridades sí han fallado en ese aspecto, hay una serie de deficiencias y de falta de cumplimiento de los acuerdos sostenidos con las organizaciones”, afirma el abogado Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad. Se refiere a la necesidad de implementar un protocolo de búsqueda inmediata de una persona desaparecida. Desde hace más de un año, las organizaciones de desaparecidos sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno -entonces Guillermo Trejo Dozal,-, donde se asentó que el protocolo de búsqueda inmediata debe implementarse. “La Agencia del Ministerio Público, conociendo el caso, no necesariamente tiene que esperar a que transcurra el término de 72 horas, que siempre es el obstáculo que ponen las autoridades para considerar un caso de desaparición forzada. Son tres días que son importantes, y la falta de acción de la autoridad pone más en riesgo a la persona desaparecida”, expuso el abogado. Menciona que hay Estados como Nuevo León, donde se ha conformado un equipo especial que inmediatamente entra en acción en cuanto se conoce un caso de desaparición forzada. La petición de los activistas es que se inicien las investigaciones de manera inmediata, y a la par, se active nacionalmente un sistema de alerta roja, dado que ya se efectuó el acto, la desaparición. García Leyva considera que todo este tipo de omisiones inhibe a los familiares del desaparecido, dado que -por desconocimiento- primero acuden al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual los turna a una Agencia del Ministerio Público, que ni siquiera es la indicada, ya que primero los mandan a Justicia Alternativa. “Los traen como pelota de billar”, argumenta el abogado y activista. “Es ahí cuando el riesgo de la persona aumenta”. En el orden legal, García Leyva indica que desde septiembre de 2010 se logró una serie de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales para tipificar el delito de desaparición forzada como grave. Ahora las organizaciones a nivel nacional trabajan en una Ley General de Desaparición Forzada -adecuándose a los estándares internacionales-, y en esta propuesta se insiste en abatir la impunidad, porque siguen considerando que la Ley propuesta en este rubro por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es deficiente.     Nada de los abogados desaparecidos   Desde el 10 de septiembre de 2015, los abogados mexicalenses Hugo Fonseca Meza y Jesús Alberto Zambrano Vizcarra se encuentran desaparecidos. Cuatro días después localizaron abandonado su auto -un pick-up Ford Raptor 2014- en la colonia Maestros Federales. En esas mismas fechas, Juan Antonio Rodríguez Moreno, otro abogado de Mexicali, fue asesinado en Tijuana y, meses antes, al menos dos abogados fueron acribillados en la capital del Estado en diferentes circunstancias. “Nosotros como Colegio, como abogados, no hemos tenido ninguna información de parte de la Procuraduría”, expresa el presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Juan José García Crespo, quien cuestiona cómo desde la Procuraduría estigmatizan a las víctimas. “Empiezan a decir que ese abogado era gay, o transa, o maneja-narcos, o que no tiene reputación. El derecho humano primordial es el derecho a la vida, es el fundamental”, sostiene el abogado cachanilla. “En la Procuraduría, con el afán de no investigar, se estigmatiza, victimiza doblemente a las personas que son privadas de la vida o desaparecidos”, sentencia García, y considera que la impunidad y omisión para investigar, resulta un hecho de corrupción.    

