Con una mayoría de 329 votos aportados por Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2027.
La propuesta, que enfrentó 117 sufragios en contra por parte del bloque opositor, ajusta al alza los costos de trámites esenciales en el sector salud, servicios migratorios para extranjeros y la explotación del espacio aéreo, lo que desató un tenso debate en el Pleno ante el temor de un impacto directo en los precios finales que pagan los ciudadanos.
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Las bancadas de oposición advirtieron durante la sesión que este reajuste tarifario actúa en los hechos como un incremento impositivo velado. Argumentaron que el encarecimiento de licencias y permisos no vendrá acompañado de una mejora en la calidad de la atención pública que brinda el Estado.
SALUD: DUROS INCREMENTOS EN PERMISOS E INVESTIGACIÓN MÉDICA
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Desde la tribuna, el diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó la discrepancia entre el costo y la calidad de los servicios sanitarios estatales. “No brindan servicios de salud como los de Dinamarca, pero los cobran como si se tratara de ese país”, criticó el legislador al puntualizar aumentos que en algunos rubros superan el mil por ciento.
El ajuste golpea de manera directa a la infraestructura médica: la licencia para operar bancos de sangre y servicios de transfusión se disparará de mil 482 a 17 mil 349 pesos.
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Paralelamente, la aprobación de protocolos para investigar nuevos medicamentos o dispositivos médicos se elevará de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, mientras que las licencias para el uso de rayos X y equipos de radioterapia destinados a pacientes con cáncer duplicarán su costo.
GOLPE AL TURISMO Y MÁS RECURSOS PARA OBRAS DE LA SEDENA
El paquete de reformas hacendarias también afecta la competitividad turística del país al incrementar un 10 por ciento el costo por uso del espacio aéreo, un 66 por ciento la expedición de visas ordinarias y un 153 por ciento las visas de visitante de larga duración.
Asimismo, el Derecho de No Residente (DNR), gravamen que abonan los viajeros internacionales, registrará una subida del 17.8 por ciento, lo que según legisladores de la oposición agravará la caída de visitantes en polos clave como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
A estas críticas se sumó el priista Emilio Lara, quien recriminó que los ingresos captados al turismo no se utilizarán para promocionar los destinos nacionales, sino para financiar infraestructura bajo control militar.
“Ayer presentaron una reserva para que el presupuesto recaudado por el DNR se destine del 50 al 57 por ciento a la Sedena, es decir, para subsidiar el Tren Maya y las obras faraónicas del sexenio anterior”, reprochó Lara ante el pleno.
RIESGO DE TRASLADO DE COSTOS A PACIENTES Y CONSUMIDORES
Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Elizondo exigió cuentas claras al Ejecutivo sobre cómo se traducirá este incremento recaudatorio en una mejor atención al ciudadano. Exigió que las cuotas no se conviertan en “un impuesto disfrazado ni en una forma cómoda de llenar la caja”, y advirtió que clínicas, laboratorios y fabricantes terminarán reflejando estos cobros en los costos de las consultas, análisis clínicos y tratamientos.
“La licencia para servicios de transfusión pasa de alrededor de mil 500 pesos a más de 17 mil. Es más de 11 veces lo que se cobraba. La autorización de un protocolo de investigación pasa de poco más de 8 mil a más de 47 mil pesos. Aumenta más de cinco veces lo que costaba originalmente. ¿Qué recibirán a cambio quienes paguen? ¿Habrá más personal, respuestas más rápidas, trámites más claros?”, cuestionó Elizondo.
MORENA DEFIENDE LA REFORMA Y NIEGA AFECTACIONES A LA ECONOMÍA POPULAR
En respuesta a la ráfaga de cuestionamientos, la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco sostuvo que el ajuste a las tarifas busca fortalecer las arcas públicas para sostener la estabilidad del peso, elevar el salario mínimo y dar continuidad a proyectos de infraestructura como las refinerías de Dos Bocas y Deer Park, además de las líneas ferroviarias del Tren Maya y el Transístmico.
La legisladora oficialista rechazó que la reforma golpee el bolsillo de las familias mexicanas y acusó a la oposición de propagar desinformación. “Hoy la Ley Federal de Derechos para 2027 es una herramienta de justicia administrativa y desarrollo nacional.
Mientras la Oposición insiste en construir narrativas catastróficas y falsedades, los datos y la realidad los desmienten. Falso que aumenten los pasaportes mexicanos, falso que suba la tarifa del uso aeroportuario, falso que se creen nuevos impuestos”, concluyó.
