Los escándalos de políticos vinculados a la presunta comisión de delitos resaltan en los pasillos de las dependencias públicas y en medios de comunicación de cada entidad mexicana. Tan solo durante la última semana destacaron los engorrosos asuntos de tres ex funcionarios públicos: Luis Armando Reynoso Femat, Humberto Moreira Valdés y Enrique Horcasitas Manjarrez. La historia de otros casos es de sobra conocida. Pocos son los políticos que reciben una sentencia condenatoria al finalizar su proceso penal, y los que son condenados, al paso de los años, consiguen amparos, reducciones de condena y hasta la devolución de sus bienes e inmensas fortunas. Otros ni siquiera son encarcelados o procesados. Ejemplos sobran: Raúl Salinas de Gortari, Tomás Yarrington, Napoleón Gómez Urrutia, Andrés Granier… El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue detenido este jueves 9 de julio por su probable responsabilidad en la comisión de un delito fiscal; el ex director del Proyecto Metro, en el Distrito Federal, Enrique Horcasitas Manjarrez, señalado por uso ilegal de atribuciones y facultades obtuvo la suspensión provisional de un amparo para no ser detenido; y al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, no le han podido procesar por un millonario desvío de recursos públicos, aunque el sector político lo está exigiendo.   Reynoso, preso otra vez   Indiciado por el delito de defraudación fiscal, por más de 29 millones de pesos, agentes federales detuvieron el jueves al ex mandatario hidrocálido Luis Armando Reynoso Femat. Se encontraba en la ciudad de León, Guanajuato al momento en que le cumplimentaron una orden de aprehensión. Reynoso Femat fue trasladado de inmediato por agentes de la Procuraduría General de la República al centro penitenciario de la capital de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Juzgado Primero de Distrito en la entidad, emisor del mandamiento de captura. El ex gobernador ya estuvo detenido el año pasado por su probable responsabilidad en el delito de peculado, pero obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 30 millones de pesos. Además fue señalado en ocho averiguaciones previas por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público presuntamente cometidos durante su gobierno. El mismo día y con pretexto de la celebración adelantada del Día del Abogado, la procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que los mexicanos no debemos permitir que la impunidad prevalezca. “No podemos, no debemos tolerar a quienes se imaginan un México en el que la ley no aplica para ellos, en el que se pretende disfrutar de una aplicación a modo de la ley, eso se llama impunidad y no se puede tolerar más”, dijo la fiscal de la nación.   Moreira, sin pendiente   Los señalamientos por el presunto lavado y desvío de dinero público de por lo menos 1.8 millones de dólares que se han vertido sobre el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, no han encontrado eco en las autoridades ministeriales. De acuerdo con una publicación del diario norteamericano San Antonio Express News el ex titular del poder ejecutivo de Coahuila habría participado en las negociaciones para la compra de medios de comunicación con recursos provenientes del erario público. Presuntamente el empresario Rolando González Treviño, hermano de Roberto Casimiro y Raúl González Treviño, inversionistas cercanos a Moreira Valdés, aceptó haber participado en el movimiento de dinero público de Coahuila a Texas, reuniéndose en dos ocasiones con el ex gobernador para discutir la venta. La efervescencia generada por esta información movió a los legisladores del PAN a exigir una investigación a fondo por parte de la Secretaría de Hacienda y la PGR en contra del ex mandatario priista. Senadores y diputados lamentaron que sea Estados Unidos quien tenga más información de los saqueos de los políticos en México. Por su parte, Humberto Moreira, aseguró –a través de una carta— que no existe una acusación formal del gobierno de Estados Unidos en su contra y dice encontrarse “tranquilo, sereno, con la confianza, dedicado a su tesis doctoral y arropado por su gente”.   El asunto del Metro   En tanto dos ex funcionarios ligados a la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México, ya recibieron auto de formal prisión en el Juzgado Quinto de delitos no Graves del Distrito Federal, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, obtuvo la suspensión provisional de un amparo para no ser detenido. Fue el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F., quien otorgó la protección parcial al ex funcionario en contra de la orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría General de Justicia capitalina solicitó la colaboración de la Interpol para localizar y detener a Horcasitas, indiciado por el mismo delito que los ya procesados, a quienes por cierto les fue fijada una fianza de más de un millón 700 mil pesos para que enfrenten la causa criminal en libertad. Sin embargo, ambos continúan internados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juego del “gato y el ratón” entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el joven presunto narcotraficante Rubén Oseguera González “El Menchito” volvió a exhibir las fallas crónicas de la institución encargada de procurar justicia en el país. Violación de derechos fundamentales, una mala integración de la averiguación previa, insuficiencia y deficiencia probatoria, son tan solo algunas de las pifias mostradas por el Ministerio Público de la Federación en la consignación del hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El asunto no es menor en los momentos en que México transita del sistema de justicia tradicional mixto al acusatorio adversarial, pues en el nuevo modelo, los errores y violaciones al debido proceso serán más notorios e inmediatamente públicos. El cuestionado arribo a la titularidad de la PGR de la ex senadora priista Arely Gómez, quien carecía de experiencia en la procuración de justicia e hizo toda una carrera en el Poder Judicial de la Federación, parece agudizarse ante situaciones como la recientemente descrita. “Se supone que con esa inexperiencia de la primera fiscal del país, sería suplida con sus principales herramientas de trabajo como juzgadora -al analizar legalidad- o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al estudiar aspectos de constitucionalidad-, pero resulta que no ha capacitado a su gente en esos puntos torales”, aseguró un experto abogado entrevistado por ZETA.   