El Primer Ayuntamiento de San Quintín inició su tercer y último año de gestión, tras ser expuesto por intensas manifestaciones a principios del 2026, con acusaciones que incluyeron irregularidades financieras e impulsos de un juicio político contra la alcaldesa Miriam Cano Núñez, así como la eventual visibilización de décadas de rezago social –principalmente en infraestructura– y la intervención del Gobierno Federal para coordinar las acciones en pro del ordenamiento de toda la zona.
Los primeros meses de 2026 estuvieron marcados por una tensión social y política en San Quintín. Decenas de ciudadanos se unieron en la zona céntrica del municipio para convocar a manifestaciones con bloqueos carreteros y cierre de oficinas de gobierno. Principalmente, las demandas exigían la salida de la presidenta municipal Miriam Cano Núñez, acusando deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos, opacidad en el manejo de recursos y una presunta crisis de gobernabilidad.
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En otras de sus demandas, los manifestantes, encabezados por las activistas Giselle Gómez Sánchez e Isela Guadalupe García Antuna, exigían la remoción de otros diez funcionarios municipales. Hasta el momento, sólo dos renunciaron meses después de las protestas. De igual manera, otras dos funcionarias cambiaron su área de adscripción hacia el área de Presidencia.
Después de solicitar la intervención del Congreso del Estado y de la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la escalada de inconformidad derivó en dos acuerdos centrales: una auditoría financiera externa al Ayuntamiento y solicitud de juicio político contra la presidenta municipal.
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En el primer caso, durante los últimos meses de Alfredo Álvarez Cárdenas como secretario general del Estado, iniciaron la revisión de la documentación, sin que posteriormente se informaran los avances o en su caso, la confirmación de la suspensión o cancelación del proceso. En el mismo sentido, la denuncia de juicio político fue interpuesta en el Poder Legislativo de Baja California, aunque ha estado sujeto a prórrogas técnicas de análisis y hasta el cierre de la edición permanece sin ningún progreso.
A partir de entonces, múltiples señalamientos han cubierto a la administración de Miriam Cano. Desde transparencia, represalias a regidores que se pronuncian en contra, despidos, baja recaudación, confrontación entre ediles, funcionarios sin experiencia en sus áreas, entre otras. Cuestionada al respecto, la alcaldesa Miriam Cano afirmó que hasta el momento no existen pruebas en contra de la mala administración del Ayuntamiento. Destacó que en la reprobación de la última cuenta pública de San Quintín solo hubo cuatro observaciones, además de presumir que en el segundo año de gobierno lograron aprobar 24 reglamentos municipales.
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Cano Núñez remarcó que su administración ha tenido que ser adaptable al asegurarse la intervención de los gobiernos de México y de Baja California mediante el “Plan de Justicia”, situación que los obligó a mantener una colaboración directa en los diferentes rubros. En conjunto, la alcaldesa presumió la electrificación de más colonias, el reforzamiento de Seguridad Pública y las gestiones para la regularización de la tenencia de la tierra entre el Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria, Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) e Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI).
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
En medio de semanas de protestas, el 31 de enero la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la implementación del denominado “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín” y la activación del Centro Integrador de Bienestar. Para tal fin, designó a la actual delegada de la Secretaría de Bienestar en Baja California, Carmen Antuna Cruz, para coordinar todas las acciones.
Semanas después, Antuna Cruz inició su intervención en el Sexto Municipio de Baja California, donde a corto plazo apreció el rezago social en todos los servicios: infraestructura, agua, drenaje, electricidad, salud, pavimentación, vías de comunicación, entre otros. Ante este panorama, y como representante del gobierno federal, convocó desde un principio a mesas interinstitucionales y recorridos de supervisión junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En conjunto, la coordinación “estrecha” busca unificar los esfuerzos federales, estatales y locales para agilizar la entrega de apoyos, “destrabar” rezagos de infraestructura social y garantizar una atención integral sin intermediarios a las familias vulnerables del municipio.
Entre los ejes de acción más populares en la región se encuentra el Programa de Mejoramiento de Vivienda. Cada apoyo consta de 40 mil pesos, en el cual los beneficiarios no tienen que comprobar el gasto. Antuna sostuvo que ya entregaron diez mil tarjetas y en fechas próximas entregarán otras diez mil. La última visita de la Presidenta Sheinbaum a San Quintín estuvo marcada por la dispersión de estos apoyos.
Como parte del análisis de la zona, detectaron que en San Quintín se encuentran más de 280 colonias irregulares. Esta problemática derivó en un creciendo sin control ni ordenamiento, junto con la exigencia de cobertura de servicios básicos de sus residentes. En ese sentido, la coordinadora del Plan de Justicia estimó que a finales del año pudiera concretarse la emisión de diez mil títulos de propiedad para los habitantes de estos asentamientos.
