Un total de 42 contratos públicos son los que firmaron diversos entes de gobierno en Baja California con la red de empresas encabezadas por Marco Moreno Santelices, sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte de un engranaje criminal para el blanqueo de capitales que servía —presuntamente— a la estructura criminal del Cártel de Sinaloa alineada a la facción de La Mayiza.
El escándalo mediático que salpicó al ya desgastado y agonizante gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, no había recibido un golpe tan cercano como el que acaba de asestar el gobierno de Donald Trump, el cual tiene en la mira a las autoridades de la entidad, donde varios políticos morenistas han resultado vinculados y sancionados, por el Gobierno de Estados Unidos, por sus presuntas relacionados con la delincuencia organizada.
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Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, su hermano Luis Alfonso, y el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, son las figuras mediáticas de mayor repercusión, en la alerta publicada el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Y también son el hilo conductor con nacientes empresarios que acapararon los contratos públicos, pero que también —según el Gobierno de Estados Unidos— servían a Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, y a los hermanos Alfonso y René Arzate García, lugartenientes alineados a la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco.
En la lista de empresas designadas que ha sido ampliamente difundida por medios de comunicación, destacan las de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, que tienen decenas de contratos gubernamentales vinculados a la compra de equipos tácticos y tecnología para las corporaciones policiacas bajacalifornianas, al mismo tiempo que funciona como “una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también blanquean dinero para el Cártel de Sinaloa y la Rana”, según los señalamientos de la OFAC, además de proporcionar o intentar proporcionar “apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cartel de Sinaloa.
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Marco Antonio Moreno Gómez Santelices es originario de Tijuana, nacido el 9 de febrero de 1983; estableció como su domicilio la calle Manuel R. Ochoa #5824, de la colonia Francisco Villa, en su ciudad natal, en todos los documentos.
Sus empresas: Baja Fixer Group, S.A. de C.V. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., Bolsa de Capital Privado, S.A. de C.V., Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, S.A. de C.V. Conciertos y Espectáculos Inhouse S.A.P.I. de C.V. Wermak Publired, S.A. de C.V. Ondas de pozo holísticas, S. de R.L. de C.V. y Videovigilancia Colaborativa, cuentan con la misma estructura jurídica, pues fueron creadas a partir del año 2021, cuando la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ya era candidata; incluso una fue registrada el mismo día que la morenista asumió el cargo.
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Sin embargo, sólo dos de las empresas designadas, Inteliproof Efficient y Private Equity Baja, recibieron contratos de la Fiscalía General del Estado (FGE), también del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
La composición de las empresas es básicamente la misma: el propietario es Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, tiene como delegado especial a Alejandro Martín Colmenares; mientras que las representaciones legales recaen frecuentemente en Silvia Beatriz Ocaña Palazuelos, Danna Aremy Palestina Lau, y a partir del 2026 en Siria Solis Sánchez, ex jefa de oficina de la Presidencia Municipal de Mexicali, Lupita Mora.
Sólo a la empresa Inteliproof los gobiernos, estatal y municipales otorgaron un total de 40 contratos de diversas cuantías, desde algunas decenas de miles de pesos hasta millones por diversos compromisos.
De 2021 a la fecha, estas dos empresas han recibido 139 millones 021 mil 187.95 pesos por contratos con la Fiscalía del Estado, con el actual gobierno de Román Cota, en Tecate, y las anteriores administraciones municipales de Araceli Brown Figueredo, en Playas de Rosarito, y Montserrat Caballero Ramírez, en Tijuana.
La empresa Inteliproof Efficient S. de R.L. de C.V. fue creada en el año 2022, teniendo como socios a Marco Moreno, a Carlos Villela Gómez Santelices y Silvia Beatríz Ocaña Palazuelos; y Alejandro Martín Colmenares como delegado especial.
Al inicio del proyecto, el empresario afín a Francisco Vega de Lamadrid, Jorge Enrique Figueroa Barrozo, formaba parte de la sociedad, pero decidió separarse por motivos no especificados.
A esta empresa le han signado contratos de gobierno, que van desde la compra de un escáner para la FGE por un monto que no supera los 16 mil pesos, hasta la venta de patrullas, software de reconocimiento facial, binoculares, uniformes y chalecos antibalas, con valores superiores a los 10 millones de pesos. Prácticamente todo el tema de seguridad operativa y de tecnología era vendido Inteliproof Efficient S. de R.L. de C.V., que de acuerdo al reporte de la OFAC, está ligada a La Mayiza.
Algunas de estas compras llamaban la atención por su cercanía, pues el 27 de julio del 2023 se podían comprar esposas por 204 mil 314 pesos, y en cuestión de días hacer otra licitación para uniformes policiales; ese año, en agosto comprar uniformes, y en septiembre del mismo año comprar una gran cantidad de gorras con camisetas.
En el caso del Ayuntamiento de Tijuana, durante la gestión de Montserrat Caballero, Inteliproof brindó el servicio de semaforización por varios millones de pesos; mientras que a la alcaldesa Hilda Araceli Brown les compró patrullas y uniformes por en contratos que superaban, cada uno, los dos millones de pesos, en 2024.
