Los fronterizos necesitamos voz.
Mientras Washington y la Ciudad de México redefinen las reglas del comercio norteamericano, los alcaldes que gobiernan la línea fronteriza que los une merecen un lugar en la mesa.
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Cada mañana, antes de que despierten Washington o la Ciudad de México, la relación entre ambos países ya está en marcha. Una enfermera cruza de Tijuana para cubrir su turno en Chula Vista. Un tráiler con autopartes hace fila en el Puente del Comercio Mundial de Laredo, con piezas que quizá crucen tres veces más antes de convertirse en un vehículo terminado. Una estudiante de Matamoros va a clases en Brownsville.
Para los cerca de 15 millones de personas que habitan nuestra frontera común, la relación bilateral no es un discurso. Es el trayecto diario, la nómina, el agua, la sala de urgencias y el precio de la canasta básica. A diferencia de las capitales, en las ciudades fronterizas la relación México-Estados Unidos tiene impactos en la vida diaria. Por eso a los alcaldes les importa tanto la relación con el vecino; por eso su voz debería pesar más ante los gobiernos federales que negocian en su nombre.
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El 1 de julio arrancó la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA). No concluyó sin una renovación por 16 años. El tratado sigue plenamente vigente hasta 2036, desde entonces Washington y la Ciudad de México han sostenido sucesivas rondas de negociación.
El principal marco económico de América del Norte opera ahora bajo un ciclo de revisión anual. Para un inversionista que evalúa una nueva planta en Tijuana o un centro de distribución en El Paso, la incertidumbre es en sí misma un costo.
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Las cifras lo explican. Tan solo Laredo registró un récord de 199 mil millones de dólares en comercio durante el primer semestre de este año, la cifra más alta de su historia. Esta es la circularidad económica en su sentido más pleno: una producción compartida a ambos lados de la línea, que genera valor en los dos países. Un retraso en un solo puente repercute por igual en las líneas de ensamblaje de Michigan y de Guanajuato, y una mañana lenta en Otay Mesa se resiente en plantas y almacenes desde Tijuana hasta Los Ángeles.
Ambos gobiernos han hecho de la seguridad fronteriza una prioridad compartida, con resultados medibles. Las comunidades fronterizas celebran una frontera más segura y entienden mejor que nadie que la seguridad y la prosperidad no son objetivos opuestos.
Una frontera segura y eficiente a la vez requiere puertos de entrada modernos, personal y tecnologías suficientes, y reglas predecibles. Muchos de nuestros puertos terrestres más transitados fueron construidos para una fracción del tráfico actual, y las largas filas se traducen directamente en mayores costos para las familias.
Los nuevos cruces, la ampliación de carriles y la revisión conjunta de carga tardan años en planearse y dependen de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales de dos países. Son los alcaldes quienes mantienen las calles, el agua y la electricidad que dan servicio a esos puertos, y los barrios que absorben su tráfico.
La movilidad de las personas también se vive, antes que, en ningún otro lugar, en el ámbito local. Más allá de la opinión que se tenga sobre la política nacional, cuando cambian los flujos migratorios, las ciudades fronterizas son las primeras en actuar, a través de sus albergues, clínicas y servicios de emergencia. Con el tiempo han desarrollado una experiencia ganada a pulso para atender esa realidad con orden y dignidad, y esa experiencia debe orientar las políticas públicas, no solo seguirlas.
Los días 29 y 30 de octubre, más de 25 alcaldes y alcaldesas de toda la región fronteriza, de Matamoros y Brownsville a Tijuana y San Diego, se reunirán en Ensenada, Baja California, en la cumbre de la Asociación de alcaldes fronterizos México-Estados Unidos. Provienen de distintos partidos y de dos naciones. Los une el pragmatismo: la convicción de que la frontera funciona mejor cuando se administra como un espacio común, con responsabilidad compartida.
Tenemos tres prioridades: primero, que la revisión anual del T-MEC incluya un canal formal de comunicación y retroalimentación para los municipios fronterizos, de modo que las ciudades que albergan los corredores comerciales de América del Norte puedan informar cómo funciona el tratado en el terreno. Segundo, que ambos gobiernos federales se comprometan con un plan binacional de inversión en puertos terrestres, con plazos claros, y que reconozcan los cruces fronterizos como activos estratégicos para la economía y la seguridad. Tercero, que la cooperación en seguridad vaya acompañada de cooperación en movilidad legal, mediante programas de viajero confiable, atención a las necesidades de la fuerza laboral transfronteriza y respuesta coordinada ante emergencias, para proteger el flujo legítimo de personas del que dependen las economías de la frontera.
México y Estados Unidos son los socios económicos más importantes el uno para el otro, unidos por la geografía, las familias y la historia común. Los negociadores en ambas capitales definirán las reglas. Pero será en Nuevo Laredo y Laredo, en Ciudad Juárez y El Paso, en Mexicali y Calexico, donde esas reglas funcionen o fracasen. La frontera no es donde vive con intensidad la relación. Buscamos certidumbre y mejor coordinación para el bienestar de los 15 millones de fronterizos.
Ensenada se enorgullece de recibir a sus vecinos en este mes de octubre. Invitamos a ambas capitales a escucharnos y tomar en cuenta nuestras voces.
Atentamente,
Rafael Fernández de Castro y Claudia Agatón Muñiz
Correo: [email protected]
