Baja California Sur ocupa el quinto lugar nacional en delitos de extorsión, con una tasa de incidencia de 14.32 crímenes por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de estados como Morelos (27.81), Zacatecas (17.55), Colima (15.55) y Nuevo León (15.41).
Ante el elevado incremento en los delitos relacionados como la extorsión, el fraude y las amenazas, el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur justificó la adquisición de licencias de actualización para el rastreo y geolocalización de mil objetivos celulares por más de 6.6 millones de pesos, 50 por ciento más caras que las del panista Carlos Mendoza Davis y con capacidad para ubicar cinco mil objetivos celulares.
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El pasado 14 de octubre del 2026, Daniel Darío Miranda Pérez, director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios emitió el fallo de la Licitación Pública Nacional LPA-000000014-163-2026 por los conceptos de “Renovación y Actualización de Licencias del Software del Equipo Especializado Última Milla y del Sistema de Geolocalización para Mil Búsqueda de Objetivos Celulares” con recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Ramo 33, Ejercicio Fiscal 2026.
El gobierno de Castro dividió la adquisición en dos partidas:
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* Renovación y Actualización de Licencias del Software del Equipo Especializado Última Milla: por un monto de $4,741,379.31 (cuatro millones setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), más IVA de $758,620.69 (setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 69/100 M.N.), lo que resulta un total de $5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
* Sistema de Geolocalización para Mil Búsqueda de Objetivos Celulares: por un valor de $992,200.00 (novecientos noventa y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de $158,752.00 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), lo que genera un monto total de $1,150,952.00 (un millón ciento cincuenta mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
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El fallo dio como ganadores a STT Soluciones Tácticas Tecnológicas, S.A. de C.V. en la partida número 1, y Eyetech Solutions S.A. de C.V. en la partida número 2, este último el antiguo proveedor de Carlos Mendoza durante su gobierno de 2015 – 2021, y que le brindaba un servicio de licencia del sistema de geolocalización con cinco búsquedas para la localización de objetivos celulares por un costo de 4.4 millones de pesos, 50 por ciento más barato y 400 por ciento más objetivos de búsqueda, según las facturas 1130 y 1150 entre el 20 de junio y el 18 de julio del 2018 por 2.2 millones de pesos cada una.
“Es un factor determinante para los sudcalifornianos saber a quiénes se investigan con estos sistemas, qué alcance tiene y si realmente se utiliza para investigar posibles crímenes, y no se esté haciendo un uso político para obtener información de adversarios para la administración, incluso periodistas como tú y otros que son incómodos para la administración pública”, señaló uno de los representantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el monto pagado por 4.4 millones de pesos los años 2018 y 2019, y 1.7 millones de pesos los años 2020, 2021 y 2022; otro de los registros fue de $951,200.00 (novecientos cincuenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) en el 2023 y el resto de los años no se transparenta el gasto, hasta ahora en 2026 con 6.6 millones de pesos.
Según la información pública obtenida por ZETA, en el 2020 se llevaron a cabo dos mil 450 localizaciones geográficas o geolocalizaciones; en el 2021 un total de dos mil; en 2022 fueron mil; para el año 2023 también mil; y en el 2024, con fecha de corte al 10 de agosto de ese año, 723 geolocalizaciones.
Quien ejecuta las búsquedas mediante la geolocalización, en este caso la PGJE, se dice imposibilitado de dar a conocer el marco jurídico que soporta la invasión a la privacidad de los sudcalifornianos, sólo ejecutan la herramienta sin preguntar, incluso sin que los ciudadanos lo sepan.
“Se le informa que estamos imposibilitados en dar contestación a su solicitud, debido a que nos encontramos ante una consulta jurídica y no una solicitud de información, motivo por el cual se le invita que acuda al centro de justicia penal”, afirma la Procuraduría.