También el gobierno de Ismael Burgueño Ruiz les arrendó cuatro patrullas en diciembre del 2025, para la Policía Municipal, mismas que fueron adscritas al área de Tránsito, por un monto de tres millones 542 mil 400 pesos.
Respecto a la empresa Private Equity Baja, fue creada el 1 de noviembre del 2021 (el mismo día que asumió Marina del Pilar) y tiene como accionistas a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices; a Ernesto Díaz Infante Gómez, consejero de Coparmex Tijuana; y a la empresa Grupo Uribe Capital (fundada en 2023 por Orlando Navarro Santiesteban y Alberto Ignacio Uribe Maytorena, además de Andrés Gómez Zayas) dedicada al tema financiero, pero cuyos socios también están vinculados a empresas de hidrocarburos en Coahuila.
Dicho negocio brindó servicios de “asesoría consultoría jurídica, fiscal, contable y administrativa” al Ayuntamiento de Tecate, de Román Cota, el 31 de enero del 2025, por un monto de 350 mil pesos; mientras que la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo lo contrató para la “realización del foro internacional de transformación de la agencia digital”, por un millón 682 mil pesos, el 2 de julio del 2025.
En ambas empresas aparecen los mismos representantes legales y se agrega a Yuridia Guadalupe Camacho Flores.
GARDUÑO BARRERA, HILO CONDUCTOR DE TORRES, LAMEIRO Y GÓMEZ SANTELICES
Como oficial mayor de la fiscalía, el responsable de la asignación de las decenas y decenas de contratos a Inteliproof Efficient es su oficial mayor, Ricardo Daniel Garduño Barrera, quien ha permanecido en el cargo desde noviembre del 2019, a pesar de los cambios en la titularidad de la FGEBC.
Este funcionario. que ha sido generoso con las empresas de Moreno Santelices y se ha mantenido en el puesto por siete años, es socio de Juan Manuel Lameiro Camacho y del actual subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Educación, Marcos Alberto Pérez Sánchez, en una empresa llamada Rulad Operadora Turística, conocido comercialmente como el hotel Jatay de Tijuana, ubicado sobre la avenida del Pacífico 560, en Playas de Tijuana.
Por su parte, Juan Manuel Lameiro es socio de Luis Torres Torres en numerosos negocios y socio de Carlos Torres, el exesposo de la mandataria Marina Ávila Olmeda, en la empresa Vida Orgánica Tijuana, donde también aparecía como socia —hasta 2023— el nombre de la gobernadora, pero abandonó oficialmente el proyecto luego que su participación se hizo pública.
En su momento, Carlos Torres reconoció la propiedad del “mercadito” de alimentos saludables, que le dejaba un ingreso de 570 mil pesos mensuales de ganancia. El pasado 29 de septiembre, dicha empresa —fundada en 2020— también fue sancionada por el Departamento del Tesoro por formar parte del esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Respecto al resto de las empresas designadas de Moreno Santelices:
* Festivales Artistas Mobiliario Asesoría S.A. de C.V., fue fundada en febrero del 2021; es propiedad de Moreno y Rodrigo Martínez Camargo; uno de los representantes legales es Facundo Emilio Gámez Hernández, ex vicepresidente de CANACO y miembro del grupo empresarial La Familia, encabezada por el amigo de la gobernadora, Fernando Salgado. Otro representante es Gerardo Abdiel Contreras Hernández, ex jefe de mantenimiento de la Secretaría de Salud, durante la administración de Alfonso Pérez Rico, quienes enfrentan procesos penales y de inhabilitación.
*Conciertos y Espectáculos Inhouse fue fundada en 2023, por Moreno Gómez Santelices e Ignacio Ríos de la O.
* Wermak Publired S.A. de C.V., la crearon, el 8 de noviembre del 2023, Moreno y Facundo Emilio Gámez Hernández.
* Videovigilancia colaborativa S.A.P.I, de C.V., radicada en Hermosillo, fue creada en 2019, pero comprada por Moreno Gómez Santelices en 2023.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, resolvió la incorporación formal a la Lista de Personas Bloqueadas de las 21 personas físicas y 25 entidades morales asociadas a las redes operativas, logísticas, financieras y de protección del Cártel de Sinaloa por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 29 de septiembre del 2026.
Ese mismo martes, el Gobierno Federal explicó que se llevó a cabo el análisis de la información disponible en las instituciones financieras del país, detectando operaciones de riesgo e irregularidades transaccionales.
En Baja California, en un comunicado publicado el 1 de octubre, se reportó que “la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California, y remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.
“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”, sostuvo la gobernadora en el comunicado.
“En el rubro de seguridad pública, el Gobierno del Estado precisó que los contratos referidos correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo. El resguardo, la custodia y la administración de los sistemas y bases de datos institucionales radican exclusivamente en el personal facultado de las corporaciones de seguridad del Estado, descartando cualquier vulneración a la información de la ciudadanía” aseguró.
Respecto a la FGEBC, destacada contratante de Moreno Santelices, desde el estado enfatizaron: “Organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para sus respectivos procesos de compra y resguardo documental”.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó Ávila su versión pública.