La captura   Apenas el 23 de junio, la Comisión Nacional de Seguridad informó que agentes de las fuerzas federales detuvieron en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Rubén Oseguera González, presunto número dos en la estructura del CJNG que su padre, “El Mencho”, comanda en el Occidente de México. Se dijo que la captura -registrada en el marco de la “Operación Jalisco”- ocurrió cuando el junior circulaba a bordo de un automotor en compañía de su cuñado Julio Alberto Castillo Rodríguez. Dentro del carro fueron localizadas diversas armas de fuego. El comisionado de seguridad Monte Alejandro Rubido, informó que “uno de estos fusiles contaba con las siglas alusivas al grupo delincuencial grabado el acrónimo ‘CJNG’, el número 02 y la abreviatura ‘JR’, eso en un costado,  en el otro aparece la palabra ‘Menchito’. Al momento de su aprehensión, Oseguera González mostraba un parche en la nariz, producto de una cirugía estética, presuntamente para cambiar su fisonomía. Tanto Oseguera como Castillo fueron internados en el penal de máxima seguridad “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y puestos a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de Toluca. Les imputaron los delitos de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado a las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada con la finalidad de desarrollar funciones de administración, dirección o supervisión. “El Menchito” también fue consignado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y Julio Alberto por portación de arma de fuego sin licencia.   Liberación y recaptura   El miércoles 1 de julio, al resolver el término constitucional, la jueza Nadia Villanueva decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de los señalados, por estimar que existieron violaciones graves durante su detención y las horas subsecuentes en la puesta a disposición. Oseguera González no desconocía este tipo de fallos. En enero de 2014 fue detenido por primera vez. En octubre siguiente fue exonerado por un Juzgado federal mexiquense y egresó del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Almoloya. Fue recapturado y arraigado para ser consignado de vuelta en diciembre ante un juez del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y de nuevo liberado en enero del año en curso. En el más reciente capítulo, “El Menchito” y su cuñado recibieron con beneplácito la noticia de su libertad, pero durante el trámite de excarcelación fueron recibidos por agentes federales de la PGR para trasladarlos a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La retención de Rubén y Julio Alberto fue justificada por los elementos federales con base en una orden de presentación girada por el Ministerio Público de la Federación para que se les investigue por la desaparición de dos personas en Michoacán. A la vez que se conocía de la recaptura de los liberados, la PGR informó que apelaba al veredicto de la juzgadora, por considerar que no estuvo totalmente apegada a derecho.   Juez de legalidad   Nadia Villanueva, quien resolvió el término constitucional de los indiciados, fue clara en sus razonamientos lógico-jurídicos para justificar la libertad por falta de elementos para procesar al hijo de “El Mencho” y su familiar político: 1. Existió una intromisión ilegal al domicilio de los indiciados por parte de la Policía Federal, a fin de lograr su detención. 2. Los inculpados no fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público de la Federación de forma inmediata, sino hasta nueve horas después, cuando fueron presentados ante la fiscalía de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. 3. No fueron debidamente asistidos de forma inmediata por defensor ante la Representación Social de la Federación, sino hasta que emitieron su declaración ministerial. 4. El MPF acreditó la existencia de la organización criminal denominada “Cartel de Jalisco Nueva Generación”; sin embargo, no probó -ni siquiera indiciariamente- la vinculación de los inculpados a dicha organización delictiva. Los puntos anteriores fueron plasmados institucionalmente en una nota informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal.   Lo que dijo la PGR   Más tarde, la PGR hizo lo propio a través de un comunicado de prensa en el que expresó su inconformidad por la resolución de la impartidora de justicia que concedió la libertad a los presuntos miembros de la cúpula del grupo delictivo de iniciales CJNG. “En el marco de la división de competencias y atribuciones entre las instancias de procuración y administración de justicia, la Procuraduría General de la República tomó conocimiento de la resolución pronunciada esta mañana por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con relación al auto de libertad dictado a favor de Rubén Oseguera González y Julio Alberto Castillo Rodríguez”, señaló solemnemente el boletín. La PGR afirmó que acató la determinación judicial en todos sus términos, pero que dicha fiscalía “NO COMPARTE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE SUSTENTARON LA RESOLUCIÓN”. Así, con mayúsculas. Enseguida se informó que se interpuso el recurso de apelación correspondiente. De acuerdo con la dependencia ministerial, la juzgadora del caso le dio todo el valor probatorio a las declaraciones de unos policías de Zapopan que no estuvieron en el lugar de la detención y aseguraron que la captura no ocurrió en un vehículo, sino en un domicilio. Tampoco la administradora de justicia tomó en cuenta las armas aseguradas. Según la PGR, hizo todo lo que estaba a su alcance en actuaciones para probar el nexo de los detenidos con la organización criminal que dirige el padre de uno de ellos.   