Tras la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango, Durango, el gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal, denunció que personal de esa institución obstaculizó la intervención de la autoridad sanitaria estatal, y acusó “hermetismo” en torno al caso.
LA MUERTE DE CINCO RECIÉN NACIDOS Y EL HALLAZGO DE UNA BACTERIA
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Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre, tres de los fallecimientos ocurrieron el 15 de septiembre, otro bebé murió el día 18 y el quinto el día 19. En una tarjeta informativa fechada el 20 de septiembre, el Seguro Social dio a conocer que, durante acciones de vigilancia en el hospital, identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el nosocomio.
ACUSACIONES DE HERMETISMO Y OBSTACULIZACIÓN A LA COPRISED
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Pero el gobernador Villegas Villarreal afirmó que a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango no le entregaron los expedientes de los recién nacidos ni le permitieron iniciar labores de investigación. “No quisieron sacar los expedientes, no se los prestaron a la Coprised”, declaró. El mandatario dijo que tuvo conocimiento de los hechos el 20 de septiembre, aunque el primer fallecimiento ocurrió el día 15 de septiembre, y que se comunicó con Roxana Blanca Rivera Leaños, representante del IMSS en Durango, y con Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, para pedir mayor información.
LLEGADA DE ESPECIALISTAS Y REVISIÓN FEDERAL
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La Secretaría de Salud federal, encabezada por David Kershenobich Stalnikowitz, envió personal especializado para investigar la causa de los decesos. A Durango arribaron equipos de la Dirección de Epidemiología, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que revisarán expedientes clínicos, protocolos de atención y medidas de prevención de infecciones.
Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en una de sus mañaneras que el mismo Zoé Robledo arribaría a Durango para encargarse de la situación personalmente, aunque nadie ha confirmado su presencia.
INCONFORMIDAD DE LOS PADRES TRAS REUNIÓN CON EL IMSS
Este jueves, tras concluir un encuentro con funcionarios de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con su equipo jurídico, los padres de los recién nacidos que perdieron la vida en el Hospital General de Zona número 1, en Durango, manifestaron profunda inconformidad.
Ante la ausencia de dictámenes concluyentes sobre las causas de las muertes, los afectados ya evalúan proceder por la vía legal. Diego Tobalín, padre de uno de los menores fallecidos, manifestó su indignación tras la junta con los representantes institucionales y calificó lo ocurrido como un episodio inédito.
“Yo quiero dejar en claro que estamos frente a algo sin precedentes, una atrocidad en todas sus letras”, aseveró.
El padre de familia detalló que la mesa de trabajo no cumplió con las expectativas de los familiares, quienes exigían transparencia absoluta sobre los motivos del deceso de sus hijos y el estatus real de las indagatorias.
Tobalín apuntó que salieron de la sede delegacional con un malestar e indignación todavía mayores. El descontento de los padres se agravó al constatar que las indagatorias siguen en una fase preliminar y que el instituto sigue sin esclarecer si existe un vínculo directo entre la bacteria hallada en algunos infantes y los decesos reportados en el nosocomio.
PREPARAN DENUNCIA PENAL Y CUESTIONAN PROTOCOLOS
Ante este panorama, el abogado defensor de los deudos, Fermín Flores, dio a conocer que ya se encuentran estructurando una denuncia penal. El litigante puntualizó que recaerá en el Ministerio Público tipificar la conducta delictiva, encabezar las pesquisas, integrar los elementos de prueba y emitir las conclusiones correspondientes.
Asimismo, el asesor legal advirtió que la indagatoria judicial tendrá que examinar el desfase temporal con el que la institución notificó lo sucedido a las autoridades ministeriales. Paralelamente, las familias continúan cuestionando los protocolos de atención médica brindados y la opacidad con la que se condujo el personal durante la crisis.
