Hay problemas en la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur, luego de que trabajadores de la institución, así como personal adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSEMARNAT), exhibieron irregularidades al interior de la dependencia.
Tras la reciente salida de Berenice Ramírez Cruz (30 de septiembre de 2026) y su antecesora Andrea Marcela Geiger Villalpando (2 de junio de 2025), ambas como encargadas de despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Procuraduría, revelaron inconsistencias en su actuar, entre ellas el conflicto de interés y omisiones durante su periodo al frente de la institución.
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En una denuncia recibida, destacan actos de corrupción que consideran acreditados, derivado de distintas denuncias hechas por el mismo personal de la institución, así como de ciudadanos por diferentes irregularidades en su proceder ante el Órgano Interno de Control.
Uno de los actos denunciados, es la afectación del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de La Biosfera “El Vizcaíno” en Mulegé, allí se gestó un banco de materiales aproximadamente 9 km antes de llegar a la localidad de Bahía Tortugas, sin autorización para la construcción de carretera Bahía Tortugas – Punta Eugenia, donde se levantó acta de inspección con Expediente: PFPA/10.3/2C.27.5/0038-24, acta levantada por el inspector de Profepa, Francisco Javier Villavicencio Patrón.
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Este proyecto fue denominado “Modernización del camino Bahía Tortugas – Punta Eugenia del kilómetro 00+000 al 26+000 con una meta de 26 km”, dicho proyecto contemplaba la preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento de un camino tipo “C”, así como la apertura de tres bancos de materiales pétreos, afectando el ANP. El proyecto total abarcó un área de alrededor 570 mil metros cuadrados.
“La delegada en ese entonces era la doctora Andrea Villalpando y pasó por alto las observaciones, sólo nos enviaron como aviso y ellos se arreglaron. Después la siguiente delegada o encargada de la delegación, hizo lo mismo, hicieron como que no pasaba nada y siguió la afectación, las observaciones y nadie dijo nada”, explica la denuncia de los trabajadores.
Asimismo resaltan los Expedientes: PFPA/10.3/2C.27.2/0011-24 Y PFPA/10.3/2C.27.2/0012-24, de actas levantadas al XVII Ayuntamiento de Mulegé, donde se construyó dos estadios dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno” sin autorización ambiental; estos actos se los atribuyen directamente a Andrea Marcela Geiger.
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Sin embargo, señalan de ser omisa a su sucesora Berenice Ramírez, la cual no sólo ignoró el caso, sino que también hay acciones que le señalan en su gestión, como su relación directa con el hotel Villas del Palmar, instalado en playa Ensenada Blanca, en el municipio de Loreto, instalaciones que recientemente fueron denunciadas por el aspirante a coordinador por el Distrito 01 de Morena por negar el acceso a la playa.
“El primer filtro estaba sobre la carretera, en la entrada principal. Me acerqué a los guardias de seguridad y les manifesté mi intención de entrar a la playa. La respuesta fue inmediata: no era posible. Ese acceso, me dijeron, estaba destinado exclusivamente a quienes iban al hotel. Avancé por el camino que atraviesa el poblado de Ensenada Blanca hasta llegar al fondo, donde encontré el segundo filtro: un cerco que bloqueaba el paso, dos guardias de seguridad y un letrero que advertía: ‘Propiedad privada’”, denunció Pavel Castro.
Resulta, según la denuncia, que la ex encargada de despacho desarrolló —como profesionista gestora ambiental y a la vez funcionaria pública— la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto turístico, “así como en otros proyectos”, lo que refiere un complejo y notorio conflicto de interés. “Era juez y parte y nadie podíamos decir nada o nos castigaba”.
Textualmente se lee en la queja:
“La Bióloga Berenice Ramírez Cruz, fue gestora ambiental durante muchos años aquí en nuestro estado, contratada por el hotel ubicado en Ensenada Blanca (Villa del Palmar), desarrollo con un sin número de irregularidades ambientales, y le apoyaban —los funcionarios de Profepa— de nombre la jurídica Pamela y el Inspector Omar, quienes todas las semanas santas se hospedan con sus familias gratis en este hotel, desarrollo que, cabe mencionar, tiene más de dos hectáreas de humedal costero relleno y lo utilizan como propiedad privada con un sin número de obras como oficinas, almacenes, estacionamiento de camiones y maquinaria; con dos casetas de vigilancia que impiden el acceso a la playa y la zona federal marítimo terrestre y no pasa nada. La Profepa no ve que fueron ocupados más de 20,000 m² de humedal costero como propiedad privada”.
