Con una votación de 325 a favor, 114 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general este 7 de octubre de 2026 la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, bautizada por legisladores y usuarios como la “Ley Antimemes”.
El bloque oficialista conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) logró sacar adelante el dictamen en una sesión ordinaria marcada por curules vacías durante el debate general y fuertes cruces de descalificaciones entre las fuerzas políticas.
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DEBATE MARCADO POR RECLAMOS CRUZADOS Y ACUSACIONES DE CENSURA
Durante la discusión en el Pleno de San Lázaro, los legisladores de oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma busca silenciar las críticas en redes sociales, el periodismo de investigación y las sátiras políticas contra figuras del actual gobierno.
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Diputadas como Kenia López Rabadán señalo que el esquema legal pretende construir una doble pinza junto al Senado para sancionar a ciudadanos y obligar a los proveedores de internet a retirar contenidos bajo la amenaza de multas millonarias, respaldando a diversos creadores de contenido y caricaturistas.
En contraparte, los diputados de Morena defendieron la modificación argumentando que responde a una obligación del Estado para proteger los derechos de autor frente a nuevas formas de difusión digital, desatando a su vez cuestionamientos hacia administraciones locales opositoras.
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MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PUERTO SEGURO Y MULTAS REGULADAS POR EL IMPI
El dictamen aprobado modifica el régimen de “puerto seguro” que protege habitualmente a los proveedores de servicios de internet, condicionando su exención de responsabilidad a la aplicación de políticas claras contra infractores reincidentes.
Asimismo, la normativa otorga facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para fijar sanciones económicas escalonadas que van desde montos menores hasta de 5 mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen o comuniquen públicamente obras protegidas sin autorización, generando preocupación sobre el impacto real de la medida en la libertad de expresión digital.
