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martes, noviembre 17, 2026
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Madre acusa a Policías en desaparición de su hijo

Policías involucrados en desapariciones de jóvenes que no son localizados, con investigaciones abiertas en la fiscalía durante años, sin registros del mínimo avance, se convirtió en Baja California Sur en una denuncia recurrente de los padres y hermanos, integrados a los colectivos de búsqueda, quienes, durante más de 15 años, han asegurado ser testigos de cómo los uniformados entran y se los llevan de las casas familiares, en total impunidad.

Consultados respecto a este tipo de detenciones ilegales, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmaron a ZETA que hay agentes que están afectando la imagen de la institución, actuando en contra de la misma ciudadanía inocente.

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“La verdad es que sí hay compañeros que no trabajan bien, que están más preocupados por dañar que servir a la gente, y todos estamos cansados de ellos”.

El problema se maximiza, porque los investigadores responsables de las carpetas les temen. “…como dicen, es un mal necesario, o más bien un mal obligado en el interior de esta y de muchas corporaciones en el estado; hay miedo de denunciarlos y hasta el Órgano Interno les da la suave para seguir. Son recurrentes las quejas, por este y muchos otros delitos, hasta Derechos Humanos han llegado y no pasa nada”, dijo un integrante de la Mesa Estatal de Seguridad.

De acuerdo a la denuncia de la familia de la víctima, el 5 de noviembre de 2020, Isaí Salgado Sánchez, de 21 años, fue detenido en su domicilio en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, por sujetos que se presentaron como elementos de la Policía Ministerial del Estado, y trasladado a las instalaciones de la PGJE en aquella comunidad.

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La familia del joven asegura que lo identificaron en los videos que les mostraron del estacionamiento de las instalaciones de la PGJE el día que lo llevaron, pero cuando los afectados solicitaron que trabajaran con esos videos en la indagatoria, fueron informados que no estaban en la carpeta de investigación. “Sospechosamente desaparecieron”, reclamaron.

“Se llevaron a mi hijo y ya no lo pude localizar. Fue secuestrado. Yo pedí la orden y como no la tenían fue que se metieron a la fuerza”, denunció Claudia Sánchez, madre del muchacho desaparecido.

A la fecha, seis años y una semana después, Isaí sigue en calidad de desaparecido y las indagatorias tienen años estancadas. La primera semana de noviembre, sus familiares se manifestaron para conmemorar otro año más sin justicia y sin Isaí en la explanada del Palacio de Gobierno en la Paz, Baja California Sur, en espera de respuestas por parte de la autoridad.

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Su madre, la señora Claudia Sánchez, recordó ese momento que no ha podido borrar de su memoria, el día en que Agentes de Investigación Criminal (antes Policías Ministeriales) entraron a su domicilio a la fuerza para privar de la libertad a su hijo de 21 años.

La crisis por desapariciones forzadas en Baja California Sur concentra denuncias graves en zonas clave como La Paz y Cabo San Lucas, Foto: Antonio de Cervantes

“Fueron a mi casa, eran policías de narcóticos, dijeron que eran y se llevaron a mi hijo, y yo para saber dónde iban a estar mi hijo, yo fui el 8 de noviembre a la Comisión (de Búsquedas), ahí donde están los policías a entregar mi ADN, y en ese momento entraron dos personas que entraron a mi casa; iban con un policía municipal y el policía municipal me dijo que eran de MP, eran investigadores de MP, entonces, yo pregunté y quise hablar con ellos, pero no me dieron la cara”, recordó la madre de Isaí.

Según la madre, los elementos de la Procuraduría —presuntamente de narcóticos— iban en busca de drogas, pero cuando ésta les pidió una orden para entrar a la casa, se la negaron y rompieron una ventana, por donde entraron.

Para la familia, esta fue sólo una excusa para detener y llevarse por la fuerza a Isaí, sobre quien no existía ninguna orden de aprehensión.

“Cuando llegaron, dijeron que ahí vendíamos marihuana, y yo le dije que no iba a hablar si no me daban su orden para entrar, pero ellos quebraron un vidrio y se metieron por ahí. Entraron a la fuerza”, detalló la señora Sánchez.

 

AGENTES QUE DELINQUEN, VISTOS EN LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA

No sólo quedaron evidenciados al entrar a la casa de la señora Claudia, madre de Isaí aquel 5 de noviembre del 2020, sino que después de interponer la denuncia por desaparición de su hijo, la mujer aseguró que observó a los agentes de seguridad en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Reiteró que no quisieron darle la cara, pero ella supo que algo raro estaba detrás del incidente.

