A pesar que la Guardia Nacional fue constituida para sustituir a la Policía Federal, combatir la inseguridad, se convirtió en policía de aproximación; si no combatieron el crimen, ahora son agentes de vialidad
En respuesta a los reclamos de la ausencia de apoyo de la Federación en el combate a los integrantes de los cárteles de las drogas en los estados, el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador que originalmente había rechazado el Ejército, se inventó una policía militarizada, la Guardia Nacional (GN).
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Creada según los anuncios para “combatir la delincuencia y mitigar la incidencia delictiva, en particular los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada”, se supone que iban por los capos y los asesinos; hasta facultades investigadoras les asignaron.
Teniendo a la Guardia como “parte central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual busca disminuir homicidios dolosos, extorsiones y otros delitos de alto impacto mediante inteligencia, investigación y proximidad social”, los elementos fueron repartidos en los estados, de acuerdo a la incidencia de muertes violentas.
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Siete años después, se la han pasado en patrullajes y guardias perimetrales, porque las detenciones de traficantes, capos y asesinos las han ejecutado los elementos de la Secretaría de Marina, los agentes de la Unidad Estratégica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch y las policías estatales.
No existe reportes del 2026, pero de acuerdo a los informes oficiales del año pasado, en todo el país, la Guardia detuvo a 23 mil 206 personas, que representó apenas el 5.6 por ciento de estos delincuentes medianos y menores, mientras las policías estatales y municipales aprehendieron al otro 94.4 por ciento.
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Con estos deficientes resultados, sin haber cumplido el objetivo para el que fueron creados, ahora los convirtieron en policías viales. En marzo del presente 2026, el Gobierno Federal publicó la reforma al reglamento de tránsito federal, facultando a la Guardia Nacional para: multar; solicitar documentos; revisar y determinar —como si tuvieran la formación necesaria— las condiciones físico-mecánicas de los vehículos; realizar operativos de alcoholímetro o pruebas toxicológicas. Y a partir de un decreto publicado en agosto pasado, utilizar dispositivos electrónicos y radares para medir el exceso de velocidad, tema que actualmente están socializado a través de páginas en redes sociales.
En Baja California, en múltiples ocasiones, durante años, este Semanario ha dado cuenta de las denuncias de trabajadores del volante que operan transporte de carga, acusando las extorsiones cometidas por diversas corporaciones policíacas que los detienen, en carreteras o intersecciones de caminos federales y vialidades locales, sin justificar el acto de molestia, para terminar pidiéndoles miles y miles de pesos, a cambio de evitar que se lleven sus camiones de trabajo o les retengan los documentos, usando multas inventadas.
Que si una de las 18 llantas le falta aire, o a las luces no tienen suficiente intensidad y reflejar, que invadieron un carril, o iban a exceso de velocidad, que circulan fuera de horario o en zonas restringidas, o realizan maniobras prohibidas, que si tardaron mucho tiempo estacionados frente a parques industriales para registrarse e ingresar a descargar, que los engomados no son válidos, que si las guías no coinciden con la mercancía, o que a “ojo de buen cubero” la carga excede el peso y las medidas permitidas.
Ahora, este negocio extorsivo, en carreteras y puentes de jurisdicción federal, se hizo exclusivo de la Guardia Nacional, y la zona costa bajacaliforniana es todo un botín, considerando que los municipios están conurbados y las vialidades federales son caminos comunes en el atrofiado y embotellado tráfico local.
Además, la corporación ya tuvo la oportunidad de medir los beneficios, entre el 11 y el 27 de abril, en el operativo de Semana Santa del 2025, cuando con 100 elementos y 50 vehículos, la Guardia Nacional aplicó 1 mil 842 multas en las carreteras federales bajacalifornianas, con importes que iban desde los mil 131 pesos hasta los 22 mil 628 pesos, dependiendo del tipo de infracción.
Según el Gobierno Federal, esta controvertida reforma fue para “evitar la corrupción”, pero otra vez, respecto a la honestidad y ética laboral de los guardias nacionales, los ciudadanos en Baja Californian tienen memoria y otros datos.
Considerando sólo los delitos en los que han sido videograbados en Tijuana, están: los robos a casas en colonias de alto poder adquisitivo en diciembre del 2025 y febrero del 2026, incluso acompañados a Ulises Rayas, traficante del Cártel Arellano. En junio del 2024, el homicidio de Adán Morales en Tijuana. En junio del 2023, el robo de una caja fuerte en la casa de un comerciante y adulto mayor; en abril del mismo año, el intento de extorsión en un hotel de la Zona Centro de Tijuana y otros negocios; en el mismo periodo fueron captados protegiendo a traficantes de personas en la zona de la Libertad y Otay; también en abril, en Mexicali, y noviembre del mismo año, pero en Tijuana, los grabaron robando droga. Igual que en noviembre de 2022, cuando sacaron el cargamento de una recicladora en la Carretera Libre Tijuana-Tecate.
Aún no existen estadísticas del 2026, pero según el Informe Anual de la corporación, recibido por el Senado de la República, en 2025 se presentaron 103 denuncias “penales” contra 320 elementos. El informe del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal realizado por el INEGI, indica que, en 2025, la GN “registró haber cometido 19 mil 707 presuntos delitos, durante las puestas a disposición ante del Ministerio Público.
Y el informe de Asuntos Internos de la GN del 2024 expuso que 749 agentes habían sido denunciados “penalmente”, incluidos en 286 carpetas. Mismo período en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 409 quejas en contra de elementos de la corporación, e invalidó el 42 por ciento, asegurando que los agentes no tuvieron responsabilidad. También informaron que, en los primeros cinco años, se había iniciado 1899 expedientes contra la Guardia.
Los antecedentes evidencian que, tratándose de la GN, ya habían puesto “al lobo a cuidar las ovejas”, y ahora que los convierten en policías de tránsito, les están ampliando el rebaño del que pueden abusar.
Los guardias nacionales no usan cámaras corporales, y sólo un número mínimo de patrullas están equipados con sistemas de videos, así que, como siempre, tocará a los ciudadanos buscar la manera de protegerse.