Falta de capacidad   Para el abogado Jorge Huerta Partida, con más de 25 años de experiencia en el ramo penal, la capacidad de diversos funcionarios de la PGR deja mucho que desear, debido a que no reúnen el perfil para tan relevantes encomiendas. El maestro en derecho criticó el desempeño de la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien “no tiene experiencia en cargos similares al que desempeña, y eso habla de las graves deficiencias en cuanto a la integración de las indagatorias. “Sobre todo con el cambio de sistema de justicia penal -del inquisitivo mixto al acusatorio adversarial-, sabemos todos que es un procedimiento garantista y que sí definitivamente no se respetan las garantías del imputado, habrá resultados similares a los de la libertad de estos personajes”, aseveró el entrevistado. Huerta Partida lamentó que no haya capacidad ni capacitación en el personal ministerial federal, por lo que lamentablemente, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, “las libertades van a seguir a la orden del día”. “Presuntos delincuentes libran la acción de la justicia debido a que se obtienen pruebas de forma ilícita, y por consiguiente, queda plenamente demostrado que no se están respetando los derechos de los imputados, que se están vulnerando los Derechos Humanos y las prerrogativas consagradas en la Carta Magna, y de manera reiterada”, finalizó el jurisconsulto.   Últimos amparos   El 30 de junio, un día antes de ser liberado, Rubén Oseguera González interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, reclamando acciones de diversas autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”. “El Menchito” se quejó de la falta de atención médica. El juez decretó de oficio y de plano su suspensión para el efecto de que cese de inmediato cualquier acto prohibido por el Artículo 22 constitucional, “y proporcionen la atención médica única y exclusivamente por el padecimiento que refiere el quejoso en la especialidad de otorrinolaringología”. Otra demanda de garantías, previendo su posible libertad y la de su cuñado, fue presentada ese mismo día ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en la capital mexiquense, en contra de actos de la procuradora general de la República y otras autoridades. Los reclamos fueron “tortura física y psicológica, y la orden de detención y su ejecución”. El juez de amparo también concedió la suspensión de plano para que -de existir- cesen dichos actos de inmediato y, a su vez, las mismas autoridades vigilen que se cumpla dicho ordenamiento del mando  judicial. El juzgador comisionó a un actuario de la adscripción para que se constituyera en el penal de máxima seguridad donde estaban internados los quejosos y diera fe de las condiciones físicas de los mismos, además de realizar una inspección de las estancias en que se encontraban y describiera los bienes con que cuentan. Sin embargo, cuando el actuario acudió al CEFERESO 1 se enteró de que ya habían sido liberados.       Inteligente pero intolerante   De la lectura de rostro de Rubén Oseguera González “El Menchito”, la especialista en psicología criminal, Estela Magaña, pudo concluir que el personaje es un tipo inteligente y violento. “Es una persona inteligente, cerrada, poco sensible, irritable, labioso, envolvente, manipulador, con tendencia a razonar todo”, aseguró la experta. Sobre su presunta importancia en el organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación, Magaña aseguró que en “El Menchito” predomina su hemisferio izquierdo, “por lo que tiende a liderar, dominar y controlar”. Los atributos que posee el muy joven lugarteniente de una de las organizaciones delincuenciales más poderosas de México, son contrariados en sus momentos de crisis, pues “cae en depresión, intolerancia y se torna muy impaciente”. A pesar de su liderazgo, Oseguera González tiene “dificultad para el manejo de emociones”, concluyó el breve análisis sobre una fotografía del personaje tomada durante su primera captura, en enero de 2014.

Con un Síndico Procurador que actúa más como defensor de los funcionarios señalados, y un Síndico Social que tiene las facultades de denunciar pero no de sancionar, el actual Ayuntamiento de Ensenada se destaca por los casos de corrupción o negligencia por parte de sus funcionarios que la Sindicatura Social ha subido a la agenda y que hasta ahí han quedado. En su primer y último trienio al igual que en Mexicali y Tijuana, en Ensenada la figura del Síndico Procurador empezó a funcionar desde la actual administración municipal, pero es una instancia que se impulsó en los inicios del sexenio de Felipe Calderón y que en varias entidades del país se le conocía como el “Contralor Social”, la cual tanto la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California como el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada establecen que el Síndico Social además de participar en la formulación de programas municipales de desarrollo social y políticas públicas, tiene la facultad de recibir y canalizar quejas contra las diferentes instancias y funcionaros. A diferencia del Síndico Procurador en Tijuana, que ha tenido un desempeño tibio, o el de Mexicali, que de plano no trabajó, Félix Ojeda Ortega en Ensenada, en efecto ha funcionado como receptor de quejas, aunque las más de las veces las mismas han quedado solo en la polémica o en desdichos: “Hemos estado tome y tome asuntos, le damos seguimiento a todas las denuncias, y ahí siguen en investigación y en investigación, siguen y ahí seguirán”, expresa el Síndico Social ensenadense. Ojeda Ortega reitera que tienen la facultad de señalar, e incluso de investigar y requerir toda la documentación que en un momento dado se necesita y presentarla para sustentar la denuncia, “pero siendo oposición le batallamos mucho, tenemos que irnos por el lado de Transparencia, por todos lados le buscamos”. Pero la fiereza llega hasta que la denuncia la canalizan a la Sindicatura Municipal, encabezada por Iván Barboza, “para que ellos ejecuten o apliquen la sanción correspondiente, cosa que no hacen”.