La pregunta que más preocupa y que es medible, es: ¿Cuántas personas u objetivos han sido asegurados gracias a esta herramienta de geolocalización? El resultado es que la Secretaría de Seguridad Pública dijo no contar con registro de detenciones.
De acuerdo con el reporte de la Procuraduría General de Justicia, las tecnologías adquiridas, específicamente el software de geolocalización, fue utilizado en atención a las diligencias de investigación realizadas derivado de los delitos de extorsión y personas no localizadas reportados a través del DAC (Denuncia Anónima Ciudadana), número 089 de la Secretaría de Seguridad Pública, y atención a reportes ciudadanos mediante la División de Policía Cibernética.
AMENAZAS, EXTORSIÓN Y FRAUDE
Cada vez más los extorsionadores encuentran formas innovadoras para afectar el patrimonio de los sudcalifornianos, por ello BCS se localiza en el quinto lugar nacional con más víctimas de este delito.
Conforme a los datos proporcionados por la Policía Cibernética de la PGJE, los criminales están buscando nuevas alternativas para hacer más creíbles sus estafas, en muchos de los casos —afirman— son incidentes cometidos por personas privadas de la libertad “ellos no tienen nada que perder, tiempo les sobra ahí dentro”; lo preocupante para las autoridades es que siempre encuentran a una víctima vulnerable.
Una nueva modalidad detectada, es que le marcan a un ciudadano haciéndose pasar por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y les manifiestan movimientos extraordinarios a su nombre desde su banca y que deben ser aclarados. “Ese es el gancho”, afirma la autoridad.
“En Servicio de Administración Tributaria, el SAT detectó en los últimos tres meses depósitos y transferencias mayores a $50,0000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con tu RFC, y nos está solicitando información de tus cuentas de BBVA. Para nosotros es importante comunicarnos con usted y aclarar estas operaciones para no bloquear tus cuentas y tarjetas. Presione 1 para saber el motivo de la notificación”, se escucha en la nueva grabación difundida por una de las víctimas.
La llamada la recibió el pasado 28 de octubre alrededor de las 10 de la mañana, el teléfono denunciado es el (564) 821-53-05 y fue presentado como un posible extorsionador. La víctima colgó, pero muy probablemente al escuchar el marcaje de algún número, le hubiesen contestado y sacado información personal, o mantenerlo en un secuestro virtual.
“¿Qué hacer para prevenir una extorsión telefónica? Lo más importante es no contestar llamadas de números desconocidos. Si necesitas hacerlo, pregunta quién llama y por qué. Aun cuando te digan que pertenecen a alguna institución pública o privada, no brindes tu información y confírmalo directamente comunicándote a los correos y teléfonos oficiales. Denúncialo al 089”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.
En los primeros tres trimestres del 2026 (enero a septiembre), Baja California Sur tuvo un incremento de 44.4 por ciento en extorsiones a comparación con el mismo periodo pero del 2025; en materia de fraude, el aumento fue de 4.5 por ciento en el 2026, registrando un total de mil 541 víctimas por este delito en los primeros nueve meses del año.
En lo que refiere del delito de amenazas, en este 2026 el registro tuvo un ligero aumento, sin embargo, las amenazas subieron de tono; algunas no sólo fueron de palabra, sino que aplicaron el uso de la fuerza, como el hecho registrado la tarde del sábado 24 de octubre, luego de que un grupo de sujetos encapuchados ingresara a su domicilio en la colonia Agua Escondida, en La Paz.
Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en las calles Palo Mauto y Calle 1, donde seis individuos con el rostro cubierto irrumpieron y golpearon al afectado, un lavacarros conocido de la colonia Centro, con un marro, provocándole graves lesiones en ambas manos, y después salieron huyendo.
Además, consecutivamente el lunes 2 y martes 3 de noviembre, los números de emergencia en el municipio de La Paz recibieron la denuncia de personas armadas ingresando a diferentes domicilios.
