Iba camino a la tienda cuando de la nada me salieron varias patrullas, me rodearon, me pidieron que me identificara y lo hice; mientras me obligaban a ponerme contra el cofre de una patrulla y después contra el suelo, me esposaron. Fui trasladado hasta una celda y después a la FGE, donde el ‘MP’ le pidió a mi hermano 25 mil pesos. Los consiguió como pudo, ni siquiera nos dijeron bajo qué cargos me detuvieron, sólo me dejaron libre; fue en las instalaciones de la fiscalía que están en El Descanso, Tecate”, relató un joven, quien solicitó omitir sus generales por seguridad, él fue intervenido el 31 de octubre del 2026 en la colonia Benito Juárez.
“Salí del trabajo y cuando iba a la casa me interceptaron patrullas blancas con emblemas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana prendiendo los estrobos; me revisaron el carro, me preguntaron a dónde iba y de dónde venía, me quitaron mi cartera y me pidieron que desbloqueara mi celular, pero me negué porque eso no debería ser parte de ‘sus funciones’. Me estrellaron contra el cofre y después pecho tierra, al final lo desbloqueé y mientras se llevaban el dinero que traía en mi cartera, me dijeron que fue para que se me quitara lo hocicón”, narró a ZETA otro muchacho, que fue detenido mientras circulaba sobre el bulevar Benítez el viernes 30 de octubre.
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La información de una decena de casos con abusos similares, fueron hechos llegar a ZETA en los cinco días posteriores al arranque del operativo “Unidos Por Tecate”, que inició el 28 de octubre, pero el general y secretario de Seguridad en Baja California, Laureano Carrillo, hizo la declaratoria oficial hasta el 31de octubre del 2026.
Ese mismo sábado, ante los abusos reportados los dos días anteriores, la prensa de Tecate le preguntó al general Carrillo cómo iba a controlar las acciones de la tropa y garantizar la legalidad de las aprehensiones, a lo que respondió con retórica:
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Dijo que una vez que los agentes salen a las calles, la garantía es su profesionalización, y después se deslindó, explicando que, en todo caso, corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) o de la República el identificar si el detenido ha cometido o no delito alguno.
En esta primera semana, todavía ninguna de las víctimas se ha presentado a documentar sus reclamos ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ni ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, porque les advirtieron que “si hacían escándalo”, no los iban a dejarlos salir, o los recapturarían.
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El operativo fue anunciado como un despliegue coordinado con elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que agregó 506 elementos municipales, federales y estatales a las calles de Tecate.
Filtros de revisión que, de acuerdo a los denunciantes, en algunos casos, terminaron operando como retenes de extorsión, y patrullajes que criminalizan la pobreza y el tránsito nocturno. Aseguran que la “prevención del delito” está siendo usada como un cheque en blanco, para que uniformados actúen con total opacidad, alejados de los protocolos de uso de la fuerza y del respeto a las garantías individuales.
Como ejemplo, una de las familias decidió exhibir su caso, el cual fue expuesto en un comunicado oficial, publicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, y replicado casi de inmediato por el presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, quien enalteció los resultados del operativo. Las repuestas al comentario del alcalde se llenaron de reclamos, tildando al munícipe de mentiroso, reclamando los abusos y la ausencia de justicia.
Se trató de la detención de un hombre identificado como Agustín “N”, de 51 años, ocurrida el pasado lunes 2 de noviembre, en plena conmemoración del Día de Muertos. De acuerdo al comunicado, el hombre fue aprehendido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) mientras transitaba en ampliación Valle de las Palmas, delegación rural de Tecate.
En el Informe Policial Homologado (IPH) —la narrativa con la que los agentes pretenden blindar legalmente sus actuaciones— aseguraron, de manera genérica, que el ciudadano adoptó una “actitud evasiva y sospechosa” al notar la presencia de las unidades sobre la calle Cuarta de la colonia Parcela 94.
Según la versión oficial, tras una inspección forzada, se le localizó un arma de fuego tipo escopeta y más de una veintena de cartuchos útiles ocultos en una funda de guitarra, por lo que fue turnado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, vecinos y familiares de la víctima aseguraron que la versión policiaca fue una mentira para justificar la detención irregular. Afirmaron a ZETA que los elementos de la FESC, sin mediar palabra, sin ningún tipo de respaldo legal que justificara el acto, ingresaron violentamente al domicilio de Agustín “N”; ahí, dentro de la casa, encontraron la escopeta, propiedad del abuelo del detenido, pero se trata de un arma que no es de uso exclusivo del ejército, sin embargo, igual fue arrestado, y permaneció incomunicado durante dos días debido a que fue sometido a un proceso plagado de inconsistencias legales, temporales y físicas, siendo liberado 48 horas después, justamente porque el arma no justificaba la detención.
Los hechos ocurrieron, según el propio informe, el 2 de noviembre alrededor de las 10 de la mañana, y fue presentado ante la Fiscalía Federal en Baja California a las 15:34 horas ese mismo día.