A las cinco de la mañana  del miércoles 16 de diciembre de 2015, los concesionarios  paralizaron todo el transporte público en Ensenada. Además, con el bloqueo de una de las  vialidades principales de la ciudad, obstaculizaron un gran porcentaje del parque vehicular del municipio. Toda la ciudadanía se vio afectada a lo largo y ancho porque no operó ninguna de las rutas. El motivo dado por los trabajadores del volante para esta medida, fue que quieren un incremento a la tarifa del pasaje, actualmente cobran 10  pesos y pretenden subir un 20 por ciento, esto es, a 12 pesos. El 20 septiembre de 2014, estos transportistas  ya habían incrementado la tarifa a 15 pesos, lo hicieron un sábado y de manera sorpresiva, sin consentimiento del Cabildo. En esa ocasión aseguraron varias unidades de transporte y fueron sancionados conforme al Artículo 216, fracción II, por alterar tarifas y horarios. En aquella fecha también se iniciaron procesos para el retiro de concesiones, por lo que actualmente los transportistas están operando amparados. Sin embargo, ante lo que consideraron una negativa del Cabildo ante el pretendido aumento, este año decidieron que la medida para presionar sería un bloqueo que se prolongó hasta la noche del miércoles. Para forzar más la situación, incluyeron el  retiro general del servicio de transporte que inició el día 16 y continuó hasta el 17 de diciembre. En el segundo día de afectaciones, el ayuntamiento no ofreció a los ciudadanos ni una solución alternativa o explicación del problema. ZETA preguntó en las oficinas municipales por el alcalde Gilberto Hirata, y la única respuesta fue “no está en la ciudad”. Finalmente, la mañana del jueves 17, autoridades y transportistas tuvieron una reunión a puerta cerrada en las instalaciones municipales, y poco antes de las una de la tarde ofrecieron una conferencia de prensa conjunta encabezada por el secretario de Gobierno, Jesús Jaime González Agúndez, y Armando Gutiérrez, de la asociación amarillo y blanco, en la que se limitaron a informar tres puntos: 1. El servicio de transporte se reinstalaría a las tres de la tarde del mismo 17 de diciembre, por lo que se completaron 36 horas con el transporte público parado. 2. La propuesta de aumento al servicio sigue en análisis en comisiones en Cabildo y tendrán una respuesta en la próxima sesión, la cual se realizará el próximo miércoles 23 de diciembre. 3. Reiterar lo anunciado un día antes; habrá sanciones e iniciarán nuevos procesos con la intención de retirar las concesiones.   EL BLOQUEO   De acuerdo a los transportistas, el paro fue la respuesta extrema a una negativa del Cabildo  para aprobar esta alza. Los choferes aseguran que los regidores se negaron apoyarlos, y que los costos de los insumos diarios, así como servicios que demandan los microbuses, los está “ahorcando” económicamente. La mañana del miércoles, unas 450 unidades de las sociedades cooperativas rojo con blanco, amarillo con blanco, Vigía, Brisa y flecha verde, se colocaron en fila sobre los carriles de circulación de la Avenida Reforma, Bulevar Zertuche y Pedro Loyola, esquina con Hierro, frente al edificio del Gobierno del Estado y municipal. Es una de las vialidades más importantes de la ciudad para transitar de sur  norte de Ensenada, y solo dejaron libre para circulación de la ciudadanía, un carril en cada uno de los sentidos. Situación que además deben respetar jurídicamente, para no ser acusados de obstrucción de las vías públicas y encarcelados. Un par de horas después, alrededor de las siete de la mañana y con más tráfico en la ciudad, el ánimo de los ciudadanos a bordo de sus autos subió de tono e inició el caos vial, porque estaban desesperados  por llegar a tiempo a sus áreas de trabajo, abrir negocios, citas en hospitales y acudir a las escuelas de nivel básico. El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Enrique Villarreal Montemayor, así como el secretario de Gobierno, Jesús Jaime González Agúndez, estuvieron en el lugar y aunque ordenaron la detención de un chofer que violó el libre tránsito cerrando por completo la calle Zertuche al atravesar su unidad, tuvo que ser liberado de inmediato porque esta acción policial generó un connato de violencia donde la autoridad resultó vulnerada. Durante los altercados también reinó la solidaridad entre los usuarios, algunos se dispusieron a subir gente a sus automóviles para acercarlos a sus destinos, también algunos camiones de empresas privadas ofrecieron servicios gratuitos. Otros  conductores desesperados pelearon verbalmente con los choferes, atravesaron camellones y banquetas con la finalidad de llegar puntuales a su destino. Personal del Ayuntamiento y Gobierno del Estado caminaron varias cuadras hasta llegar a sus áreas de trabajo, algunos con el temor de que el problema fuera a causar daños en los edificios.   