Después de cinco años de funcionamiento y de haber albergado entre su techo y paredes a más de 300 mil migrantes –en tránsito al norte o deportados— el Hotel del Migrante cerrará sus puertas por falta de apoyo. Actualmente el Hotel está ocupado por cien migrantes, que ante el cierre deberán buscar un nuevo albergue o los recursos para abandonar el Estado. Aunque la moción podría ser temporal, la realidad es que la institución ciudadana que atiende y alberga a quienes son deportados de los Estados Unidos, o llegan a esta frontera sin un destino u objetivo definido, no ha recibido el apoyo económico que le prometió el propio Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid. Sergio Tamai, el activista y líder social a cargo del Hotel del Migrante, contó a ZETA cómo hace un año Vega de Lamadrid se comprometió a apoyarlos con 250 mil pesos para cubrir el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, dado que el monto por recibos de luz es lo más oneroso para el centro; que en efecto les proveyó un cheque por 80 mil pesos para tal efecto, pero que no ha aportado más. “El dinero de Desarrollo Social, que es para apoyar a las organizaciones civiles, no nos llega. Y no nos llegó el resto de los 250 mil pesos y ahora tenemos el mismo adeudo”, comentó Tamai y concluyó que deberán cerrar el centro ante la imposibilidad de mantenerlo activo sin energía eléctrica, específicamente en esta temporada alta de calor en la capital del Estado. En efecto, tienen cortada la energía eléctrica desde hace varios meses y no hay recursos para solventar el adeudo, además deben pagar renta y el sostenimiento cotidiano del lugar. Con el incendio hace una semana en el Asilo de Ancianos del ejido Querétaro, donde murieron 17 personas de la tercera edad, y a Sergio Tamai se les prendieron los focos rojos: No cuentan con permisos de uso de suelo, ni revisiones de bomberos o Protección Civil dado que surgieron por la necesidad e improvisadamente para atender a los deportados, y así han operado durante los últimos cinco años. “Imagínate que alguien se insole, se muera, sería terrible”, sostiene Tamai mencionando que ya ha habido migrantes insolados en años anteriores. En todo ese contexto, Tamai ha decidido el cierre del servicio de apoyo a los migrantes –por lo menos durante el verano— para reorganizar algunas áreas y actividades y poder retornar con mayor fuerza a las actividades ya pasado el agresivo verano mexicalense. De acuerdo al Director del Hotel del Migrante Deportado, Sergio Tamai, el adeudo actual con la Comisión Federal de Electricidad es de 250 mil pesos derivado de la falta de pago en meses anteriores, la firma de un convenio y el incumplimiento para cubrirlo. El Hotel del Migrante inició operaciones en enero del 2010 en un viejo edificio ubicado sobre la continuación de la avenida Reforma, en pleno centro de la ciudad y a solo dos cuadras de la garita Mexicali-Calexico. En la parte de abajo habían funcionado una serie de bares y en la de arriba un hotel de paso. “Nosotros empezamos por una necesidad de que estaban arrojando 200 personas diarias por Mexicali, algunos los echaban en la madrugada y ningún albergue los podía atender, rebasaba la capacidad”, comenta el activista refiriendo que entraron a las instalaciones sin agua potable, sin “luz”, sin permiso de uso de suelo, ni de bomberos. “No había más que el puro corazón, rompimos todos los requisitos ante una realidad”. El dirigente considera que es una vergüenza que el gobierno federal no atienda a los deportados, siendo que los migrantes mexicanos en los Estados Unidos “nos mandan más de 20 mil millones de dólares por remesas”. Refiere que con la anterior administración estatal encabezada por José Guadalupe Osuna Millán ya habían llegado a una serie de acuerdos en cuanto al apoyo para cubrir parte de la nómina a los empleados e incluso con el pago de la energía eléctrica. Pero con la llegada del nuevo gobierno encabezada por Francisco Vega los apoyos no continuaron, según Tamai debido a que recortaron recursos del fondo de migrantes desde el gobierno federal, ya que de 20 millones que asignaban a Baja California los redujeron a 14, luego a 7 y el año pasado llegaron hasta 5 millones y medio. Aparte considera que el tema de migrantes se ve entremezclado con intereses políticos, en ocasiones hasta entre funcionarios de los mismos partidos políticos. “Nunca han dado nada”, asegura Serio Tamai en relación al actual gobierno estatal. En contraparte refiere lo sucedido con Osuna Millán, Gobierno que apoyó en la reconstrucción del segundo piso con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, y posteriormente, pese a los recortes, el Gobierno del Estado aportó 700 mil pesos par remozamiento del Hotel. Más adelante y con apoyos federales, consiguió que les ayudaran al pago de renta –31 mil pesos  mensuales, que