La familia declaró a ZETA que fue amedrentada, robada y desplazada de su vivienda ante el temor, no sólo por la ola de violencia provocada por los grupos criminales, sino también por la propia autoridad.
SIN RASTRO DE LOS CABECILLAS DE LOS CÁRTELES CRIMINALES
La comunidad en las colonias periféricas opinó que el abuso sistémico responde a la presión política por entregar resultados inmediatos ante la opinión pública. No obstante, las costuras del plan interinstitucional quedan en evidencia al contrastar la propaganda con los verdaderos resultados.
Hasta el momento, los principales generadores de violencia identificados por las autoridades como responsables de la mayoría de los homicidios en la región de Tecate, desde la Laguna Hanson, La Rumorosa hasta la Nueva Colonia Hindú, continúan operando en la total impunidad.
A pesar de la presencia de 506 elementos, no ha sido detenido Gerardo Olguin, cuando descargó su arma en contra de agentes dela FESC, asesinando a la oficial Astrid el pasado 26 de octubre del 2026; tampoco han capturado a José Ángel Flores, alias el Siete, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni a Ricardo López, alias el Chicho, principal sicario de la mafia de Jalisco, a quien se le atribuyen decenas de homicidios y desapariciones cometidos entre diciembre del 2025 y octubre del 2026; tampoco han aprehendido a Sergio Serrano, otro exoperador del Cártel de Sinaloa que ahora delinque para Jalisco.
Ante la ausencia de detenciones de alto impacto, las fuerzas estatales ejecutan capturas menores para simular control y resultados, acusaron los afectados.
En el balance presentado el 4 de noviembre, el Gobierno de Tecate y el Centro Coordinador Operativo presumió la detención de 25 personas. Lo que omitieron precisar, fue que mayoría corresponden a arrestos por “fallas administrativas”, basados en perfiles de sospecha subjetivos, que violan el artículo 16 constitucional, que consagra el derecho a la seguridad jurídica, la privacidad y el debido proceso
Otro problema que existe al interior de la mesa interinstitucional, el cual fue expuesto por los integrantes, es la desconfianza, por el acceso que pueden tener a la información, algunos funcionarios bajo sospecha. Recordaron el caso del hijo del tesorero municipal de Tecate, Omar Blancarte, quien, al ser detenido por municipales, tras alterar el orden en diciembre del 2025, amenazó a los uniformados y los advirtió que estaba respaldado por José Ángel Flores, alias el Siete, cabecilla del CJNG.
PIDEN PRESENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN OPERATIVOS
Mientras los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado insisten ante los medios de comunicación en que “no se tolerarán abusos ni extorsiones”, residentes de las colonias periféricas, como Santa Anita, el Polvorín, Rincón y Ampliación Descanso, se presentaron el 4 de noviembre a la jornada comunitaria organizada por el ayuntamiento, llamada “Miércoles Ciudadanos”, para hablar del temor generalizado que tienen ante las revisiones vehiculares ilegales y amedrentamiento continuo por parte de las corporaciones.
Ahí, la ciudadanía exigió que tanto las fiscalías como las comisiones de derechos humanos intervengan de oficio para revisar la veracidad de las puestas a disposición, antes de que la estrategia de “pacificación” termine por criminalizar por completo a la población civil de Tecate.
Querían hablar con el alcalde, pero Román Cota Muñoz no asistió; en su ausencia, y ante la prensa, representantes de la comunidad le reclamaron una postura firme y menos condescendencia ante los abusos centralizados desde el Estado. Le advirtieron al alcalde que la pacificación del “Pueblo Mágico” no puede construirse criminalizando a sus propios habitantes, y exigieron que la Sindicatura Municipal intervenga activamente para sancionar los abusos en las colonias periféricas. Y le reclamaron a la síndico procuradora Saraí Osuna estar más enfocada en una campaña política que la lleve a obtener la candidatura a la presidencia municipal que en vigilar el correcto actuar de los policías.
Ante el recrudecimiento de estos atropellos, la indignación social apunta directamente a las cabezas políticas e institucionales responsables de la seguridad en la región. Esta semana, representantes de los sectores civiles y defensores de derechos humanos exigieron cuentas claras al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo, para que ordene una auditoría interna inmediata sobre el actuar de la FESC y ponga freno a las consignas que obligan a los agentes a inflar estadísticas de detenciones a costa de las garantías ciudadanas.
Carlos González Contreras, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tecate, reconoció que resolver el problema de seguridad no es sencillo, pero consideró que la respuesta de las autoridades ha sido “tibia” ante los hechos delictivos y los señalamientos de abuso de autoridad. Advirtió que los acontecimientos ya llevaron al sector empresarial al límite de su paciencia, al igual que a la ciudadanía.
Mientras el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, Juan Aldrete, manifestó que la estrategia de seguridad en Tecate no ha tenido los resultados esperados y que es necesaria una restructuración, para finalizar con un llamado para que las autoridades se concentran en los que realmente son los delincuentes.
