Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del Estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.
Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.
Es decir, no se sale del asombro de la violencia sangrienta y la impunidad que permite que el grupo criminal del Cártel de Sinaloa tome una ciudad, causando terror y horror con sangre y plomo, cuando ya la mirada estaba fija en otro orden: una jueza de distrito, Cristina Martínez Aguilar, señalada de liberar a varias personas en por lo menos siete causas penales, todos por narcotráfico o posesión de armas; delincuentes que fueron detenidos en la comisión de un delito, pero que obtuvieron su libertad al llegar sus casos al juzgado de la jueza.
Lo más grave del caso es que esta información no se hizo pública por las víctimas, los afectados, sino por la fiscal general de Baja California, la licenciada Elena Andrade, quien tenía conocimiento de la actitud sospechosa de la jueza, pero no proporcionó información pública hasta en tanto debió justificar otro irregular actuar: ya antes había sucedido. En mayo de 2026 fue aprehendido, después de una persecución sonora y vistosa que vulneró a ciudadanos y oficiales, Sergio Serrano, el Checo, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Pero tres meses después —y esto sólo se sabría luego del asesinato de un recluso recién liberado de la penitenciaría de Tijuana— el Checo estaba libre.
Al señalado narcotraficante le cambió la medida cautelar el juez de distrito René Octavio Cardona González, para dejarlo en libertad… hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando fue detenido de nueva cuenta, ahora en Ensenada, Baja California. Lo único deseable es que su caso no llegue otra vez con el juez Cardona, o no caiga con la jueza Martínez, para que no lo dejen en libertad de nueva cuenta.
Los dos jueces condescendientes con los criminales a los que dejan en libertad, el juez Cardona y la jueza Martínez, señalada por la fiscal Elena Andrade, ya han sido denunciados por los ministerios públicos ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué ha pasado? Nada. Ahí siguen los dos al frente de los juzgados de distritos, posiciones que ganaron en la elección judicial que promovió la Presidencia de la República para que también los integrantes del Poder Judicial fuesen electos por el pueblo, aun con la ayudadita de los gobiernos oficialistas.
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Días antes, aquí mismo se dio a conocer que el propio titular del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Alejandro Fragozo, había sido sujeto de revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, por parte del gobierno del vecino país, al considerarlo parte de un grupo que tiene ligas con otro de orden criminal, o que ha participado de actividades ilícitas. Eso mismo ya había sucedió con el esposo de la gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados y la propia mandataria estatal; a ninguno le tienen confianza… en el vecino del norte.
Y entonces vienen, o, mejor dicho, se incrementan las amenazas del narcotráfico contra los policías. En un mundo al revés, los criminales acusan a los agentes de robarles droga, de vender droga, de favorecer a otros criminales en la comisión de delitos, de atentar contra la sociedad a la que juraron proteger. Y ¿qué sucede? Nada. Los elementos de la FESC que han sido denunciados por criminales de cometer ilícitos, siguen laborando con la venia del general Laureano Carrillo; los agentes y mandos de la FGE que han sido denunciados por relaciones mafiosas, siguen en la nómina que encabeza la fiscal Elena Andrade, y los municipales no son la excepción.
¿Cuándo fue la última ocasión que en Baja California hubo una limpia en las corporaciones policiacas? Difícil recordarlo. El intento más cercano es el que emprendió el general Leopoldo Aguilar Durán cuando fue secretario de Seguridad del Estado, al desarmar a las policías para practicarles nuevos exámenes de control, evaluación y confianza, para depurar las corporaciones, pero sus esfuerzos sólo llegaron a una parte de la policía de Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito, luego que fue relevado en el cargo por el general Laureano Carrillo, quien no sólo no continuó con los esfuerzos de depuración, sino que mantiene una corporación señalada por sus ligas con los grupos criminales, y sólo los suspende cuando la evidencia ya es demasiada.
Claro que una depuración policíaca no bastaría; a estas alturas se requiere una depuración en el Poder Judicial, no sólo en el Ejecutivo, y acaso en las esferas gubernamentales que manejan áreas sensibles y propensas a actos de corrupción en detrimento de la sociedad. Como los directores e inspectores que extorsionan a mujeres y hombres de negocios que solicitan permisos, o a quienes manejan un negocio, sea cual sea el tamaño del mismo, en los tres órdenes de gobierno las dependencias reguladoras se han convertido en sucursales para el cobro de piso y la extorsión.
Ahora sí que ni a quién irle. El problema es que los ciudadanos de bien, los que están en la legalidad, o lo intentan, son los más afectados. No sólo pueden perder la vida, acaso también ser llevados a la quiebra ante los insanos cobros extraoficiales de los gobiernos; porque a estas alturas, la corrupción son todos. Así se ve.