sumaron cerca de 360 mil pesos anuales. Con la llegada del actual gobierno y la creación del Consejo Estatal de Atención al Migrante, encabezado por Carlos Mora, les entregaron 80 mil pesos que sirvieron para realizar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad que no pudo ser cumplido debido a la falta de apoyo del Gobierno. Desde el Consejo Estatal del Migrante buscaban que se aprobara en el presupuesto el Fondo de Migralidad, para que se le invirtieran recursos a los Estados fronterizos, pero Tamai aclara, no fue aprobado. Ya existe un Fondo de Apoyo al Migrante de 300 millones que se reparte nacionalmente y de los cuales a Baja California le corresponden para este año cerca de 7 millones de pesos. En cuanto a Desarrollo Social del Estado el activista aclara que no hay un fondo específico para el apoyo a la población migrante. Que nunca han recibido una iguala. En este contexto y con dos semanas de calor insoportable en Mexicali, Sergio Tamai y su equipo han optado por el cierre momentáneo del albergue. Menciona Tamai que el Ayuntamiento ha abierto una serie de albergues refrigerados y en mejores condiciones: “pues lo mejor es que se vayan”, dice quien insiste en que el gobierno federal los sigue boicoteando. Ya se cerró en una ocasión el Hotel del Migrante, en abril del 2010 cuando estaba lleno con 300 migrantes y sucedió el terremoto de 7.2 grados Richter y las subsecuentes réplicas. La decisión fue cerrar, pero los migrantes se empezaron a ubicar en la banqueta del edificio. De ahí surgió la idea de ubicarlos en campamento frente a la garita de cruce, a manera de mostrar al mundo lo que estaban pasando. “Ahora lo que pensamos fue en cerrar el servicio que se está dando a los deportados, primero porque no queremos arriesgarlos, además que en este momento ha influido mucho la situación del asilo. La muerte de 17 ancianitos y observar el caso nuestro, las circunstancias que están pasando. Creo que nos hace meditar a todos. “Por un lado sí es cierto, los centros que apoyamos, que damos un servicio –y hay que recordar que nadie lo hace—, es una necesidad, lo hacemos los ciudadanos que nos aventamos con nuestros propios recursos, pidiendo cooperación, donaciones. Pero también es cierto que tenemos que tener las condiciones mínimas de seguridad. Es importante que no estemos viviendo en condiciones infrahumanas o que se pueda provocar una tragedia”. Por eso la decisión de cerrar el servicio, reorganizar las actividades, apoyos y reanudar el servicio hasta que se cubra el adeudo de energía eléctrica y que cuenten con las medidas de seguridad necesarias para operar. Mientras, los migrantes deportados quedarán en las calles o en algún otro albergue. Según sus cifras, Tamai considera que para poder regularizar la situación del Hotel se ocupan cerca de 600 mil pesos para el pago de renta y “luz” atrasadas más el asegurar cerca de 250 mil pesos para la operación mensual.     Será el Consejo quien distribuya: Magaña   “A Tamai se le ha dado para que pague dos veces lo que está pidiendo, ahí están los cheques, no se miente. Lo que pasa es que cuando se les da en efectivo lo distribuyen en otra forma y ahora lo que vamos a hacer, si se le va a ayudar depende del Consejo de Migrante cuánto es lo que se le va a ayudar. La transparencia en los recursos es lo que nos pide el Gobernador siempre, desde que entró esta administración se pone en la mesa y salen alrededor de 14, 16 organizaciones que se dedican a esta labor tan loable y ahí se determina de los 7 millones que hay cuánto es lo que se va a distribuir. “De los siete millones que llegaron (el fondo) está intacto, apenas se va a distribuir por el Consejo a través de los programas y propuestas que presenten cada una de las organizaciones. “No me quisiera meter en ese sentido, el de poner una directriz para ver hacia dónde se va el dinero, sino que el mismo Consejo sea el que determine, debe de estar consciente de las necesidades y lo que se requiere aquí en el Estado y a quién darle preferencia, pero que sea el Consejo y no digan que el gobierno metió la mano”.      “No es cierto”, responde Sergio Tamai a Magaña   De los señalamientos del secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña, en cuanto a que les han entregado dinero, Sergio Tamai explica que fue el año pasado cuando, después de un mitin donde quemaron una piñata con el nombre del funcionario -24 de septiembre de 2014-, en respuesta les entregaron 360 mil pesos para cubrir el pago de la renta del hotel. “Este año no ha habido ningún apoyo”, refiere el activista, señalando que a través del Consejo Estatal del Migrante recibieron en enero de este año 80 mil pesos que sirvieron para hacer el convenio con la CFE para reconectar el servicio, pero después no pudieron cumplirlo. “No me han dado ni un cinco para pagar la luz”, asegura Tamai.