En el primer día del paro, cifras de la administración municipal estiman que los alumnos de tres zonas escolares, 50 mil usuarios, resultaron afectados (total en la ciudad 110 mil, es decir, cerca del 50%); se levantaron 290 infracciones, así como actas de hechos por parte de la Unidad Municipal de Transporte (UMT) y alrededor de un 40% de los comercios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) cerraron. Las disputas por la obstrucción vial se extendieron hasta entrada la noche, cuando decidieron mover los camiones. Sin embargo, inició la jornada del jueves 17 de diciembre y los transportistas decidieron que no reactivarían el servicio. El mismo día se abrió una consulta por internet en el portal change.org, “la mayor plataforma de peticiones en el mundo”,  con la intención de que los usuarios interesados en que se revoquen las concesiones a las actuales cooperativas firmen de apoyo. En el mismo documento se mencionan las violaciones que cometieron los trabajadores del volante al paralizar actividades. También la agrupación “Niunpesomás” emitió un posicionamiento para que la autoridad municipal castigue a todo aquél chofer que cometió irregularidades.   HABRÁ SANCIONES   El director de la Unidad Municipal del Transporte (UMT), José Felipe Romero Guzmán, advirtió que los  choferes que violaron el Reglamento de Transporte serán sancionados conforme a la Ley. Además, que dependiendo del número que quejas que se reciban en su oficina, Sindicatura Municipal tendrá que actuar para atender las denuncias ciudadanas. Las multas a las que se han hecho acreedores según la autoridad ascienden a  20 o 40 salarios mínimos, aunque si son reincidentes, la multa puede ser más alta.   REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA   Artículo 59. Son causa de revocación de los permisos y concesiones, la interrupción del servicio público, total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización previa. Artículo 30. Los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se presente en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida; y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Artículo 32. Los usuarios tienen derecho a denunciar ante la Unidad cualquier irregularidad en la prestación del servicio público de transporte, mediante los procedimientos que la propia Unidad Municipal de Transporte establezca bajo los principios de prontitud, expeditas, imparcialidad, integridad y gratuidad a que hace referencia el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5º. La organización y funcionamiento del sistema municipal de transporte se ajustará al principio de satisfacción de las necesidades de la comunidad, con el máximo grado de eficiencia y mínimo costo económico social.  

En la que resultó la última sesión de este año, el Congreso local aprobó el paquete presupuestal 2016 para Baja California, que suma 44 mil 402 millones 168 mil 922 pesos tanto en ingreso como en egreso, acorde a la recomendación de la Secretaría de Hacienda, que fijo un tope de aumento de apenas 3 por ciento para el próximo año. “Viene en su mayoría respetando los techos que da Finanzas, sobre todo siendo muy congruentes dado que la Ley de Ingresos no presenta incrementos en impuesto ni en derechos, viene una propuesta muy conservadora”, sostuvo la diputada panista y Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rosalba López Regalado. De hecho la propuesta aprobada es casi la misma enviada por el Ejecutivo, con 743 millones para el Poder legislativo y 941 para el Judicial, aunque este último había solicitado mil 559 millones de pesos. La legisladora panista mencionó que este presupuesto es acorde al panorama que se avizora, dado el precio del petróleo y el incremento del dólar, lo que crea condiciones económicas complicadas. “Nos abocamos a respetar la viabilidad que nos presenta la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual va a tener la responsabilidad de darle curso, sustento a los techos que se están proponiendo”, añadió. Explicó