La reforma al Poder Judicial en México ha generado una gravísima crisis constitucional según lo expresan los estudiosos del derecho. Algunos de los puntos clave a resaltar sobre esta terrible y equivocada reforma son los siguientes:
Elección popular de ministros, magistrados y jueces: Esta equivocada reforma introduce la elección vergonzosa y humillante después de un proceso de tómbola para la elección popular para quienes vayan a desempeñar los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, lo que le permitirá a la ciudadanía participar directamente en la selección de estos “servidores públicos” (o deberíamos llamarlos “funcionarios públicos” electos a través, como ya se ha dicho, del voto popular).
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En días recientes hemos visto todo tipo de propaganda, tanto inútil como ridícula, de personas que aspiran a desempeñar determinados puestos en el Poder Judicial de México. Desde una actual ministro que, adelantándose a los tiempos “electorales”, mencionó ante un auditorio que “a pesar de sus 70 años todavía estaba buena y atractiva”; otros, en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UNAM, en compañía de unos alumnos que le muestran un plato de chicharrón cocinado y le dicen que “él está bueno como el chicharrón para pertenecer al Poder Judicial”. Unos más -me avergüenza escribirlo- bailando cumbias. Otros contando chistes.
Qué tipo de perfil de servidores públicos en un tema tan extraordinariamente delicado y complicado como es el estudio de amparos, recursos de queja o de revisión, magistrados que resolverán sobre la procedencia de las sentencias de los amparos y de la viabilidad de los recursos ya citados, hasta los ministros de la Suprema Corte, son los que aspiramos no sólo como abogados, sino como ciudadanos tener en México.
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Hasta antes de esta reforma, quienes aspiraban a desempeñarse, por ejemplo, para ser juez de Distrito, tenían que entrar a un concurso en donde sus competidores generalmente eran secretarios de la sección de amparo o servidores públicos que habían realizados diversos cursos o estudios en la Escuela Judicial, y sólo los que lograran las mejores calificaciones (los menos, por cierto) recibirían el nombramiento de Juez de Distrito.
Me pregunto si los incongruentes e inconducentes mensajes televisados que el INE proyecta a nivel nacional en las cadenas televisivas, con menores de edad como protagonistas de dichos mensajes, habrán convencido a un número muy reducido de ciudadanos en México para que asistan a votar y a elegir a los futuros servidores públicos del Poder Judicial; cuántos ciudadanos se habrán dado el tiempo de buscar los perfiles de esa larguísima lista de candidatos para emitir su voto, de una lista no depurada del Poder Ejecutivo Federal o del Poder Legislativo, en donde hay candidatos con antecedentes penales, acusaciones en su contra por delitos sexuales, alguno que otro defensor de narcotraficantes ampliamente conocidos a nivel nacional e internacional, quienes en este momento ya tienen definido a quién le otorgarán su sufragio. ¡Ah! y por supuesto los cientos de millones de pesos que gastaremos en un ejercicio que no logrará reunir difícilmente más allá del 8% de los electores a nivel nacional este próximo domingo 1 de junio del 2025.
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Continuando con los cambios más trascendentes de la reforma judicial, se encuentra la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano con independencia técnica y de gestión que supervisará y sancionará a los funcionarios judiciales, fundamentalmente cuando se pronuncien en el otorgamiento de algún amparo o recurso en donde la autoridad responsable sea la Federación.
Igual se introduce una reducción del número de ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasará de tener once ministros a nueve, y funcionará exclusivamente en Pleno. Otra de las nuevas reglas para la carrera judicial es que se prohíbe la readscripción de jueces y magistrados a otro circuito, lo que significa que deben permanecer en el circuito para el que fueron electos durante su mandato.
Asimismo dentro de las diversas implicaciones y debates que ha generado, está mal lograda reforma al Poder Judicial es que propicia una grave crisis de constitucionalidad; los especialistas advierten que esta reforma podría generar una crisis muy grave constitucional, ya que se cuestiona la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar partes de la reforma, y se argumenta, por otra parte, la sobrerrepresentación que el Congreso de la Unión tiene y que desde ya ha logrado afectar la legitimidad de la reforma.
Por otra parte, algunos expertos consideran que esta reforma ha logrado afectar la calidad democrática en México y limitar la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos individuales.
Continuará…
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
