Prestadores de servicios turísticos y pescadores de Cabo San Lucas estallaron en protestas ante el aumento tarifario por el uso de la Marina, incremento que fue publicado el 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entró en vigor el pasado jueves 21.
Bajo el mando de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en la Marina de Cabo San Lucas, trabajadores locales señalan que enfrentan abusos y cobros ya excesivos para poder desembarcar y maniobrar en la zona.
Hoy ya se preparan no sólo para manifestarse en las calles del principal destino turístico de Baja California Sur, sino que también se dicen listos para librar una batalla legal contra el Gobierno Federal, con el objetivo de echar para atrás este incremento.
Entre los aumentos que más preocupan a los trabajadores del sector está el cambio en la cuota diaria de yates, que subió de 64 a 351.69 pesos, lo que implica un aumento del 450 por ciento.
El uso de rampa para sacar embarcaciones está cambiando de 30 a 215.52 pesos, lo que significa que esta tarifa está aumentando un 616 por ciento.
También se aplicará un cobro de 38.79 pesos, que antes era de 15 pesos, sólo por ingresar al muelle, por lo que esta tarifa está subiendo un 158 por ciento.
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Carlos Angulo, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Mar Azul, señaló que los cobros que ahora quieren imponerles a través de Asipona son demasiado elevados.
“No queremos otro cobro más en el municipio de Los Cabos, principalmente en esta marina. Anteriormente teníamos cuotas simbólicas, pero ahora sentimos que Asipona está afectando económicamente a toda la comunidad marítima”, denunció.
“Está cobrando tarifas muy elevadas por los atraques de embarcaciones extranjeras y pretende cobrar también por el embarque y desembarque de pasajeros en el puerto”, agregó.
El presidente de la federación recordó que a Cabo San Lucas llegan muchos visitantes extranjeros que desembarcan en el espigón, por lo que también temen que se les estén aplicando estas cuotas a su ingreso a la ciudad por la vía marítima.
“¿Qué está pasando? Están afectando la economía de Los Cabos, un municipio del que depende buena parte del sustento económico de Baja California Sur. Por eso pedimos a los diputados y senadores del estado que intervengan y revisen este problema, particularmente en Cabo San Lucas”, expresó.
El líder del sector hizo hincapié en que Asipona no debe imponer tarifas así de elevadas porque simplemente las y los trabajadores no pueden pagarlas.
“Los costos son excesivos y algunos tienen como única alternativa retirar sus embarcaciones porque no pueden cubrirlos”, dijo.
Dejó claro que ante la publicación del aumento tarifario en el DOF, se están uniendo desde pescadores, prestadores de servicios turísticos, restaurantes y empresas en general ya que comparten la misma incertidumbre.
Por ello, advirtió, promoverán un amparo para defenderse de este incremento que se suma a otras cargas fiscales y aumentos de impuestos que están golpeando al destino, que ya registró una disminución del ocho por ciento en la llegada de turistas internacionales, según la Asociación Hoteleros de Los Cabos (AHLC).

“Queremos que esta situación tenga repercusión nacional y que las autoridades conozcan el atropello que consideramos que representan estas tarifas. Pedimos a los diputados federales que vengan, revisen el problema y hagan su trabajo”, reiteró.
NO HUBO SOCIALIZACIÓN
Carlos Rosario, secretario de la Federación Mar Azul, señaló que ya tuvieron una reunión con autoridades de Asipona en donde les notificaron sobre los incrementos que se aplicarán a partir de ahora, sin embargo, acusó que no fue una mesa de diálogo o de trabajo, sino un espacio donde simplemente les informaron sobre los nuevos cobros.
“Todo sin invitar al sector pesquero y turístico a participar en la discusión, ni preguntarnos si estábamos de acuerdo”, mencionó.
“No estamos aceptando estas tarifas porque consideramos que se establecieron sin consultar a quienes trabajamos en el puerto. Se determinaron a nivel federal y después se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, sin tomar en cuenta la opinión del sector turístico de Cabo San Lucas”, denunció.
En este escenario, Carlos Rosario cuestiona cuál es la importancia que se le está dando al puerto de Cabo San Lucas a pesar de que es uno de los principales destinos turísticos, no sólo de Baja California Sur, sino de México en general.
El secretario enfatizó que datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), indican que en 2025 el destino perdió la llegada de 140 mil turistas.
“Estamos hablando de una disminución aproximada del ocho por ciento y de más de cuatro mil 725 millones de pesos que, según nuestras estimaciones, dejaron de ingresar al municipio”, subrayó.
“Los turistas llegan al aeropuerto y pagan impuestos; llegan a los hoteles y también enfrentan distintos cargos. Si seguimos aumentando los costos, corremos el riesgo de afectar la competitividad del destino y de que menos personas quieran visitarnos”, recalcó.
Son más de mil 300 embarcaciones las que se contabilizan en la Marina de Cabo San Lucas; de éstas, más del 50 por ciento permanece atracada de manera permanente.