que sí hubo un ajuste en la propuesta pero solo de 12.5 millones de pesos que serán destinados a fortalecer organismos autónomos como el Instituto de Transparencia, el Tribunal Contencioso Administrativo y el Instituto de Cultura, pero no la Orquesta de Baja California. “Hay un compromiso con la Orquesta de Baja California de que en este ejercicio a como vayan recabándose recursos adicionales va a haber un apoyo para la orquesta, igual en otros sentidos con otras dependencias”. López Regalado explicó que se viene a fortalecer el bono de transporte para jóvenes, recursos para estancias infantiles privadas y una parte para el Hospital General en Tijuana. En el caso del Poder judicial dijo que en el transcurso del año hay la posibilidad de estar consiguiendo recursos adicionales en la medida en que vayan recibiendo mayor cantidad de recursos, sea en impuestos o aportaciones federales.  “El compromiso es que proyectos concretos como el Nuevo Sistema de Justicia Penal, obviamente que le serán destinados recursos”. En el caso de los Centros de Convivencia familiar dijo que sí hay condiciones concretas para que se vaya (creando) de ciudad en ciudad, y los legisladores siguen comprometidos con el apoyo al Poder Judicial, pero “el arranque” es con el techo propuesto desde la Secretaría de Planeación y Finanzas. De acuerdo a los datos oficiales el Poder Judicial hizo una propuesta de presupuesto por mil 559 millones de pesos y en la parte del Ejecutivo le destinan 941 millones, la Comisión de Derechos Humanos solicitó 65 millones y les están otorgando 37 y el Instituto Electoral calculó en 417 millones y les reviran con 187. En el caso del Instituto de Transparencia propusieron 51 millones y les otorgan 10.5 millones de pesos. En suma, se pretende recibir por ingresos estatales cerca de 7 mil 325 millones de pesos y por federales 36 mil 676 millones, más cerca de 400 millones por financiamiento, lo que lleva al total de 44 mil 402 millones de pesos calculado como monto a ingresar en el 2016. En la sesión de ayer jueves 17 de diciembre, y después de aprobar en lo general el techo financiero, el diputado priista Marco Antonio Novelo presentó una reserva en lo particular a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, donde se cuestionaba el crecimiento en rubros como la Oficina del Ejecutivo, que sube 8 millones de pesos, la Secretaría General de Gobierno en cerca de 46, Planeación y Finanzas en 73 millones, Contraloría 50, Infraestructura y Desarrollo 351 millones, Educación 8 mil y Seguridad Pública 409 millones de pesos. En contraparte propuso reorientar ese gasto en apoyo a actividades productivas y de los actividades primarias como el agrícola, pesquero, apícola. Además propuso una adición al presupuesto para infraestructura educativa y más apoyos para lo que llamó el “emprendurismo” del sector industrial. La propuesta no fue aprobada En el caso del Presupuesto de Egresos el monto se divide con un 52.36 –casi la mitad– para gasto educativo, 14.18 por ciento en Participaciones a los municipios, 10.21 por ciento para Gasto Social, 8 por ciento para Seguridad Pública, 3.83 para Administración, 2.42 para Desarrollo Económico, 2.19 para Deuda Pública .01 por ciento. En cuanto a los municipios, la legisladora titular de la Comisión de Hacienda consideró que las propuestas municipales vienen similares, solo con algunas reservas en temas como el no cobro de impuestos momentáneos a los productores de cerveza artesanal –hasta que sea modificada la ley de alcoholes– y los beneficios a los ciudadanos que paguen predial en los primeros tres meses. La parte del Impuesto Predial relacionada a Mexicali y la pretensión de aumentar –sobre todo en algunas zonas de la ciudad– suscitó participación de la diputada priista Cynthia Ruiz Ramos, quien cuestionó la inclusión de áreas populares a la propuesta de ajuste de las tasas del predial –propuso además de otros beneficios para predios sociales, religiosos educativos y de organizaciones sindicales–, pero fue rechazada por la mayoría panista y sus aliados. En el caso de Tijuana, la diputada López Regalado comentó que en el paquete presupuestal 2016 para Tijuana está incluida la eliminación del impuesto al Alumbrado Público en además de la disminución en cobros de los parques municipales. En esta última sesión del año se agendaron para discusión cerca de 40 puntos, entre puntos de acuerdo, presupuestos y cuentas públicas.