Con un incremento en la burocracia de más de 600 empleados y un aumento directo al salario del 7.3 por ciento, el gobierno de Jorge Astiazarán prácticamente elevó el gasto operativo del municipio de Tijuana en la misma proporción en la que ha visto aumentados sus ingresos por pago de Impuesto Predial. Reducir el gasto corriente es una de las deudas pendientes que tiene con los tijuanenses la administración que encabeza, y que ahora, a mitad de su gobierno y tras la renuncia de José Guadalupe Mojica Moreno al cargo de secretario de Administración y Finanzas del gobierno, promete cumplir. Para ello anuncia una reingeniería que comienza con la desaparición de la propia Secretaría de Administración y Finanzas, dejando la Hacienda municipal en manos de Tesorería Municipal, la cual encabeza por José Manuel Noriega Moreno, quien por el momento funge como encargado de despacho de Administración y Finanzas, en tanto la propuesta de desaparecer ese cargo es turnado a Cabildo para su aprobación. Su permanencia en el cargo depende de la decisión de Astiazarán, quien entre la terna de quienes manejarán en lo que resta de su trienio el erario de Tijuana, contempla a Teresa Castro Cerio, actual coordinadora de Gabinete y quien se hiciera cargo de las finanzas durante el gobierno de Kurt Honold, en relevo de Jorge Hank Rhon.   Las remociones   “Los ciclos se cierran”, es la respuesta ambigua que el gobierno de Jorge Astiazarán externa al ser cuestionado sobre los cambios y remociones de su gabinete. El secretario de Gobierno del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Bernardo Padilla Muñoz, aseguró que la remoción del director de Tecnologías de la Información, Jati Rodríguez Velázquez, efectuada el lunes 22 de junio y a la que se sumaron los despidos efectivos el 25 de junio de Frida Espinoza Jaramillo y Maricruz Ibarra Estrada, recaudadora de Rentas y directora de Impuestos inmobiliarios, respectivamente, no derivan de fallas en su desempeño, “son solo ajustes”, subrayó. El miércoles 24 de junio, José Guadalupe Mojica Moreno presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de junio. Al respecto, Padilla Muñoz anota: “Mojica tenía una fecha determinada (para abandonar la administración), su misión fue poner en números negros las finanzas, sin aumentar el Predial, y lo logró”.   La reingeniería   “Achicar” el área de finanzas siguiendo el modelo del resto de los municipios bajacalifornianos, es un tema que ya se cabildea entre regidores del XXI Ayuntamiento de Tijuana y se plantea a los síndicos municipales, con el fin de que se apruebe en la próxima sesión. “La Secretaría de Finanzas es un monstruo, un área muy amplia que se reducirá”, reiteró, al añadir que al igual que en Finanzas, se efectuarán reajustes “paulatinos y progresivos” en el resto de las secretarías, aunque de momento no contempla desaparecer otros cargos de primer nivel, pero sí la nómina. A decir del secretario general de Gobierno, las modificaciones van encaminadas a ajustar el Presupuesto de Egresos 2016, previendo de antemano un recorte en las participaciones federales. “La Secretaría de Hacienda ya previó una disminución de 22%,  lo que podría significar un recorte en el presupuesto y hay que ir haciendo los ajustes, no queremos ser sorprendidos”, afirmó. Expuso que cada área de gobierno deberá priorizar los proyectos y realizar un reajuste de su presupuesto, pero del año entrante, ya que en lo que resta de 2015 no se visualizan cambios mayores en el gasto, “hasta ahorita todo sigue como lo previsto, porque se cuenta con un presupuesto definido”, justificó.   A finanzas sanas, mayor gasto   Si bien, Mojica Moreno logró sacar adelante las quebrantadas finanzas heredadas por el gobierno de Carlos Bustamante, lo cierto es que en cuanto a gasto corriente poco o nada se ha hecho. Así, la eficiencia administrativa ponderada por su gobierno al reducir del 64 al 49% el índice de morosidad, no logra percibirse al hacerse más obesa la nómina, tanto por el aumento de trabajadores, como en el monto de los salarios. Astiazarán recibió de su antecesor una nómina compuesta por 8 mil 658 empleados, la cual redujo en los primeros días, para luego aumentarla con 600 plazas más, las cuales atribuye a la alta de elementos de la Policía Comercial. Lo cierto es que tanto el actual gobierno, como sus antecesores, canalizan el 72% de su presupuesto anual, que para el ejercicio fiscal 2015 se determinó en 5 mil 400 millones de pesos a pago de personal. Bernardo Padilla dijo desconocer cómo quedará la relación de empleados municipales luego de los cambios y remociones, y aclaró que “los cambios no significan disminución de la nómina”.

La muerte de 17 personas en el Asilo de Ancianos ocurrida el 23 de junio del 2015 en el Ejido Querétaro no fue una casualidad y pudo ocurrir en cualquier institución de asistencia social en la entidad, de manera negligente autoridades municipales y estatales encargadas de la regulación de este tipo de giros no cumplieron con normas, reglamentos y leyes encaminadas a la protección de los adultos mayores en la entidad. A tal punto el descuido de los grupos vulnerables, que olvidaron la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California,  publicada el 6 de enero del 2012 bajo el decreto 159, que no estuvo vigente sino hasta el jueves 2 de julio del 2015. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid pudo evitar la tragedia si hubiera escuchado a la señora Mercedes García Guerra, presidente de la asociación Dignidad, Amor y Respeto A. C., quien en 3 ocasiones se le acercó en espacios públicos, a él y su esposa Brenda Ruacho de Vega, para indicarles que existía esa ley y que se estaba incumpliendo. No fue sino hasta que fallecieron 17 personas que Vega de Lamadrid la recibió en su oficina, no por que quisiera, la dama se manifestó ante medios de comunicación con la Ley en mano y por ello consiguió la reunión, ahí le informó de la omisión de su gobierno, y convocó a la instalación del Consejo del Adulto Mayor el 2 de julio. Ese Consejo debía haber sesionado cada 3 meses desde el año 2012. La ley es clara y señala como responsables de cuidar de la seguridad de los adultos mayores, al Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, al alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, a la presidenta del DIF, Brenda Ruacho y al Secretario de Salud, Sergio Tolento y el titular de Sedesoe, Ricardo Magaña, pero no lo hicieron. La legislación obliga al Estado a promover en instituciones públicas y privadas servicios con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado así como el recurso humano, cosa que no ocurrió en el asilo del Ejido Querétaro y fue expuesto tras el incendio (ZETA edición 2152). El Ayuntamiento de Mexicali también incumplió, Jaime Díaz a través de su director de bomberos, Fernando Rivera era el encargado de realizar inspecciones anuales al lugar y hacer cumplir el reglamento de Prevención de Incendios publicado desde el 24 de junio del 2005 y no lo hicieron.   