“Después ellos me quisieron intimidar, y en una búsqueda, en las primeras búsquedas tuvimos un atentado de tres camionetas negras, se pusieron delante de nosotros y nos dijeron que ya no buscáramos y con pistolas cortando (cartucho). Entonces, había gente que iba conmigo a las búsquedas y con eso la gente tiene miedo y ya no volvieron. Pero hay muchas madres buscadoras que confrontamos esto, no nos da miedo. Hay miedo humano porque somos humanos, pero nosotros buscamos porque los amamos”, lanzó Claudia Sánchez.

Esto fue confirmado por un elemento de la Policía Municipal que resguardaba las instalaciones de Gobierno.

“Yo no puedo decir si son policías, lo que yo digo que son policías, porque un policía municipal que entró con ellos al MP; dijo que ellos eran MP, yo no puedo estar diciendo que son, en eso está la investigación al momento. Yo vine con el procurador De la Rosa [Daniel de la Rosa Anaya dejó el cargo el 11 de abril de 2025] y le hablé sobre el caso directamente con él, y él tomó la carpeta sobre mi hijo para la investigación, pero se perdió un año porque no se hizo nada aquí y ya la carpeta ya la mandaron otra vez a Los Cabos, pero hasta ahorita no hay ninguna noticia. Vengo yo con ellos y me dicen: ‘No le hablamos porque no hay noticias’. Yo sé que no hay noticias, le digo, porque no han hecho su trabajo, el trabajo lo hacemos nosotros”, sostuvo la mamá de Isaí.

Colectivos y familiares continúan exigiendo la verdad sobre el paradero de Isaí Salgado Sánchez a seis años de su desaparición, Foto: Antonio de Cervantes

COLECTIVO CONFIRMA

Madres buscadoras de Búsqueda X La Paz y de Rastreadoras de Los Cabos, confirmaron que hay un gran número de incidentes documentados en el que agentes de seguridad de diferentes instituciones privaron de la libertad a sus familiares y después ya no pudieron ser localizados.

Infortunadamente, los ejemplos se acumulan. Mauricio Leopoldo Rodarte Pérez, de 31 años, fue detenido el 11 de noviembre del 2019 en la colonia Navarro Rubio en el municipio de La Paz; la intervención fue llevada a cabo —según su familia— por dos agentes del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al respecto, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió ficha para su localización y confirmó que se trata de una persona de 1.78 se estatura, complexión regular, tez morena clara, cabello castaño oscuro.

Otro caso en La Paz, fue el de Carlos Manuel Ordieras Mendoza, detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva alrededor del mediodía del 9 de agosto del 2018, cuando conducía una moto del tipo Italika a la altura de la colonia La Fuente, tras indagar sobre el joven, la autoridad negó contar con registro de su detención, y ha permanecido como desaparecido.

Y el 14 de julio del 2021, Daniel de la Rosa Anaya, exprocurador de justicia de Baja California Sur, recibió la carpeta de investigación CSL/2310/2021/NUC, por el delito de desaparición de persona, se trató del empresario de bienes raíces, Javier Niño Solís, de 40 años, que fue privado de la libertad por aproximadamente 10 hombres encapuchados y armados el 4 de julio. El Colectivo Búsquedas San José del Cabo hizo público que aunque se decía que había sido detenido por agentes de seguridad, éstas mismas negaron que se encontrara detenido.

 

TAMBIÉN LISSET

Recientemente, Lisset Soto Salinas cumplió 16 años de haber desaparecido en el municipio de La Paz, cuando Víctor Castro era diputado federal por Baja California Sur; ese 14 de octubre del 2010, la pequeña de ocho años y 11 meses de edad fue raptada, y presuntamente participaron servidores públicos.

Su padre Melchor Soto Torres hizo un llamado enérgico al gobernador, le dijo que podía enseñarle lo que es llorar por una hija que 16 años atrás fue víctima de desaparición forzada.

“Yo puedo enseñarle al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, lo que en verdad es llorar por una hija. No porque gane una fortuna del erario público, sino por ser víctima de desaparición forzada por servidores públicos”, sostuvo Melchor Soto.

Una de las líneas de investigación, según la carpeta del caso Lisset, es que fue raptada en la colonia Camino Real en el paradero (ahora Sitio de Memoria) ubicado en el bulevar Camino Real y Camino del Triunfo y subida a un vehículo institucional, fue llevada a una casa de seguridad y movida en ambulancias.

