La “Ley Monse” que había sido aprobada previamente en otras entidades, debe su peculiar nombre al homicidio de Monserrat Bendimes en el Estado de Veracruz a manos de su pareja sentimental, quien fue auxiliado por sus padres para darse a la fuga.
La discusión sobre el debate de despenalizar y regular la eutanasia (la acción deliberada de un médico para poner fin a la vida del paciente) y el suicidio asistido (el médico le proporciona los medios, pero es el paciente quien ejecuta la acción) plantea una pregunta fundamental sobre la intervención del Estado para prolongar la vida del paciente, a pesar de su voluntad y no obstante el sufrimiento que implique la enfermedad que padezca.
Aquellos que defienden la regulación, sostienen que la prohibición penal vulnera la autonomía de la persona y, desde luego, su derecho a la dignidad que debe de entenderse no solamente como una limitante a la existencia biológica, sino que abarca el inalienable que tiene el enfermo para decidir sobre su cuerpo y el final de la vida, especialmente cuando tiene que enfrentarse a un sufrimiento irreversible sin posibilidad alguna de cura.
El derecho penal enfrenta una problemática muy difícil de poder ser superada para que las normas del derecho puedan tener vigencia y aplicación en el ámbito ministerial o jurisdiccional. ¿Qué papel juegan las empresas en este sentido? Defender siempre al accionista, al patrón, al maestro, más si forma parte alguna del significativo sindicato de docentes que existen en nuestro país.
En ocasiones, incluso se les presiona para que den detalles que no recuerdan o puede interpretarse su silencio como una mentira. Esta circunstancia de tratar con adultos que le son desconocidos y que no parecen amables ni amigables, no sólo va a debilitar la calidad probatoria del dicho del menor; y lo que es más importante también, es que llegue el mensaje a los menores que están siendo examinados de que no son creídos ni escuchados.
Cuando un menor de edad es llamado a una sala de un juzgado penal a fin de que rinda su declaración, es el momento preciso cuando el derecho penal, siempre duro, áspero y poco sensible, tiene que encontrar un equilibrio en el afán de la búsqueda de la verdad con una necesidad de proteger a quienes son frágiles por su edad y que pueden ser sensiblemente, vulnerables para recibir daños que sean sumamente difíciles de reparar en su propia vida.
Debemos de ser cuidadosos en nuestro país para que no cualquiera se siente en la silla que le corresponde a un juez o a un magistrado, sin que pierdan el piso y que sigan escuchando el canto de las sirenas del electorado en una mala decisión política, que fue una venganza brutal y temeraria contra el Poder Judicial de la Federación
Muy desafortunadamente, los menores de edad que han sido objeto de esta violencia en su contra, no solo tienen que enfrentar a sus agresores sexuales, sino que en muchas ocasiones tienen que lidiar con la incredulidad de los servidores públicos de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales.
La mayoría de la sociedad concibe al derecho penal como una forma de justicia social, de prevención de delitos y consecuentemente de protección para la mayoría de la sociedad.