El primero de ellos quedó registro en las calles Francisco Javier Mina entre Manuel Encina y Antonio Navarro de la colonia Los Olivos; la reportante dijo que alrededor de las 05:17 horas, al encontrarse durmiendo, escucharon ruidos y de repente un golpe fuerte yéndose al mismo momento la luz.
“De repente abren la puerta de su domicilio con un fuerte golpe, entrando al parecer seis personas vestidas de negro y encapuchados, quienes al entrar les empezaron a decir a ella y a sus familiares que se tiraran al suelo y que no voltearon a verlos. Uno de ellos sacó a su sobrino de la habitación, al de nombre Isaac Aníbal, de oficio en Gobierno del Estado, a quien en repetidas ocasiones le preguntaban a gritos que si él era Cristian; y al decirle que no era él, lo ven con la lámpara y salieron sin realizarle ninguna agresión a su persona, huyendo en un vehículo color negro”, manifestaron los afectados.
Y la noche del martes 3 de noviembre, en las calles Héroes del 47 y Licenciado Primo Verdad de la colonia Ciudad del Cielo, también se registró un intento de levantón —según los oficiales—; los agentes realizaron recorridos en los alrededores sin hallar a los presuntos responsables, pero catalogaron el reporte como real.
BUSCAN BLINDAR A ADULTOS MAYORES
El Congreso de Baja California Sur aprobó la adición de medidas que obligan a las autoridades a proporcionar orientación jurídica gratuita a adultos mayores víctimas de ciberfraude y la violencia en línea.
Mientras las plataformas y los trámites en línea se vuelven el pan de cada día, un sector de la población suele quedar expuesto en la primera línea de riesgo, por desconocimiento, ignorancia y la facilidad de caer en manos de extorsionadores, es por ello que se busca ponerle un alto a los fraudes cibernéticos y las agresiones virtuales que vulneran el patrimonio y la tranquilidad de los adultos mayores.
La diputada María Cristina Contreras Rebollo presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Baja California Sur para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
“Las amenazas, el hostigamiento, la suplantación de identidad, la utilización indebida de información personal y los engaños patrimoniales pueden realizarse mediante redes sociales, aplicaciones, mensajes, dispositivos electrónicos y otros medios tecnológicos; sus consecuencias pueden manifestarse en la vida personal, familiar y económica de quienes las enfrentan, aun cuando la conducta se haya iniciado en un espacio digital”, expuso la diputada de Morena.
La propuesta busca actualizar el marco legal ante las nuevas realidades tecnológicas, abarcando ejes clave como:
* El reconocimiento de la Violencia Digital para incorporar formalmente este concepto dentro de la Ley Estatal y así visibilizar y sancionar las agresiones cometidas a través de tecnologías de la información.
* Orientación y Asesoría Jurídica Gratuita, obligando a las instituciones a brindar apoyo legal especializado y facilitar la canalización directa ante las autoridades competentes cuando se cometa un fraude o delito en línea. Del mismo modo impulsar programas de educación digital orientados a que las personas adultas mayores identifiquen riesgos sin perder su independencia.
Al fundamentar la iniciativa ante el Pleno, la legisladora enfatizó que la protección a las personas adultas mayores no debe traducirse en restricciones a su libertad, sino en herramientas para fortalecer su seguridad y confianza.
“La protección debe construirse desde el respeto a la autonomía, proporcionando herramientas para que cada persona pueda participar en el entorno digital y decidir sobre sus comunicaciones, relaciones y patrimonio; las medidas preventivas deben fortalecer esa capacidad de decisión. Las modificaciones propuestas abarcan los artículos 3, 3 Bis, 18 y 28 de la legislación vigente. Con ello se pretende incorporar formalmente el concepto de violencia digital, definir su alcance y promover acciones preventivas mediante programas de educación y capacitación orientados a este sector de la población”, dijo Contreras.
Con esta reforma, el Congreso de Baja California Sur busca sentar las bases para que navegar en internet o realizar transacciones cotidianas deje de ser un campo minado para este sector vulnerable.
