La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que los gobiernos estatales no pueden establecer acuerdos o mecanismos de colaboración con agencias extranjeras en materia de seguridad sin la autorización previa del Gobierno de México, en medio de la controversia por la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que cualquier entidad federativa que busque tener relación con agencias de Estados Unidos o de cualquier otro país en asuntos de seguridad está obligada a seguir los procedimientos establecidos por la Federación.
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FGR INVESTIGA OPERATIVOS CON AGENTES EXTRANJEROS
Al abordar el tema, Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Chihuahua, donde fallecieron dos agentes estadounidenses durante una operación en territorio mexicano.
“La Fiscalía tiene abierta esta carpeta de investigación y ellos tienen que informar qué avance tiene”, señaló la presidenta.
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La mandataria lamentó la pérdida de vidas humanas, pero consideró necesario esclarecer las circunstancias en que se desarrolló la intervención y el papel de los agentes extranjeros involucrados.
TODO ACUERDO DE SEGURIDAD DEBE PASAR POR INSTANCIAS FEDERALES
Sheinbaum explicó que la ley establece mecanismos específicos para autorizar cualquier colaboración internacional vinculada con la seguridad pública.
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“Para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias, o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este grupo de alto nivel y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó.
Según explicó, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad evalúa cada propuesta para determinar si es compatible con las leyes mexicanas y con los principios de política exterior del país.
“En el grupo de alto nivel se evalúa si es factible hacerlo o no bajo los criterios de nuestras leyes y de los principios de política exterior”, agregó.
LA ACADEMIA POLICIAL DE QUERÉTARO DETONA LA POLÉMICA
La discusión se intensificó tras la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, evento al que asistió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.
Desde Palacio Nacional, la presidenta cuestionó que al acto no fueran convocadas autoridades federales responsables de la seguridad y la política exterior.
“No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se invitó al embajador de Estados Unidos”, reprochó.
Asimismo, puso en duda el alcance del proyecto al tratarse de temas relacionados con delincuencia organizada, una materia que corresponde al ámbito federal.
“¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales?”, cuestionó.
“HAY QUE CUMPLIR LA LEY”
La presidenta aclaró que su gobierno no se opone a la cooperación internacional ni al trabajo conjunto con Estados Unidos, pero insistió en que todas las actividades deben desarrollarse dentro del marco legal.
“Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al gobierno de los Estados Unidos es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, sostuvo.
Sheinbaum enfatizó que una academia de carácter internacional puede operar en México siempre que exista autorización federal.
“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley. Porque no puede ser que uno hable del Estado de derecho y que después a la hora de la hora no cumpla con los requisitos”, declaró.
QUERÉTARO DEFENDIÓ LA NOTIFICACIÓN A LA CANCILLERÍA
Tras los señalamientos, el gobierno de Querétaro argumentó que notificó con anticipación a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la visita del embajador estadounidense y las actividades previstas en torno al proyecto.
Sin embargo, la controversia abrió un nuevo debate sobre los límites de la cooperación internacional impulsada por los gobiernos estatales y el papel de la Federación en la supervisión de iniciativas vinculadas con la seguridad nacional.
