Ante la reciente detención de tres trabajadores y extrabajadores del Registro Público de la Propiedad, el director de la dependencia, Carlos Murguía Mejía, negó que la dependencia se encuentre vinculada con el “cártel inmobiliario”.
Luego de que el coordinador de Gabinete de la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Buenrostro Molina, informara sobre las órdenes de aprehensión contra el subregistrador Alberto Zamarrón, el exdelegado del Registro Público José Antonio Morán Rangel y un analista de la dependencia, el pasado mes de agosto, por el delito de fraude procesal, Murguía Mejía aseguró que algunos de los detenidos corresponden a anteriores administraciones.
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“Ha habido por parte de terceras personas quizá acciones impropias que lastiman a la institución porque ofenden y engañan a la institución pública para obtener algún dividendo avieso y fuera de orden. Nosotros estamos trabajando bien, tenemos mecanismos muy claros”, dijo.
Respecto a la detención de un subregistrador de la actual gestión, señaló que no fue vinculado a proceso luego de su audiencia penal.
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“El que era de esta época, que yo lo designé, pues vino una resolución ministerial donde establece que no se le vincula a proceso”, explicó.
También mencionó el caso de otra persona detenida, de quien dijo que cuenta con averiguaciones correspondientes a 2016 y 2018, por lo que afirmó que se trataría de un caso de una administración anterior.
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Sobre la posibilidad de que existan actos de corrupción relacionados con el llamado “cártel inmobiliario” dentro de la institución, Murguía Mejía negó que exista tal organización criminal, pues no hay una coalición entre servidores públicos, ciudadanos y terceras personas.
En ese sentido, ante la posibilidad de que dentro del Registro Público se pueda dar la falsificación de documentos, rechazó que esto ocurra dentro de la dependencia, aunque reconoció que no puede responder por terceras personas.
“Adentro no. Adentro no es posible. No quiero ser una persona que te conteste que no pasa nada, porque somos humanos, pero desde mi óptica yo no permito corrupción. Así de sencillo, ni tengo colusión con terceras personas, ni me relacionan”, afirmó.
Asimismo, explicó que de las 24 mil operaciones mensuales que llegan al Registro Público previamente pasan por jueces y notarios públicos, por lo que la identificación de posibles actuaciones indebidas, corresponde a la autoridad competente.
En el caso de los señalamientos en su contra a inicios de año, en los que se le vinculó con la coordinadora estatal de Gestión Social y Política de la CTM, Erika Miroslava Limón Enciso, por un señalamiento relacionado con la presunta inscripción apócrifa de documentos para facilitar un proceso de despojo, rechazó cualquier vínculo con ella.
“No conozco a esa señora y yo no tengo absolutamente nada que ver con esa señora. Y busque usted un documento a ver si yo firmé”, dijo.
Asimismo, indicó que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía General del Estado relacionada con el caso y señaló que tiene conocimiento de que existe un asunto que se encuentra “ventilando” en tribunales sobre el tema.
De acuerdo con información publicada por este Semanario, a pesar de que algunos de los detenidos no resultaron vinculados a proceso, la Fiscalía se encuentra a la espera de una respuesta de la autoridad judicial ante las apelaciones presentadas contra dicha resolución.