Entre los proyectos a corto y mediano plazo, la delegada de Bienestar indicó que se encuentra en proceso la construcción de tres plantas desaladoras y redes de suministro. Asimismo, enumeró 45 colonias electrificadas, la aplicación del programa “La Escuela es Nuestra” para todos los planteles educativos de San Quintín, el inicio del programa de salud “Casa por Casa” junto con la apertura de consultorios gratuitos del “Servicio Nacional de Salud”. Junto a esto, reiteró que para diciembre sería la apertura tentativa del hospital IMSS 69, “ha sido un trabajo complicado, era más fácil hacer uno nuevo que remodelarlo”, sostuvo.
En el rubro de vías de comunicación, defendió la intervención del programa “Bachetón”, consistente en rehabilitación parcial de diversos tramos carreteros. Aunado a esto, adelantó que ya presentaron un proyecto para la ampliación de la carretera entre las delegaciones municipales de Camalú y Vicente Guerrero. Bajo esta visión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició su evaluación, tras lo cual determinó que serían 20 kilómetros de modernización consistente en un bulevar con dos carriles por sentido de circulación.
Aunque la propuesta tuvo el respaldo de la Presidenta de México, por el presupuesto disponible aún no definen si las obras iniciarían a finales del 2026 o inicios del 2027. Además, el proyecto también incluye la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para rehabilitar la canalización del arroyo Oaxaca en Camalú, y concretar una desembocadura con un puente que cruce la carretera Transpeninsular, previendo con esto interrupciones en el tránsito durante la temporada de lluvias e inundaciones a las colonias colindantes.
Sobre los basureros y tiraderos sin regulación, Antuna aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analiza un confinamiento temporal mientras desarrollan un proyecto general, pretendiendo disminuir las afectaciones a la salud que actualmente provoca la quema de la basura en zonas cercanas a las comunidades.
Por su parte, un eje que se deriva de la visión original del “Plan de Justicia para Jornaleros Agrícolas” es la imposición del nuevo Certificado Laboral de Exportación. Se tiene previsto que después de su aplicación de Michoacán, sus lineamientos se implementen en San Quintín, por lo cual han sostenido reuniones tanto con trabajadores como empresarios. Antuna recordó que en los últimos meses personal de la Secretaría del Trabajo acudió a inspeccionar diversas empresas. “En términos generales están de acuerdo. Las empresas aceptan que todos debemos regularnos, nos dicen que lo entienden y que están de acuerdo”, mencionó. También consideró que los mecanismos actuales de exportación facilitarán su adecuación y eventual puesta en marcha de la nueva regulación.
En medio de este proceso, se espera que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visite San Quintín durante el mes de diciembre. Su agenda priorizaría la supervisión de las obras de ampliación del nuevo hospital Sub-Zona número 69, ubicado en la colonia Las Misiones, delegación Vicente Guerrero. La remodelación se presume como un aumento en la capacidad de atención al transitar de 32 a 80 camas de hospitalización, fortalecimiento de áreas como quirófanos, urgencias, laboratorio, tomógrafo, ultrasonido, quimioterapia y rayos X. Las obras son desarrolladas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las manifestaciones en los primeros meses del 2026 y las constantes exigencias de rendición de cuentas al Primer Ayuntamiento dejaron al descubierto la fragilidad de un municipio joven, incapaz de responder por sí solo al rezago histórico de servicios básicos. En este escenario, la intervención del Gobierno Federal ha actuado como un salvavidas institucional y un paliativo indispensable para frenar el estallido social.
La inyección de recursos directos para el mejoramiento de vivienda, el fortalecimiento de los derechos laborales y los proyectos de infraestructura buscan saldar el olvido institucional con todas las comunidades del Sexto Municipio de Baja California. Sin embargo, el desafío de San Quintín y su futuro inmediato –tal como lo consideran diversos actores políticos de la región– podría depender de la capacidad de sus autoridades para reconstruir la confianza ciudadana, garantizar la transparencia en el ejercicio público y consolidar una gobernabilidad que transforme las promesas federales en un desarrollo real.
Mientras tanto, San Quintín entró en el tercer año de la administración del Primer Ayuntamiento, con tiempos electorales venideros y procesos internos de Morena que suman a múltiples aspirantes en busca de contender por uno de los principales cargos públicos. Sólo por la Coordinación Municipal, son más de diez los personajes que han hecho público su registro, sin incluir al resto de los partidos o la vía independiente.