Cabe destacar que Berenice Ramírez declaró en mayo del 2026 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en su declaración patrimonial y de intereses, 360 mil pesos (siendo funcionaria pública) por el concepto de servicios profesionales y su perfil empresarial confirma que se dedica específicamente al Servicio Profesional en Consultoría en Medio Ambiente, representando aquí un conflicto de interés al participar en el desarrollo de MIAs.
Actualmente el personal teme que haya de nuevo omisiones y se denigre nuevamente a la institución, pues según el oficio DESIG/023/2026 del día 16 de octubre de este año, fue designada Astrid Carolina Romero González, subdelegada jurídica y también encargada de despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa, ante lo que difieren los trabajadores, ya que es bióloga marina y no cuenta con licenciatura en derecho para ocupar el cargo.
DESECHOS PELIGROSOS “LIMPIOS”
La “renuncia” de Berenice Ramírez Cruz a finales del mes de septiembre del 2026, según el personal de la Procuraduría Ambiental, se debe a múltiples denuncias en el Órgano Interno de Control por presuntas irregularidades.
La más clara es su presunta relación con hechos derivados a derrames de sustancias peligrosas ocurridas en La Paz y Comondú.
“Otro expediente que consideramos fue desechado y sin cumplimiento de remediación, es el enmarcado con el número PFPA/10.2/2C.27.1/0001-24, por contaminación de suelo con residuos peligrosos como aceite usado de vehículos en el basurero municipal, acta levantada derivado que fue hallado tirando residuos peligrosos al suelo en flagrancia por las autoridades municipales en basurero de la localidad de Ciudad Constitución, a una de las empresas dedicada al acopio de materiales peligrosos Petroquímicos Aspen S.A de C.V., propiedad de José Carlos Duarte”, señala la denuncia.
Y es que además del caso del relleno sanitario, en el mes de agosto de 2025 en la comunidad de Las Pocitas en el municipio de La Paz, rancheros de la localidad denunciaron otro derrame de sustancias tóxicas en un predio que acaba de ser adquirido por el empresario José Carlos Duarte, dedicado especialmente al traslado de sustancias peligrosas.
Fue hasta septiembre que el personal de la Procuraduría se hizo presente a revisar y “no pudieron determinar de quién era el predio”, por ello levantaron la denuncia contra los servidores públicos.
“Ponemos la presente denuncia ciudadana en contra de todas las autoridades ambientales, principalmente de la encargada de la oficina de Profepa en Baja California Sur, la C. Berenice Ramírez Cruz, como principal responsable, en relación del tiradero de residuos peligrosos realizado en la localidad de Las Pocitas en el mes de agosto de 2025; todo esto que los pobladores de la localidad hemos sido testigos de la irresponsabilidad de todas las autoridades en relación con este asunto. Lo más delicado es que por parte de la encargada de Profepa hay demasiada evidencia de querer proteger al responsable del tiradero de residuos peligrosos, ya que se presentó en esta localidad en el mes de septiembre de 2025, personal de Profepa para realizar las investigaciones correspondientes, donde es sabido por todos que el predio donde se realizó las maniobras de descarga de residuos peligrosos fue comprado por el Sr. José Carlos Duarte Rodríguez”, señalan.
Según los habitantes, el derrame se dio en un arroyo y se extendió por más de cuatro kilómetros, además de que se les informo 20 días —antes de la visita— del tiradero de residuos en este lugar “y nunca hicieron nada, acudiendo al lugar 20 días después las autoridades de Profepa, como si estuvieran de acuerdo”.
HIJA DE GOBERNADOR DE BCS ROMPE EL SILENCIO ANTE CRÍTICAS POR SU ALTO SALARIO EN EL IMSS
Ante las severas críticas por la forma en que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, defendió con lágrimas el salario alto de su hija en el Instituto Mexicano del Seguro Social /IMSS), la propia funcionaria federal rompió el silencio y contó su cronología institucional.
