El gobierno, sea federal, estatal o municipal, protege a los suyos. Así sean denunciados por ciudadanos de actos de corrupción, exhibidos en medios de comunicación, e incluso denunciados en narcomantas por criminales a los que burlaron, extorsionaron o robaron.
Lo mismo hacen funcionarios con los ciudadanos, con los hombres y las mujeres de bien que tienen un negocio, un emprendimiento, una propiedad o una empresa. Los supuestos servidores públicos los extorsionan por cualquier tema. Si es municipal, por la oficina de Reglamentos, de Desarrollo Urbano, desde cualquier oficina; si es estatal, lo mismo; y en el Gobierno de la República tampoco quedan a salvo, especialmente en áreas como las Aduanas, las Relaciones Exteriores, las que regulan la naturaleza y la fauna, o cualquier permiso.
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En los dos últimos años, como nunca antes, se han escuchado voces de inconformidad, particularmente en Tijuana, pero no privativo a esa ciudad de Baja California: los funcionarios públicos están extorsionando a los ciudadanos que acuden a realizar un trámite. A veces hasta los envían a una oficina externa donde, ya sea un empleado de confianza o un empresario externo, le cobrarán la cuota extraoficial para que el Ayuntamiento les conceda el trámite solicitado. No es una bicoca, las exigencias llegan a los miles y a los cientos de miles de dólares.
Lo mismo han denunciado restauranteros y propietarios de bares. Ya incluso consideran la cuota a los extorsionadores del Ayuntamiento en su presupuesto de operación del negocio. Es paradigmático el caso de los yonqueros. Primero denunciaron el cobro de piso por parte del Cártel Arellano Félix, 650 dólares mensuales, y posteriormente el de los funcionarios del Ayuntamiento, que empezaron cobrándoles la extorsión en pesos, unos cuatro mil al mes, para cambiar a dólares y llegar casi a los 800. En una tercera denuncia, los yonqueros revelaron que había cambiado el método de pago: ya no serían dos extorsionadores los que acudirían mensualmente, sino una sola persona que se encargaría del cobro de piso para el cártel, y la cuota para el Ayuntamiento.
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Todo esto es público, y a pesar que la extorsión es un delito que se investiga de oficio, es decir, que no necesariamente debe presentarse una denuncia por parte de las víctimas, la Fiscalía General del Estado de Baja California no está investigando con fines de solicitar órdenes de aprehensión, ni a los narcos que les cobran piso a los yonqueros, ni a los del Ayuntamiento de Tijuana que los extorsionan mensualmente; los primeros amenazan con consecuencias fatales si no les pagan, los segundos con clausurar el negocio con cualquier pretexto.
En las semanas recientes, nos ha tocado, a los reporteros que trabajamos en ZETA, escuchar más historias de corrupción, extorsión y cobro de piso por parte no sólo de cárteles, sino de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, y, por supuesto, por parte de policías y elementos de las Fuerzas Armadas.
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Otra constante es el anonimato de las denuncias. Aunque las personas nos lo digan directo, invariablemente nos solicitan no publicar sus nombres, ni el de sus negocios o empresas, por claro temor a represalias. Los narcos, dicen, los pueden matar; los funcionarios, llevarlos a la quiebra con la negativa a entregar permisos o la fiscalización extrema de sus negocios.
La recomendación ha sido que los graben. Que capturen el momento en que están solicitando dinero a nombre del Ayuntamiento en video o en audio, que los graben para exhibirlos. En los últimos días los mexicanos nos hemos dado cuenta de que eso, al final, sí funcionó. El medio Latinus ha exhibido videos diversos que documentaron actos de corrupción protagonizados por la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, varios de sus colaboradores y sus hijos.
Los videos del caso Taddei, que demuestran la podredumbre de la corrupción en la que se sumió al órgano electoral nacional, fueron evidentemente tomados por el corruptor, por el proveedor con el cual la ex consejera presidente del INE estaba cometiendo los actos ilícitos; delitos de corrupción que, de hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador los clasificó como graves, es decir, que son de prisión preventiva oficiosa.
Alfredo Hernández, el empresario del que se trata, no sólo grabó a Guadalupe Taddei mientras la elogiaba o la mimaba; también grabó a sus hijos y los privilegios que les concedió. Ya la frase de “París a tus pies, chamaquito” es tan popular para referir un acto de corrupción como aquella de “cooperas o cuello”, y se la dijo Hernández al hijo de Taddei, cuando lo hospedó y mimó, en la capital de Francia, en un lujoso hotel con una privilegiada vista de la ciudad de la luz.
En otro video, el más fulminante, se escucha a Alfredo Hernández repartirse el botín producto de los contratos “ganados” en el INE, teniendo a la mismísima Taddei sentada en la mesa. En el video, aparentemente grabado con un celular y sin que la exconsejera tuviera conocimiento, en bruscos movimientos del aparato se alcanza a ver la imagen de ella, recargada sobre la mesa, sosteniendo su cara con una mano en el mentón, mientras él le dice cuántos millones le corresponden a ella y cuántos a él.
A raíz de la liberación de los videos, y de la publicación de investigaciones periodísticas en Latinus y Reforma, sobre los contratos entregados por el INE a Alfredo Hernández, y las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, Guadalupe Taddei Zavala renunció. Finalmente la grabación de un acto, bueno, en este caso, varios— de corrupción, funcionó. Hubo una renuncia, hubo un deslinde oficial y se han anunciado investigaciones ministeriales y de la Auditoría.
Aunque el costo ha sido alto, en estos momentos el Instituto Nacional Electoral ha sido manchado desde el oficialismo, en una medida que se podría tomar como estrategia para alegar, en el futuro, un fraude inexistente pero atribuible a una institución corrompida.
La cuestión, por el momento, es que videograbar a los corruptos y corruptores sí está funcionando. No ha sido exitoso, aun, en el caso de los hijos del expresidente, el Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, quienes han sido mencionados en audios grabados y liberados por Latinus, como quienes sostuvieron a un contratista, amigo de ellos y tabasqueño también, quien durante la administración de su padre se enriqueció, y hoy vive en el auto exilio en el extranjero, la última vez en Suiza, donde un periodista de TV Azteca lo localizó, y el empresario, Jorge Olán Amílcar, cambió de país y de residencia.
Así que, a los hombres y a las mujeres empresarios de Baja California, a los desarrolladores de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tecate, San Quintín, San Felipe, cuando los extorsionadores del Ayuntamiento lleguen a pedirles dinero por cualquier pretexto, grábelos, oiga.
Si con el cinismo que caracteriza a la clase política y a los servidores públicos, le dicen que la reunión es sin celular, recuerde que la tecnología ha avanzado tanto, que existen en el mercado adminículos habilitados como sistemas de grabación de audio e imagen que pueden resultar imperceptibles. No los deje ir corruptos, exhíbalos como lo que son.
Por lo menos en el caso Taddei ya hubo consecuencias, y legales. Ahora estamos a la espera del destino de los hijos del expresidente.
