En 2011, motivados en parte por el Gobierno Federal y la rampante inseguridad que existía -y que por cierto no ha disminuido contundentemente-, 50 directivos de medios de comunicación del Distrito Federal y algunos Estados de la República Mexicana, firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Con la consigna de “no interferir en el combate a la delincuencia”, “Dimensionar adecuadamente la información” y no ser voceros de los criminales, los directores de medios firmaron y con ello modularon la información presentada a sus lectores, radioescuchas o televidentes. Pasados los años, el ocultamiento de información sobre inseguridad, narcotraficantes y violencia en páginas interiores o en menores tiempos de transmisión, se fue relajando, y en algunos casos, se convirtió en regla editorial: no publicar información de inseguridad. Ocultar lo que realmente sucede en términos de inseguridad y violencia, me parece que le abona a la impunidad, a la desinformación, e inhibe la prevención particular que los ciudadanos podrían tomar ante la inseguridad. El acuerdo de medios fue acompañado con un decálogo de censura dictado por la Presidencia de la República, entonces encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, para que los titulares de secretarías de seguridad y procuradurías, así como los mandos de corporaciones policíacas, no proporcionaran información a reporteros, ni nombres, ni alias de los delincuentes, ni fotografías de los mismos, ni avances en investigaciones sobre sucesos criminales. Otra vez, dicha medida me parece más favorable a la impunidad criminal y a la corrupción policíaca, que a la transparencia y el derecho al acceso a la información que como mexicanos tenemos. Nosotros en ZETA no firmamos el pacto de medios, lo dijimos en su momento, nuestro único pacto es con la sociedad en la que desarrollamos nuestro periodismo. Nada más. Traigo el tema a colación, porque algunos empresarios que dirigen organismos o cúpulas de comerciantes, industriales, empresarios y hombres y mujeres de negocios, están considerando como parte de una campaña contra la inseguridad y a favor del Estado, hacer un llamado a los medios de comunicación de Baja California para que firmen un acuerdo similar al de 2011. Dicen en lo corto y como auscultando la situación, que no van por la censura, sino por no “magnificar” la información de inseguridad y violencia, y enviarla a las últimas planas y no a la primera, o a los momentos últimos de noticieros de televisión y radiofónicos. Olvidan que suelen ser poco fáciles de controlar los medios digitales, que aprovechando la internet o las redes sociales, informan al instante a sus seguidores lo que ocurre, aun en cuestión de violencia e inseguridad en sus regiones. Pretender un pacto de esa naturaleza es afectar la libertad de prensa, el derecho a la información, el acceso a la información, el derecho de las víctimas, la denuncia ciudadana, la exhibición de los criminales, el señalamiento de sus fechorías; acciones que en su conjunto y ejerciéndolas en los años de peor inseguridad en Baja California, de 2007 a 2010, nos ayudaron a evidenciar a los delincuentes y la corrupción en las corporaciones, a señalar a los vecinos criminales, a la autoridad que no acudía al rescate, y a superar aquellos turbulentos meses. Llama la atención que en estos momentos, cuando contamos con un gobernador ausente en Baja California, que no encabeza la coordinación para el combate a la inseguridad, y cuando el discurso de militares, secretarios y procuradora, se centra en decir que no hay tal o cual cártel, que los delitos van a la baja, que los homicidios están focalizados; es decir, si realmente el “problema de la inseguridad” está zanjado como lo declaran, por qué los empresarios quieren un pacto para no publicar en primeras planas o destacar en medios electrónicos que hay ejecuciones, que hay extorsiones, secuestros, robos, balaceras. Ocultar, disfrazar, minimizar o ignorar las consecuencias de los fenómenos de inseguridad, del narcotráfico, el crimen organizado, no nos hará una sociedad más atractiva para vivir o para visitar, sino una comunidad de medios parciales que “informan” a conveniencia de intereses empresariales, sociales o políticos, ajenos al periodismo. ¿De qué puede servir que no se publique, por ejemplo, que el pleito entre las células del Cártel de Sinaloa y las del Cártel Arellano está dejando muertos encajuelados, dentro de sus casas, tirados en la periferia? Ayudará a encubrir a los criminales, a dejar sola a la autoridad procuradora de justicia y ministerial en su labor de investigar, a crear un falso ambiente de calma que, cosa contraria, puede -y está siendo- ser aprovechado por la delincuencia organizada para arreciar en su ola de violencia, o a los policías corruptos para traicionar a la sociedad sin mediar razón. ¿De qué sirve que ocultemos la cara y el nombre del líder de célula criminal que está ordenando asesinatos, dedicándose libremente a la venta y trasiego de droga, lavando dinero, extorsionando o secuestrando? Sirve para que esa persona delinca en franca impunidad, al ser un criminal sin rostro para la sociedad en ocasión de denunciar. ¿Publicar que hay menos ejecuciones realmente redundará en menos ejecuciones? Podríamos no informar a la sociedad, pero la gente seguirá escuchando las balas, seguirá viendo los muertos, y seguirá también siendo testigo de los delitos que se cometen a su alrededor, contando víctimas hasta ser una, escuchando historias de horror que no leen, que no ven, que no escuchan, en sus medios. No, no estoy de acuerdo con los pactos de medios para afectar la información que sucede en la realidad y que debe ser compartida con los ciudadanos todos. La inseguridad en México está presente, lastima nuestra economía, nuestra sana convivencia, incluso ha llegado a amenazar la gobernabilidad en el país y es labor de la autoridad, no de los medios, acabar con ella en el campo de la acción y no en los espacios de libertad de expresión. Bien harían los empresarios que confabulan el plan para el manejo de la información sobre inseguridad en Baja California, en organizarse y denunciar a sus autoridades de incapaces de combatir la inseguridad y la violencia, empezando por un llamado de atención que alcance a escuchar un mandatario que nunca está, para que se dedique a gobernar y combatir la criminalidad para llevar tranquilidad y desarrollo a la sociedad, hasta que la nota de inseguridad no merezca publicarse en la primera plana.
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