ASILO EN REGLA: AUTORIDAD En conferencia de prensa el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa y el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda aseguraron, sin exhibir documentos, que el asilo de ancianos cumplía con todos los ordenamientos de ley. Evasivos en momentos, Díaz y Rueda indicaron que se realizaron las inspecciones requeridas incluyendo el plan de protección civil. Por su parte el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paniagua intentó deslindar al señalar que el asilo no requería permiso de uso de suelo ya que el ejido Querétaro no se encuentra en el plan de desarrollo 2025 y por no tanto no se le exigió. La versión oficial fue refutada por el ex administrador Humberto Cota Cota, quien afirmó que en 14 años Bomberos solo acudió en 4 ocasiones, ninguna de manera oficial, y solo  para dar algunas recomendaciones.   ÚLTIMA INSPECCIÓN Incluso en 2012 –hace 3 años— la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios realizó una inspección en donde señalaron el incumplimiento en diversos puntos, entre ellos la falta de personal, higiene, e infraestructura. Así lo confirmó el jefe del Departamento de Operaciones Sanitarias de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Rosario Evaristo Ruiz Palafox. Por la falta de cumplimiento recibió un apercibimiento. El funcionario explicó que la norma NOM-031-SSA3-2012 de la Secretaría de Salud difícilmente la cumplen los establecimientos al cien por ciento en la primera visita. En cuanto a registros de dependencia solo tiene en sus archivos a 36 asilos en todo el estado, de los cuales 10 se encuentran en Mexicali y no descarta que pudieran existir algunos en la clandestinidad. Reconoció que ante la falta de personal de la dependencia las inspecciones no se realizan con una periodicidad definida.   REQUISITOS La norma NOM-031-SSA3-2012 publicada el 29 de junio del 2012 regula la prestación de servicios de asistencia social a adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, menciona que debe de existir un programa interno de protección civil, y estar debidamente incorporada al directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El documento en poder de ZETA señala que en cuanto a recursos humanos el asilo debe contar con un responsable sanitario, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidador, trabajador social, dietista, cocinero, intendente, y vigilante las 24 horas del día, cuestión que incumplía al momento del incendio. En cuanto a la infraestructura la reglamentación incluye  la obligatoriedad de espacios planeados y diseñados, consultorio médico, pasamanos, sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica y luces de emergencia que por desgracia no tenían en orden. Otro requerimiento obliga a las instituciones a un diseño arquitectónico para desalojar el inmueble en caso de contingencia, prevención contra incendios, detectores de humo, extintores colocados en lugares estratégicos, puertas de salidas de emergencia además de que los muros no deben de ser construidos con materiales inflamables, cuestión que se incumplió al construirse por etapas y con madera, incluso la cocina se encontraba cercana a los dormitorios.   AYUNTAMIENTO INCONGRUENTE El ayuntamiento incumplió la Ley de Adultos Mayores, porque estaba obligado a crear un padrón de adultos mayores, además de realizar inspecciones y vigilancias para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida. Entre sus obligaciones debían crear un Consejo Municipal 90 días después de entrada en vigor de la Ley además de que tenían un máximo de 120 días para adecuar un reglamento y ponerlo en funcionamiento. Según el artículo 37 del reglamento de Prevención de Incendios que entró en vigor el 24 de junio del 2005, el departamento de bomberos debía capacitar al personal del asilo, además de emitir un certificado de aprobación de dispositivos de seguridad e instalaciones contra incendio. También el artículo 66 obliga a las casas de asistencia contar con alarma contra incendio sonora-visual y en el artículo 82 señala que los edificios deberán contar con señalizaciones para identificar vías de evacuación y salidas de emergencia, las cuales deberán instalarse en pasillos y áreas comunes, a cada treinta metros como máximo en pasillos abiertos y visibles desde cualquier ángulo del establecimiento, debiendo indicar claramente la ruta hacia la salida más cercana, ZETA realizó una inspección en el lugar con estos elementos cerciorándose de que no se cumplía con este supuesto. Los artículos 138 y 191 señalan que el edificio debió contar con un sistema  de rociadores automáticos y tener una inspección anual de rutina.   EJIDO JANITZIO, UNA TRAMPA Los sobrevivientes del incendio en el asilo del Ejido Querétaro fueron trasladados al asilo “Dr. Carlos Canseco”, ubicado en el Ejido Janitzio, pero tampoco están seguros ahí. Desde el día del incendio evitaron el ingreso de la prensa y fue hasta el martes 30 de junio en donde la presidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho realizó un donativo a la institución, ya con el escenario a modo, los medios de comunicación entrevistaron a la funcionaria, quien no dejó de regocijarse por las acciones de gobierno.  