El 27 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán por su presunta participación en el contrabando de combustible. La dependencia dio a conocer su postura en un comunicado difundido en la Ciudad de México.
En el mismo documento, la FGR señaló que mantiene abierta una indagatoria respecto a los almirantes Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”, identificados como Rubén Alfonso Vargas Suárez y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, el primero ex administrador de la Aduana y el segundo ex director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, Tamaulipas, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados.
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“Respecto a las personas mencionadas específicamente (López Hernández y López Beltrán), esta FGR no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra. Jurídicamente, a ese tipo de señalamientos se les conoce como testigos de oídas, ya que carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria. Si el imputado cuenta con pruebas de sus dichos, deberá presentarlas formalmente”, expuso la Fiscalía.
El pronunciamiento respondió a las declaraciones del almirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, quien en una entrevista televisiva afirmó que los responsables del contrabando de hidrocarburos son el legislador de Morena y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En esa misma entrevista, Farías Laguna dijo que no reportó los presuntos hechos ilícitos a su tío político, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, y que no le consta que estuviera implicado.
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“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, aseveró la FGR.
La indagatoria por el caso del buque Challenge Procyon, asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburos ilegales en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, suma hasta el momento 17 personas detenidas y llevadas a proceso penal, entre ellas quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada de la embarcación.
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“También están bajo proceso penal los líderes que habrían participado en la designación de los servidores públicos que brindaron las facilidades para que se consumara el hecho, así como diversos empresarios que se habrían beneficiado del ocultamiento del hidrocarburo en su importación al territorio nacional”, agregó la dependencia.
