Este viernes 20 de noviembre el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, junto a autoridades del orden federal, refrendó con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO), así como con cámaras de la industria, el pacto contra la extorsión y corrupción con el que se busca combatir dichos delitos.
Según se detalló en el evento, que tuvo lugar durante la conferencia de prensa nacional “Revolución de las Conciencias es Tarea de Todos”, organizada por la CONCANACO como parte de las actividades de la Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, que tiene como sede la ciudad de Tijuana, el acuerdo nació en esta ciudad fronteriza y actualmente ya suman 21 entidades y 42 municipios los que se han unido a la firma de este pacto.
A la conferencia, tanto presencial como de manera virtual, se unieron 80 cámaras de comercio, más de 38 delegaciones de CANACINTRA y CANACAR, así como organizaciones que forman parte del G32.
La iniciativa fue impulsada por la CONCANACO SERVYTUR, presidida por Octavio de la Torre de Stéffano, quien señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, la extorsión representó el 26.2% de los delitos cometidos contra las empresas, mientras que el costo de la inseguridad para los negocios familiares fue de más de 115 mil millones de pesos en México. Sin embargo, dijo, lo más grave es que el 91.8% de los delitos no se denuncian o no llegan a una carpeta de investigación “ese es el tamaño de la impunidad”.
“La extorsión es, en los hechos, un impuesto. Un impuesto que no construye escuelas, que no construye hospitales y que se cobra bajo amenaza. Las y los empresarios ya pusimos de nuestra parte y lo estamos haciendo. Hemos firmado un pacto contra la extorsión en 22 entidades federativas, pero la corresponsabilidad no significa cargar solo ese pacto. La corresponsabilidad es un llamado a todas y a todos las autoridades. Por eso, CONCANACO SERVYTUR acompañó la creación e impulso de la Ley Nacional para combatir la extorsión, ahora pedimos que se armonice, que se aplique de manera igual y simultánea en las 32 entidades federativas, no a distintos ritmos”, mencionó de la Torre de Stéffano.
Para lograr el combate a la extorsión y corrupción, se explicó que el pacto comprende cuatro ejes: conciencia e integridad, que funcionarios y ciudadanía rechacen sobornos y pagos indebidos; prevención y orientación, utilizar canales como el 089 para denunciar anónimamente dichos delitos, así como el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE); acción y simplificación, que se trata de identificar los trámites innecesarios y los espacios de discrecionalidad; y el último: seguimiento y corresponsabilidad, que no es otra cosa que hacer una revisión de los compromisos tras 15 días y rendir un primer informe de resultados a los 30 días tomando en cuenta los cuatro indicadores: negocios atendidos, trámites simplificados, denuncias canalizadas y alianzas activadas.
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El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República, apuntó que el INEGI estima que en 2025 se cometieron 787 mil extorsiones contra establecimientos en México, siendo el delito más frecuente entre los micro negocios y las pequeñas empresas, también fue el más frecuente contra establecimientos en Baja California, donde casi cuatro de cada 10 negocios fueron víctimas de algún delito.
Asimismo, el senador indicó que hay otra cifra que se debe interpelar con las autoridades en todo el país, que es que más de nueve de cada 10 delitos contra establecimientos quedaron sin denuncia o sin carpeta de investigación; mientras que en Baja California el 89.3% de las personas adultas encuestadas en zonas urbanas consideró frecuentes los actos de corrupción.
Debido a dichos datos es que Reyes Carmona celebró la firma de este pacto contra la extorsión y la corrupción, destacando: “No hay desarrollo posible sin la iniciativa privada, y no hay prosperidad compartida sin instituciones que acompañen y faciliten el trabajo de quienes invierten y arriesgan su patrimonio por el bien de la comunidad. Espacios como esta cuarta cumbre son indispensables porque permiten intercambiar experiencias, profesionalizar la gestión de las empresas familiares y trazar rutas conjuntas frente a los retos actuales del mercado y la sucesión generación”.
Por su parte, el comisario José Martín Díaz Hernández, quien es encargado del Área de Vinculación del Centro de Atención a las Denuncias del Delito de Extorsión de la Secretaría de Seguridad (CADDE), reconoció que actualmente el ecosistema empresarial enfrenta un enemigo silencioso y devastador que es el delito de la extorsión. Por ello, presentó la herramienta del centro de atención a denuncias para este delito, el cual está a servicio de la ciudadanía a través del código 089.
Díaz Hernández detalló que el centro opera bajo esquemas de estricto anonimato y protección de datos, permitiéndole a la víctima reportar cualquier amenaza, desde el cobro de piso hasta la extorsión telefónica o digital, sin temor a represalias; también se brinda asesoría experta en crisis con personal capacitado que guía a los denunciantes paso a paso ayudándolos a evitar pagos innecesarios y contener la crisis emocional de inmediato; el punto número tres es la coordinación operativa directa, el centro no es una línea de quejas, sino un nodo de inteligencia vinculado directamente con las fiscalías y cuerpos de seguridad para actuar y dar seguimiento real a cada caso.
El comisario explicó que el CADDE no opera de manera aislada, sino que forma parte medular de la estrategia nacional contra la extorsión, de la cual destacan dos componentes que impactan positivamente a los negocios: la homologación penal y persecución de oficio, pues con el marco legal vigente, la extorsión se persigue de oficio en todo el país; y el uso de inteligencia y tecnología, ya que la estrategia nacional prioriza el desmantelamiento de las finanzas criminales y el bloqueo tecnológico en centros penitenciarios.
Respecto a los resultados, José Martín Díaz compartió que a partir del pasado 19 de octubre cuando nació el CADDE, se inició la cancelación de números de teléfono vinculados al delito de extorsión sumando, hasta este 19 de noviembre, 300 líneas telefónicas canceladas, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar a través del 089 o del correo electrónico [email protected].
Finalmente, el alcalde de Tijuana, destacó las acciones concretas que se han realizado durante su administración para combatir la extorsión y corrupción como el fortalecimiento de herramientas tecnológicas para agilizar y optimizar los trámites municipales, particularmente para quienes buscan iniciar un negocio, así como el acompañamiento institucional al sector productivo.
“A nivel local, trabajamos en coordinación con la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, quien ha implementado acciones en esta materia. Como Gobierno Municipal, estamos abiertos a los mecanismos de revisión, análisis y actuación de los servidores públicos, bajo principios de transparencia, ética, profesionalismo y respeto a los derechos humanos”, expresó el primer edil.