Un ex empleado del DIF entrevistado por ZETA indicó que los asilos se encuentran en total abandono incluido el “Dr. Carlos Canseco” –único administrado por el municipio—,  los señala de otra tragedia en la que fallecieron en menos de un mes al menos 14 personas por negligencia de los administradores debido al frío y desnutrición. Esta versión fue corroborada por una empleada actual –quien por cuestiones laborales no quiso dar su nombre—, indicó que la administración anterior dejó 84 abuelos internos y que en el último reporte apenas tenían 62, lo que significa que varios murieron. Ésta, informó que la plantilla de personal fue drásticamente recortada, que tenían 64 empleados y los redujeron a menos de 44 personas. “Antes había un médico de planta que tenía un horario fijo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y estaba en contacto con los enfermeros, los cuales había por lo menos 2 en cada turno y estaban las 24 horas”, dijo la trabajadora. Afirmó que hubo recorte en cuidadores, médicos, enfermeros y un psicólogo de planta por órdenes de la anterior administración encabezada por Ana Luisa Hernández Ochoa, entre sus primeras acciones les quitó el baño matutino a los ancianos para ahorrar agua y material como jabón, shampoo, y guantes de látex para los enfermeros, esta mujer fue dada de baja en abril. En el mismo mes ingresó Cecilia Núñez, quien en un principio negaba ser la administradora del asilo pero ante las entrevistas de los medios –por la tragedia— ya se presentó como directora. ZETA tiene en su poder una la demanda con Número Único de Caso 0202-2014-20175 presentada el 5 de mayo del 2014 en donde la psicóloga Beatriz Adriana Zúñiga denunció a la administradora Ana Luisa Hernández Ochoa por abuso de autoridad. La denunciante afirmó que Hernández Ochoa prohibió los baños matutinos de los internos con el fin de ahorrar agua, lo que provocó enfermedades graves en los ancianos, confirmando las declaraciones de empleados de DIF, pero va más allá y señala que se racionó el alimento con el fin de evitar desperdiciar comida y suministraba alimentos en estado de descomposición. La denuncia penal –al igual que otros testimonios— afirma que se dejó sin un médico de planta y retiró personal de enfermería, incluso advirtió la carencia de medicamentos suficientes lo que pudo tener consecuencias fatales, en su informe indica que en enero del 2014 fallecieron entre 12 y 15 abuelos, cuestión que “nunca había pasado”.   SE DESLINDAN AUTORIDADES El Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda y quien presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Atención a Adultos Mayores dijo que se buscará que nadie evada la responsabilidad de lo que le corresponde, por lo que se va a crear un marco jurídico más adecuado a las personas de la tercera edad. “Son centros que son irregulares porque nosotros mismos les ponemos tropiezos para que se regularicen formalmente, estoy hablando de un plan de contingencia, que se los dé gratuito” dijo el funcionario. En el caso concreto del asilo informó que Sedesoe le retiró los apoyos en 2014 debido a que al surgir dos administraciones se determinó que hasta regularizarse se les volvería a brindar el apoyo pero no lo hicieron. El director General del DIF Baja California, Magdaleno Chávez Lara deslindó a la institución al señalar que no es una asignación particular la supervisión de los asilos, sin embargo, dijo que hacen llegar apoyos a personas de edad avanzada, ya que no existe obligación legal de llevar un registro ni control de los asilos, afirmó que en la entidad se apoya a 40 instituciones y en particular en Mexicali a 12. Sin embargo, Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en su artículo 30 señala que el DIF deberá hacerse responsable de los adultos mayores cuando los familiares no puedan encargarse del cuidado de las personas adultas mayores.       La disputa entre Cota y Sánchez   Entrevistado en el asilo Hermoso Atardecer, en el Ejido Veracruz, Humberto Cota Cota negó ser el responsable del incendio en el asilo Querétaro, y rechazó haber amenazado a la actual dirección, quienes lo denunciaron por administración fraudulenta cuando estuvo a cargo. Según Cota,  la construcción se realizó de madera debido a los bajos recursos que tenían y, por la cuestión sísmica, el 20 de septiembre de 2012 tuvieron la primera alarma, cuando cerca de las ocho de la noche se presentó un connato de incendio, pero lograron sacar a los 75 ancianos que allí se encontraban. Derivado de ello se contrató a un técnico que cada mes revisaba las instalaciones eléctricas, sin embargo, a partir del cambio de administración ya no fue requerido. Humberto Cota asegura no haber sido notificado de la denuncia penal que en la PGJE existe en su contra por administración fraudulenta, ni por amenazas. “Nunca amenacé, por 14 años sigo luchando por la protección e integración del adulto mayor (…), jamás pasaría por mi mente eso”, declaró. El ex diputado priista y actual gerente general de la Comisión Nacional Forestal en Baja California, Sergio Avitia Nalda, fue quien entregó las dos hectáreas a Cota cuando este era comisariado ejidal. Años después, junto con Lourdes Sánchez, le quitaría la dirigencia y él sería nombrado vocal de la asociación civil. El funcionario federal dijo estar muy molesto y consternado por los hechos, y espera que todo salga a la luz: “Yo les dije que no había crímenes perfectos, hay que buscar al responsable de eso, alguien lo hizo”, sentenció.     PGJE sin dictamen de PGR   El subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, indicó que el expediente del incendio en el Ejido Querétaro pasará a la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, debido a que en los próximos meses se convertirá en Unidad de Investigaciones Especiales. Afirmó que hasta el momento han declarado 20 personas relacionadas con los hechos ocurridos el 23 de junio y que ya se tienen las pruebas de ADN de siete de los cuerpos, por lo que se entregarán a los familiares, además de que ya se recibió la documentación del Ayuntamiento. De igual manera, informó que la PGR envió a un nuevo perito en materia de electricidad, por lo que se complementarán los peritajes en materia de incendio tanto de la PGJE como de la Procuraduría General de la República, pero hasta el momento no han concluido. Por último, Ramírez dio a conocer que aún no se ha citado a los ex administradores del asilo, ya que el carácter del incendio está por definirse.