“No soy de piedra, y cuando se meten con tus hijas, tus hijos, con calumnias… Ella no trabaja en el Gobierno del Estado, trabaja en el Seguro Social; si es a la que te refieres que gana muy bien, nadie gana más que la Presidenta, es una mentira, fabulosa mentira. De las dos [traga saliva] son mi orgullo de padre [voz entrecortada] y me han acompañado en esta lucha siempre”, expresó el gobernador en la “Conferencia para el Pueblo”.
La controversia generada por las percepciones salariales de Marcela Castro López, actual coordinadora Normativa de Modernización y Competitividad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e hija del Gobernador Víctor Castro, escaló esta semana a un terreno donde se cruzan la defensa del afecto paternal, el argumento del mérito profesional y la revisión documental de los tiempos políticos.
Tras la defensa entre lágrimas del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, la funcionaria rompió el silencio en redes sociales para asegurar que su trayectoria pública de 13 años se ha construido de forma independiente a la carrera de sus padres.
Sin embargo, la revisión periodística de sus declaraciones patrimoniales y del Portal de Transparencia revela una estricta coincidencia temporal entre sus principales ascensos en la administración pública federal y las victorias electorales clave de su padre.
En una extensa carta emitida de cara a las conmemoraciones de la Revolución Mexicana, Castro López rechazó categóricamente los señalamientos de la oposición y de diversos espacios de opinión, catalogando como una campaña orquestada por la “derecha”.
La funcionaria del IMSS argumentó que su formación en el Instituto Mora y su paso por administraciones encabezadas por distintos partidos políticos (PAN, PRD y Morena) respaldan su idoneidad en el cargo.
“No soy corrupta, no soy aviadora, no soy prestanombres y mucho menos he utilizado mi cargo para ser abusiva u obtener privilegios. Desde el primer día después de la elección en la que mi papá resultó electo gobernador, tuve perfectamente claro que ser su hija me obliga a exigirme el doble en términos de responsabilidad, honradez y congruencia”, aseveró en su pronunciamiento.
Asimismo, respaldó las emotivas declaraciones de su padre, afirmando sentirse orgullosa de la respuesta del mandatario estatal y señalando que las críticas responden a una “miseria” que busca desacreditar la labor pública de su familia.
Pese al argumento de independencia laboral, la confrontación de datos sobre la evolución presupuestal y de cargos entre Marcela Castro López y Víctor Manuel Castro Cosío expone una sincronía constante durante el sexenio de la Transformación:
* Según la Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno, Marcela Castro ingresó como coordinadora administrativa en la Dirección de Planeación Institucional del IMSS del 1 de febrero del 2019 al 30 de noviembre del 2020; hasta el 31 de diciembre del 2018 aún era Directora Ejecutiva de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (CDMX). En ese mismo periodo, tras la victoria electoral de julio del 2018, Víctor Castro se consolida como virtual “Superdelegado” (Delegado de Programas para el Desarrollo) en BCS, en diciembre de 2018.
* Del 1 de diciembre del 2020 al 17 de agosto del 2021, la funcionaria federal fue coordinadora técnica de Competitividad y Cultura Institucional del IMSS.
* La siguiente promoción de Marcela Castro a coordinadora normativa de Modernización y Competitividad (Nivel K21) se da el 18 de agosto del 2021, un mes antes de que Víctor Castro tome protesta como gobernador de Baja California Sur.
Actualmente, los registros de Nómina Transparente indican que la funcionaria devenga una percepción bruta mensual cercana a los 156 mil 855 pesos (aproximadamente 109 mil 014 pesos netos), un tabulador de alta dirección en la estructura central del Seguro Social en la Ciudad de México que supera los ingresos del propio titular del Ejecutivo en BCS.
En el análisis de la gestión pública, la discusión sobre el posible tráfico de influencias no se limita únicamente a la contratación directa bajo la misma línea de mando jerárquica —como argumentó el gobernador al precisar que su hija trabaja en el ámbito federal y no en el gobierno estatal—, sino la influencia que desde una trinchera de influencia pueda ejercer.
Expertos en ética y transparencia señalan que el capital político e institucional de las figuras de alto nivel puede influir indirectamente en las dinámicas de contratación y promoción dentro de los organismos descentralizados.