En este contexto, Carlos Rosario insiste en que son miles de familias las que dependen de las actividades en esta zona y por la actividad turística en general, ya que la economía de Los Cabos no se basa en otros sectores como la ganadería o agricultura a gran escala.
Por ello, recordó que el turismo no está precisamente en su mejor momento en el destino, ya que 2025 fue un año complicado, al igual que 2026, y hoy en día no sólo enfrentan la disminución en la llegada de turistas, sino también los cobros excesivos, acusando que el Gobierno Federal sólo busca sangrar a la industria para conseguir más recursos sin calcular o importar las consecuencias para las y los trabajadores.
“Por eso rechazamos las nuevas tarifas y estamos preparando un amparo colectivo. También tenemos contemplado realizar una manifestación pacífica en la bahía para que el Gobierno se entere de que no estamos de acuerdo y para que nuestra inconformidad llegue a nivel nacional a través de las plataformas digitales”, sostuvo.
Oscar García, prestador de servicios turísticos, se unió a las expresiones de inconformidad exponiendo que también se pretende imponer una oficina para que la renta de servicios en la que solamente podrán trabajar dos personas.
“¿Qué va a pasar con los demás? Se están quedando fuera, y muchas familias dependen directamente de esta actividad turística”, cuestionó.
Considera que estas medidas se aplican como represalia por el rechazo a las nuevas tarifas, ya que advirtieron que no están dispuestos a pagarlas.
“Nosotros no tenemos ningún problema con regularizarnos. Estamos de acuerdo en que haya orden, pero no queremos que solamente se permita trabajar a unas personas mientras otras se quedan sin empleo. ¿Qué van a hacer todas esas familias que dependen de esta actividad?”, aseveró.

Insiste en que no están en contra de la regularización, pero también necesitan facilidades para que todas las personas puedan seguir laborando.
Cabe recordar que la Asipona fue sectorizada a la Secretaría de Marina (Semar) por decreto del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, desde el 7 de junio de 2021. Por este motivo, este órgano encargado de administrar, cobrar y operar el uso del puerto de Cabo San Lucas depende totalmente de la dependencia militar.
ZATARAIN EXIGE REVÉS
Ante esta situación, la senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur, Susana Zatarain, presentó un punto de acuerdo para exigir a la Semar y a la Asipona que transparente los criterios implementados para este aumento y que dé un revés al incremento tarifario que afectará a miles de familias que dependen de las actividades en la Marina de Cabo San Lucas.
“Es muy corto el tiempo para que la gente pueda ampararse o defenderse de este aumento desproporcionado del costo de la vida allá porque impacta en muchos trabajos. No es una autorización menor, especialmente para el sector local; eso sí, quisiera dejarlo clarísimo que es la gente local la más afectada”, declaró.
La senadora expuso que desde su oficina hicieron un estudio para comparar los cambios desde 2016 hasta 2026, resaltando que la cuota diaria de pesca deportiva pasó de 16.98 pesos a 117 pesos, es un aumento aproximado del 590 por ciento.
A esto agrega que las embarcaciones menores pagan mensualidades, prácticamente estas se duplicaron con aumento cercanos al 90 por ciento.
“También se quejan, entre otras cosas, de que les cobran hasta por estacionarse a cargar diesel en el muelle, les cobran el 15 por ciento de lo que pongan de diésel solamente por usar el muelle para poner gasolina”, señaló.
Zatarain enfatizó en que en 2025 el Gobierno Federal informó que se recaudaron más de 200 millones de pesos en la Marina de Cabo San Lucas y, en el mismo reporte, la autoridad reconoció que no invirtió nada en mejoras para la zona.
“Todos los que vivimos en Cabo nos damos cuenta cómo la Marina pasó de ser un lugar donde arreglábamos para salir los fines de semana a un lugar donde ahora nos da miedo ir. No hay luz y eso genera esa sensación de inseguridad; ha aumentado muchísimo la informalidad, la venta de diferentes actividades ilícitas, la suciedad y la falta de botes de limpieza, los olores fétidos, la basura que hay incluso en el mar al lado de los lobos marinos”, expuso.
Susana Zatarain recalcó que el aumento tarifario no se refleja ni es proporcional con la infraestructura y condiciones de la Marina para la gente que trabaja ahí o para los locales o turistas que caminan a diario en este espacio.
Asimismo, subrayó que el incremento tarifario colocaría a la Marina de Cabo San Lucas como la más cara del país, por lo que el destino también perderá competitividad ante este ámbito.
“Entonces, eso nos quita competitividad, ya no van a llegar las embarcaciones, y claro que yo como senadora mi postura es exigir la revisión de estas tarifas, exigir y transparentar cómo tomaron esas decisiones”, reiteró.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aún no se ha pronunciado sobre esta situación. Esta semana canceló de nuevo su conferencia de prensa de cada miércoles, espacio en el que el mandatario puede ser cuestionado sobre diversas problemáticas de la entidad.