Esa información fue filtrada apenas en 2020. El padre de la víctima fue enterado hace dos meses, luego de que ZETA evidenciara la red de trata a principios del 2025 y desde abril del 2025, ocupa la Procuraduría Estatal Antonio López Rodríguez, el primer Ministerio Público que tomó el caso Lisset en 2010.

“Esto fue una desaparición forzada, entendiendo que es cuando es cometida por funcionarios o bajó la licencia o con la permisividad de las autoridades. Y aquí hay permisividad en el sentido de que se omiten muchas investigaciones; no se avanza, no sé qué intereses estén protegiendo”, manifestó Soto Torres.

La línea más fuerte de investigación en el caso de Lisset —dijo Melchor Soto— es la participación de una red de trata en la que estuvieron involucrados servidores públicos de Protección Civil, del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), del INEGI, de la Secretaría de Salud y hasta de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

— ¿En aquellos años (de la desaparición) había registro de una red de trata con funcionarios involucrados y algunos aún son servidores ha habido avance?

“Diste en el clavo, las autoridades no han querido. Esta es una información alrededor del 2020, tiene seis años, y quiero decirles que oficialmente en una declaración firmada, yo apenas tuve acceso a ella hace un mes y medio (sobre la participación de funcionarios). Resumo que no es tanto lo que hagan o digan, el problema realmente es lo que no quieren hacer y lo que no me quieren decir; con eso resumiría el funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia”, finalizó Melchor Soto.

Melchor Soto Torres, padre de la pequeña de 8 años Lisset Soto, desaparecida en 2010 retó al gobernador de BCS a enseñarle lo que es llorar por una hija

POCOS DETENIDOS

El 29 de julio del 2025, la Procuraduría General de Justicia del Estado, confirmó la detención de seis elementos de la Policía Municipal de Los Cabos relacionada con la desaparición forzada de los jóvenes Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años, y Pablo Figueroa Martínez, de 21, quienes presuntamente habían sido detenidos el 26 de junio del 2025, por los agentes de seguridad de la Unidad de Reacción Inmediata (URI):

* José Alfredo Manríquez, de 26 años, originario de Los Cabos.

* Pedro Lara Castillo, de 21 y originario de Los Cabos.

* Ramón Israel Solís, de 30 años, originario de la Ciudad de México.

* Jesús Lara Camacho López, originario de Los Cabos.

* Sergio Alberto Ramírez Vázquez, de 23 años, originario de Chiapas.

* Alejandra Miramontes Gámez, de 32 años, originaria de Sinaloa.

La madre de Isaí, el joven desaparecido, sólo pide sensibilidad a la ciudadanía, que se pongan en su lugar, y si no hay nada favorable que decir sobre el caso, mejor dejar de lado las ofensas, al final son madres con un dolor profundo.

“Que la gente se haga sensible a lo que está pasando en nuestro estado y en nuestro México, porque ellos ven a una persona desaparecida y ya juzgan, juzgan, pero cualquier persona en un momento puede estar aquí, y si fuera algo así, que mi hijo fuera malo, yo hubiera vivido muy bien (resignada); pero yo vivía en un momento muy difícil, me dio dos veces un infarto y mi hijo dejó de trabajar para trabajar para mí, para apoyarme. Entonces, si fuera así, que vaya a donde tenga que ir, pero no tienen por qué querer tomar niñas, mujeres y tomar de qué decisión hacer con esas personas, necesitamos que todo México sepa lo que está pasando”, pidió Claudia Sánchez.

 

QUE EL GOBERNADOR LLORE, PERO POR LOS DESAPARECIDOS

En días recientes, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se hizo viral a nivel nacional al mostrarse en público, “defendiendo” entre lágrimas, las críticas en contra de su hija, por estar cobrando un alto sueldo —156 mil 855 pesos brutos y 109 mil 014 peso netos, al mes— en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Si es mi gobernador, quisiera que él viniera y platicara conmigo, yo no quiero una cita, yo no quiero papelería, todo es papelería, no quiero eso. Quiero que, si él sabe que estoy aquí, que venga y platique conmigo. Que llore por los desaparecidos”, señaló Claudia Sánchez, madre de un joven de 21 años desaparecido.

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Antonio Cervantes
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Antonio Cervantes Antonio Cervantes Antonio T 42 [email protected]

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